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TCE INICIA PROCESO SANCIONADOR: A CONSORCIO QUE OBTUVO BUENA PRO DE PROCESO CONVOCADO POR LA GERENCIA DE AGRICULTURA

Escribe: Semanario ExpresiĂłn
Edición N° 1123

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De acuerdo al Expediente N° 2080/2019.TCE, del 14 de junio pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado - TCE, decidió abrir proceso sancionador contra las empresas Corporación Nebusi SAC, Servicios Generales Viviana EIRL y Vacons Ingenieros SRL, integrantes del Consorcio El Padre Fema, pues habrían presentado información falsa y/o inexacta en el proceso convocado por la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque para la prestación del servicio de ejecución de la obra: “Mejoramiento del Canal de Riego El Padre Fema del Distrito de Mochumi”.

 

Expresión dio cuenta en diferentes ediciones y en forma detallada de la probable falsedad documentaria presentada por el Consorcio El Padre Fema.

En ese sentido, habiendo tenido acceso a la documentación presentada por dicho consorcio, nuestro equipo de investigación pudo advertir una relevante incongruencia respecto al Certificado de Trabajo emitido por el Consorcio Huancaní  a favor del ingeniero Víctor Guillermo Muro Rosado, quien a efectos de cumplir con los años de experiencia requeridos para realizar las labores de residente en dicha obra, otorgó al Consorcio El Padre Fema – entre otros documentos sustentatorios – el certificado en cuestión, el cual entre otros considerandos refiere que el mencionado profesional habría laborado como Residente de la Obra “Creación de Bocatoma y Mejoramiento del Canal de Riego del Paraje Carhuamaran San Antonio Legua, Distrito de Leonor Ordoñez -Jauja-Junín”, durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 21 de diciembre del 2018.  

 

LA INCONGRUENCIA DE LA CERTIFICACIÓN

Advertido el contenido de la certificación otorgada, preponderantemente en lo que respecta al inicio del período laborado por el ingeniero Muro Rosado en la obra materia de la certificación, se evidencia una total incongruencia con la realidad.

Como se ha dicho, el certificado presentado por el profesional indica que este inició sus labores en la obra el “16 de febrero del 2018“, fecha que no se ajustaría a la verdad, en cuanto el contrato de obra publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, fue formalizado entre el Consorcio Huancani y la Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez el 8 de marzo del 2018, es decir, 22 días después de la fecha de inicio de las labores que refiere la certificación otorgada.

Esto implicaría de acuerdo a los fundamentos de la decisión tomada por el Tribunal de Contrataciones del Estado - TCE, una posible infracción en la que habría incurrido el Consorcio El Padre Fema, materia del inicio del proceso sancionador.

 

LA SUSCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO

Respecto al supuesto suscriptor del Certificado de Trabajo otorgado al ingeniero Muro Rosado, este muestra que habría sido firmado por el representante del Consorcio Huancani, Pedro Avilés García, lo que tampoco se ajustaría a la realidad, ya que la firma de dicho representante obrante en el certificado contiene diferencias sustanciales con la que se muestra en el contrato celebrado con la municipalidad contratante, condición que ha sido corroborada con la firma que aparece en el Certificado de Inscripción del RENIEC, obtenido formalmente por nuestro equipo de investigación.  

 

LA ACTUACIÓN DEL GERENTE REGIONAL

Identificada la incongruencia y las diferencias encontradas respecto a la firma Avilés García, previo a las publicaciones realizadas, nuestro consultor en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, pudo cursar al gerente regional y al Órgano de Control Interno de la entidad una serie de comunicaciones, advirtiendo las incongruencias y los vicios contenidos en la oferta del Consorcio El Padre Fema, todo ello antes de que la buena pro fuese consentida, con la finalidad imperativa de que el certificado de trabajo cuestionado sea sometido a los controles posteriores que para este caso las leyes inherentes exigen.

Sin embargo, dicho procedimiento al parecer no fue considerado por el titular de la Entidad en los plazos previstos, pues suscribió el contrato con el consorcio, a pesar de tener conocimiento del presunto fraude documentario.         

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