“Por ahora, ¡no me voy!”. Pareciera decir nuestra excelentísima mandataria de la nación, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, quien, por cierto, asumió el mando cuando, si bien lo esperaba, no era el momento aún, ya que la resistencia embrutecida del hoy preso Castillo Terrones, parecía cada vez más apuntalada con un blindaje acorazado, fuerte en su composición externa y muy débil por dentro, lo que dio lugar a Castillo a tomar la decisión de aferrarse al poder con un razonamiento a todas luces empobrecido en su acción y reacción natural, que dio lugar, en forma exprés, para que la señora Dina Boluarte asumiera el cargo de presidenta por mandato constitucional.
El 16 de febrero del presente año, la presidenta del Perú, suscribió la Resolución Suprema N° 013-2023-DE conjuntamente con el actual Ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, con la finalidad de aprobar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), encargando al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la distribución de las mismas, es decir, Dina Boluarte está aprobando la intervención de las Fuerzas Armadas, supuestamente en defensa del Estado de Derecho y protección de la sociedad dentro del territorio nacional.
Los supuestos decisorios de Dina
Según la aludida Resolución Suprema, esta se fundamenta sobre el Decreto Legislativo N° 1095, el cual establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en función al marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, utilizando para tal fin su potencialidad y capacidad coercitiva a fin de asegurar la paz y el orden interno en el ámbito territorial de la nación, es decir, lo que Dina Boluarte está buscando y consiguiendo es un aliado estratégico fortalecido para quedarse en el poder que ostenta por casualidad.
El accionar de las Fuerzas Armadas
Según el RUF, entre sus considerandos más relevantes precisa en su Título II, Capítulo I – Niveles de Resistencia y Uso de la Fuerza, que la aplicación de la fuerza en el control del orden interno contra una o varias personas, puede implicar oposición y resistencia de parte de estos bajo diferentes conductas, entre ellas la agresión letal y no letal, ambas con agresiones físicas al personal militar, pero en el caso de la acción letal, poniendo en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al efectivo militara, por lo que agotadas las acciones de nivel preventivo y la advertencia correspondiente, se utilice la fuerza gradualmente, como el control físico, medio no letal utilizando armas con bajo potencial de daño y como uso de la fuerza potencial letal, las Fuerzas Armadas puede usar el arma de fuego contra las personas cuando sea estrictamente necesario.
Advertidos estamos
Todo indica que a la señora Boluarte no le importa la existencia humana, su accionar pro letal y el síndrome compulsivo de ostentar poder son evidentes, tal como sus ocasionales malhadados parlamentarios, quienes con tal de no irse, a pesar de su vocería discordante de que “nos queremos ir todos”, son capaces que la calle siga en desorden, la destrucción sea más lesiva y las muertes (más de 60 hasta ahora), sean su arma letal, hoy acompañada por la Fuerza Armada para atropelladamente decretar que, aquel que se atreva a sacarlos en vilo, morirá indefectible sin piedad por pedir que “se vayan todos”.
Las cartas están echadas
Lo resuelto, es un hecho real y consumado a pesar que no estamos en un régimen cívico – militar, ya que este sistema actualmente en el Perú no existe, porque aún nos mantenemos en democracia a pesar de su insuficiencia y su cada vez más desarraigada formalidad, constituido por un gobierno constitucional elegido democráticamente hasta hoy en manos de Dina Boluarte, quien se apertrecha con sus ánimos de ostentar un poder desvanecido, el cual pretende empoderar coludido con el aparato militar de la nación, para que de esta forma mal pensada y plagada de hipocresía, lograr su deseo trasnochado de quedarse hasta julio del 2026, pese a que la calle reclama, “vete ya y el resto también”.
(*) Especialista en Contrataciones del Estado.
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