Han transcurrido tres años y seis meses del horrendo crimen del auditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera. Las primeras indicaciones sobre actores intelectuales y asesinos se circunscribió en “La hermandad y los empresarios del norte”, por lo que se dictaminaron prisiones preventivas sobre personajes reputados en Lambayeque, varios de los cuales han cumplido el mandato de prisión preventiva de hasta treinta meses sin que se haya establecido aún el juicio en el que se demuestre su culpabilidad.

Me llamó poderosamente la atención que el martes 18 de junio el fiscal Germán Montero Ugaz,  que tiene a cargo la investigación por la que solicitó penas de entre 15 años hasta cadena perpetua para más de 40 implicados, realice una reconstrucción del crimen que corresponde a una etapa de investigación, que hasta donde conocemos está cerrada encontrándose ahora en etapa intermediaria.

Y más que ahora se diga que el caso da un giro de 180 grados porque dos reos del penal El Milagro de Trujillo asumieron su responsabilidad de haber dado muerte al exfuncionario de SUNAT, tal como lo declararon en el establecimiento de donde proceden y son investigados por otros hechos delictivos. Estos reafirmaron su criminal participación durante el acto de reconstrucción.

La pregunta se cae de madura, ¿y los sindicados Hermanos Roncal Miñano fueron apresados sin tener certeza que fueron los responsables directos o autores intelectuales de este crimen? 

Se ha realizado una diligencia de reconstrucción sin la presencia de los abogados de los incriminados Samuel y Carlos Roncal Miñano. Hemos escuchado de manera enfática durante la reconstrucción del crimen al fiscal de la FECOR, Juan Carrasco, señalar que los sindicados como “Chibolín” y “Gringo” son los autores materiales contratados por Alexander Siesquén Sampén alías “Cojo”, quien falleció en el Penal de Chiclayo en julio del 2018 y desde ya no habría cómo corroborar esta imputación. Entonces, ¿cómo queda el convencimiento que tuvo de imputar y apresar a los empresarios y otras personas sobre este crimen?

Hay una nueva historia en este caso y la pregunta es cómo quedan los hermanos Roncal, que están acusados del crimen, donde un colaborador eficaz dijo que Siesquén contrató a los sicarios Joseph Jack Salazar Silva, alias “Periquito” y Fulgencio Rivera Maza, alías “Zurdo”, quienes por indicaciones de los Roncal le dieron muerte a Cieza Herrera.

¿El colaborador y el fiscal mintieron por más de tres años y medio?, ¿cometieron acaso fraude procesal durante este tiempo? ¿Cuán creíble puede ser la versión de los dos sujetos que a todas luces son delincuentes rankeados?

Esta nueva carpeta fiscal abierta sobre el caso Cieza hasta donde conozco no ha incorporado a los sindicados en la “Hermandad y empresarios del norte”, porque no han sido notificados incluso para que puedan participar de la diligencia y así haber interrogado a los supuestos sicarios. ¿Por qué la Fiscalía no convocó a la defensa de los empresarios acusados de este crimen contra los que ha pedido cadena perpetua?

¿Por qué tuvieron más de tres años preso a Samuel Roncal Miñano, quien tuvo que recobrar su libertad por vencimiento de ampliación de la prisión preventiva,  y por qué  tienen aún preso a Carlos Roncal imputándole un supuesto hecho delictivo? Según el fiscal Montero, quien le disparó a Cieza Herrera fue alias “Periquito”, pero ahora hay dos delincuentes que se arrogan el crimen y están debidamente identificados.

Esta investigación está plagada de errores y ello evidencia una gravedad procesal en la que la profesionalidad de los fiscales a cargo se pone en duda. ¿Cuál es la garantía en este proceso para los acusados? El sentido común de quienes hemos seguido de cerca esta acusación contra personas probas, sin antecedentes judiciales, ni policiales, nos hace dudar de los procedimientos fiscales que se están desarrollando y entonces creo que estaríamos ante un hecho más de un asesinato que quedaría impune por la falta de pruebas contundentes en la investigación.

Lo que más me ha llamado la atención en esta reconstrucción es que los delincuentes Jonathan Márquez Villegas y Frank Sicchia Rodríguez, que pertenecen a la red criminal “La trilogía de Trujillo”, no hayan mencionado en nada a los hermanos Roncal Miñano. ¿De “La hermandad y empresarios del norte” a “La trilogía de Trujillo”? ¿Qué está sucediendo con este sonado caso?

¿Acaso ahora dirán que ya encontraron a los verdaderos autores del crimen y buscarán cómo ligarlos a los empresarios Roncal, a los Sánchez Coronel y al fallecido Siesquén?

El caso amerita una mirada del Órgano de Control Institucional del Ministerio Público a nivel nacional, para que conozca si se encuentran frente a un indebido proceso personas ajenas a este crimen y que están imputadas sin las pruebas consistentes, lo que podría conllevar a una demanda al Estado Peruano por atentar contra sus derechos fundamentales. ¿El común de las personas nos preguntamos si los fiscales del Ministerio Público en Lambayeque son garantía en la administración de justicia?

Pero la llamada de atención es también para el Poder Judicial de Lambayeque, donde los litigantes exigen administradores judiciales garantistas y procesos debidos. Recuerdo perfectamente cómo las defensas de los primeros imputados denunciaron que la investigación fiscal estaba plagada de inconsistencias.

La juez a cargo de este proceso escuchó solo a la fiscalía, nunca amparó legalmente a los acusados a pesar de las pruebas entregadas y prácticamente permitió al equipo de fiscales de la FECOR errores que con el tiempo no se pueden sostener más. ¿Tienen autoridad moral y profesional los fiscales para seguir sosteniendo incongruencias en este caso que busca llegar a la exactitud con los verdaderos responsables de la muerte del auditor Cieza Herrera?

¿Qué ha hecho el Poder Judicial después de la reconstrucción del caso? ¿Qué información ha solicitado a la fiscalía? ¿por qué sigue detenido el señor Carlos Roncal Miñano? ¿cómo piensan ligar a estos delincuentes con el fallecido Alexander Siesquén, quien invocó su inocencia, demostró su enfermedad, pidió arresto domiciliario y nunca fue atendido por la jueza que lleva el proceso?

Creo que este caso amerita no solo el análisis de los especialistas, sino también de la academia, porque un debido proceso en cualquier caso judicial demanda la profesionalidad de los fiscales y jueces.