El Perú está atravesando un periodo crucial en su historia, el país se enfrenta a una paradoja que parece repetirse de manera continua, si bien tiene grandes ventajas comparativas y recursos suficientes para convertirse en una de las economías más dinámicas de América Latina, también tiene problemas estructurales que obstaculizan su desarrollo y perjudican la calidad de vida de millones de personas.

La prosperidad minera, el aumento en las exportaciones agrícolas, la estabilidad macroeconómica lograda durante décadas y el potencial de una población joven constituyen una oportunidad excepcional para fomentar el avance del país; no obstante, la inseguridad ciudadana, la corrupción, el trabajo en condiciones de informalidad, la baja calidad de los servicios públicos y el aumento de desconfianza hacia las instituciones son factores que podrían frustrar que la nación llegue a su auténtico potencial, en este contexto, no se puede evitar plantearse la pregunta: ¿Está el Perú listo para iniciar su camino hacia el desarrollo o está en peligro de malgastar otra vez una ocasión histórica?

La economía peruana ha presentado signos de restablecimiento después de etapas de crisis y desaceleración en los años recientes, no obstante, las ventajas del crecimiento todavía no se distribuyen de manera justa entre toda la población. En 2024, el 27,6% de los habitantes de Perú se vio afectado por la pobreza monetaria, lo que representa alrededor de 9,4 millones de individuos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); a pesar de que esta cifra es menor a la del año 2023, sigue siendo mayor que los niveles documentados antes de la pandemia y muestra que más de un cuarto de la población peruana vive en condiciones vulnerables; asimismo, se estima que el 31,8% de la población es vulnerable; esto es, tiene el potencial de volver a caer en la pobreza si se presenta una crisis económica o familiar.

La informalidad laboral es uno de los problemas más persistentes del país y se suma a esta situación, aproximadamente el 70% de los empleados en Perú trabaja en condiciones informales, sin un acceso apropiado a la seguridad social, sistemas de pensiones o protección laboral; la productividad se ve limitada, los ingresos tributarios disminuyen y los ciclos de pobreza se perpetúan en esta circunstancia. 

Por otra parte, Perú tiene sectores con un gran potencial de expansión, las agroexportaciones siguen creciendo y se están llevando a cabo proyectos de irrigación e infraestructura significativos para incluir nuevas zonas productivas, el Gobierno, hace poco, informó sobre inversiones de casi 24 mil millones de dólares en proyectos de irrigación que posibilitarían una expansión considerable de la frontera agrícola del país en los años venideros.

No obstante, el progreso económico por sí mismo no asegura el bienestar, una de las inquietudes más grandes que tiene la gente es la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, el sicariato y la extorsión impactan no solamente a los ciudadanos, sino también a las empresas pequeñas y medianas, que son el motor económico del país; esta circunstancia produce incertidumbre, desestimula las inversiones y perjudica la confianza de la sociedad.

Además, el avance sigue siendo obstaculizado por la fragilidad institucional, la implementación eficaz de políticas públicas a largo plazo se ha vuelto difícil debido a la inestabilidad política de los años recientes; a pesar de que el país dispone de recursos económicos significativos, continúan existiendo retos en la administración pública que restringen la habilidad del Estado para disminuir las desigualdades en materia de salud, educación, saneamiento e infraestructura.

Sin embargo, el panorama para el 2030 también muestra oportunidades nuevas, si el país consigue implementar políticas que fomenten la innovación, la educación de calidad y la competitividad empresarial, factores como la inteligencia artificial, la transformación digital, el crecimiento global en cuanto a minerales estratégicos para la transición energética y la expansión de la economía del conocimiento tienen el potencial de convertirse en catalizadores del crecimiento.

El reto real es convertir las ventajas potenciales en beneficios tangibles para la población; Perú ha evidenciado previamente su capacidad de crecimiento económico; ahora necesita probar que también es capaz de establecer instituciones fuertes, disminuir las disparidades y asegurar oportunidades para todos sus habitantes.

Perú tiene las condiciones necesarias para convertirse en una de las economías más competitivas de América Latina para el año 2030, contar con una ubicación estratégica, recursos naturales y potencial productivo son factores significativos para promover el desarrollo económico. No obstante, el hecho de que persistan problemas estructurales como la pobreza, la inseguridad ciudadana, la informalidad en el trabajo y la fragilidad institucional son amenazas importantes que podrían restringir ese progreso.

El porvenir de la nación estará menos condicionado por la disponibilidad de recursos y más por la habilidad de sus líderes, ciudadanos e instituciones para alcanzar acuerdos comunes, reforzar la gobernabilidad y dar prioridad a las políticas públicas enfocadas en el desarrollo sostenible.

Finalmente, nos atrevemos a realizar algunas recomendaciones desde nuestra perspectiva importantes:

En primer lugar, reforzar las entidades públicas a través de reformas que busquen optimizar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en cada nivel gubernamental.

En segundo lugar, fomentar una estrategia nacional que disminuya la informalidad en el trabajo, a través de incentivos para formalizarse, simplificar la administración y reforzar la capacitación laboral.

En tercer lugar, se debe dar prioridad a la inversión en innovación, educación y transformación digital para capacitar a las generaciones futuras ante los retos de la economía mundial.

Cuarta medida: poner en práctica políticas de seguridad ciudadana integrales que unan el fortalecimiento policial, la inteligencia, la tecnología y la prevención social del delito.

Por último, fomentar un panorama de desarrollo a largo plazo que supere las transiciones gubernamentales y haga posible la realización de proyectos estratégicos en términos de infraestructura, conectividad y competitividad, asegurando así el progreso constante del país.

Aún tiene el Perú la posibilidad de despegar, lo que hagamos hoy determinará si avanzamos hacia el desarrollo o seguimos atrapados en ciclos de oportunidades perdidas; el 2030 no es solo una fecha en el almanaque; simboliza un reto histórico para evidenciar si la nación es capaz de transformar su potencial en bienestar tangible para toda la población peruana.

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Economista / Docente - USMP

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