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ADVIERTE REGIDOR PUELL VARAS: EN LA MPCH SE REPITEN LAS DECISIONES DE LA GESTIÓN DE DAVID CORNEJO

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Edición N° 1097

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De los 15 integrantes del concejo provincial de Chiclayo, Andrés Puell Varas es quien tiene el conocimiento más cercano del sector transporte dada su condición de exdirigente. Sin embargo, en la última sesión ordinaria se le excluyó de formar parte de la Comisión de Transportes, encargando la presidencia de dicho grupo de trabajo al primer regidor Junior Vásquez Torres, quien también preside la Comisión de Asuntos Legales.

 

Puell Varas advierte que lo mismo hizo la gestión del ahora encarcelado exalcalde David Cornejo Chinguel, quien encargó la presidencia de ambas comisiones al también recluido y confeso corrupto regidor Alfredo Montenegro Bermeo, convirtiendo a ambos grupos de trabajo en “mesa de partes de proyectos ilegales”.

Expresión dialogó con el concejal, quien señala que si la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas se propone a dar resultados en la solución al caos del transporte en la provincia debe emprender un responsable proceso de formalización.

Se cumplen tres semanas de iniciada la gestión del alcalde Gasco Arrobas. ¿Cómo evalúa hasta ahora su desenvolvimiento?

Se está yendo equivocadamente y eso lo ha visto la ciudadanía, con decisiones erradas, una tras otra. Por ejemplo, aumentarse el sueldo del alcalde y los regidores en la primera sesión del concejo. Ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho una aclaratoria sobre la necesidad de que exista primero un Decreto Supremo para que proceda el aumento. Eso quiere decir que la aprobación que realizaron en la primera sesión no se adecuó legalmente.

A los regidores no se nos alcanzó el sustento financiero que avale el aumento de la dieta, tampoco el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, en el que se demuestre que estaban considerados los incrementos. Cosas como esa nos hacen pensar que los funcionarios no están asesorando adecuadamente al alcalde.

¿Coincide con el regidor Jony Piana sobre la negativa del alcalde para escuchar las opiniones de quienes no forman parte de su entorno? ¿Lo percibe así?

Eso se ha demostrado en las sesiones de concejo. En la última sesión de concejo, en la que se vio la conformación de las comisiones, tres regidores nos abstuvimos de votar y lo correcto era que el alcalde .nos permita el sustento de nuestra abstención. Sin embargo, a mí no se me dio la oportunidad de hacerlo.

Ese es un indicio de que al alcalde no le gusta escuchar las voces discrepantes con lo que él hace. Lo mismo pasó en la sesión del aumento del sueldo.

¿Hay exclusión en el manejo de los temas dentro del concejo municipal?

Sí, por ejemplo para la conformación de comisiones hubo una reunión previa entre la mayoría y tres regidores de oposición. No se invitó a los regidores Jony Piana, Percy Espinoza. Sí fueron invitados los concejales Randy Vega, Andrés Calderón y José Nakamine.

¿Considera que usted y los regidores Piana y Espinoza son incómodos para la gestión?

Considero que decimos lo que la población le pide al alcalde, llevamos la voz de quienes no son atendidos por la comuna de Chiclayo. Las actitudes y la poca apertura de la gestión y el oficialismo son lamentable.

¿Por qué no integra la Comisión de Transportes si es quien más conoce de ese sector en el pleno del concejo? Siendo transportes uno de los sectores más convulsionados de la provincia, pudo usted ser bisagra para que la comuna llegue a buenos acuerdos con los gremios.

Pareciera que hay una postura hacia el enfrentamiento. Recordemos que quien ocupa ahora la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes (Arquímedes Muñoz Zambrano), estuvo también en el 2003, año en el que durante tres días protestamos los transportistas en el Parque Principal en oposición a la política destructiva que había adoptado el alcalde Arturo Castillo. El personaje que estuvo en ese momento en la gerencia, es el que está ahora. Si a eso le sumamos la política de puertas cerradas, la situación se hace más compleja.

Transporte tiene serios problemas, porque existen aún rezagos de la corrupción que se acrecentó en la gestión anterior, que como sabemos involucró a regidores. Sobre esto quiero anotar lo siguiente: Hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo al Ministerio Público que esté bien alerta. ¿Por qué? El regidor Alfredo Montenegro, hoy investigado y preso por corrupción, fue presidente de la Comisión de Transportes y al mismo tiempo de la de la Asuntos Legales. Lo mismo está sucediendo hoy. Una misma persona preside ambas comisiones.

Es necesario que una de las comisiones sea presidida por otra persona, debido a que estas se pueden convertir en simples mesas de partes. Si un proyecto ilegal viene de la Gerencia de Transportes será aprobado, con los votos de mayoría, y luego pasará a la Gerencia Legal, donde el presidente tendrá la misma óptica. Se está poniendo en juego el equilibrio.

La Comisión de Transportes la preside el regidor Junior Vásquez y la integran los concejales Pedro Ubillús Falla y Randy Vega Díaz.

¿Teme que se repitan historias?

Lo que pido es que se haga todo el esfuerzo posible para que ello no ocurra y una manera de garantizarlo es poniendo a voces capaces de discrepar.

El transporte como sector tiene varios problemas, pero ¿cuál es el más urgente por resolver o por dónde se debería empezar?

Lo más urgente es acreditar a todos los transportistas formales. Hay un grupo de transportistas que desde hace mucho tiempo tienen sus autorizaciones para el servicio público, pero como esos documentos no son eternos y se vencen, han solicitado la renovación de los mismos. Sin embargo, pese a que han pagado sus derechos, hace tres años están esperando que el municipio les otorgue las debidas credenciales; es decir, las tarjetas de operatividad o la renovación de sus concesiones y autorizaciones.

¿Y cómo circulan entonces?

Esta situación los pone en el límite con la informalidad, porque solo portan un documento que dice “expediente en trámite”. ¿Dónde está el problema? En que la Superintendencia Nacional de Transportes – SUTRAN, ha emitido disposiciones para el retiro de placas de los vehículos informales y esta no considera válida la presentación de un documento que diga “expediente en trámite”. Varios transportistas formales han sido perjudicados con el retiro de sus placas.

¿Cuántos transportistas se encuentran con expedientes en trámite?

Aproximadamente cuatro mil 500, la gran mayoría del transporte urbano; es decir, taxistas.

¿Qué vendría después de la regularización de los formales?

Evidentemente la lucha contra la informalidad, que si se quiere puede hacerse en paralelo.

El municipio dejó varias reformas inconclusas, como la que estableció las nuevas zonas rígidas o la implementación de un mejor sistema de fiscalización en transportes. Otras las hizo mal, como el Plan Regulador de Rutas o el nuevo anillo vial para mototaxis….

Todas las disposiciones emitidas por la municipalidad deben ir acompañadas por el trabajo coordinado de gerencias como Fiscalización y Urbanismo. No se puede, por ejemplo, regular un paradero si no existe la estructura física que el usuario identifique para ahí abordar las unidades de transporte. Las ordenanzas por sí solas, sin acompañamiento, son imposibles de aplicar.

Otro caso es el de las zonas rígidas. En la gestión de David Cornejo se declaró 23 calles como zonas rígidas, pero no se habilitó espacios de parqueo para los usuarios. Antes, por ejemplo, la calle Manuel María Ízaga era rígida en un lado, con la ordenanza se dispuso que ambos márgenes y ahora, en la práctica, tanto a la derecha como a la izquierda se estacionan vehículos.

Además de la ya conocida ordenanza del nuevo anillo vial para mototaxis, ¿hay otras disposiciones municipales que son ilegales?

Sí. Por ejemplo, en la Gerencia de Transportes se han colocado unos letreros que indican que vehículos con más de 15 años de antigüedad no recibirán la renovación de permiso para el servicio público. De eso nadie dice nada, las comisiones de Transportes y Asuntos Legales no opinarán porque desconocen el tema, pero yo sí puedo decir que eso es ilegal.

Para que una disposición de ese tipo sea válida se necesita el procedimiento siguiente: el municipio elabora una propuesta y la eleva al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este emite una resolución aceptándola o reformándola, el expediente regresa al municipio y este, a través de una ordenanza, reglamenta para que los transportistas sepan cuál debe ser la antigüedad de las unidades para el transporte público. Eso no ha ocurrido.

¿Cuál es su llamado al alcalde Gasco?

Que por lo menos, escuche.

 

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