Según el Ministerio de Salud, en Lambayeque existen más de 10,945 personas que cuentan con un certificado de discapacidad emitido por una Institución Prestadora de Servicio de Salud-IPRESS, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI estima que las personas con discapacidad exceden las 120,000 personas a nivel regional. Para este sector poblacional, las brechas en el acceso a los servicios más elementales persisten, según el Ministerio de Educación, el 39,4% de las personas con discapacidad apenas concluyó primaria mientras que el Ministerio de Inclusión Social señala que más del 16% no se atiende en un centro de salud por falta de oportunidades.
En este contexto, la Trigésimo Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 31953, Ley de presupuesto público para el año fiscal 2024, establece que los gobiernos regionales y locales deben utilizar el 1% de su presupuesto institucional para la atención de personas con discapacidad; El 0.5% priorizando la realización de obras, reparación, adecuación o el mantenimiento para mejorar y proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el acceso a palacios de gobierno y demás sedes regionales y municipales, mientras que el otro 0.5% de su presupuesto institucional puede ser utilizado para financiar gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad- OREDIS y sus pares locales, las OMAPED.
Lo anterior significa que solo a nivel del gobierno regional de Lambayeque, sin considerar las partidas intangibles, se podría disponer de más de siete millones de soles, mientras que en la Municipalidad de Chiclayo alrededor de medio millón de soles pueden ser orientados para atender las necesidades de las personas con discapacidad, otros cientos de miles de soles dispondrían las provincias de Lambayeque y Ferreñafe.
Obligación gubernamental
Dicho esto, el gobierno regional y gobierno local tienen la obligación legal y el imperativo moral de atender a las personas con discapacidad. Primero, resulta necesario validar la información disponible para las intervenciones públicas (existe una gran diferencia entre los datos administrados por INEI, el CONADIS y el MINSA). Una segunda prioridad es fortalecer la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones a lo largo del ciclo de política pública para que los bienes y servicios proveídos se ajusten a sus necesidades y expectativas superando las barreras de accesibilidad y comunicación.
Los gobiernos sub nacionales también pueden establecer acciones de soporte, acompañamiento y asesoría dirigidos a atender las necesidades de integración de las personas con discapacidad en el entorno familiar, apoyar el ejercicio de su capacidad jurídica y garantizar la disponibilidad de sistemas de apoyo para la autonomía y vida independiente. Otros ejemplos de acciones puntuales y factibles son disponer de traducción de lengua de señas para atención a personas sordas en horarios específicos en áreas de trámites y orientación, instalar señaléticas en braille y relieve para las personas con discapacidad visual en los palacios de gobierno y espacios públicos críticos, contar con centros de recursos que apliquen economía de escala en la adquisición, operación y mantenimiento de equipos y personal atendiendo a redes de municipios locales y centros poblados así como instituciones públicas y privadas del sector seguridad, salud, educación finanzas, etc.
Finalmente, es importante erradicar prejuicios, estereotipos y otras actitudes, realizando campañas de sensibilización, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad, sin embargo, para que ello funcione, un punto de partida necesario es que autoridades y servidores públicos se encuentren debidamente capacitados.
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(*) Sociólogo y especialista en Gestión y Políticas Públicas.
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