LENTITUD CASO "LA ESTANCIA" DE MONSEFÚ: PREOCUPACIÓN POR ACCIONAR DEL TRIBUNAL CONSTITUCION
En Chiclayo, magistrados de Sala Civil deberán ratificar fallo otorgando medida cautelar.
La familia Yaipén Quesquén pagó más de un millón y medio de soles para adquirir el Centro Recreacional "La Estancia María Mercedes" que la Sunat le embargara al empresario Augusto Sipión Barrios; no obstante, éste, continúa dando muestras de no darse por vencido en su lucha por recuperar ´ vanamente - el inmueble ubicado en Monsefú.
Para los integrantes de la familia Yaipén Quesquén, propietaria del popular Grupo 5 de Monsefú, se ahonda la preocupación, y a la vez elevan nuevamente su voz en reclamo, esta vez por la falta de celeridad del Tribunal Constitucional (TC) en la devolución del Expediente N° 3700-2013-PA/TC, que fuera elevado como consecuencia del Recurso de Agravio interpuesto por el empresario santarroseño Augusto Sipión Barrios, el mismo que se encuentra resuelto de manera definitiva a favor de la familia, según la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el pasado 28 de abril de este año, y que fuera finalmente aclarada por Resolución del mismo tribunal, con fecha 23 de mayo de este año.
Frente a ello, habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial, Elmer Yaipén, el más representativo en la familia de músicos, incide en la necesidad de atender su pedido que el Tribunal Constitucional proceda a la devolución del expediente a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para cerrar este capítulo que muchos momentos amargos les generó.
"A través de nuestros abogados hemos solicitado se cumpla con este requerimiento, sin embargo, extrañamente no hemos obtenido respuesta positiva", expresó el popular «Chico’ Yaipén.
Como es de público conocimiento, la familia residente en la Ciudad de las Flores aprovechó la ocasión para adquirir la propiedad del Centro Recreacional "La Estancia María Mercedes" de Monsefú, en un remate público realizado por la Sunat, en el año 2009, actuando de buena fe y cancelando el íntegro del precio; no obstante, hasta la fecha, viene siendo el empresario Augusto Sipión Barrios quien buscaría desconocer el citado derecho de propiedad, y trató de impedir -por más de cinco años - que los Yaipén no solo no tomen posesión del predio (hecho que se logró consumar el pasado 29 de agosto de este año por disposición judicial y con apoyo de la fuerza policial), sino también a través de procesos irregulares.
Precisamente, la preocupación se centra en que si bien el último 22 de setiembre, al haberse emitido sentencia el Tribunal Constitucional, la familia Yaipén Quesquén solicitara que dicho expediente sea devuelto al Juzgado de Chiclayo, con la finalidad de proceder a su ejecución final y definitiva; hasta la fecha el Tribunal Constitucional no cumple con remitirlo, demora que ´ según advierte Elmer Yaipén - pone en riesgo la estabilidad de las decisiones judiciales. Más aún cuando ha trascendido que los actuales miembros del Tribunal pretenden revisar el fallo emitido, el mismo que tiene la calidad de Cosa Juzgada ´ afectando el principio constitucional de Seguridad Jurídica ´ lo que significaría el «cambio de fallo’, actuando precisamente en contra de los principios constitucionales que debe garantizar como máxima intérprete de la constitución.
Vale recordar que el proceso ha pasado por diferentes etapas judiciales en la que los Yaipén resultaron favorecidos; sin embargo, cuando en su momento Sipión Barrios apeló ante el Tribunal Constitucional, los ahora ex magistrados de este órgano Vergara Gotelli, íÂlvarez Miranda y Mesía Ramírez terminaron por darle la razón.
OPOSICIÓN A TOMAR POSESIÓN
Pero Sipión Barrios ha dado muestras de todavía librar una vana batalla legal y no resignarse a perder el Centro Recreacional, pese a que el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, que despacha el magistrado Juan Terán Arrunátegui, otorgara medida cautelar a favor de la familia Yaipén Quesquén, por lo que el cuestionado empresario santarroseño no le quedó más que oponerse a la medida, a la espera de evitar que quede firme la medida cautelar en la cual se dispone tomar posesión del Centro Recreativo "La Estancia María Mercedes".
En tanto, la sentencia que declarara fundado el pedido a favor de la familia promotora del Grupo 5 logró ser apelada por Sipión Barrios, el expediente ha sido elevado a la Sala Civil para su revisión, estando ahora pendiente de resolver dicha apelación los vocales Juan Lara Contreras, Héctor Conteña Vizcarra y Carmen Dávila Lombardi.
"Lo que pedimos es que los vocales confirmen la sentencia de primera instancia visto en el Segundo Juzgado Civil. Todo esto como parte del proceso de desalojo", precisó Elmer Yaipén, haciendo hincapié en que si los magistrados fallan en contra de la familia monsefuana se estaría violando la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada por cuanto la compra se realizó a una institución del Estado, en este caso la Sunat.
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- El 29 de agosto, con el apoyo de efectivos policiales, se garantizó el ingreso pacífico de los dueños del Grupo 5 a La Estancia.
-Augusto Sipión Barrios debe al fisco aproximadamente 200 millones de nuevos soles.
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- No procede la restitución del bien a favor del empresario Sipión, por cuanto se adquirió a título oneroso, es decir, se cumplió con cancelar la totalidad del precio de compra, fue adquirido en un remate público y de buena fe.
respuesta de BXPEM0J82 www.yandex.ru el 2020-02-07.
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