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PARA ACREDITAR POSESIÓN: INVESTIGADOS POR USURPACIÓN DE TERRENOS HABRÍAN PRESENTADO DOCUMENTOS FALSOS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1197

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  • Los hermanos Óscar y Aníbal Burga Rojas denunciaron por falsificación de documentos a Germain Tapia Sánchez y Adriano Ortiz Carranza, en el marco de un proceso por usurpación de terrenos.
  • La Primera Fiscalía Penal Provincial de Chiclayo solicitó el sobreseimiento del proceso por falsificación de documentos, pese a que los hermanos Burga Rojas han presentado una serie de medios probatorios.

Desde marzo del 2017, los hermanos Óscar y Aníbal Burga Rojas están enfrascados en una disputa contra Adriano Ortiz Carranza y Germain Tapia Sánchez (gerente de la empresa Cantera Pátapo), a quienes acusan de usurparles 160 hectáreas de unos terrenos ubicados en el caserío El Progreso, del distrito de Pátapo. Esto ha terminado en un engorroso proceso judicial, que hoy ha sido devuelto a fojas cero y se ventila en el Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo.

En la edición 1195, Expresión dio cuenta de cómo el juez René Santos Zelada Flores, mediante la Sentencia N° 09-2019, absolvió a Ortiz Carranza y a Tapia Sánchez, para quienes la fiscalía pedía catorce y siete años de cárcel por los delitos de usurpación agravada. Asimismo, detalló los argumentos que tuvo la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para declarar nula dicha sentencia y devolver todo lo actuado al juzgado de origen.

A partir de ese proceso se desprende otro por falsificación de documentos, que se ventila en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria. Óscar Burga Rojas denunció por este delito a Ortiz Carranza y a Tapia Sánchez, ya que cuestiona la legitimidad de los medios probatorios presentados por ambos como parte de su defensa en el proceso por usurpación de terrenos.

SOBRESEIMIENTO

Sin embargo, la fiscal Karen Rut Padilla Tenorio, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, consideró que los documentos presentados por Ortiz Carranza y Tapia Sánchez sí son auténticos, por lo cual el 5 de septiembre del 2019 solicitó el sobreseimiento de la causa en favor de los coimputados.

Padilla Tenorio sustentó este pedido en dos hechos: que los documentos presentados por Ortiz Carranza y Tapia Sánchez, y que supuestamente acreditan su posesión, fueron expedidos por el entonces secretario de la Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe, José Antonio Larios Ayala, quien ha reconocido haber emitido el documento; y que no existen certificados de posesión anteriores al 2012, por lo cual no es posible constatar su veracidad.

La defensa legal de Óscar Burga Rojas solicitó la oposición a este pedido formulado por la fiscal y el 29 de enero de este año se desarrolló la audiencia de sobreseimiento. Este medio tuvo acceso a los documentos presentados por Ortiz Carranza y Tapia Sánchez, cuya legitimidad es cuestionada por el agraviado.

CERTIFICADO DE POSESIÓN

Según obra en la Carpeta Fiscal N° 3212- 2018, Adriano Ortiz Carranza presentó un certificado de posesión del 20 de noviembre del año 2000, mediante el cual la Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe le reconoce a la Asociación Civil Comité de Zarandiadores Pampa La Victoria – Pátapo, representada por él, tener el usufructo de una parcela de tierra de 50 hectáreas. Según el documento, estos terrenos limitan al sur con los predios de Óscar Burga Rojas y al oeste con los del comunero José Rolando Regalado Castillo. Quienes firman los documentos son Armando Chanamé de los Santos, en su calidad de presidente de la comunidad, y Antonio Larios Ayala, como secretario.

Sin embargo – tal como consta en el pedido de oposición al sobreseimiento – en el año 2000 Óscar Burga Rojas no era aún comunero, toda vez que recién ingresa a la comunidad campesina Santa Lucía de Ferreñafe el 28 de abril del 2008, ergo, no podría aparecer a inicios del nuevo milenio como propietario de los terrenos colindantes de Adriano Ortiz Carranza.

“Adriano Ortiz Carranza dice que en noviembre del 2000 ya tenía un certificado de posesión, donde al sur limita con Óscar Burga Rojas y al oeste con Rolando Regalado, pero en el 2000 nosotros no estábamos, recién adquirimos los terrenos en el 2008. Y Regalado, que es nuestro vecino, a quien ellos también han querido usurparle, ingresó en el 2013 (…) Ellos, como vieron que estábamos allí, tanto Regalado como nosotros, supusieron que ya teníamos desde el 2000 los terrenos, por eso lo ponen a mi hermano como colindante. Lo han fabricado”, señaló Aníbal Burga, hermano del agraviado.

Además, la defensa de Óscar Burga Rojas refiere que la fiscal no ha tomado en cuenta las declaraciones que Antonio Larios rindiese ante el Ministerio Público, en la Carpeta Fiscal N° 37-2017, en otro proceso que se les sigue a Adriano Ortiz Carranza y Germain Tapia Sánchez por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada. En dichas declaraciones, el entonces secretario de la comunidad campesina señaló que no podría precisar los datos consignados en el certificado de posesión, ya que él solo se limitó a escribir lo dictado por los interesados.

“Respecto al documento que obra a folios 1144, que es un certificado de posesión comunal, otorgado al comunero ‘Asociación Civil Comité de Zarandiadores Pampas La Victoria’, en la condición de usufructo de una parcela de tierra denominada ‘La Playa’, ubicada en el sector Pampa de Burros Las Canteras por 50 hectáreas, de fecha 20 de noviembre del 2000, ese documento fue para la explotación de minerales, pero no consta ahí que fue otorgado para dicho fin. Respecto a los colindantes, era llenado por los interesados respecto al dato que por el sur colindaba con el señor Óscar Burga Rojas, no podría precisar porque ellos me daban los datos”, declaró Antonio Larios, según la transcripción textual hecha por el Ministerio Público.

El Ministerio Público entrevistó a Larios Ayala porque el entonces presidente Armando Chanamé ya falleció.

JUEZ DE PAZ

Otro de los argumentos que esgrime la defensa de Burga Rojas para oponerse al sobreseimiento es que la fiscal Karen Padilla Tenorio se ha limitado a tomar las declaraciones de una sola autoridad: el juez de Paz de Pátapo Nórvil Cadenillas Rodrigo, quien certificó las supuestas diligencias de constatación y verificación de los linderos de la empresa Cantera Pátapo, representada por Germain Tapia Sánchez.

Sin embargo, Nórvil Cadenillas tiene como antecedente el que fue sentenciado a siete años y ocho meses de pena privativa de la libertad por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, tal como obra en la Sentencia N° 369, emitida el 12 de septiembre del 2019 por el juez René Zelada Flores, del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo – Ferreñafe.

“La representante del Ministerio Público, a cargo de la presente investigación, simplemente se ha limitado a tomar la declaración de una sola autoridad, siendo esta el juez de Paz de Pátapo Norvil Cadenillas Rodrigo, el mismo que ha sido cuestionado por su deficiente y corrupta participación en las constataciones y legalizaciones de documentos”, se lee en el pedido de oposición al sobreseimiento.

Además, la defensa de Burga Rojas cuestiona la legitimidad de las dos diligencias de constatación y verificación del 22 de mayo del 2015 y el 15 de enero del 2017, en las cuales participó Norvil Cadenillas. Según refiere, el 14 de abril del 2017, Segundo César Ramos Zuloeta, guardián de los terrenos de Óscar Burga Rojas, y quien además vive allí en una casa junto a su familia, encontró a Germain Tapia y a Adriano Ortiz junto a sus colaboradores colocando postes de palos y alambres de púas en los predios de su empleador, por lo cual interpuso una denuncia ante la comisaría de Pósope Alto.

“La Policía encuentra que este grupo de usurpadores estaba invadiendo el terreno de Óscar Burga. Germain Tapia declara ante la Policía que estaban poniendo cercos de púas porque las lluvias del fenómeno El Niño habían destruido cercos y se encontraban colocando nuevos cercos en las zonas que estaban invadiendo. Obviamente, era una gran mentira, porque todo estaba siendo arrasado con cargador frontal y gente armada; es decir, lo que Germain Tapia llama Acta de Constatación y Verificación, en ambas fechas, es totalmente falso”, se desprende del pedido de oposición al sobreseimiento.

Aníbal Burga añade que ambas actas registran como hora de la constatación las 10:20 de la mañana. “Después de dos años, justo coincidieron en la misma hora y minutos”, apuntó.

COMUNERO

Por otro lado, la defensa de Óscar Burga Rojas argumenta que la fiscal tampoco ha tomado en cuenta la declaración de la actual presidente de la Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe, Gloria Mori Carrasco, quien mediante un documento del 1 de junio del 2018 señaló que a Adriano Ortiz Carranza no se le ha realizado ninguna transferencia de terrenos.

De igual forma, Mori Carrasco sostuvo en el mismo documento que a la empresa Cantera Pátapo en ningún momento se le ha transferido en propiedad el área superficial de terreno alguno, sino que la comunidad – en cumplimiento al mandato de asamblea – suscribió un convenio de autorización con la organización para el uso de terrenos superficiales para la explotación de minerales no metálicos.

A ello añade que Ortiz Carranza presentó la Resolución Administrativa N° 002-2012, según la cual en el 2012 Antonio Larios Ayala, quien ya era presidente por esos años de la comunidad, certificó que él explotaba un aproximado de mil hectáreas, en las que sembraba una variedad de cultivos: caña de azúcar, ají, páprika, entre otros.         

“Los predios tienen unidades catastrales y estos están sujetos a normas muy estrictas de la comunidad, donde no se pueden tener más de 20 hectáreas por comunero. Adriano Ortiz Carranza ha presentado documentos en otras fiscalías y en el Poder Judicial un certificado también firmado por Larios, por la increíble cantidad de mil hectáreas. No hace falta analizar nada para comprobar que Larios está estrechamente comprometido en la falsedad documentaria con Adriano Ortiz Carranza y Germain Tapia, ya que por comunero no se puede pasar el límite de 20 hectáreas, según el Artículo 30 del estatuto de la comunidad campesina Santa Lucía de Ferreñafe”, se lee en la oposición al sobreseimiento.

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