En el norte del Perú una comisión de voluntarios acompañó la muerte de 67 ciudadanos venezolanos. Más allá del luto, su labor ha ofrecido un refugio de consuelo y soporte: asistencia psicológica, bienestar emocional, medicamentos, y un nexo con el sistema peruano de salud.
Tenía aproximadamente 29 años. Era alto, extremadamente delgado, pero nunca se supo su nombre. La policía lo encontró tirado en la Vía de Evitamiento y lo llevó al Hospital Regional de Lambayeque donde estuvo más de dos meses. Llegó con traumatismo encéfalo craneano, hipertensión, anemia y problemas respiratorios. Permanecía intubado. “Pude ingresar a verlo en UCI y le dije: amigo, yo soy tu hermana, no estás solo, estamos buscando a tu familia, quisiera abrazarte, te queremos mucho, pensamos en ti, tus connacionales preguntan por ti, los peruanos también…”, recuerda conmovida “Mechita”, quien durante esos meses de pandemia lo visitaba constantemente y gestionaba la búsqueda de sus familiares, enviando su foto a una red de líderes y a Trujillo.
Lo que vino después desbordó en gruesas lágrimas: el amigo migrante abrió los ojos exageradamente e hizo un ruido gutural. Al parecer había escuchado todo. Días después falleció, lo llevaron a la morgue y su cuerpo debió ser enviado a una fosa común por su condición de NN.
La voluntaria Mercedes “Mechita” More Peña pertenece a la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas de la Diócesis de Chiclayo, creada en el 2018 por el entonces obispo y hoy cardenal Robert Francis Prevost. Su labor de acompañamiento a los migrantes enfermos, les han llevado –a ella y a su amiga Socorro Rojas– a encontrar serias dificultades en el camino, pero también gestos de apoyo como ver a gente muy humilde colocar céntimos o soles en la “bolsa solidaria” con la que se consigue atender a los migrantes internados. También han observado a médicos sacar de su bolsillo para pagar medicinas. “En una ocasión, en menos de una hora logramos recaudar 450 soles para atender de emergencia e intubar a la señora Yelitza, con 120 kilos de peso, quien antes estuvo tres meses internada en el Hospital Las Mercedes por presentar diabetes mellitus, insuficiencia respiratoria crónica, neumonía y fibrosis pulmonar”.
Otro caso que recuerda Mechita es el de Milagros, que llegó a pesar 30 kilos y tuvo diabetes mellitus, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y anemia; también el de un bebé cuyos padres eran unos adolescentes. Recorrieron el hospital y recaudaron fondos para comprar el ataúd; se presentó un taxista que gratuitamente los llevó a Picsi, donde les dieron un espacio (tierrita, le llama la voluntaria) para enterrarlo. No hubo dinero para un nicho.
Desde el 2018 a la fecha, este grupo de voluntariado acompañó 67 entierros de venezolanos en la región Lambayeque, dos de ellos de suicidios, de acuerdo a la Comisión. La labor comprende alojamiento temporal, alimentación, asistencia y derivación psicológica hacia los centros de salud mental, bienestar emocional y espiritual, compra de medicamentos y gestión de acceso al Sistema Integral de Salud (SIS). La Comisión desarrolla también intervenciones en áreas clave como regularización migratoria, educación, y empleo.
El camino de la Comisión
La creación de la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas fue una respuesta ante la crisis migratoria en Perú, basada en el pedido del Papa Francisco durante la Jornada Mundial del Migrante 2018: acoger, proteger, promover e integrar. Acciones que buscan asegurar que los derechos humanos de los migrantes sean respetados. La principal problemática que enfrentaron fue la abrumadora demanda de ayuda de una población migrante que, en su mayoría, no contaba con documentos. Ello complicaba aún más su acceso a servicios básicos como salud, educación y empleo. Sobre esta realidad Mechita guarda numerosas anécdotas.
El primer desafío ético fue decidir cómo ayudar sin caer en el asistencialismo y más bien generar oportunidades para que los migrantes venezolanos pudieran integrarse de manera digna en la sociedad peruana. La mayoría lleva alrededor de seis años en el país, ya que un 76.8% ingresó en 2018, durante los picos migratorios más altos registrados. Principalmente entre febrero y octubre, según la Encuesta de la Población Venezolana residente en el Perú (ENPOVE) 2022.
“Era urgente trabajar con grupos organizados y escuchar a los migrantes; por ello formamos 14 zonas en toda la región Lambayeque y se creó una red de líderes, para hacer un registro y articular esta labor con las parroquias. Algunos sacerdotes nos decían que ya tenían muchos pobres por atender y no podían apoyarnos”, explica Augusto Martínez Ibáñez, coordinador de la Comisión. Ese año se tuvo respuesta positiva e inmediata en la parroquia San Juan María Vianney, donde se formó una pastoral del migrante. También en la parroquia de Ciudad Eten y Puerto Eten, donde se habilitó el comedor del migrante y se construyó una villa; así como en la parroquia San Vicente de Paúl y en la parroquia San Martín de Thours de Reque.
La Comisión ha tramitado el registro de 120 títulos profesionales ante la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU) y casi la misma cantidad de colegiaturas. Tras un acercamiento con la Gerencia Regional de Trabajo para brindar asesoría y capacitación en en el manejo de pequeñas y medianas empresas, un total de 22 venezolanos, entre hombres y mujeres, se han insertado laboralmente, de acuerdo a la organización de voluntarios. En siete meses lograron gestionar el cambio de la calidad migratoria de más de 1500 ciudadanos. Se agilizaron trámites que demandarían meses, y se hicieron en 24 horas al demostrar el nivel de pobreza extrema.
El rol de la red de líderes
La red de líderes, creada por la Comisión, empezó con 30 extranjeros que incluso profesaban una religión distinta a la católica, pero en ese momento primaba la unidad y así lo entendieron diversas congregaciones de la Iglesia Católica. Se contó con el soporte de las religiosas Canonesas de la Cruz, Dominicas, Madres de la Misericordia, Nunciatas, San José de Tarbes, Adoratrices, así como de sacerdotes franciscanos, diocesanos, vicentinos y jesuitas.
Acorde a la tecnología, se creó un chat grupal en el que los líderes informaban de su problemática y avances también, pues su creación tenía como base ayudar, enseñar y organizar. Hacia el 2020 empezaron a llegar organizaciones de la sociedad civil y se inició un trabajo articulado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Save The Children, Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), Nic Maish, WeWorld, GyZ, y Color Esperanza. Ya se trabajaba con Cáritas y el Centro Esperanza. Este fue otro reto ético importante: encontrar el equilibrio entre la ayuda disponible y la creciente demanda.
La pregunta constante era cómo repartir los recursos limitados sin dejar de lado la dignidad de los migrantes. Mechita se convirtió en un punto crucial para priorizar el apoyo hacia quienes más sufrían, su sensibilidad entrenada en distinguir el dolor de los más necesitados era el punto de apoyo. Muchos venezolanos que han regresado a su país se despiden de ella y entre lágrimas le dicen que cuando todo mejore allá, la esperan con amor para agradecerle por tanto.
Deseo de superación
“La integración no es sólo recibir ayuda, es saber dar. Es educar, enseñar oficios, promover el emprendimiento y, sobre todo, hacer sentir a los migrantes como parte de la comunidad. En La Victoria tenemos 35 familias organizadas y en la parroquia Vianney tres líderes trabajan con 200 familias”, afirma Yolanda Díaz Callirgos, quien coordinó inicialmente esta comisión y actualmente se encarga del área sobre Trata de Personas. En Leonardo Ortiz, algunos líderes regresaron a su país y llevaron esta experiencia de trabajo organizado hacia otras parroquias donde dicen haber reforzado su fe. No pensaron que la Iglesia Católica podía motivarlos a emprender. Algunos cambiaron la venta de arepas por la de papas y les va muy bien.
Para Yolanda, los líderes migrantes, como el abogado Mauro, entendieron el poder de la integración y respeto. Mauro llegó con muchos sueños y en su condición de director de orquesta de cámara organizó un concierto en Chiclayo y promovió la limpieza de las calles con una actividad llamada “Jornada de limpieza y gratitud”. Posteriormente lo llamaron a trabajar como oficial de Save The Children. Hoy tiene un cáncer agresivo pero su fe lo mantiene fortalecido. “Hablas con él y la depresión es algo que no está en su lenguaje. Su ánimo es contagiante”, refiere Augusto.
Yolanda también menciona alas profesoras de inicial Lisbeth y Betania, de la red de líderes, quienes hoy integran la Asociación de Venezolanos residentes en Chiclayo (ASOVENCHI). Allí desarrollan mejor sus capacidades y habilidades, y velan por sus derechos. “Unidos, trabajando en equipo, podemos lograr todo lo que soñamos. Con fe, respeto y amor, nunca debemos rendirnos”, reflexiona Lisbeth.
La otra cara de la moneda fue un miembro de la red de líderes, en Pimentel, que se aprovechó del cargo para gestionar diversas ayudas y la comisión tuvo que advertir públicamente que no gozaba de la confianza para actuar a nombre de los migrantes organizados.
Retos y avances
Cansados de la vida que llevan en su país, para llegar a Perú los venezolanos deben cruzar una montaña en Colombia llamada Páramo de Berlín. Se ubica a 3,200 metros de altura y las temperaturas heladas han matado a muchos. “En su maleta traen sueños y tienen la esperanza de llegar a un país del que no conocen su cultura ni nada. ¿Cómo no vas a sentirte condolida y llamada a hacer algo? Sí es mi problema porque es un hermano”, afirma con dolor Mechita que aún tiene muchas historias por contar.
Augusto Martínez explica que el trabajo de migración en Lambayeque se visibiliza a través de una mesa intersectorial cuya sede está en Trujillo y reúne las principales organizaciones del Estado, además de la Iglesia y la Sociedad Civil. Además, está en marcha un proyecto de interculturalidad con el Centro Esperanza para fortalecer la danza, música y teatro con profesores y profesoras de Perú y Venezuela. “Aún sentimos que falta mucho por hacer, pero seguimos en la lucha”, manifiesta Martínez.
La Comisión señala como principales retos y desafíos: la alta informalidad laboral, los prejuicios culturales, la competencia por recursos públicos limitados, la ausencia de políticas específicas para migrantes, y el escaso presupuesto para programas inclusivos. Programas que busquen la inserción en el mercado laboral hasta la plena integración social. Mechita, Yolanda y Augusto saben que el camino aún es largo. La clave, afirman, radica en nunca perder de vista la dignidad humana y en seguir luchando por un futuro donde los migrantes no sean vistos como una carga, sino como parte esencial de la comunidad.
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