Semanario Expresión up

AÑO Y MEDIO DESPUÉS DEL INFORME DE LA CONTRALORÍA: NO SE INICIAN SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS INVOLUCRADOS EN ALQUILERES PARA LA CORTE DE LAMBAYEQUE

Escribe: Semanario ExpresiĂłn
Edición N° 1123

  comentarios   

  • También hubo irregularidades en la compra de uniformes y la contratación del servicio de limpieza.

 

A fines de diciembre del 2017, la Contraloría General de la República emitió el Informe de Auditoría N° 769-2017-CGI/JUST-AC sobre el “Proceso de contratación de bienes de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en el período enero 2014 – diciembre 2016”, el mismo que fue remitido por el contralor Nelson Shack Talta al entonces presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo. Pese a la contundencia del documento y las recomendaciones, hasta el momento no se ha iniciado el proceso sancionado correspondiente contra los involucrados en las irregularidades detectadas.

 

El informe de control reveló que en la Corte de Justicia de Lambayeque se alquiló vía contratación directa por proveedor único, unidades inmobiliarias sin que estas cumplan el total de área requerida, sin definir las áreas necesarias con precisión para cada oficina, con deficiencias en los términos de referencia e indagación de mercado, contratándose posteriormente el alquiler de un área adicional para cubrir necesidad prevista en el requerimiento inicial.

Todo ello se hizo inobservando la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en lo referido a términos de referencia, valor estimado, contrataciones directas, modificaciones al contrato, conformidad y pago.

También se trasgredió la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en lo referido a fondos y gastos públicos; así como bases de dicha contratación. Además, de lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley General de la Persona con Discapacidad, respecto a servicios comunales y accesibilidad para personas con discapacidad.

Esto generó que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que tiene carácter de unidad ejecutora, pague la totalidad del monto contractual a pesar que el local no reunía las condiciones requeridas. El monto en exceso fue valorizado por la Contraloría General de la República en 73 mil 185.07 soles, que sumado al monto de 16 mil 500 soles correspondientes a la prestación adicional y/o adenda al contrato, sumaron 89 mil 526.90 soles, importe que constituye perjuicio económico para la entidad. Adicionalmente, que las labores se hayan desarrollado en ambientes sin comodidad para su accesibilidad y estadía, así como sin garantías mínimas de seguridad.

“Lo antes expuesto fue originado por la falta de diligencia del funcionario a cargo de las contrataciones en las etapas de actuaciones preparatorias, contratación directa y ejecución contractual; así como por el actuar no acorde a la normativa aplicable de los servidores y funcionarios que participaron durante el proceso de contratación del servicio de alquiler de inmueble, al no cautelar y/o advertir que la prestación del servicio reúna las condiciones requeridas por la entidad y que sea concordante con la normativa aplicable”, afirma el informe.

El local alquilado, que aún es ocupado por parte de las dependencias judiciales, se ubica en la cuadra 9 de la Avenida Luis González.

Precisamente por las condiciones en los que los trabajadores fueron obligados a realizar sus labores, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, multó en septiembre del año pasado con 661 mil soles a la Corte, decisión que fue notificada por el ente rector en marzo de este año. Ante ello, la entidad se vio en la obligación de reubicar a parte de los trabajadores en un edificio de la cuadra 13 de Alfonso Ugarte.

 

LOS UNIFORMES

En la adquisición de uniformes para el personal de la entidad se aplicó una sanción pecuniaria no establecida en la Ley, bases ni contrato, ejecutando la garantía del fiel cumplimiento, no obstante haberse otorgado la conformidad y realizado el pago al contratista, inobservando la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, relacionados con la ejecución contractual de las contrataciones, así como las bases del proceso de selección, además, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, relacionado con el principio de legalidad.

“Esta situación generó el inicio de un proceso arbitral cuyo laudo resolvió en contra de la entidad, ordenándose la restitución del monto ejecutado, así como el pago de intereses legales, indemnización por daños y perjuicios y costos del arbitraje, en perjuicio de la entidad, la cual fue originada por el actuar negligente de disponer aplicar sanción pecuniaria a un proveedor sin contar con marco normativo aplicable a dicha decisión.

 

SERVICIO DE LIMPIEZA

Respecto a la contratación del servicio de limpieza, Contraloría determinó que en el proceso se sustituyó la obligación de acreditar documentalmente la disponibilidad de equipamiento estratégico por una declaración jurada, yendo en contra de lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en lo referido a los procedimientos de selección, requisitos de calificación y consultas a las bases.

También se dejó fuera de consideración la Directiva N° 001-2016-OSCE/CD, referida a bases estándar de adjudicación simplificada, dispositivos concordantes con Pronunciamiento N° 405-2016/OSCE-DGR.

Con ello se originó que el postor no entregue el equipamiento requerido para el servicio, ocasionando la resolución del contratado, afectando la adecuada prestación del servicio por el actuar negligente al modificar el requisito de calificación de la capacidad técnica y profesional referido al equipamiento estratégico, cuya acreditación consignaron que se efectúe con tan solo declaración jurada.

 

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones del informe se dispuso remitir el mismo, con los recaudos y evidencias documentales correspondientes al órgano instructor competente para fines del inicio del procedimiento sancionador, comunicar al presidente del Poder Judicial que estaba impedido de disponer el deslinde de responsabilidad y poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales.

También se dispuso el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Poder Judicial comprometidos en las observaciones contenidas en el informe.

Empero, hasta el momento no se ha han efectivizado los procedimientos administrativos que los hechos antes descritos ameritan, considerando que la inconducta funcional no está sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.

 

 

Deja tu Comentario