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AFIRMA ESPECIALISTA EN TEMAS DE G√ČNERO: NO PUEDE HABER UN MODELO √öNICO DE LOS CENTROS DE EMERGENCIA MUJER

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1141

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  • La psicóloga Olga Bardales Mendoza señala que los Centros de Emergencia Mujer – CEM, deben adaptarse a las realidades de cada departamento.
  • Cada mes en el Perú 12 mujeres son víctimas de feminicidio.

 

Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, en el Perú hay 355 Centros de Emergencia Mujer – CEM, de los cuales 109 están instalados en comisarías. Todos los centros se rigen bajo la guía de atención integral aprobada por la Resolución Ministerial Nº 157-2016-MIMP. Para la psicóloga e investigadora en temas de género, Olga Bardales Mendoza, el principal reto de los CEM es generar un modelo descentralizado que se adapte a la realidad de los diferentes departamentos del país.

 

Según cifras del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP, en el 2018 los CEM atendieron 120 mil casos de violencia, de los cuales 41 mil 809 fueron contra menores de 18 años, siendo 22 mil 709 casos de violencia física y sexual.

“Hoy el reto de los CEM es autoevaluarse y ver qué están haciendo bien y qué cosas se pueden fortalecer. Definitivamente no puede haber un modelo único, debe descentralizares y adaptarse a cada zona, pues las mujeres beneficiarias y las víctimas en general del grupo familiar no viven la misma realidad en la sierra, en la selva o en la capital”, asevera.

 

MEJORAS

Bardales Mendoza señala que cualitativamente se han dado pasos agigantados en cuanto a visibilizar la violencia contra la mujer, toda vez que el índice de denuncias ha aumentado respecto a lo que se registraba hace 20 años.

“Ahora somos más conscientes de que la violencia es un hecho que no se debe tolerar, ya no es un problema privado, sino público, por lo tanto las denuncias han incrementado. Un indicador sencillo para medir esto son los medios de comunicación. Si uno analiza cuántos casos se tocaban en los noticieros por denuncias de violencia contra la mujer y los compara con los de ahora, la diferencia es abismal. Hoy las mujeres toleran menos la violencia y están más empoderadas, no solo socialmente, sino también en el ejercicio de sus derechos”, precisa.

Comenta que tener un marco legal que penalice la violencia contra la mujer también ha sido de mucha ayuda, pues antes para que se considere que una mujer había sufrido lesiones graves debía tener de 10 días a más de licencia, lo cual normalizaba la violencia. No obstante, menciona que las normas son aún perfectibles.

“Pese a los avances, seguimos siendo un país inseguro para las mujeres. Ellas han cambiado, pero no sirve de mucho si los compañeros varones no cambian también su forma de pensar”, manifiesta.

 

BRECHAS SOCIALES

Por otro lado, menciona que el Estado tiene todavía una deuda pendiente en la zona rural del país donde el reto es construir una sociedad no violenta para las mujeres. Para ello, anota que se requiere fortalecer las capacidades de los jueces de paz no letrados y de los presidentes de las comunidades, quienes se encargan de administrar justicia en esas partes del territorio.

“Es necesario empoderar a las mujeres que viven en las zonas rurales para que también participen de la administración de justicia en su comunidad, es preciso articular y fortalecer el tejido que ya existe en estas comunidades y sobre todo conocerlo, porque definitivamente somos dos mundos distintos. Incluso la constitución habla del derecho consuetudinario, pues hay una suerte de dos tipos de leyes, la urbana y la consuetudinaria que también hay que respetarla”, sostiene.

En ese sentido, refiere que sí hay algunas cuestionas que requieren de mucho diálogo para aminorarlas, como la maternidad infantil en algunas zonas de la selva, donde se celebran matrimonios con menores en edad adolescente.

“Se debe empezar por el reconocimiento y diálogo del Estado con dichas comunidades, pero no se puede imponer una política apelando a que lo que dicen los derechos internacionales que, si bien es cierto, no se implantan mediante una actitud impositiva, sino más bien tolerante y horizontal. Esa sería una estrategia para finalmente hacer prevalecer el derecho superior del niño”, sentencia.

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