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NIEGA DOLO EN DEMANDA DE HÁBEAS DATA: PJ DA LA RAZÓN A ABOGADO JOSÉ ASUNCIÓN

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1191

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  • ICAL, en la gestión de José María Balcázar, lo sanción a través del Comité de Ética por un hecho que ha sido desestimado en el Poder Judicial.
  • Abogado anuncia acciones legales contra Balcázar Zelada y Elmer Fustamante.

 

El Poder Judicial, a través del Juzgado Penal Unipersonal de Talara, que despacha el juez Omar Reyes Jiménez, de le dio la razón a los abogados José Asunción Reyes, gerente general del Estudio Jurídico Asunción y Abogados, y a Daniela Campaña Sampén, integrante de dicho estudio, al absolverlos de la imputación por el presunto delito contra la fe pública - falsificación de documento privado, en la modalidad de uso de documento falso. Por dicha imputación, ambos fueron sancionados por el Ilustre Colegios de Abogados de Lambayeque – ICAL, de manera arbitraria.

 

En tal sentido, Asunción Reyes advierte el inicio de acciones penales, demandas civiles indemnizatorias y el resarcimiento moral y económico contra el exdecano del ICAL, José María Balcázar Zelada, y el expresidente del Comité de Ética de la orden profesional, Elmer Fustamante Gálvez, quienes impusieron sanción en su contra, inhabilitándolo para el ejercicio de la profesión.

El Consejo de Ética del ICAL emitió una resolución en la cual se les impuso, tanto a José Asunción Reyes como a Daniela Campaña Sampén, la inhabilitación por dos años para el ejercicio profesional al haber incurrido supuestamente en faltas éticas previstas en el Inciso 1 del Artículo 6 y el Inciso 10 del Artículo 20, del Código de Ética del Abogado.

Sin embargo, las presuntas faltas éticas han quedado desvirtuadas con la decisión del juzgado de Talara.

 

Firma

El Ministerio Público solicitaba dos años de pena privativa de la libertad para ambos abogados por presuntamente haber falsificado la firma del ciudadano Ramón Risco Vite al presentar el 15 de septiembre del 2016 una demanda de Hábeas Data en representación suya ante la Oficina de Normalización Provisional – ONP, a fin de requerir copias certificadas del Expediente Administrativo N° 00201032793.

La demanda interpuesta fue redactada el 9 de septiembre del 2016 y estaba suscrita por los abogados Asunción Reyes, Campaña Sampén y Elizabeth Segura Vásquez. En esta se contenía la presunta firma de Ramón Risco Vite. Sin embargo, tal como consta en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, el administrado había fallecido el 23 de enero del 2016.

Al respecto, Asunción Reyes señaló que su estudio jurídico no tuvo conocimiento del fallecimiento de Risco Vite, quien meses antes, en pleno uso de sus facultades, había autorizado la acción de Hábeas Data.

Según la defensa legal de Asunción Reyes y Campaña Sampén, el Ministerio Público presumía que la firma plasmada en la demanda atribuida a Risco Vite era falsa solo porque fue presentada meses después a su fallecimiento, pero en vida el suscrito había contratado los servicios profesionales de los letrados, con la finalidad de que el estudio consiguiera el recálculo de sus pensiones.

“No se pretendía sorprender a la ONP con documentación falsa; se pretendía solicitar información para el recálculo de la pensión del señor Ramón Risco Vite, por eso se solicitó copias del expediente administrativo a efectos de analizar su caso y, luego de un análisis jurídico, plantear las acciones legales, pero la ONP hizo caso omiso, es por ello que se promueve la acción de Hábeas Data. Si esto es así, no se puede cuestionar que la demanda no correspondía a la voluntad de Risco Vite, porque fue presentada a favor de él y como un acto válido”, alegó César Quiroga Odiaga, abogado de los acusados.

 

Análisis

Para el juez Omar Reyes Jiménez no hubo duda e incluso consideró que no era necesaria una pericia grafotécnica previa para concluir que el documento, es decir, la demanda de Hábeas Data, contenía un hecho falso, toda vez que en esta se presentaba a Risco Vite como una persona viva, que pretendía copias de su expediente administrativo, por lo cual se cumplían todos los elementos objetivos del tipo penal por el que se acusó a Asunción Reyes y Campaña Sampén.

Sin embargo, el juzgador señaló que al ser la falsificación un delito de figura dolosa el inconveniente verdadero radicaba en definir en qué consiste el dolo en esta clase de delitos. Tras la revisión de fuentes académicas, expuso en los argumentos de su sentencia que se puede afirmar que una persona actúa con dolo cuando, además de conocer que el documento es falso, sabe que puede ocasionar un perjuicio.

“En el caso materia de análisis, en mérito a la prueba actuada en juicio, no se ha podido determinar que el uso del documento falso, consistente en la interposición de la demanda de Hábeas Data para obtener copias de parte de la ONP un expediente administrativo, para así evaluar si la pensión que gozaba el señor Risco Vite había sido otorgada, tomando en cuenta todos sus años de aportación, haya tenido la conciencia y voluntad de querer causar un perjuicio a la ONP. Tampoco se advierte que exista la posibilidad de causar un daño a esta entidad estatal. En consecuencia, corresponde afirmar que no concurre el elemento subjetivo del tipo penal imputado”, indicó.

En virtud de ello, el juez Omar Reyes Jiménez absolvió a los letrados, que habían sido acusados. En el caso de Elizabeth Segura Vásquez, el Ministerio Público había retirado la acusación fiscal, por lo que el juzgador solo aprobó el retiro de la misma.

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