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PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL: IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS DE USO DEL SUELO URBANO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1009

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¿Es posible que los intereses de los propietarios del suelo marchen en armonía con el bienestar de la comunidad? Enrique Silva, responsable del Área de Investigación para América Latina y El Caribe del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, afirma que sí. Para ello, es importante – refiere – que exista sobre las ciudades una visión compartida del desarrollo, de las condiciones en las que los habitantes desean vivir, y que esta se consolide a través de la planificación, donde la determinación de las autoridades locales es fundamental.

 

Silva, quien se ha desempeñado como profesor de Planificación y Asuntos Urbanos de la Universidad de Boston, donde además fue director de los programas de postgrado en Planificación Urbana, explica que “es muy importante darse cuenta que todos los habitantes dependen del suelo para vivir, para trabajar y para desarrollarse”, por lo que el manejo de este como recurso público es medular para la comunidad.

 

Indica que el correcto manejo del suelo urbano puede generar que este produzca lo que debe producir, y con ello incrementar las condiciones de accesibilidad al recurso como tal para la mayor cantidad de población posible.

 

“Las políticas de suelo muchas veces favorecen solo a ciertos propietarios o intereses que pueden frenar el bienestar de otros miembros de la comunidad. Por ello es importante para el Estado promover y financiar infraestructura que ayude a acceder a los recursos del suelo, y promover el acceso de la gente a las comodidades de la ciudad”, indica el experto.

 

RECURSO PÚBLICO

Enrique Silva, quien participó como docente del Curso de Políticas de Suelo para Periodistas Latinoamericanos desarrollado por el Instituto Lincoln en Buenos Aires, Argentina, al que Expresión fue el único periódico peruano en asistir, precisa que las propiedades sobre los espacios no dan derechos absolutos a las personas para hacer y deshacer de la planificación urbana.

“El suelo es un bien público y un bien privado, y muchas jurisdicciones otorgan el permiso de usar y gozar de la propiedad privada, pero en sí eso no significa que el propietario pueda hacer lo que quiera en su predio porque sus acciones pueden perjudicar el bienestar de sus vecinos y de la comunidad”, anota.

 

En tal sentido, explica que corresponde a las ciudades, a través de sus municipios, establecer límites en lo que puede hacer el propietario de un lote o del suelo, y eso depende mucho de cómo se aplica la legislación en las diferentes comunidades. Comenta que en algunos lugares los intereses de propietarios privados son bastante fuertes y pueden propiciar ciertos goces o usos que van en contra de los intereses de la colectividad.

 

MAYOR PREOCUPACIÓN

Sin embargo, reconoce que en los últimos años a nivel de América Latina se ha empezado a generar una corriente positiva de mayor interés y preocupación de los gobiernos municipales por manejar de manera eficiente el suelo sobre el que se asientan sus jurisdicciones.

Esto – destaca -  porque las ciudades, los diferentes municipios de Latinoamérica, están entendiendo cómo y por qué deberían aplicar políticas de uso de suelo por razones sociales, económicas y medioambientales también.

 

“Hay un impulso bastante fuerte, no en todos los lugares, pero sí en muchas ciudades en las que se están dando cuenta en que tiene que haber mayor coherencia entre las políticas de desarrollo económico, las políticas del suelo y las políticas del transporte, para mejorar la calidad de la habitabilidad en sus ciudades, en los barrios y en la escala metropolitana. Siempre es necesario construir una gran visión de cómo queremos vivir para alcanzar el desarrollo y el bienestar. Construir esa visión puede empezar si hablamos con los vecinos, con los líderes de los barrios y las comunidades. Sin una visión es muy difícil identificar por lo menos que se necesitan mejorar las políticas de suelo o que el suelo mismo es un problema de todos”, menciona.

Anota que la visión colectiva a nivel de política urbana tiene que ser consensuada, compartida y que pasar por procesos de discusión y debate público para definir las prioridades.

 

LOS PLANES OLVIDADOS

Empero, también existe la tendencia de algunos gobiernos locales de no atender ni poner en ejecución las valiosas herramientas técnicas de planificación y ordenamiento que las ciudades poseen, y un ejemplo claro de esta problemática es Chiclayo, donde se dejó en el olvido el Plan Director de 1992, el proyecto de Ciudades Sostenibles, los mapas de peligro, riesgo y vulnerabilidad, el Plan del Sistema Integrado de Transporte financiado por la cooperación danesa y el Banco Mundial, el Geo Chiclayo para el manejo de residuos sólidos, y el Plan de Desarrollo Urbano 2010-2015, aprobado recién el año pasado. 

 

Frente a este problema, Enrique Silva precisa que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil pueden incidir para que las autoridades tomen consciencia, porque “un plan que no es implementado no sirve para nada, como tampoco un plan que no va de la mano con un programa de financiamiento” para lo que se propone hacer.

 

“Si existen las herramientas y ha habido un proceso de planificación la comunidad debería estar atenta y demandar, requerir, que las autoridades que crearon el plan lo implementen, lo ejecuten o que por lo menos expliquen el porqué no se está usando. Eso es consciencia local, consciencia de la comunidad también, para que existan estas herramientas que tienen que usarse e implementarse”, afirma.

 

DECISIÓN POLÍTICA

Añade que todo proceso de planeamiento empieza por la decisión política de los gobernantes locales, debido a que la defensa y uso de la planificación urbana y las buenas políticas de suelo no se pueden hacer sin apreciar y manejar sus dimensiones políticas. “La razón de esto es que la planificación urbana es antes de todo un acto y proceso político”, explica.

 

“Una de las tensiones principales es que los propietarios del suelo o inversionistas inmobiliarios creen tener derecho de hacer lo que quieran sobre su terreno y esto muchas veces se contrapone a los derechos colectivos. Esa es una tensión base. Hay necesidad de llegar a un equilibrio para que el uso del suelo sirva a los propósitos del privado y de la colectividad a la vez, y sobre eso se necesita decisión política. Regular esa tensión demanda de decisión política”, enfatiza Enrique Silva.

 

El experto, quien ha participado en los procesos internacionales para promover la gestión y planificación urbana en Haití, luego del devastador terremoto del 2010, señala que en ciudades grandes, países con economías estables y gobiernos fuertes, se nota, paradójicamente, una cultura y práctica débil en materia de planificación urbana.

 

“La construcción de torres y grandes proyectos urbanos sin un plan para manejar los cambios e intensidad de usos del sector resultan en un barrio que se presta para lindas postales, pero que en su realidad cotidiana sufre de grandes problemas de congestión vehicular y suministro de servicios. Para resolver estos problemas la responsabilidad cae sobre las autoridades públicas que ahora tienen el gran desafío de planificar y pagar por la infraestructura vial y de servicios que se necesita sin parar la actividad comercial de la zona”, expone.

 

APOYO A LAS CIUDADES

El Instituto Lincoln de Políticas de Suelo es una organización independiente que busca colaborar en la mejora de la calidad de vida de la población con la promoción de aspectos vinculados al uso del suelo, la tributación y la administración de este como recurso. La institución fue creada en 1946.

 

“Nosotros manejamos cursos a distancia, cursos presenciales y cursos de desarrollo profesional en los que se proyectan algunas herramientas que pueden tomarse como asistencia técnica, lógicamente hay agencias que trabajan asistencia técnica a mayor escala. Trabajamos para dar una base de conocimiento y ayudar a que los funcionarios de los municipios tengan conocimientos referidos a la planificación y el uso del suelo”, comenta. 

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