• La defensa legal de tres imputados por el caso Hermandad del norte denunció que la Fiscalía no actúa con objetividad.

• El proceso se encuentra en la etapa intermedia, tras cuatro años de iniciado.

El 3 de noviembre del 2016, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN, y de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia – DIVICAJ, con la participación de 320 agentes y 34 fiscales, realizó el operativo de desarticulación de la presunta organización denominada Hermandad del norte, capturando a 15 personas e identificando a otras 13 que se encontraban recluidas. De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta organización era responsable de delitos como asociación ilícita para delinquir, sicariato, extorsión, homicidio y robo agravado.

Para los abogados Juan Carlos Velásquez Caro, Milagros Fernández Vieira y José Luis Quiroga Seclén, defensa legal de los imputados en el caso que lleva la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, existen serias deficiencias que retrasan el proceso.

Quiroga Seclén, quien lleva la defensa legal de Jack Salazar Silva, explicó que el caso nace con la detención preliminar de los imputados es lo que se sustentaba la tesis fiscal de la existencia de una presunta organización criminal ligada a diferentes crímenes, entre ellos el homicidio del auditor de la SUNAT Roberto Cieza Herrera, por presuntamente no aceptar una prebenda para detener la investigación que seguía contra los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.

Detalló que el elemento principal del Ministerio Público para sostener su tesis era la versión incriminatoria del aspirante a colaborador eficaz 1501-2016, cuya versión sumada a la de otros aspirantes y testigos con identidad reservada conllevaron a la figura de organización criminal.

Indicó que la fiscalía estableció como autores materiales del crimen contra Cieza Herrera a Jack Salazar Silva y Fulgencio Rivera Maza. Sin embargo, luego de formularse la acusación, se observaron aspectos formales y se procedió a devolverla.

Posteriormente, a la fiscalía se le devolvió en dos oportunidades más la carpeta, hasta que en la última acusación del 5 de febrero de este año los abogados se dieron con la sorpresa de que se habían cambiado a los ejecutores materiales del crimen. Esta vez la tesis fiscal atribuía el hecho a Jonathan Jesús Márquez Villegas y Frank Joel Siccha Rodríguez.

Explicó que el caso se encuentra a puertas de iniciar el control de acusación, pero con problemas de carácter procesal muy graves. Citó al fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien refirió que es inconcebible que un caso de esa naturaleza no pueda ser resuelto en un plazo de tres años.

DILACIÓN DEL PROCESO

A su turno, Fernández Vieira, abogada de Wilmer Zegarra Bonilla, exdirigente de construcción civil, refirió que, en lo concerniente a su patrocinado, la audiencia de control de acusación no ha sido instalada por errores del mismo Ministerio Público, pues el fiscal Germán Montero Ugaz, a cargo del caso, no se hizo presente. Indicó que la dilatación del proceso no obedece a los abogados de la defensa legal, sino netamente responsabilidad del Ministerio Público.

Aseguró que ahora la responsabilidad recae en la jueza Cecilia Grandez Rojas, quien debe reconocer la violación de los principios procesales en los que habría incurrido el Ministerio Público.

"La jueza Grandez debe tener mucho tino en esta situación porque el Ministerio Público nos viene sorprendiendo en todas las audiencias. Se les ha devuelto la carpeta fiscal por muchas deficiencias. Aquí está involucrada la presunción de inocencia, la libertad de los patrocinados. Esta situación la debe resolver el Poder Judicial ante las advertencias de cada uno los abogados de los patrocinados", afirmo.

A ello se suma que la jueza Cecilia Grandez amplió el plazo de 30 días para que el fiscal Germán Montero presente los acuerdos de los colaboradores eficaces, lo cual sería ilegal, según los abogados defensores.

PRIVADOS DE LA LIBERTAD

Por su parte, Velásquez Caro señaló que deben debatirse las acusaciones que se plantearon en un primer momento y que motivaron la investigación preparatoria y posterior privación de la libertad de los imputados bajo mandato preventivo.

Aseguró que la defensa legal de los imputados advirtió la inclusión de hechos nuevos que no habían sido materia de investigación en tres años.

¿Cómo le explicamos a nuestros defendidos que se incorporaban hechos después de tres años de haber sido privados de su libertad, por declaraciones de personas que no se ajustaban a la veracidad?, cuestionó.

Aseguró que la ciudadanía necesita un esclarecimiento claro de la muerte del auditor Cieza Herrera, pero siempre bajo los parámetros de la legalidad.

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