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PRÓXIMA A CUMPLIR CIEN AÑOS: INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL: LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS DE LA CORTE DE LAMBAYEQUE

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1153

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En mayo próximo la Corte Superior de Justicia de Lambayeque cumplirá un siglo de creación. A decir de su presidente, Óscar Burga Zamora, el acontecimiento encuentra al Poder Judicial en una situación especialmente compleja, dado el impacto negativo que tienen sobre la imagen de la institución los presuntos actos de corrupción e inconducta funcional cometidos por algunos magistrados, además de las carencias de infraestructura, equipamiento y personal.

 

“Son tiempos difíciles. La administración de justicia en nuestro país, y nuestra corte no es ajena, está sufriendo serias críticas de la población por actos que no corresponden a todos los magistrados, por actos que tanto éticamente como dentro de ámbito del derecho pueden ser criticables. Sin embargo, esta corte celebra el esfuerzo que han realizado tanto los jueces como los trabajadores, quienes han dado todo o parte de su vida para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía”, asevera.

Burga Zamora acota que es esto último lo que se debe rescatar en una fecha tan significativa como el cumplimiento de los primeros cien años de la creación de la Corte de Lambayeque.

“No siempre en una institución todos son malos. Hay de todo. En las instituciones tenemos gente buena y, a veces, alguien que no está en la misma línea, pero esa persona no puede servir de pretexto para generalizar. Obviamente eso es lo que se constituye en mayor referencia en sentido negativo. Lamentablemente es así, hace noticia el que hace las cosas malas. Cuando se hacen las cosas bien quizá a veces la noticia ni aparece. Creo que la ciudadanía debe tener en cuenta que en estos cien años hubo excelentes magistrados, excelentes trabajadores, que han hecho de esta una corte fuerte, sólida, pero no ajena a los problemas que toda institución puede tener”, explica el magistrado.

 

FALTA DE PERSONAL

El presidente del Poder Judicial en Lambayeque remarca que los “tiempos difíciles” se deben no solo a la imagen de la institución, sino también a las limitaciones que los operadores de justicia presentan para desempeñar sus funciones.

“Ninguna institución, y la corte no es la excepción, es ajena a los problemas que se presentan en un país subdesarrollado. Todas las instituciones están inmersas en problemas y eso implica un doble esfuerzo de los magistrados para realizar su labor. Por eso resaltaba que hay personas que hacen ese doble esfuerzo y quedan en el anonimato. En estos cien años tenemos que hablar de ellas. Sí podemos decir que hay gente honorable y que se ha sacrificado por la administración de justicia”, dice Burga Zamora.

Entre las principales deficiencias que tiene la institución está la falta de personal. El presidente explica que actualmente hay limitación en el número de trabajadores, lo que impide atender en su totalidad las necesidades de los órganos jurisdiccionales. Faltan – explica – secretarios y asistentes judiciales.

“No tenemos el personal suficiente que ayude a la labor de los jueces. Por otro lado, las condiciones en las que se trabaja no son las mismas para todos. Nosotros en Lambayeque no tenemos un local que esté construido, más allá de la sede central, en función de las necesidades que tenemos. Eso nos lleva a acondicionarnos a lo que existe”, refiere.

 

INFRAESTRUCTURA PRECARIA

Actualmente, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque destina poco más de un millón 800 mil soles al año para pagar el alquiler de locales en los que funcionan órganos jurisdiccionales y un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia la necesidad de realizar un estudio especializado a la estructura del edificio de la sede central, ubicado en el Centro Cívico de Chiclayo, el cual ni siquiera está liquidado, pese a que se inauguró en el 2009.

La institución cuenta con un terreno de 12 hectáreas ubicado entre Pimentel y Santa Rosa donde debería construirse la Ciudadela Judicial. Sin embargo, no existen recursos para financiar la obra.

“Con el dinero de los magistrados y el apoyo de los trabajadores se ha financiado el traslado de tierra y el alquiler de maquinaria para la nivelación del terreno. Esos trabajos no le han costado un solo sol al Poder Judicial. Nosotros apostamos por eso”, comenta Burga Zamora.

Respecto al antiguo local institucional, ubicado en la cuadra 10 de la calle San José, cuya infraestructura, considerada como Patrimonio Monumental, presenta un serio deterioro y hundimiento de los pisos, tampoco existe aún un proyecto de restauración y recuperación.

La falta de infraestructura en la Corte de Lambayeque es tal que todo el módulo Penal de Jaén funciona en un local alquilado, igual que los órganos jurisdiccionales de Lambayeque y los módulos de Familia y Civil de Chiclayo, así como los juzgados de Paz Letrado. A ello se suma que los archivos están dispersos, funcionan en José Leonardo Ortiz, Ferreñafe y Chiclayo.

Según el presidente de la institución, en tres meses debe tenerse el expediente técnico para la construcción de un edificio de cuatro pisos en la esquina de Elías Aguirre y Juan Cuglievan, donde actualmente funciona uno de los archivos de la corte.

El objetivo es que en dicha sede se instalen los juzgados de Familia que funcionan en un edificio alquilado en la avenida Luis González, el mismo que no reúne las condiciones técnicas. En la futura obra se estima una inversión de seis millones de soles.

“Tenemos muchos problemas con los locales. Nos gustaría que el Estado como tal diseñe una infraestructura en función de las necesidades de los trabajadores y jueces”, acota.

 

EQUIPAMIENTO

En abril del 2009 se implementó en la corte el Nuevo Código Procesal Penal y al año siguiente la Nueva Ley Procesal de Trabajo, cambios en cuyo marco se dotó a la institución de moderno equipamiento tecnológico para satisfacer las exigencias de las nuevas herramientas procesales.

Desde entonces, a la fecha, la renovación de equipos ha sido parcial.

“Se ha renovado en algunas materias el equipamiento. Esta corte ha mejorado el equipamiento frente a la exigencia de algunas áreas, pero no en todas se ha logrado esto. Se ha mejorado en los órganos laborales, de familia y contra la violencia. Ahí paramos de contar. El resto son órganos jurisdiccionales pobres y estamos esperando el presupuesto general. Mientras tanto no podemos adquirir los equipos necesarios que nos permitan realizar una mejor labor”, expone.

 

AZUCARERAS

En cuanto a desempeño, la Corte de Lambayeque se convirtió en los últimos 20 años en una de las piezas claves de la problemática en las empresas azucareras, debido a las decisiones adoptadas por magistrados de los juzgados civiles, varias de ellas reñidas con la legalidad y que han ocasionado – en buena parte – que los conflictos en las excooperativas se agudicen, se disponga la destitución de jueces e incluso que una servidora judicial sea asesinada.

Burga Zamora refiere que la problemática azucarera de fondo radica en el aspecto societario, y que el Poder Judicial solo ha cumplido una función dirimente frente a los procesos iniciados por las partes en cautela de sus derechos.

“El problema es de fondo, más complicado. Se supone que al convertirse las cooperativas en empresas azucareras, sociedades anónimas de administración propia según sus estatutos, debía solucionarse los problemas. Hay una serie de inconvenientes que a veces conocemos pero no en profundidad. Se ha recurrido al Poder Judicial cada vez que los grupos están encontrados, pero el problema es más complejo y la solución no pasa al 100 % por la administración de justicia. La solución está en que las administraciones de esas empresas cumplan la ley”, manifiesta.

Añade que “son los intereses que existen en las azucareras lo que impide que se cumpla con la legalidad”.

“Trujillo solucionó sus problemas en las empresas azucareras, pero acá los jueces emiten una decisión y luego una de las partes en conflicto va a Amazonas y logra un amparo o una acción constitucional que nos impide actuar”, señala.

La autoridad judicial cita como ejemplo el caso de Pítipo, en el que está involucrado el exalcalde Manuel Valverde Ancajima por presuntos actos de corrupción en la obra de saneamiento, el cual no se puede llevar a juicio oral porque desde hace un año está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

“Si bien no es de azucareras, en el caso de Pítipo es un ejemplo de lo que pasa: hay un proceso en trámite, pero por la acción constitucional se ha paralizado el procesamiento. Estamos a espera de esa decisión que ya no está en nuestras manos, sino en las del Tribunal Constitucional”, precisa.

Finalmente, Óscar Burga comenta que se evalúa la carga procesal en los diferentes órganos jurisdiccionales a fin de disponer la reconversión de algunos juzgados.

 

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