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NAKAZAKI: “EXIGIMOS SE ORDENE SU EXCARCELACIÓN”: SENTENCIA CASATORIA DEVOLVERÍA LA LIBERTAD A EDWIN OVIEDO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1117

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César Nakazaki, abogado de Edwin Oviedo Picchotito, quien enfrenta una prisión preventiva de 18 meses por el caso “Los Wachiturros”, precisó en la audiencia por el recurso de casación que urge la excarcelación de su defendido ya que se violaron reglas de acumulación y traslado; y que no hay motivos para la privación de su libertad.

De acuerdo con Nakazaki, el problema radica en que, producida la declaración no forma sospecha grave, por ello se exige que se declare la nulidad del auto de prisión preventiva y se ordene la excarcelación de Edwin Oviedo.

“Las causas admitidas son: la violación de las reglas de acumulación contra Edwin Oviedo Picchotito, que se apertura en proceso penal el 25 de enero del 2016 con una disposición de formalización número 8, donde se acumulan varias imputaciones: asociación ilícita para delinquir, asesinato en agravio de Percy Farro Vite, asesinato en agravio de Manuel Rimarachín Cascos, fraude en administración de persona jurídica en agravio de la empresa Agroindustrial Tumán, cohecho pasivo propio en agravio de la Policía Nacional del Perú, peculado en agravio del Estado y delito de encubrimiento real en agravio del Estado”, explica.

Menciona además que, el 8 de mayo del 2018 a pedido de la Fiscalía, el juez declara fundado un auto de desacumulación donde solicita que, de este primer caso se deriven cuatro procesos adicionales y por tanto se forman cuatro procesos: uno por asociación ilícita, otro por el homicidio de Farro, otro por el de Rimarachín y otro por el robo de María Toro Laso.

“Ese auto de desacumulación sube a la sala en apelación de las defensas y estando la sala para resolver la desacumulación, aparece una medida cautelar de amparo a favor de Oviedo, donde se plantea un amparo por violación del derecho de imputación necesaria. Entonces, la sala en su auto establece que se pronunciaba respecto de todos los imputados, menos de Edwin Oviedo Picchotito, pero se desacumulaban los cuatro procesos para todos los imputados”, refiere.

Entonces, explica, el fiscal provincial formula el requerimiento de prisión en un proceso desacumulado de asociación ilícita y ahí formula el requerimiento de prisión, donde Edwin Oviedo no era parte; pero adicionalmente dice que la medida cautelar debe surtir efectos sobre los otros procesos desacumulados de asesinato de Farro y asesinato de Rimarachín.

“En concreto el fiscal pide un requerimiento de procesos donde Oviedo no es parte y solicita que los efectos se apliquen en procesos donde no había pedido requerimientos de prisión y no regaló ninguna línea para explicar si esto era posible”, enfatiza.

Luego, menciona, la sala precisó que no se afectaba ningún derecho fundamental porque se acumulan y desacumulan carpetas, no procesos, por tanto no hay violación al derecho fundamental.

Ante ello, el abogado propone que se reconozca el derecho al proceso predeterminado por la ley y que se hagan respetar las reglas de la acumulación. La segunda causal, explica, tiene relación con la primera: el no respeto a la función instrumental de la medida cautelar, puesto que esta es instrumento del proceso que deriva.

Nakazaki refiere que en el caso se han planteado medidas cautelares que eran instrumentales de procesos en los que Edwin Oviedo no era parte, considerando que tampoco se había pedido el requerimiento de prisión preventiva.

Por ello, una de las propuestas es respetar la instrumentalidad y que la medida cautelar sirva al proceso del que deriva y afecte a los procesados que son parte de ese proceso.

Agrega que, la tercera causal tiene que ver con el control de legalidad de la prueba en el proceso cautelar de prisión preventiva.

“Algunos jueces de primera instancia han leído mal las casaciones de la Corte Suprema y han sostenido que esta dijo que no se controla la legalidad de la prueba para formar el estándar de sospecha grave, pero resulta que en este requerimiento de casación todo se basa en la declaración de un colaborador y un testigo anónimo”, indica.

Asimismo, expone que el tema imputado es que Edwin Oviedo lidera una organización criminal llamada Wachiturros y, como es autor mediato por dominio de la organización, él ordena las muertes de Farro y de Rimarachí y sobre ese tema se debe establecer un estándar probatorio de sospecha grave.

 

EL PROBLEMA

De acuerdo con el abogado, el problema radica en que un colaborador es un testigo, no un documento. Para ello se vale del artículo 476 a, inciso 3, que regula las normas del proceso especial de colaboración eficaz. Este artículo lo define como testigo, al igual que el artículo 46 del reglamento.

Entonces, los cuestionamientos son: ¿cómo se incorpora un testigo o una fuente personal al proceso?

Asimismo, el artículo 45 precisa que tiene que ser mediante una disposición motivada de traslado, que explica cuáles son las fuentes de información que se trasladan y cuál es la pertinencia, los hechos que se corroboran y la necesidad de traslado, pero eso no existe en el caso.

“Acá se trasladó, nunca se notificó y mi cliente se enteró de la existencia de este testigo colaborador en el requerimiento de prisión”, asegura.

Añade que el artículo 476 a explica que el fiscal puede trasladar los testimonios; el 481 a, señala que los elementos de convicción se pueden trasladar y el testigo colaborador con protección de su identidad, pero no hay una norma que diga que el testigo se convierta en documento.

“En ese marco proponemos el control de legalidad, pues el código dice que es testigo y este tiene su forma de incorporarse”, finaliza.  

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