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ALEX PAREDES GONZALES: “LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL ES DISCRIMINATORIA E INCONSTITUCIONAL”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1112

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En el país existen más de 540 mil profesores, pero no todos tienen habilidad vigente emitida por su orden profesional pese a ser una exigencia de acuerdo a ley. Esa es una de las tantas aristas que tiene la compleja situación del magisterio peruano, cuyo desempeño se ve vulnerado por una norma discriminatoria, según afirma el decano del Colegio de Profesores del Perú, Alex Paredes Gonzales.

 

El Colegio de Profesores del Perú es uno de los más nuevos en el país, pues si bien su creación data de 1990, con la promulgación de la Ley 25231, norma que fue corregida con la Ley 28198. En el 2006 se eligió la primera junta directiva, recayendo la presidencia en el educador Carlos Gallardo Gómez.

“Tenemos una base de aproximadamente 540 profesionales en la educación que tienen la condición de activos, cesantes, contratados y, lamentablemente, muchos sin oportunidad laboral y no todos habilitados”, refiere Paredes Gonzales.

El Artículo 3 de la ley de creación del Colegio de Profesores del Perú señala que la colegiatura y la habilidad es un requisito indispensable para el ejercicio de la profesión. Según explica el representante gremial, en el sector privado existe un mayor número de docentes habilitados e incluso en algunas regiones se ha normado que el certificado de habilitación es obligatorio.

“Todavía nos falta superar esta debilidad o deficiencia que tenemos como institución, la misma que esperamos superar en el mediano plazo”, menciona el decano.

Alex Paredes señala que en el país el magisterio aún no logra el ordenamiento que se necesita para alcanzar mejoras efectivas en la educación, sobre todo porque en las últimas décadas el Estado ha emitido una serie de normas que han agudizado las brechas entre los docentes y postergado la aplicación de la meritocracia en el sector.

“Nosotros tenemos que lamentar que en nuestro país los dispositivos legales, sobre todo tratándose de leyes tan importantes que pueden tener la característica de orgánicas, no se reciba ni acoja las propuestas que hacemos y por ello tenemos que acudir a las instancias pertinentes para buscar sus modificatorias”, señala, precisando, por ejemplo, que el colegio no forma parte del Consejo Nacional de Educación, que es el espacio en el que se discuten o plantean varias de las políticas sectoriales que emprende el Estado.

“Lo que estamos viendo es que a nivel nacional, regional y municipal no se toma en cuenta a los profesionales como corresponde y creo que eso tiene que superarse”, enfatiza.

 

ARTÍCULOS EN CUESTIÓN

El Colegio de Profesores del Perú ha recurrido al Tribunal Constitucional invocando la ilegalidad de dos artículos de la Ley de Reforma Magisterial. Uno de esos artículos es el 35, referido al cambio de los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL, proceso en el que – afirma – la norma no reconoce la meritocracia.

“Según la ley, si hay un concurso público para la elección de los directores de UGEL, el director regional de Educación tiene la potestad de elegir entre los tres que ocupan los primeros puestos. Eso es ilegal y discriminatorio desde nuestro punto de vista. Nosotros le hemos expuesto al Tribunal Constitucional el 29 de marzo de este año, al momento de presentar los fundamentos de hecho, que eso es discriminatorio, porque no hay un criterio válido de esa autoridad regional (director o gerente) para elegir a quien ocupará la dirección de una UGEL. En Chiclayo, por ejemplo, el concurso para la dirección de la UGEL lo ganó el past decano nacional del colegio Ángel Salazar Piscoya, pero la autoridad regional eligió al que quedó en un puesto inferior. Lo mismo ha ocurrido en Juliaca, Loreto, Lima y otras ciudades. Por eso estamos buscando que se declare inconstitucional ese artículo y se haga lo que corresponde; es decir, que el que ocupó el primer puesto asuma el cargo porque por meritocracia ha demostrado su valía profesional”, asevera.

 

LA CTS

El otro artículo que cuestiona el gremio de profesores es el referido a la Compensación por Tiempo de Servicio – CTS. El Artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial solo reconoce 30 años de servicio al momento del cese; es decir si el docente trabajó 31 o 35 años, solo se le reconocen 30 para estimar la CTS.

“Los docentes, en su gran mayoría, por no decir todos, vamos a trabajar hasta los 65 años para tener una pensión que nos permita vivir medianamente con holgura, porque la pensión de la 19990, régimen en el que estamos la mayoría del magisterio, es ínfima. Si alguien cesa con 20 años de aportación, sin llegar a los 65 años, la pensión sería de 500 soles, pero si llegamos a los 65 años trabajaremos más de 30 años, razón por la cual es injusto que se desconozca años trabajados. Ese es un trato discriminatorio, más porque el Estado a los policías les reconoce todos años trabajados, igual a los trabajadores administrativos y hace poco se ha aprobado una ley para hacer lo mismo con los trabajadores de salud. Nos parece muy bien, pero pedimos igualdad ante la ley”, señala.

La norma que cuestiona Paredes Gonzales fue promulgada durante la gestión de Jaime Saavedra Chanduví como titular de Educación, a quien considera como “el peor ministro en la historia de la educación del Perú”.

“Saavedra tuvo como directores nacionales a personas sin título. Una perla del collar: la directora nacional de Evaluación Docente, hasta el 31 de diciembre del 2018, Giuliana Espinoza Pesia, no tenía título profesional y es quien evaluó a profesores, a directores y la que retiró a docentes y directores del cargo. Hasta ahora no hemos tenido un buen ministro de educación. Algunos coincidentemente han sido profesores pero no han estado en aula y si han estado parece que nunca han asimilado ni han vivido la problemática. La actual ministra de educación es profesora, pero cuántos años ha trabajado en aula, qué sabe de las peripecias que de los maestros rurales”, indica Alex Paredes.

 

PENSIÓN DE LOS CESANTES

El decano del Colegio de Profesores del Perú sostiene que el país es sumamente ingrato con los maestros cesantes a quienes mantiene percibiendo pensiones ínfimas, que no se equiparan a las remuneraciones de los docentes activos debido a la eliminación de una disposición complementaria de la Constitución Política en el 2004.

Todos los trabajadores del Estado han sido clasificados en algunos de los dos regímenes pensionarios: el de la Ley 20530 y el de la Ley 19990. El primero tuvo sus últimos afiliados en 1974, pero el magisterio logró una ampliación hasta el 31 de diciembre de 1980. A partir de 1981 todos los docentes, sin excepción, fueron incorporados al régimen de la Ley 19990.

Una de las principales características del régimen 20530 es la célula viva, que permitía que todo incremento salarial del trabajador activo sea también percibido por el cesante. Empero, en el 2004, siendo Pedro Pablo Kuczynski, se derogó la Primera Disposición Complementaria de la Constitución de 1993, que señalaba que ambos regímenes pensionarios quedaban alteración.

“Si no se hubiese modificado esa parte de la Constitución los docentes cesantes hoy percibirían como los activos, pero en el 2004 el congreso derogó la disposición y emitió la Ley 28449 que solo beneficia a los congresistas cesantes para el cálculo de su pensión, determinando que este recibe una pensión equivalente de dos Unidades Impositivas Tributarias – UIT, y claro, estos no tienen la necesidad de hacer paros o huelgas porque la UIT cada año se incrementa, ¿la pregunta es y por qué no para los trabajadores del Estado? Eso hizo que los docentes mantengan, desde esa fecha, congelada su pensión”, afirma.

Este año se emitió un decreto supremo para el incremento de 30 soles a la pensión de los docentes cesantes. En el 2018 el incremento fue de 25 soles.

“Son los docentes cesantes mendigos del Estado, son víctimas de la una falsa práctica de valores, porque el valor que precia a un ser humano es la gratitud y en el caso de nuestros profesionales de educación, cesantes y jubilados, si de algo son carne es precisamente de la ingratitud. Lo que a nosotros nos cuesta aceptar es que tengamos a un presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, cuya madre fue maestra y cuya esposa es maestra de escuela pública, al que nadie le va a contar la historia, y quien no hace absolutamente nada por los maestros cesantes”, indica.

 

CALIDAD EDUCATIVA

Paredes Gonzales comenta que si bien los últimos debates sobre la educación se han centrado en el currículo escolar, este no es el único problema o debilidad que tiene el sector, pues hay necesidad de atender la carencia de infraestructura de calidad, la capacitación docente, la accesibilidad a escuelas equipadas y el cuidado por la correcta nutrición de los escolares.

“Esos son todos los elementos para tratar a la educación tal como está definida: la formación integral del ser humano. Para que eso se dé tiene que haber todos esos elementos, pero ahí entra a tallar la madre del cordero que es el presupuesto. Este año se cumplen 16 años de la Ley General de Educación, cuyo Artículo 83 señala que el presupuesto para Educación debe ser no menos del 6 % del Producto Bruto Interno – PBI”, afirma.

A ello se suma el Acuerdo Nacional del 2004 en el que los partidos políticos se comprometieron al incremento del 0.25 % del PBI al sector educación, ofrecimiento que nunca se cumplió.

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