Con apego a ley, responsabilidad y ética profesional, escribo con preocupación sobre el  caso que Expresión está publicando producto del trabajo de su unidad de investigación que tiene como protagonista a la fiscal de la Fiscalía Anticorrupción Karim Ninaquispe Gil quien tiene denunciados a varios prestigiosos notarios lambayecanos que se atrevieron a sancionar a su esposo el notario Pedro Abrham Valdivia Dextre  por trasgredir la ley del notariado. En mis años de periodista no había conocido de un tema tan alarmante en la que una representante del Ministerio Público haya decidido abrir de manera ilegal una investigación penal de carácter  sistemática y en distintas carpetas fiscales contra el notario José Oréstedes Santisteban Calderón, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque, por el delito de lavado de activos, contra el notario Segundo Alfredo Santa Cruz Vera, decano del Colegio de Notarios de Lambayeque, por el delito de activos y contra el notario Carlos Caballero Burgos, quien fue decano del Colegio de Notarios de Lambayeque, por el delito de peculado de extensión.

No quiero pensar que la Fiscal Anticorrupción de Chiclayo Karim Ninaquispe Gil haya actuado guiada por el odio, venganza o intereses subalternos porque los notarios antes nombrados están vinculados a las diversas investigaciones administrativas disciplinarias contra el Cónyuge de la Fiscal anticorrupción, el notario de Chiclayo Pedro Valdivia Dextre quien ya fue sancionado  con medidas disciplinarias de suspensión en el ejercicio de la función notarial, con sanciones de 30 y 15 días y un proceso disciplinario cuya sanción prevista es la destitución, con una medida cautelar de 90 días de suspensión en el ejercicio de la función notarial.

Pregunto ¿la fiscal anticorrupción inició y dispuso diligencias preliminares en contra de los citados notarios, en venganza y consecuencia de que su cónyuge, el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, tiene múltiples procedimientos administrativos disciplinarios tramitados por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque, que preside el notario José Oréstedes Santisteban calderón; y, sanciones que han sido ejecutadas por el Decano de la Orden, el notario Segundo Alfredo Santa Cruz Vera?. Hasta donde conocemos y de acuerdo al expediente fiscal  dichas sanciones y procedimientos administrativos disciplinarios han sido impuestas contra el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, cónyuge de la fiscal anticorrupción Karim Virginia Ninaquispe Gil; con anterioridad a las acciones penales ilegales que la fiscal anticorrupción  inició en contra de los notarios investigados.

Entre los procedimientos administrativos disciplinarios más relevantes en contra del notario Valdivia Dextre, esposo de la fiscal anticorrupción Ninaquispe Gil, se encuentra el que ha concluido con la sanción de suspensión en el ejercicio de la función notarial por el periodo de 30 días, sancionado en el año 2018, por la suplantación de identidad a la señora María Liliana Chavesta Gonzales, quien fue despojada de su propiedad en su notaria.

Otro procedimiento administrativo disciplinario relevante es el que ha concluido con la sanción de suspensión en el ejercicio de la función notarial por el periodo de 15 días, sancionado en el año 2020, por observaciones realizadas en un acta de visita notarial con relación a su ejercicio como notario, el periodo del año 2018.

Las sanciones antes detalladas, han sido impuestas al notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, esposo de la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil, con anterioridad a la apertura ilegal de diligencias preliminares en contra del notario Segundo Alfredo Santa Cruz Vera, Decano del Colegio de Notarios; y, del notario José Orestedes Santisteban Calderón, actual Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios (Carpeta Fiscal 407-2023). Como consecuencia del ejercicio pleno de sus funciones; esto es, conocer procedimientos administrativos disciplinarios y ejecutar las sanciones impuestas a los notarios que incumplen sus deberes funcionales, los notarios antes citados, están siendo investigados ilegalmente por el delito de lavado de activos, con una suerte de venganza por parte de la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil, esposa del notario Valdivia Dextre; y, amedrentamiento en contra de los notarios investigados, con la finalidad de desacreditar la imagen y el honor de los notarios que sancionaron a su  cónyuge y dispusieron la ejecución de la las sanciones disciplinarias. La fiscal estaría utilizando el Ministerio Público y su investidura de fiscal para los intereses personales de su cónyuge el notario Valdivia, y los propios intereses subalternos de la fiscal porque la sanción de suspensión implica que durante el periodo de suspensión su cónyuge el notario no generara ingresos económicos.

Sumado al hecho que dichas investigaciones penales en contra del notario Segundo Alfredo Santa Cruz Vera, y, del notario José Oréstedes Santisteban Calderón, se han iniciado con el hallazgo sospechoso de “denuncias anónimas” que no tienen fundamento alguno que genere indicios propios para el inicio de investigaciones en contra de dichos notarios. Y, que sospechosamente, dichas “denuncias anónimas” han sido remitidas directamente al despacho de la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil, hechos que resultan siendo bastante cuestionables. Y la fiscal no se Inhibió de conocer estos casos penales, desacatando el mandato expreso y claro de la ley. 

Tal como hemos informado el notario Valdivia Dextre está sancionado y el hecho se registra en el Expediente Nº 001 -2016 -Colegio de Notarios de Lambayeque y donde se prueba la denuncia funcional en contra del referido notario por la suplantación de identidad de la señora María Liliana Chávez Gonzáles, quien sufrió de una impostura y consecuencia de ello se transfirió en la notaria de Valdivia su propiedad por tres oportunidades.

La suplantación de identidad de la señora María Liliana Chavesta Gonzales, no solo se ventiló en el ámbito administrativo con la sanción de suspensión 30 días en el ejercicio de la función notarial; también, se inició un proceso penal que ha sido de conocimiento público, conocido a nivel regional y hasta nacional, en el que el esposo de la fiscal anticorrupción Karim Virginia Ninaquispe Gil, el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, fue condenado en el mes de julio del año 2022, por delito de contra la fe pública en su figura de falsedad ideológica; sin embargo, posteriormente se solicitó la nulidad de dicha sentencia. No obstante, dicha condena al notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, ha sido de conocimiento público desde el año 2022; es decir, en su momento se convirtió en un caso mediático, publicitados en diversos medios de comunicación; por lo tanto, dicha noticia fue viralizada; y, de pleno conocimiento de su cónyuge, la fiscal anticorrupción Karim Virginia Ninaquispe Gil.

Es así que, mediante sentencia de junio del 2023, se confirman los hechos delictivos en agravio de la señora María Liliana Chavesta Gonzales; por lo que se condenó a tres años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años, como autor del delito contra la fe pública, en su modalidad de falsedad ideológica, previsto en el artículo 428° del Código Penal. Sentencia que fue posteriormente confirmada en segunda instancia, en el mes de noviembre del año 2023.

Entonces habría la duda que la fiscal anticorrupción ha abierto investigaciones de forma sistemática en contra de los notarios Caballero Burgos , Alfredo Santa Cruz y José Santisteban  Calderón por haber aplicado las recomendaciones disciplinarias del Colegio de Notarios contra su esposo Valdivia Dextre quien a pesar de haber sido condenado, se ha resistido a acatar las disposiciones de su orden profesional y su esposa ha llevado de manera sistemática a investigaciones ilegales, pues ella no pudo abocarse a ninguna denuncia contra los referidos notarios.  Haría bien el Ministerio Público de deslindar de esta situación porque desdibuja la imagen y respeto que merecen los Fiscales lambayecanos que por cierto son más los que ejercen una función garantista en el ejercicio de administración de justicia. Es un caso digno de ser analizado en la academia y en la judicatura lambayecana.