La obligación de tributar forma parte del pacto social que sostiene al Estado. Sin embargo, ese compromiso se debilita cuando el contribuyente percibe que la administración actúa desde la desconfianza y la coerción, antes que desde la razonabilidad y el respeto. Así lo plantea la especialista en tributación Yanina Barboza Fernández, quien advierte que la recaudación no puede sostenerse únicamente en el temor, sino en la confianza que el ciudadano deposita en la actuación estatal.
Tributar —sostiene— no es solo cumplir una obligación legal, sino contribuir al bienestar colectivo. Pero ese aporte debe realizarse dentro de un debido procedimiento, con respeto al derecho de defensa y a la seguridad jurídica. Cuando ello no ocurre, el pacto fiscal se erosiona y el sistema pierde legitimidad.
Uno de los errores más recurrentes en el debate público es asociar la informalidad exclusivamente a una falta de voluntad para cumplir con el fisco. Para Barboza Fernández, esta visión simplista ignora factores estructurales como la complejidad normativa, los constantes cambios en las reglas tributarias y el desconocimiento de las obligaciones. Este escenario genera miedo, empuja al contribuyente fuera del sistema formal y termina siendo funcional a la evasión que se pretende combatir.
Contrario a lo que suele creerse, muchos empresarios no buscan evadir impuestos, sino cumplir adecuadamente. Su mayor preocupación no es el pago del tributo, sino las fiscalizaciones reiterativas y paralelas, que consumen tiempo, recursos y desvían a la empresa de su verdadero objeto productivo. La presión excesiva sobre el contribuyente formal termina castigando al que cumple y debilitando la actividad económica.
Si bien reconoce avances en la simplificación de procedimientos y en los canales de orientación de la Sunat, la especialista advierte que el principal problema suele estar en la aplicación de la norma. La falta de empatía en el trato, la demora en las respuestas y la ausencia de una comunicación clara generan en el contribuyente una sensación de indefensión, incluso cuando cumple con pagos significativos o accede a fraccionamientos.
Más preocupante aún es el temor generalizado a ejercer derechos reconocidos por ley. Solicitar devoluciones, presentar reclamos o cuestionar decisiones administrativas se percibe, en la práctica, como una acción riesgosa. Este clima inhibe la participación ciudadana y consolida una relación desigual entre el Estado y el contribuyente.
Desde una mirada estratégica, la administración tributaria debería concentrar sus esfuerzos en ampliar la base tributaria y combatir el incumplimiento real, evitando saturar a quienes ya sostienen gran parte de la recaudación. La fiscalización, sin criterios de razonabilidad, termina siendo contraproducente.
La solución de fondo —plantea Barboza Fernández— pasa por una educación tributaria sólida desde etapas tempranas. Un ciudadano informado comprende el sentido del tributo y asume sus obligaciones con responsabilidad. A ello debe sumarse un Estado que facilite los procedimientos y demuestre, con hechos, que los impuestos se traducen en obras y servicios públicos.
Solo cuando el contribuyente vea reflejado su esfuerzo y sienta respeto en la actuación administrativa, la tributación dejará de percibirse como una imposición y se convertirá en un acto consciente de responsabilidad social. La confianza, y no la coerción, es la base de un sistema tributario sostenible.
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Editora / Directora fundadora.
