En el Perú, la situación política y social es de nuevo incierta en medio del proceso electoral que coordina el Jurado Nacional de Elecciones, en este contexto, el país se enfrenta a la vez a tensiones institucionales, retos económicos y exigencias sociales que muestran la urgencia de fortalecer la gobernabilidad democrática. La economía peruana ha evidenciado una capacidad de resistencia destacada, pese a las convulsiones políticas que han tenido lugar en los años recientes; el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha reportado que, en 2025, el país tuvo un aumento del PIB próximo al 3,3 %, este crecimiento fue promovido mayormente por la demanda interna y la actividad dinámica de sectores como el comercio, los servicios y la minería.
No obstante, el crecimiento de la economía no ha sido capaz de eliminar por completo las inquietudes sociales, la pobreza sigue siendo un problema importante: de acuerdo con cifras oficiales del INEI, en 2024, el 27,6 % de los habitantes de Perú (alrededor de 9,4 millones de personas) vivían en condiciones de pobreza monetaria; una de las grandes problemáticas del Perú actual es la diferencia entre el crecimiento económico y la persistencia de cuestiones sociales, se trata de un país con estabilidad macroeconómica relativa, aunque con una fuerte vulnerabilidad política y grandes desigualdades en términos sociales.
La inestabilidad política ha sido uno de los aspectos más notorios en el Perú en los últimos años, el país ha pasado por varias crisis institucionales, luchas entre las autoridades del Estado y cambios de gobierno en un lapso menor de diez años, la confianza de la ciudadanía en las instituciones se ha visto debilitada y el campo económico ha experimentado incertidumbre debido a esta situación. En un contexto político desfavorable, la economía peruana ha conseguido mantenerse con cierto dinamismo, lo cual resulta paradójico; según los reportes del Banco Central de Reserva de Perú, la inflación anual ha permanecido en el rango meta del banco central (entre 1 % y 3 %), alrededor del 1,7 % a comienzos del año 2026, esto pone a Perú entre las naciones con más estabilidad en precios en América Latina.
Además, los informes económicos indican que la actividad económica habría tenido un crecimiento de aproximadamente el 3% hacia finales de 2025, impulsada por el rendimiento del sector minero y por la mayor demanda interna; sin embargo, estos indicadores favorables coexisten con cuestiones estructurales que obstaculizan el progreso del país, la desigualdad en términos territoriales, la informalidad en el trabajo y las diferencias en los servicios básicos son algunos de ellos; pese a que el desarrollo económico ha posibilitado progresos significativos, todavía hay millones de peruanos que tienen problemas para conseguir un trabajo formal, una educación de calidad y servicios sanitarios apropiados.
Asimismo, la situación electoral suma un elemento extra de incertidumbre, si no se logra consolidar la institucionalidad democrática, varios estudios internacionales alertan que la confianza de los inversores podría verse afectada y el crecimiento económico podría estancarse, ciertamente, entidades internacionales han apuntado que el Perú tiene que fortalecer reformas estructurales para fomentar la productividad, elevar la calidad institucional y disminuir la informalidad si quiere mantener su crecimiento a largo plazo. En esta situación, las elecciones son no solo un procedimiento democrático para seleccionar a los dirigentes, sino también una ocasión para replantear las prioridades de la nación, el desafío principal consiste en establecer un acuerdo político que haga posible implementar políticas públicas sostenibles, con la finalidad de disminuir las diferencias sociales y fomentar una expansión económica inclusiva.
El Perú está en una etapa crucial, el país se enfrenta a retos estructurales que no pueden ser pasados por alto, aunque tiene bases macroeconómicas relativamente firmes, como un crecimiento moderado y una inflación controlada; la fragilidad de las instituciones y la persistencia de la pobreza, que impacta a más del 25% de los habitantes, demuestran que se requieren reformas profundas en el sistema político y económico, las elecciones son una oportunidad para progresar en este sentido, aunque también conllevan el riesgo de mantener las mismas dinámicas de enfrentamiento político si el debate público no se enfoca en propuestas específicas. Por lo tanto, la estabilidad que el país persigue no estará solamente ligada a los resultados de las elecciones, sino también a la habilidad de sus instituciones y de los ciudadanos para alcanzar consensos que hagan posible afrontar los retos del desarrollo.
Primeramente, es fundamental que el debate electoral dé prioridad a las propuestas enfocadas en solucionar problemas estructurales como la informalidad, la pobreza y las disparidades en infraestructura, las estadísticas del INEI evidencian que el crecimiento económico, por sí mismo, no basta para disminuir las disparidades sociales. En segundo lugar, es necesario que las instituciones estatales fortalezcan los procedimientos de rendición de cuentas y transparencia, para restaurar la confianza de los ciudadanos y aumentar la legitimidad del sistema democrático, es esencial una administración pública ética y eficaz. En tercer lugar, es necesario fomentar políticas económicas que estimulen la innovación, la productividad y la formalización del trabajo, estas acciones posibilitarán el mejor aprovechamiento del potencial económico de la nación y crearán oportunidades para los ciudadanos. Por último, el diálogo y la colaboración institucional deben ser los asuntos prioritarios que la clase política debe abordar, la habilidad de los líderes peruanos para alcanzar acuerdos y asegurar la estabilidad política en favor de la sociedad en su conjunto tendrá un papel crucial en el desarrollo sostenible del país.
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Coordinador de Economía y de contabilidad de USMP
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