Semanario Expresión up

POR EL DU Nº 014-2020: PACTOS COLECTIVOS PODRÍAN SER DESCONOCIDOS POR EL MEF

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1150

  comentarios   

  • El Ejecutivo estableció el marco normativo para las negociaciones colectivas en el sector público, pero dejó abierta la posibilidad de que los ya suscritos sean revisados.
  • Los trabajadores solo podrían plantear una negociación colectiva en cinco años.

 

El 23 de enero el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia Nº 014-2020 – ‘Decreto de Urgencia que Regula las Disposiciones Generales Necesarias para la Negociación Colectiva en el Sector Público’, mediante el cual se estableció el marco normativo para que los trabajadores de las instituciones públicas puedan negociar el mejoramiento de sus condiciones laborales y los incrementos salariales, estando esto último expresamente prohibido desde la ley del presupuesto del 2014.

 

Al respecto, el abogado laboralista Carlos Palomino Guerra señala que el referido decreto de urgencia es positivo en cuanto establece el punto de inicio para regular las negociaciones colectivas en el sector público, pues en los últimos años estas casi no se dieron, toda vez que no existía una autógrafa que las normara, lo cual conllevó a que se decidieran por medio de laudos arbitrales.

Si bien es cierto, la negociación colectiva es un derecho fundamental contemplado en el artículo 28 de la Constitución, la Ley Nº 30057 – ‘Ley General del Servicio Civil’, precisa que “los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus compensaciones no económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o condiciones de empleo de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad”.

Asimismo, añade que la “contrapropuesta o propuestas de la entidad relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho”.

El letrado explica que en la negociación colectiva puede desarrollarse bajo dos formas: condiciones económicas y no económicas. Respecto a la primera, indica que está referida a aspectos remunerativos, mientras que la segunda contempla mejoras en cuanto a la situación en la que los trabajadores desarrollan sus labores.

 

NIVELES DE NEGOCIACIÓN

Según el citado decreto, la negociación colectiva se realizará a través de los sindicatos en tres niveles: el centralizado, que contempla los ministerios y gobierno regionales juntos a sus organismos públicos; el centralizado especial, que contempla los sectores salud y educación; y el descentralizado, que agrupa a los poderes Legislativo y Judicial, al Ministerio Público, la Contraloría, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el Seguro Social de Salud, el Instituto Nacional Penitenciario y los organismos públicos de los gobiernos locales.

“Los profesores de Lambayeque no podrían negociar de forma independiente respecto a los de La Libertad o San Martín, todos ellos forman parte del nivel centralizado especial porque son un solo sector: educación. Sin embargo, hay organismos que sí pueden negociar descentralizadamente como los gobiernos locales”, sostiene.

Añade que la norma está abriendo incluso la posibilidad de que la negociación colectiva se haga con una comisión ad hoc nombrada por el Poder Ejecutivo, con lo cual se estaría dejando de lado al empleador. De esa forma, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, tendría un papel relevante, puesto que se convertiría en un “cuasi negociador”.

 

NEGOCIACIONES LESIVAS

Por otro lado, Palomino Guerra indica que en los últimos años hubo negociaciones colectivas que, a través de laudos arbitrales, depararon en pactos colectivos que se constituyeron en un abuso económico, principalmente en las municipalidades, las mismas que muchas veces tuvieron la complacencia del empleador.

Explica que este decreto de urgencia no surge por aquellas organizaciones sindicales que han buscado siempre la proporcionalidad de sus acuerdos, sino por aquellas que han hecho un abuso del derecho hasta el punto de generar acuerdos desproporcionales, tales como el referido a que, tras el fallecimiento de un trabajador sea el hijo o familiar de este quien ocupe su puesto.

“Ese tipo de acuerdos son hasta discriminadores. Es decir, ¿solo por ser hijo de un servidor público tengo derecho a trabajar? ¿El resto de ciudadanos no tiene ese derecho? La Convención Interamericana de Derechos Humanos señala en su artículo 23 que todos  debemos tener acceso en igualdad de condiciones. No era posible tampoco que existiesen convenios por las fiestas patronales y aniversarios que obligaban a las municipalidad a hacer maravillas para poder cumplirlos”, asevera.

La legislación en países como Costa Rica establece que todos los años pueden hacerse negociaciones colectivas, pero de acuerdo a la inflación. Es decir, si esta en determinado año fue del 4 %, los aumentos virtud de los pactos deben ir sobre esa base.

“En el Perú la inflación es de 2 % o 3 %, pero los aumentos a veces son del 20 %, afectándose así el derecho de los ciudadanos a tener mejores servicios. Algunos especialistas coinciden en que el 94 % del presupuesto en el sector educación se va en el pago de planillas. Todos los años se aumenta el dinero destinado a dicho sector, ¿pero por qué no mejora la enseñanza? Porque los incrementos no son para infraestructura o mejora de las condiciones, sino para el pago de las convenciones colectivas acordadas por los trabajadores y los representantes del sector”, subraya. 

 

CUESTIONAMIENTOS

El letrado repara en que el decreto impone varios candados a la negociación colectiva, los cuales incluso rayan con lo inconstitucional. Dentro de estos se encuentran la prohibición de realizar pactos un año antes de las elecciones, así como uno previo a un desastre natural.

“La norma precisa que las negociaciones podrán darse cada dos años, pero pone limitaciones cuando hay elecciones y no especifica si son presidenciales y congresales o regionales y municipales. Además, si tenemos un fenómeno como El Niño Costero tampoco podría haber negociaciones. En la práctica, cada cinco años puede que haya una sola propuesta de pacto colectivo”, refiere.  

Apunta que otra observancia de carácter inconstitucional del decreto es la referida a que si un árbitro al momento de emitir su laudo no tiene en cuenta los montos máximos de negociación estipulados por el MEF podrá ser denunciado y excluido del registro de árbitros.

“El MEF va a determinar la base sobre la cual se puede negociar. Por ejemplo, si señala que solo tiene disponibles 50 soles, ¿qué negociación es posible? Y si un árbitro va más allá de ese informe económico será separado”, destaca.

Sin embargo, manifiesta que lo más preocupante es que la norma estipula que todo pacto colectivo contrario a la Ley de Presupuesto puede ser revisado por el MEF y dejado sin efecto.

“El MEF puede emitir un informe económico sobre un convenio suscrito por determinada municipalidad en el 2012, 2013, 2014 o 2015 y dejarlo sin efecto. Esto vulneraría un derecho de carácter constitucional como es la negociación colectiva. Además, el decreto indica que las organizaciones que hayan planteado negociaciones colectivas del 2016 en adelante no podrán presentar ningún pliego de reclamo en el 2020, salvo que este sea hecho hasta febrero de este año, de lo contrario no entrará en el presupuesto del 2021. Creo que esta norma no capta el espíritu de las sentencias del Tribunal Constitucional, sino que deja un vacío en los trabajadores del sector público”, afirma.

 

DERECHOS ADQUIRIDOS

En esa línea, explica que si el MEF estipulase que los pactos colectivos suscritos por los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo son contrarios al presupuesto, ellos podrían ir hasta el Poder Judicial, pero además de ser un proceso largo, hay pocos argumentos que podrían alegar, puesto que en el Perú no existen derechos adquiridos desde el 2004.

El concepto de derechos adquiridos gira en torno a que los beneficios laborales obtenidos mediante una ley no pueden ser disminuidos por una norma posterior. No obstante, en el 2004 mediante una reforma constitucional se derogó el principio de derechos adquiridos por el de hechos cumplidos.

“Antes los pensionistas de la Ley Nº 20530 recibían una pensión igual que la de un trabajador del sector. Es decir, si el jubilado ganaba cuatro mil soles, el trabajador debía ganar lo mismo y si les subían a seis mil, el incremento debía ir para ambos. El Tribunal Constitucional lo amparaba porque era un derecho adquirido, pero tras su modificación en el 2004 ahora ya no existen”, sentencia.

Deja tu Comentario