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EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL AGUA POTABLE: POSTERGADO EN LAMBAYEQUE

Escribe: Semanario ExpresiĂłn
Edición N° 1180

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Escribe: Roberto Javier Lingán Guerrero (*)

 

El derecho al Agua Potable debe cristalizarse totalmente en la región Lambayeque y en el Perú, ya sea para la lucha contra esta pandemia, como para mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos; se precisa que este derecho es un Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

 

Por la importancia de este derecho universalmente reconocido y de reciente incorporación normativa en nuestra Constitución Política del Perú, mediante la Ley N° 30588 publicada en el Diario Oficial El Peruano, el día 22 de junio de 2017, las autoridades deben priorizar la planificación y presupuestos para obtener resultados que logren impactar en la ciudadanía.

Asimismo, desarrollo el presente derecho, debido a que tan igual que el derecho constitucional a la vida lo es el derecho al agua potable como recurso esencial, que contribuye a la vida, a la salud, al bienestar general de la población lambayecana, peruana y mundial.

 

Sentencias

Nuestro Tribunal Constitucional, supremo ente intérprete de la Constitución Política, antes de la dación de la citada norma citada en el segundo párrafo, ya manifestaba un desarrollo de este importante derecho, por ejemplo, en la sentencia del expediente N° 06546-2006-PA , expresó respecto al Derecho al Agua:

“(…) supone primariamente un derecho de naturaleza positiva o prestacional, cuya concretización al Estado fundamentalmente corresponde promover. Su condición de recurso natural esencial, lo convierte en un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no solo de la existencia y la calidad de vida del ser humano sino de otros derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio ambiente”. (fj. 6)

De la misma manera, en la sentencia del Expediente N° 06534-2006-PA, el supremo intérprete de la Constitución expresó tres cosas esenciales para este derecho:

“El acceso, la calidad y la suficiencia. Sin la presencia de estos tres requisitos, dicho atributo se vería desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia misma del recurso. No se trata, pues, de proclamar que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte del ser humano o individuo beneficiario”. (fj. 21).

Asimismo, en las citadas sentencias mencionó que el Estado Peruano debe crear:

“Directa o indirectamente (vía concesionarios), condiciones de acercamiento del recurso líquido a favor del destinatario. Para tal efecto, varios pueden ser los referentes: a) debe existir agua, servicios e instalaciones en forma físicamente cercana al lugar donde las personas residen, trabajan, estudian, etc.; b) el agua, los servicios y las instalaciones deben ser plenamente accesibles en términos económicos, es decir, en cuanto a costos deben encontrarse al alcance de cualquier persona, salvo en los casos en que por la naturaleza mejorada o especializada del servicio ofrecido, se haya requerido de una mayor inversión en su habilitación; c) acorde con la regla anterior, no debe permitirse ningún tipo de discriminación o distinción cuando se trata de condiciones iguales en el suministro del líquido elemento. Desde el Estado debe tutelarse preferentemente a los sectores más vulnerables de la población; d) debe promoverse una política de información permanente sobre la utilización del agua, así como sobre la necesidad de protegerla en cuanto recurso natural”. (fj. 22).

 

Realidad

Como podemos apreciar, existe normativa vigente que exige a los gobiernos regionales, locales y sobre todo al Poder Ejecutivo la promoción de este importante Derecho; asimismo, en el Perú, según el portal Stakeholder Sostenibilidad  expresa que:

“Alrededor del 6 % de la población no tiene agua potable. Cerca del 35 % carece de alcantarillado. Únicamente el 62 % del desagüe captado por el total de EPS se recicla en PTAR. Los servicios de agua y saneamiento son insostenibles debido al deficiente modelo de gestión de los operadores de estos servicios, a la inapropiada institucionalidad sectorial, a la insuficiente inversión, a la falta de apoyo estatal y a la excesiva carga regulatoria”.

Por tanto, este importante insumo que asegura la salud de los peruanos y la disminución de las enfermedades, tiene un gran porcentaje de desatención por parte de las autoridades de tuno, en estos dos (2) últimos años de gobierno, no se ha conocido a nivel nacional que el Estado Peruano haya realizado inversiones importantes en pro de desarrollar este Derecho.

Al respecto, este desarrollo atacaría otro problema que aqueja al Perú y está relacionado a la lucha contra la anemia infantil, cuando se brinda agua de calidad. Es conocido en Lambayeque, que tenemos distritos de Mórrope y Pacora (declarados en emergencia), donde el agua no es apta para el consumo humano por contener arsénico, pero solo se firman acuerdos en el papel y en la realidad no se realiza gestión pública alguna para lograr que las poblaciones de los citados distritos lambayecanos cuenten con agua de calidad.

El agua es importante tanto en el hogar como en las escuelas, considero que en estos tiempos donde se reciben las clases de manera virtual, el Estado Peruano (Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobiernes Locales), deberían focalizar en dotar de agua potable a las escuelas, a través de la ejecución de obras públicas en estas instituciones educativas.

 

Metas por cumplir

Actualmente el gobierno del Perú, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, indica  como uno de sus objetivos prioritarios el mejorar el acceso de la población a servicios públicos de agua y saneamiento, para alcanzar la cobertura universal de usuarios urbanos en el año 2021.

Sin embargo, lo indicado no tiene un asidero real, debido a que hasta el 31 de julio de 2018, según información del citado Ministerio, existían hasta ochenta y ocho (88) obras paralizadas a nivel nacional, siendo el mayor porcentaje de paralización una deficiente elaboración del expediente técnico, otra razón, los incumplimientos contractuales por parte del contratista, entre otras causas, y todo ella, limita el acceso a un derecho constitucional de la ciudadanía.

Sin embargo, persisten los esfuerzos del gobierno central y descentralizados, de emprender estos proyectos con la finalidad de que cumplan sus finalidades; asimismo, existe una política de fortalecimiento de los operadores de agua y saneamiento, que:

“Son toda entidad, empresa o unidad que se organiza para brindar los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito urbano, como en el ámbito rural en el interior del país – EPS, unidades de gestión municipales, JASS, etc ”.

Sin embargo, en la región Lambayeque, antes, durante la pandemia, no se viene ejecutando obras de envergadura en temas de saneamiento y acceso al agua potable, continuando los problemas diarios para la población quién tiene que comprar agua, reclamar a OTASS y muchas veces no son atendidos; asimismo, como mencioné en la región tenemos la contaminación del agua con arsénico en dos distritos y el Estado no actúa con ninguna intervención para paliar esta contaminación.

Ante ello, sugiero que, el Estado Peruano, logre desembolsar los presupuestos correspondientes con la finalidad de que los gobiernos regionales, locales, unidades ejecutoras, entre otras, puedan elaborar expedientes técnicos de calidad, realizando inversiones adecuadas para ello.

Es necesario también generar fuentes de agua, articular planes entre entidades, es decir, mejorar los procesos de planificación, contratación y ejecución contractual; en este tipo de obras, no se debe dar pie a ningún ápice de corrupción.

En los gobiernos regionales, deben planificarse las intervenciones respecto al desarrollo del agua potable entre los gobiernos provinciales y distritales de su ámbito, e incluso se podría invitar al sector privado para que todos tengan un objetivo en común, ejecutar obras de agua potable de calidad.

Para evitar corrupción en este tipo de contrataciones a nivel regional y local, debería crearse una entidad especializada en elaboración de expedientes técnicos y procedimientos de selección, donde el comité de contrataciones esté liderado por personal del Ministerio de Vivienda, del OSCE y de Contraloría General de la República, garantizando la transparente elaboración del expediente técnico, elección de la empresa privada que ejecutará la obra pública.

 

(*) Abogado, especialista en control gubernamental.

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