El Perú se prepara, en un contexto de convulsión social, para elegir nuevas autoridades con miras al 2026. Sin embargo, hasta ahora no se tiene claridad sobre las prioridades de gobierno de los candidatos ni sobre el país que se pretende construir en medio de la ola de delincuencia y extorsión que afecta día a día a los hogares peruanos. A ello se suma una institucionalidad devastada, que se ha convertido en un arma peligrosa dentro de la política nacional debido a la crisis estructural que enfrenta la sociedad peruana por la permanente lucha de poderes.

Este deterioro ha llevado a que el Perú sea calificado como un país sin gobernabilidad durante los últimos periodos de gobierno, desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski. La corrupción y la desidia se han profundizado, principalmente desde el Congreso de la República, que ha orquestado numerosos casos, generando la más reciente crisis de gobernabilidad. Ya se sabía que la presidencia de Dina Boluarte no tenía la capacidad de implementar estrategias efectivas para combatir los flagelos de la delincuencia y la corrupción. En ese escenario, se preparó el terreno ideal —previo a la disputa electoral de 2026— para aprovechar la obtención de votos bajo la máscara de una vacancia de medianoche, aprobada con 121 votos a favor por “permanente incapacidad moral”.

Sin embargo, la ausencia de verdaderos partidos políticos que convoquen a profesionales de alto nivel técnico para ejecutar auténticas reformas ha agravado la crisis. Los partidos, desacreditados por su propia conducta, han asumido que las reformas legislativas solo tienen sentido si traen beneficios económicos personales o de grupo. Como resultado, se han promulgado leyes sin sustento técnico, absurdas y desconectadas de la realidad nacional, que benefician a determinados actores en perjuicio del interés general. Las consecuencias de ello se sienten a mediano y largo plazo: una política fiscal debilitada, una menor capacidad de recaudación para la SUNAT y un déficit fiscal en aumento.

Electores desinformados

De acuerdo con IPSOS (2026), un estudio a escala nacional revela el claro desconocimiento de los votantes sobre el poder de decisión que ejercen al elegir al próximo conductor del país. El 73 % de los encuestados admite no saber la fecha exacta de las elecciones, y solo el 1 % conoce que hay 39 organizaciones políticas inscritas en la contienda electoral. Además, cerca del 80 % desconoce la cantidad de senadores y diputados, así como la diferencia entre ambas cámaras legislativas. Aún más preocupante, ocho de cada diez peruanos afirman no conocer a los eventuales candidatos preferidos. Este panorama de desconocimiento, desconfianza y apatía ciudadana revela una democracia debilitada y organismos electorales cuestionados.

Prioridades de gobierno

Lo cierto es que la principal preocupación del presidente José Jerí, en el muy corto plazo y junto a su gabinete, debería centrarse en establecer prioridades claras: una lucha frontal contra la delincuencia y sus derivados, la continuidad de la estabilidad económica, el destrabe de la inversión pública y la articulación efectiva con las regiones del país. Bajo la mirada de una descentralización pendiente, urge discutir y trabajar técnicamente en el desarrollo de polos económicos regionales. Solo mediante eficiencia y transparencia podrá el gobierno de Jerí responder a una ciudadanía cansada de observar con total impunidad el abuso de poder y el actuar enquistado de la clase política, que ha llevado al límite la voluntad popular.

El escenario adverso se complica con un Congreso que continúa ejerciendo un rol preponderante en lo que resta de gobierno, cediendo ante presiones electorales. Jerí, hasta el momento, no ha mostrado una agenda de gobierno clara para sustentar su voto de confianza ante el Legislativo. Se espera que las acciones adoptadas no deriven en un contexto aún más crítico que el vivido durante el mandato de Dina Boluarte. El país demanda una gestión distinta, sustentada en resultados concretos. Aunque las instituciones sean débiles y poco representativas, es indispensable evitar que el caos político desemboque nuevamente en marchas y protestas sociales cargadas de violencia y vandalismo. No se puede ignorar que el 97 % de la población expresa un rechazo casi absoluto hacia los congresistas, síntoma del profundo deterioro de la representatividad política.

Por ello, Jerí debería aprovechar uno de los momentos más favorables para la economía peruana en décadas. Los términos de intercambio son hoy positivos tras casi 75 años, gracias al alza de los precios de los commodities. Sin embargo, este escenario no será sostenible en el largo plazo si el país continúa demorando el inicio de operaciones mineras por la excesiva y paralizante burocracia. Se requiere impulsar la industrialización nacional, promover nuevos sectores económicos y diversificar la matriz productiva. Apostar por la innovación y la tecnología debe ser una prioridad, siguiendo el ejemplo de economías asiáticas como China, que han sabido reconfigurar sus bases productivas y avanzar hacia modelos más sostenibles.

Delincuencia y corrupción

De lograrse, ello también contribuiría a reducir los flagelos de la delincuencia y la corrupción.

Asimismo, la gestión de Jerí debería capitalizar la fortaleza macroeconómica que el Banco Central de Reserva del Perú ha sabido mantener. Para 2026, se proyecta un crecimiento del producto bruto interno (PBI) de 2,9 %, con la inversión privada como principal motor, alcanzando una expansión del 3,5 %. Se prevé, además, un incremento de los términos de intercambio impulsado por el alza de los precios de las exportaciones, especialmente del oro, cuya cotización internacional alcanzaría los 3 451 dólares por onza. A ello se suman las expectativas de depreciación del dólar, la flexibilización monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y las tensiones políticas globales, factores que favorecerían un crecimiento de 1,8 % en los términos de intercambio. No obstante, estos indicadores también plantean un desafío para la política económica y fiscal: el de alcanzar la producción potencial máxima del país, cerrando la brecha del producto y recuperando la productividad mediante la disipación de choques de oferta, la estabilidad de precios y la reducción de los conflictos sociopolíticos, lo que fortalecería la confianza empresarial.

El análisis evidencia que el Perú atraviesa un periodo de vulnerabilidad política e institucional sin precedentes, donde la fragmentación del sistema partidario y la pérdida de confianza ciudadana constituyen los principales obstáculos para la gobernabilidad democrática. En este contexto, el gobierno de José Jerí enfrenta el desafío de reconstruir la legitimidad estatal y fortalecer la estabilidad macroeconómica mediante políticas que prioricen la seguridad, la inversión pública y la articulación regional. Aun así, las proyecciones económicas favorables y el contexto internacional de altos precios de los minerales representan una oportunidad histórica para diversificar la matriz productiva y sentar las bases de un desarrollo sostenible e inclusivo. Solo mediante una gestión pública eficiente, técnica y libre de intereses particulares será posible transformar la actual coyuntura de crisis en un punto de inflexión hacia un nuevo pacto social y económico para el país.

--------------------

(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégica.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

Deja tu Comentario