Semanario Expresión up

PREMIO A LA CORRUPCIÓN: LAS POLÉMICAS 23 SENTENCIAS DEL CASO “LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN”

Escribe: Semanario ExpresiĂłn
Edición N° 1123

  comentarios   

  • Con la complacencia de la FECOR, autoridades, exfuncionarios y empresarios se libraron de la cárcel aun cuando aceptaron que son corruptos.

 

Corruptos premiados. En dos días, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo emitió 23 sentencias benignas para igual número de imputados por el caso “Los temerarios del crimen”, quienes pese a reconocer sus delitos se libraron de la cárcel por acogerse a la terminación anticipada. La desproporcional medida fue avalada por la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, cuyo coordinador, Juan Carrasco Millones, ya adelantó que habrá una cuarta lista de capturados. ¿A estos también los dejará libres?

 

Maratónica fue la jornada que el lunes 22 inició la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, al aceptar diez acuerdos de terminación anticipada, dejando en libertad al primer grupo de imputados en el caso “Los temerarios del crimen”, organización que lideró el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

A la mayoría los condenó a penas de tres años y cuatro meses de prisión suspendida en su ejecución, luego que aceptaran la imputación realizada por la FECOR, fiscalía que junto a la División de Investigaciones de Alta Complejidad – DIVIAC, de la Policía Nacional del Perú, realizó un operativo de captura el 12 de julio, deteniendo de manera preliminar a 25 investigados.

Según la fiscalía, con las 23 condenas conseguidas se recaudará 463 mil soles de reparación civil a favor del Estado, de los cuales 370 mil han sido depositados por los sentenciados. De no cumplir con las condiciones impuestas por el juzgado se revoca la suspensión de la pena.

 

LA SENTENCIA AL REGIDOR

El primer sentenciado fue el regidor de Podemos Por el Progreso del Perú, Marino Olivera Cruzado, por el delito de cohecho activo genérico, al aceptar el proceso de terminación anticipada.

El concejal de Chiclayo, que fue capturado como integrante de la organización criminal "Los temerarios del crimen", recibió una condena de tres años y cuatro meses de prisión suspendida, 130 días multa y al pago de una reparación civil a favor del Estado de cinco mil soles.

Olivera Cruzado aceptó haber pagado una coima al exregidor Juan Carlos Pérez Bautista para que se le autorice, a través de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la comuna, la ruta Racarrumi-Chongoyape-Chiclayo y viceversa.

El sentenciado, que postuló en la lista del alcalde Marcos Gasco Arrobas, deberá ser vacado, debido a que el fallo es inapelable. En su reemplazo será convocada al concejo provincial Jackelin Alva Carranza, de 28 años de edad.

Lo que llama la atención de esta sentencia es que la reparación civil es inferior a la coima que Olivera Cruzado pagó por la autorización de la ruta de transporte, monto que de acuerdo a los testimonios del exregidor Juan Carlos Pérez y del exgerente de Desarrollo Vial y Transportes del municipio, Isaías Merino Chavesta, ascendió a siete mil soles.

 

OTROS SENTENCIADOS

La juez condenó el lunes a Walter Ríos Flores por el delito de cohecho activo genérico a tres años y cuatro meses de prisión, también suspendida, y por el mismo delito período, a Edilberto Chaupe Gutiérrez; Walter Ríos Villacorta; Carlos Yafac Vallejos; Manuela Tenorio Zavala y Luis Cabanillas Flores.

Por cohecho activo genérico, pero a cuatro años de prisión suspendida, fue condenado Amílcar Rodríguez Briceño; a tres años y cuatro meses, por colusión, Cosme Vásquez León y a dos años y cuatro meses, por cohecho activo genérico, Jimmy Imaña Tamay. Este último pagó una coima de 150 mil soles al exfuncionarios del Centro de Gestión Tributaria – CGT, Nilton Monje Sampén, y al excandidato a la alcaldía de Chiclayo por el Partido Peruanos por el Kambio, Michael Llontop Ruiz.

Ríos Flores y Ríos Villacorta reconocieron que pagaron una coima de 30 mil soles a Monje Sampén y Juan Carlos Pérez a cambio de ser beneficiados con la contratación de seguridad para la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento - EPSEL. Yafac Vallejo pagó una coima de 25 mil soles y Chaupe Gutiérrez una de 30 mil soles.

 

CONSEJERO CORRUPTO

El martes, Grandez Rojas sentenció a tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución al consejero regional, también del partido Podemos Por el Progreso del Perú, Esar Aguilar Valdera. Este, además, deberá estar sujeto a normas de conducta, acudir a firmar al juzgado y pagar 10 mil soles de reparación civil a favor del Estado. El delito que aceptó es colusión.

Aguilar Valdera fue capturado el 12 de julio sindicado como integrante de la organización "Los temerarios del crimen".

La fiscalía logró establecer que el consejero regional pagó coimas y fue intermediario de sobornos a funcionarios de EPSEL para beneficiarse con contratos para el alquiler de camionetas y motobombas entre el 2016 y el 2017. Este también se acogió a la terminación anticipada.

Debido a su inhabilitación para continuar como autoridad regional, será reemplazado por su accesitario, el ingeniero industrial Luis Barturén Pizarro, de 29 años de edad.

 

OTROS 12

Además de Esar Aguilar fue condenado su hermano, Tomás Aguilar Valdera, también por el delito de colusión. La pena suspendida para este es de tres años y cuatro meses. Tomás Aguilar fue inscrito como accesitario en la lista de Podemos Perú al consejo regional en las elecciones pasadas.

Por colusión y por el mismo período fue sentenciado Néstor Salinas Vásquez, ex gerente general de EPSEL; en tanto por cohecho pasivo se condenó a José Vásquez Mendoza, mientras que por cohecho activo genérico recibieron sentencia José Guarniz Vásquez; Juan Torres Mora; Yuri Campos Silva; Wilmer Bernales Ycanaqué; José Gonzales Guerrero; Gonzalo Chamba Núñez; Antonio Delgado Puelles; Wilson Mendoza Carbajal y Lenin Becerra Dávila.

 

VERSIÓN DE LA JUEZA

Como advirtiendo que su decisión generaría reacciones de todo tipo, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, informó que los condenados por terminación anticipada del caso “Los temerarios del crimen” cumplen reglas de conducta y que si no acatan lo ordenado se les podría revocar la misma previo requerimiento fiscal y posterior audiencia, tal como lo establece el marco jurídico.

Aclaró que dicho mecanismo procesal se procedió a pedido de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada tras llegar a un acuerdo con la defensa legal de los imputados y la Procuraduría Anticorrupción, ya que los investigados se sometieron a la confesión sincera y tienen voluntad de resarcir el daño causado.

“El marco legal respalda a que no se les puede dar cárcel efectiva porque son agentes primarios del delito y no cuentan con antecedentes penales, han colaborado con la investigación e, incluso, han dado información al Ministerio Público para que investiguen a otras personas”, precisó.

La magistrada aclaró que la terminación anticipada está prevista en el Código Procesal Penal porque ahorra todo tipo de gastos al Estado y más aún, agregó, en procesos por investigaciones complejas como los de crimen organizado.

“Se logran condenas rápidas y en un marco punitivo sin necesidad de llegar al juzgamiento que puede darse en tres o cuatro años. También permitirá al fiscal tener a los ahora condenados como testigos impropios en los juicios contra los que niegan los cargos”, enfatizó.

En ese sentido, la jueza Cecilia Grandez exhortó a las personas que son procesadas por distintos delitos de acogerse a los beneficios procesales de reducción de las penas por cuestión de ahorro de tiempo y dinero para ellos mismos y para el propio Estado.

“Esta cantidad de condenas en una organización criminal por corrupción es algo histórico, no solo por el gran número de personas, sino por el dinero recuperado con los pagos de las reparaciones civiles. Bien se dice, que la justicia que tarda, no es justicia. De eso trata la terminación anticipada, de ser céleres pero bajo un marco jurídico establecido”, añadió.

Por último, la titular del mencionado órgano jurisdiccional pidió cambiar de mentalidad respecto a que dar dinero, coimas o los famosos ‘diezmos’ a funcionarios o autoridades públicas es algo normal. “Se ha convertido en algo normal cometer ese delito, eso no está bien, se tiene que denunciar”, concluyó.

 respuesta de Rafael Chinchay el 2019-12-12.

Deberian, incluir la sentencia de la Juez Celia Grandez Rojas

Deja tu Comentario