El viernes pasado la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino la oficina de la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Chiclayo como parte de la investigación iniciada a partir de la denuncia que presentó el abogado Eder Medina Zelada, el 4 de junio, contra el alcalde Marcos Gasco Arrobas y los regidores que aprobaron la Ordenanza Nº 007-2019, la cual permite el ingreso de vehículos de carga y descarga de hasta 39 toneladas a la ciudad. En este marco, el letrado señala que existen los indicios suficientes que justifican un concurso real de delitos que ameritan el pedido de una prisión preliminar de diez días por parte del fiscal a cargo del caso, Óscar Guevara Gilarmas.
¿Qué lo animó a formular la denuncia ante el Ministerio Público?
Básicamente el hecho de que el Ministerio Público no actuó de oficio y que tampoco tomaron acciones los gremios profesionales como el Ilustre Colegio de Abogados – ICAL, al cual yo pertenezco, el Colegio de Contadores o el Colegio de Ingenieros. Como chiclayano, ciudadano y abogado que soy, he contribuido con mi granito de arena a fin de que podamos velar por la integridad física y la vida de los ciudadanos.
Efectivamente, el ICAL hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento público sobre la ordenanza. Sin embargo, el Colegio de Contadores sí y se ha sumado al pronunciamiento que ha hecho la sociedad civil. Ahora bien, esta disposición atenta contra la salud y la seguridad de los pobladores, el medio ambiente, los pavimentos, el sistema de alcantarillado de la ciudad y más. ¿Eso lo ha plasmado en su denuncia?
La Ordenanza Municipal Nº 007-2019, emitida por Marcos Gasco y sus regidores en mayoría, es inconstitucional porque tiene un conflicto de intereses y viola lo que está plasmado en nuestra Constitución Política del Perú, la cual garantiza el derecho a la vida, la integridad física, a transitar libremente y con seguridad, a respirar un ambiente saludable y demás derechos que hoy son vulnerados. Por lo tanto, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, si hay conflictos entre una ordenanza con la constitución, priman los derechos constitucionales que acabo de mencionar y en ese caso procede una acción de amparo que días antes interpuse y se está ventilando en el Primer Juzgado Civil, el mismo que en los próximos días debe estar admitiendo la demanda.
¿Qué pensó cuando el fiscal Guevara Gilarmas visitó las oficinas de la MPCH en razón de la denuncia que interpuso? ¿Considera que hay un real interés del Ministerio Público de actuar ahora y evitar que se repita hechos irregulares como sucedió en gestiones anteriores?
Quiero felicitar a este fiscal valeroso. La denuncia que se presentó es por un concurso real de delitos que comprende la asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, cohecho pasivo y negociación incompatible. Hay una presunción de estos delitos debido a los hechos que se han suscitado. En la primera votación se abstuvieron tres regidores, sin contar a los de oposición, pero en la segunda hubo una recomposición y los munícipes que se abstuvieron votaron por que sea factible esta ordenanza.
Excepto la regidora Felipa Orosco Nuntón, quien manifestó tajantemente durante esa sesión que mantendría su voto de abstención.
Si ella mantuvo esa posición, sería bueno que cuando la cite el Ministerio Público haga sus descargos en favor de la sociedad. El fiscal ya abrió la investigación y el caso es una cuestión reservada. Este asunto no es cosa de juego, es delicado, debido a que acá se utiliza de por medio toda la entidad del Estado para favorecer solamente a la familia del alcalde, un grupo de allegados empresarios y a las promociones del colegio.
¿Hay conflicto de intereses?
Acá habría tráfico de influencias, aprovechamiento y cohecho pasivo impropio porque el alcalde se está aprovechando del cargo para beneficiarse tanto a él que pertenece a esta empresa, como a su hermano, que es gerente general y su padre, que también es socio.
Además, hay un regidor que tiene una empresa de transportes (Andrés Calderón Purihuamán).
Este regidor votó a favor de la ordenanza y según versiones de testigos no solo obedece a que sea una ordenanza netamente familiar, sino que se habría dado la consigna de dar carta abierta para que los regidores que voten a favor puedan colocar a sus familiares y allegados para que vean el tema de obras, de modo que disfruten libremente de los beneficios que esto concede, lo cual será motivo de que tengan que declarar ante el Ministerio Publico.
Y motivo de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía…
Así es. El doctor Guevara Gilarmas ha dado 120 días, pero yo soy de la opinión de que debería dictársele una prisión preventiva al alcalde y los regidores, porque ellos estando libres van a entorpecer la investigación. El burgomaestre es el jefe y los regidores los fiscalizadores, pero se han puesto de acuerdo para presuntamente favorecer a un grupo de personas de su entorno. Esta investigación debe ser limpia y transparente, por lo que yo exhorto al Ministerio Público para que con los documentos recabados y la declaración de los testigos que se ha ofrecido, se formule la detención preliminar por diez días como lo amerita la ley.
¿La actuación del fiscal, al igual que de la Policía Anticorrupción, genera la confianza para que el caso se investigue de acuerdo a ley?
Hay bastante garantía en este fiscal, porque hay buenas referencias. Es un fiscal hecho y derecho, que no se vende a la corrupción.
Aparte de esta denuncia ante el Ministerio Público, usted ha presentado una demanda de amparo en el Poder Judicial. ¿Qué pasaría con la acción de amparo que también ha interpuesto la sociedad civil?
Yo la coloqué primero y en mi demanda notifico como litisconsorte a la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Contadores y a todas las instituciones por los intereses difusos. El juez al admitir la demanda los va a notificar, pero lo ideal sería que estas demandas se acumulen en una sola para que tomen fuerza.
¿Qué juzgado lo asumiría?
Sería el Primer Juzgado Civil Constitucional que es donde coloqué yo la demanda. Este despacho tendría que solicitar que la otra demanda que se ha interpuesto se acumule y se haga una sola. Lo que busca la acción de amparo es frenar la eficacia de esta ordenanza que atenta contra los derechos de todos los chiclayanos.
¿Y lo que el fiscal Óscar Guevara Gilarmas está desarrollando se sumaría también con lo que el juzgado está desarrollando?
Tenemos dos vías. Una es la vía civil constitucional que es la acción de amparo y la otra es la vía penal, porque hay presuntos delitos de por medio que los investiga el fiscal. En la acción de amparo, si el juez la declara fundada después de abrir y notificar, la ordenanza se frena y no tiene eficacia. Mientras tanto, en la vía penal el fiscal va a solicitar prisión para los que están inmersos en los presuntos actos de corrupción.
¿Reitera entonces que la fiscalía debe solicitar la prisión preliminar por diez días?
Lo reitero. Como abogado que soy y de acuerdo a los fundamentos de hecho que se han expuesto en la denuncia, creo que el fiscal ya debería solicitar la detención preliminar de diez días para luego pedir la prisión preventiva, porque no hay que esperar que se acumulen varios años de gobierno como pasó con David Cornejo Chinguel, con Roberto Torres Gonzales o como pasa con otros gobiernos municipales a nivel nacional para recién actuar. Con la detención el alcalde y los regidores, ellos no van a poder manejar la municipalidad, tomar represalias contra algunas personas o impedir que se recabe más información.
¿Y qué pasaría si en el curso de las próximas horas se reúne el concejo provincial y se suspende la ordenanza?
Sería lo ideal, porque esta ordenanza no solo atenta contra los derechos de las personas, sino contra los bienes del municipio. Con el tonelaje de los vehículos el sistema de alcantarillado colapsaría. En menos de un mes tendríamos a Chiclayo inundado de aguas servidas y enfermedades por doquier. Eso es lo que no se quiere.
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