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JEFE DE LA MACROREGIÓN POLICIAL DESTACA: NUEVE ORGANIZACIONES CRIMINALES DESACTIVADAS EN AÑO Y MEDIO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1038

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Chiclayo es la ciudad con mayor índice delincuencial en la Segunda Macroregión Policial, que comprende a los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Según informa el general Jorge Pérez Flores, jefe de esta jurisdicción de la Policía Nacional del Perú – PNP, solo entre el 2016 y lo que va de este año, en el departamento se ha capturado a más de 200 presuntos integrantes de nueve organizaciones criminales.

 

La dinámica económica y comercial de Lambayeque, así como su accesibilidad terrestre, han convertido en Chiclayo en la ciudad con mayor incidencia delictiva en el corredor que incluye a Cajamarca y Amazonas, siendo esta última la región con menor cantidad de denuncias registradas en la macroregión.

 

“La cuestión de la delincuencia común es un problema social que se viene presentando en todo el mundo. Acabamos de ver lo sucedido en Estados Unidos con los tiroteos, pero eso por supuesto no es consuelo para nosotros. Existe acá la delincuencia común, que son los arrebatos, los asaltos al paso, pero también hay que considerar que hay logros muy importantes de la policía en capturas de bandas y en desarticulación de organizaciones criminales”, señala Pérez Flores.

 

PERSONAL POLICIAL

En la Región Policial de Lambayeque se cuenta con un efectivo de aproximadamente cuatro mil agentes, distribuidos en las 91 comisarías existentes en la jurisdicción, que comprende además a las provincias cajamarquinas de Jaén, Santa Cruz y San Ignacio.

 

“Patrullando la ciudad de Chiclayo tenemos una cantidad necesaria y suficiente y hay que considerar que hay diferentes tipos de patrullaje: patrullaje motorizado, a través de la Unidad de Emergencia; patrullaje a pie, que hacen las diferentes comisarías en las áreas de su jurisdicción y el patrullaje que hacen las juntas vecinales con el personal de las oficinas de Participación Ciudadana”, explica el mando policial.

 

Pérez Flores pide tomar en cuenta que Chiclayo es un eje económico importante en el norte del país y que desde esta localidad hay una gran distribución de los aspectos económicos y recursos tanto para el nororiente como para el norte del país. “Hay la concentración de muchas actividades y tiene varias vías de acceso que permiten el ingreso y salida de delincuentes. Es una zona de alto tránsito para todas las zonas del país, tanto para Cajamarca como Amazonas, Piura y Trujillo. Hacemos todos los esfuerzos a fin de disminuir esta problemática”, manifiesta.

 

CRIMINALIDAD

La autoridad, señala que también es necesario diferenciar a la criminalidad organizada de la delincuencia común, para de este modo valuar la importancia del trabajo policial en la lucha contra acciones ilícitas.

 

“La desarticulación de organizaciones criminales se da como resultado del trabajo de inteligencia con el que se logra capturar a más de 30 o 40 personas por organización, implicadas en sicariato, invasiones, extorsiones y otros delitos. Entre el 2016 y lo que va del año tenemos un aproximado de nueve organizaciones desarticuladas, lo que ha conllevado a la captura de más de 200 personas. Estas deben diferenciarse de las bandas delincuenciales, que son la asociación de dos o tres personas. Hay una gran cantidad de bandas que hemos desarticulado también este año”, resalta.

 

EQUIPAMIENTO

Añade que se ha producido un incremento de personal policial desde el año pasado, esto con la incorporación de más de 400 agentes a la Región Policial Lambayeque y también con el aumento de unidades vehiculares. Según refiere, el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y del comando institucional, incorporó más de 150 vehículos que están patrullando en las calles del departamento.

 

“Si hablamos de un distrito conflictivo como José Leonardo Ortiz, este antes tenía uno o dos patrulleros, actualmente tiene seis; tenía 60 efectivos, ahora tiene más de 160. No es suficiente, por su puesto, pero estamos incorporando más personal. En las escuelas han ingresado 200 alumnos para su formación y actualmente estamos en llamamiento para el ingreso de nuestros estudiantes”, indica.

 

En relación a la operatividad de las unidades móviles donadas a la Policía Nacional, Jorge Pérez precisa que un vehículo oficial, para el uso policial, tiene un tiempo de vida definido y que este no excede los cinco años.

 

Explica, por ejemplo, que una moto tiene tres años de vida porque su funcionamiento es todos los días y hay un desgaste natural de la máquina, en tanto un vehículo mayor, una camioneta, tiene un período útil de cinco años.

 

“Las unidades que se encuentran en lo que se denominó como cementerio de vehículos están próximas a salir en remate y estamos en espera. A penas son declarados inoperativos, los vehículos entran al mantenimiento y retornan a la operatividad, pero hay un lote de más de 50 vehículos que ya están descartados porque se ha vencido su período de vida”, señala.

 

VIDEOVIGILANCIA

Respecto al funcionamiento de los sistemas de videovigilancia instalados por los municipios provinciales y distritales, Pérez Flores destaca el que opera en La Victoria, que ha permitido reducir el índice de criminalidad y las acciones conjuntas entre la Policía Nacional y el serenazgo.

 

Sin embargo – expone – existen otros sistemas que no están funcionando de manera adecuada, como sucede en Chiclayo distrito, donde las 22 cámaras que adquirió e instaló la administración de Roberto Torres Gonzales se encuentran inoperativas, sin posibilidad de reparación debido a la procedencia de los equipos.

 

“El señor alcalde tiene el compromiso de reinstalar, recuperar y ver las condiciones suficientes para instalar más videocámaras. Hay un déficit. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Recientemente se ha estado homologando el sistema de videovigilancia. Anteriormente de manera unilateral las diferentes municipalidades distritales o provinciales hacían sus procesos de adquisición de videocámaras que no son compatibles para ser utilizadas en el recojo de imágenes e impedían que estas sean procesadas. Eso se está estandarizando a fin que sean utilizados como medios contra el crimen a partir de una directiva emitida por el Ministerio del Interior”, sostiene.

 

Pérez Flores refiere que la mejora de la seguridad ciudadana no necesariamente se condiciona por el incremento del personal policial, sino que también es importante el uso de la tecnología y la coordinación interinstitucional para hacer frente a la delincuencia.

 

“Una cámara significa el trabajo operativo de cinco o seis efectivos, porque tiene la propiedad de operar las 24 horas, teniendo un carácter disuasivo, preventivo e investigativo, pues el material se constituye en elemento probatorio para un proceso de juzgamiento. Por esta razón invocamos a las autoridades integrantes de los comités distritales y provinciales de seguridad ciudadana a que promuevan la instalación de videocámaras, porque eso sustancialmente nos va a ayudar. El problema principal es que hay cierta lentitud debido a que se tienen que llevar procesos de adquisiciones”, menciona.

 

ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL

Por otro lado, Pérez Flores destaca la efectividad que ha tenido en los últimos años la formalización de los sindicatos de construcción civil y la mesa de diálogo convocada por el Gobierno Regional de Lambayeque, permitiendo la reducción de los crímenes y enfrentamientos.

 

“Justamente con la desarticulación de las organizaciones criminales los casos de sicarito se han reducido. No tenemos ningún caso desde el año pasado y eso es fácil de comprobar en el mapa del delito que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Aquí operaban organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato a través de seudo sindicatos, que extorsionaban a empresarios y buscaban hacerse de las obras civiles”, precisa.

 

Advierte que con el proceso de reconstrucción es probable que estas prácticas ilegales vuelvan a presentarse, por lo que demanda desde ya mayor coordinación interinstitucional.

 

Finalmente, sobre agentes sancionados por la Inspectoría de la Policía Nacional, Pérez Flores señala que hasta el momento se tiene 10 casos en Lambayeque.

 

“El personal policial es investigado de manera disciplinaria y hay sanciones leves, de rigor, de disponibilidad y definitiva. Si sus actos lindan con el delito, el Ministerio Público y el Poder Judicial son los llamados a actuar. Este año hemos tenido 10 procesos disciplinarios contra agentes policiales.

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