Semanario Expresión up

EN LA UNPRG: TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEMANDAN AUMENTO DE SUELDOS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1138

  comentarios   

  • A los servidores nombrados de la universidad no se les aumenta el sueldo desde hace 25 años.
  • Los trabajadores rechazan la Ley del Servicio Civil por considerar que limita sus beneficios y estabilidad laboral.

 

El 31 de diciembre de este año se culminará el plazo para que las universidades alcancen el licenciamiento que debe otorgar la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, meta que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG, espera lograr. Sin embargo, a ese problema se suma el concerniente al petitorio de demandas que mantiene el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la casa de estudios superiores, el cual anuncia medidas de protesta desde el próximo 12 de noviembre.

 

Al respecto, el secretario general del sindicato, Arturo Reaño Tapia, señala que en la universidad laboran 749 trabajadores administrativos, de los cuales 630 son nombrados y el resto contratados de forma permanente. Además, hay en promedio 150 trabajadores bajo el régimen de Contratos Administrativos de Servicios – CAS.

 

SUELDOS

Reaño Tapia señala que un trabajador CAS en la universidad gana como sueldo lo equivalente a la Remuneración Mínimo Vital – RMV (930 soles), monto que con los descuentos por ley se reduce a 714 soles.

“Dentro de nuestro petitorio está el referido a la estabilidad de los trabajadores CAS, que es el personal laboral más frágil de la universidad. Lo que hemos logrado, a través de los pactos colectivos que hemos suscrito, es que se les renueve anualmente los contratos”, sostiene.

En tanto, refiere que desde hace 25 años el Gobierno Central no les aumenta el sueldo a los trabajadores nombrados, toda vez que el servidor con el sueldo más alto percibe mil 250 soles, los cuales con los descuentos del Sistema Nacional de Pensiones y de la Seguridad Social terminan disminuyendo a poco más de 900 soles.

“Hace poco logramos, con el concurso de las autoridades, nombrar a 219 trabajadores producto de un acuerdo colectivo a nivel nacional y que, en el caso de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, recién se materializó la semana pasada”, revela.

 

BENEFICIOS

Fruto también de los pactos colectivos, Reaño Tapia señala que los trabajadores reciben algunos beneficios de orden económico, tales como tres vales de consumo al año por un total de 850 soles y un saco de arroz anual.

Además, menciona que reciben un sueldo mínimo vital adicional el 21 de julio de cada año por el Día del Trabajador Universitario y el pago por concepto de exámenes de admisión en virtud del cual un trabajador nombrado recibe 450 soles y un CAS 300.

“Nosotros tenemos una política de pactos colectivos que vienen desde 1995, los cuales suscribimos cada año y nos ayudan a paliar un poco la difícil situación económica en la que nos encontramos. Desde entonces, han pasado un promedio de ocho o 10 rectores”, manifiesta.

Afirma que la actual gestión está cumpliendo de forma parcial con los pactos colectivos, teniendo limitaciones  en aspectos como la entrega del uniforme institucional que es uno al año y los pagos navideños.

“La relación con la actual administración durante los primeros dos años no fue tan armoniosa, hubo una política errónea de no entender los pactos colectivos y se generó una guerra innecesaria por parte de la gestión, cuya puntería no debió estar dirigida a nosotros, sino al gobierno central, que no ha ayudado prácticamente en nada con el presupuesto para lograr el licenciamiento. Estamos seguros que con el diálogo la situación mejorará, porque para nosotros también es de capital importancia que se logre el licenciamiento, pues de no ser así el cierre de la universidad generaría no solo caos académico, sino también social por su afectación a los trabajadores”, sostiene.

En esa línea, manifiesta su preocupación por el cierre de 14 maestrías y 23 programas de licenciamiento, pues señala que la universidad dejará de percibir una onerosa suma de dinero.

“Le preguntaría a la ministra de Economía y Finanzas quién va a resolver el vacío que dejan los millones de soles que ya no recibirá la universidad a consecuencia del cierre de los programas por el licenciamiento. El gran pedido que siempre hacemos a nivel nacional, a través de nuestras federaciones, es que debe reiterársele la inyección de presupuesto público a las universidades, tal como era hace más de 25 años, cuando casi el 99 %  de los recursos de la universidad eran estatales y solo un 1 % propio. Bajo esa modalidad, el ingeniero Francisco Cardoso Romero, cuando fue rector en los 90, construyó casi el 80 % de la infraestructura que tiene la Pedro Ruiz Gallo ahora”, asegura.

Asimismo, señala que hay un promedio de 120 trabajadores que mantienen procesos judiciales en curso para solicitar su incorporación a la Planilla Única de Pago del Sector, siendo mayormente aquellos que tuvieron Contratos de Servicios No Personales durante el régimen de Alberto Fujimori y que luego, en el 2008, a través del Decreto Legislativo Nº 1057, se convirtieron en CAS. Apunta que el Poder Judicial está admitiendo sus demandas e incorporándolos a planilla.

 

RÉGIMEN SERVIR

Por otro lado, Reaño Tapia manifiesta que existe rechazo de todos los sindicatos estatales a nivel nacional contra la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, de la cual tienen conocimiento desde el 2013 en que la promulgó el gobierno de Ollanta Humala Tasso.

Afirma que una de las múltiples razones por las que se oponen es que elimina toda posibilidad de que un trabajador pueda adquirir estabilidad laboral, tal como considera que la tienen ahora bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276.

“Con el Régimen 276 los trabajadores adquirimos estabilidad relativa cuando pasamos a planilla y absoluta cuando somos nombramos, de esa forma tenemos proyectada y asegurada la vida, no solamente de quienes trabajamos en la universidad, sino de nuestras familias”, menciona.

Señala como otro motivo el que el Régimen Servir niega todo proceso de negociación colectiva para aspectos de orden económico, como puede ser un incremento remunerativo, permitiendo solamente las negociaciones de tipo laboral. “Lo único que podemos negociar es tener una buena oficina, infraestructura, que los trabajadores tengan guantes, escobas, pero nada para paliar la difícil situación económica que vivimos”, sostiene.

 

PROTESTA

En esa línea, anuncia que el 12 de noviembre todas las centrales estatales, convocadas por la Central General de Trabajadores del Perú – CGTP, paralizarán a nivel nacional demandando el aumento de sueldos y pensiones, prórroga para el nombramiento de trabajadores contratados, la defensa de la negociación colectiva, la derogatoria del Régimen Servir, etc.

Además, señala que exigirán la derogatoria de los decretos que consideran lesivos contra los temas de orden laboral, tales el Decreto Supremo Nº 345 y el Nº 216, emitido recientemente por el Poder Ejecutivo y que recortaría las remuneraciones de los trabajadores que están bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276.

“Quedó un proyecto de ley pendiente en el Congreso que ya había sido aprobado en comisión respecto a la derogatoria de la Ley del Servicio Civil, ojalá el próximo Parlamento lo retome y si es en una Asamblea Constituyente mucho mejor, porque esta Constitución no ha servido de nada para el desarrollo del país en materia económica y social”, afirma.

Deja tu Comentario