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SOCIEDAD CIVIL CIERRA FILAS EN DEFENSA DE LA CIUDAD: ORDENANZA DEL TRANSPORTE PESADO ES LESIVA PARA LA SEGURIDAD DE CHICLAYO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1116

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  • Norma beneficia a empresa de los financistas de la campaña de Marcos Gasco.

 

Se quedan solos. El alcalde Marcos Gasco Arrobas, los regidores oficialistas y sus allegados, empresarios del transporte de carga pesada, se quedan solos en el afán de mantener vigente la Ordenanza Municipal 007-2019, que autoriza el ingreso de camiones de gran tonelaje al centro de Chiclayo. Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su rechazo a la norma aprobada el 24 de mayo y exigen a la comuna provincial su reconsideración.

 

La cuestionada ordenanza finalmente fue publicada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, luego que el jueves pasado el concejo ratificara su aprobación con los votos de la mayoría oficialista y los tres regidores que engrosan el entorno del alcalde Marcos Gasco Arrobas: José Nakamine Kobashigawa, Randy Vega Díaz y Andrés Calderón Purihuamán, sumando en total 12 votos.

En contra se mantuvieron los concejales de oposición Jhony Piana Ramírez, Andrés Puell Varas y Percy Espinoza Gonzales, quienes sustentaron el claro intereses personal y empresarial que existe en los que defienden la ordenanza.  

 

INTERESES MANIFIESTOS

El primero en la pirámide es el alcalde Marcos Gasco Arrobas, fundador de la empresa de Transportes Valle Norte SAC, quien se mantuvo como accionista de la misma hasta junio del 2016, pero cuyo hermano, Luis Gasco Arrobas, mantiene la gerencia general. En la constitución accionarial de la empresa participan los demás hermanos y sobrinos del burgomaestre.

De acuerdo al reporte presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, Luis Gasco Arrobas fue uno de los principales financistas de la campaña municipal de Marcos Gasco el año pasado. También financiaron la campaña sus otros hermanos, integrantes del accionariado de Valle Norte SAC.

Otro personaje que en los últimos días ha hecho cerrada defensa de la polémica ordenanza es el regidor oficialista Pedro Ubillús Falla, cuyo primo, Igor Garbich Ubillús, es gerente general de la empresa GUIE Servicios Logísticos SAC.

Garbich Ubillús, excompañero de estudios de Marcos Gasco en el Colegio Manuel Pardo, fue también hasta el fin de semana directivo del Comité Gremial de Transporte y Proveedores de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, y es la persona que el 11 de abril del año pasado participó de una reunión en la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, solicitada por él mismo, para que se dé solución a las rutas “no definidas” del transporte pesado en la ciudad.

Garbich Ubillús refirió en aquella reunión, como consta en el acta, que su empresa de transportes presta servicios a los centros comerciales Real Plaza, Open Plaza y Maestro Home Center, zonas hasta las que antes de la Ordenanza Municipal 007-2019, aprobada por la gestión Gasco, no podían ingresar los camiones de gran tonelaje para los servicios de carga y descarga. Ahora, con la nueva norma, las calles colindantes a dichos establecimiento comerciales han quedado liberadas.

Quien también participó de la reunión en la fiscalía fue Mario Soto Ascarza, también renunciante al Comité Gremial de Transporte y Proveedores de la Cámara de Comercio, en su calidad de presidente, y actual líder de la Unión Regional de Transporte de Lambayeque. La empresa de Soto Ascarza es otra de las beneficiarias con la ordenanza emitida.

A la pirámide se suma el regidor de Fuerza Popular, pero con voto oficialista, Andrés Calderón Purihuamán, gerente general de la empresa Sikan Cargo SAC, con RUC N° 20539212134, según se aprecia en el portal de la SUNAT.

 

LOBBY CONFESADO

La renuncia de Soto Ascarza y Garbich Ubillús al Comité Gremial de Transporte y Proveedores de la Cámara de Comercio se dio en oposición al comunicado que la institución hizo público el 31 de mayo, rechazando la aplicación de la ordenanza por el impacto negativo que esta tendrá sobre el normal desarrollo de los servicios en la ciudad, principalmente de agua, desagüe y circulación vial.

En su carta de renuncia, Soto Ascarza le dice al presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Burgos Montenegro, que con la ordenanza se pondrá fin a la corrupción de la que han formado parte los transportistas (se infiere que se incluye) al pagar sobornos a agentes de la Policía Nacional y el serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo “por escoltar, blindar camiones a su entrada y salida para su descargar y no se sancionados, transitar impunemente generando este caos vehicular y malestar de los ciudadanos”.

Otro de los puntos más saltantes de la misiva del dirigente de los transportistas de carga es que reconoce haber gestionado directamente con el alcalde de la ciudad la emisión de la ordenanza, pese al conflicto de interés que este podría tener dado a que su familia tiene una empresa dedicada al mismo rubro.

“Es mi deber como dirigente de transportistas velar por sus derechos y es así que hemos conversado con el alcalde, Marcos Gasco, solicitándole se formalice este acceso de camiones que actualmente existe y sin permiso alguno, solo al amparo y complacencia y corrupción de serenos y PNP”, se lee en el escrito.

Ante estas afirmaciones, el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque comunicó de la renuncia de los dirigentes del Comité Gremial de Transportes, pero además deslindó de la participación directa que los empresarios Mario Soto e Igor Garbich tuvieron como gestores de la ordenanza.

“Los intereses colectivos de la provincia de Chiclayo están por encima de los legítimos intereses de los empresarios del transporte de y descarga, razón por la que invocamos a las fuerzas vivas de la localidad, colegios profesionales y sociedad civil organizada a manifestarse y velar en salvaguarda de la seguridad, ordenamiento y transitabilidad en la capital del departamento, con aplicación de medidas técnicas, viables y, sobre todo, que respeten los derechos de los ciudadanos, razón de ser de todo nivel de gobierno”, señaló la institución.

 

OPINIÓN TÉCNICA

Tras el pronunciamiento de la Cámara de Comercio hizo lo propio el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, entidad que ha formulado cuestionamiento de orden técnico a la ordenanza aprobada por el alcalde Gasco e impulsada por su entorno más próximo.

“La ordenanza ha autorizado el ingreso (especial B y D) que son circuitos de vías locales que ya vienen utilizando los vehículos de carga pesada, el primero para abastecer al Centro Comercial Real Plaza y el segundo al Centro Comercial Maestro Home Center. Circuitos cuyas vías locales, su construcción no han sido previstas para soportar esas cargas pesadas”, indica el comunicado del CIP Lambayeque.

Líneas seguidas el pronunciamiento advierte que el estado actual de las vías urbanas, con el aumento del tránsito de cargas pesadas, “va a originar el deterioro y desgaste de la superficie de rodadura, por lo que es recomendable restringir el tránsito de carga pesada hasta que se doten de vías debidamente implementadas”.

En consecuencia, el Colegio de Ingenieros recomienda a los regidores de Chiclayo la reconsideración del acuerdo que aprobó la Ordenanza Municipal 007-2019.

 

PAGOS ÍNFIMOS

Los defensores de la ordenanza señalan que con ella el municipio podrá captar siete millones de soles. Sin embargo, los técnicos afirman que dicho monto sería insuficiente para reparar el daño al saneamiento básico, pavimentos y edificaciones que se generará con el tránsito de los vehículos de carga pesada.

Al respecto, el Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque también se ha pronunciado, manifestando su preocupación y rechazo a la Ordenanza Municipal 007-2019.

“Los supuestos recursos económicos que generaría esta ordenanza carecen de sustento técnico y vienen siendo utilizados para justificar un perjuicio económico a todas luces muchísimo mayor”, afirma el gremio de contadores.

La ordenanza municipal, que deroga la emitida en el 2012 y que autorizaba únicamente el ingreso de camiones de 3.5 toneladas, ha establecido un cuadro de pago por autorizaciones que realizarán por única vez, con vigencia de un año, los transportistas.

La tabla señala, por ejemplo, los camiones de 3.5 toneladas deberán pagar por la autorización 684.48 soles, que divididos entre los 365 días del año y el número de toneladas, resultan en el pago de 0.53 céntimos por tonelada al día.

La incongruencia se hace mucho más evidente respecto a los camiones de 39 toneladas a más (en el cuadro no se establece tope), donde se indica que la autorización anual tiene el costo de tres mil 654.30 soles. Aplicando la misma fórmula se tiene que cada camión pagará 0.25 céntimos por tonelada al día.

A la carencia de sustento técnico en la ordenanza, respecto al impacto sobre los pavimentos y el saneamiento básico, se sumaría la inaplicación de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 007-2011 – PCM y el Decreto Supremo N° 064-2010 PCM, con los que debe estimar los costos del procedimiento administrativo.

 

+ NOTICIAS:

  • La Asamblea de Delegados de las Organizaciones de la Sociedad Civil – ADOSCIL también se ha pronunciado en contra de la ordenanza.
  • Los gremios de transporte menor anuncian una paralización para el próximo 20 de junio.

 

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