Cuando el gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria por el Covid-19, el 16 de marzo pasado, uno de los problemas que se puso sobre la mesa fue la situación carcelaria. Se estima que a nivel nacional la población penitenciaria es de 97 mil reclusos, 30 mil de los cuales no tienen sentencia; es decir, están en los reclusorios cumpliendo mandatos de prisión preventiva como parte de las investigaciones en las que están inmersos. Ante ello, el Ejecutivo solicitó al Poder Judicial considerar la vulnerabilidad de los internos y variar los mandatos coercitivos para salvaguardar la vida de los más expuestos al contagio.
En Lambayeque, motivando una serie de reacciones, la emergencia sanitaria permitió que conocidos personajes involucrados en presuntos actos de corrupción o de criminalidad organizada salgan del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, al reconvertirse la prisión preventiva en arresto domiciliario o comparecencia. Aquí algunos ejemplos.
Serrato a su casa
Uno de los casos más resaltantes del ajuste de las medidas judiciales a las recomendaciones por la pandemia es el del exalcalde de Olmos Willy Serrato Puse, investigado como cabecilla de la organización criminal “Los faenones de Olmos”, por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, por supuestos ilícitos cometidos en el primer semestre de su tercer mandato municipal, entre enero y julio del 2019.
Serrato Puse, quien también es investigado por la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada – FECOR, por el caso “Los temerarios del crimen”, estaba recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo desde mediados de octubre del año pasado, cuando el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria – Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dictó el mandato cautelar en su contra por 24 meses.
A Serrato Puse, la FECOR, bajo la dirección del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, lo libró de la prisión preventiva en diciembre del 2018, cuando mediante acuerdo le otorgó comparecencia restringida con anuencia del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo,
Willy Serrato, quien se contagió de Covid-19 en el ex penal de Picsi, recibió la variación del mandato el 23 de junio, toda vez que la Segunda Sala Penal de Apelaciones ordenó el arresto domiciliario en su caso.
El caso Oviedo
Otro beneficiado directo de las medidas implementadas en el marco de la emergencia es el empresario Edwin Oviedo Picchotito, quien desde diciembre del 2018 se encontraba bajo prisión preventiva en el ex penal de Picsi, investigado como presunto cabecilla de la organización “Los Wachiturros de Tumán”.
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo del juez Carlos Chanamé Chumán, dictó la medida en contra del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, decisión que fue ratificada el 31 de diciembre del 2018 por la Primera Sala Penal de Apelaciones.
Iniciada la pandemia, su defensa solicitó que sea sometido a una evaluación médica a fin de descartar factores de riesgo ante el Covid-19 y disponga el cese de la prisión preventiva. Hecha la evaluación y habiéndose establecido que Oviedo Picchotito padece de obesidad mórbida e hipertensión, la Primera Sala Penal de Apelaciones decidió rechazar el pedido de los abogados, pero ordenó el arresto domiciliario a su favor.
Edwin Oviedo está acusado por la FECOR Lambayeque como autor mediato de la muerte de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte.
La salida de Noé
También vinculado a la organización “Los temerarios del crimen”, el médico Noé Cornejo Chinguel logró que el Poder Judicial, específicamente el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria – Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, variara la prisión preventiva dictada en su contra en diciembre del 2018 por el arresto domiciliario.
Noé Cornejo, hermano del exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, presunto cabecilla de la organización y recluido en el Establecimiento Penitenciario de Ancón – II (Piedras Gordas), es sindicado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – FECOR, de haber sido el lugarteniente en los actos de corrupción que la red habría cometido desde la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
De acuerdo al diagnóstico médico, Noé Cornejo padece de hipertensión arterial no controlada y desprendimiento de retina de ambos ojos, por lo que el Poder Judicial consideró que debía abandonar el establecimiento penitenciario.
El mandato de prisión preventiva impuesto en su contra por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria fue de 36 meses.
También Nilton
Investigado por el mismo caso (“Los temerarios del crimen”), Nilton Monje Sampén, exjefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT de Chiclayo, y exasesor del despacho de alcaldía en la administración de David Cornejo Chinguel, también abandonó el expenal de Picsi en el marco de la emergencia sanitaria.
Monje Sampén cumplía prisión preventiva desde diciembre del 2018 por mandato del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que estableció 36 meses como plazo de la medida cautelar.
Es investigado por presuntamente haber participado en el cobro de sobornos a empresarios de la construcción y del sector transportes, a cambio de la emisión resoluciones de autorización, licencias e incluso adjudicación de obras.
Ante la emergencia, el Poder Judicial ordenó que Monje Sampén cumpla arresto domiciliario.
Pérez Carranza
Igual decisión adoptó el Poder Judicial para el investigado Walter Pérez Carranza, quien se desempeñó como gerente de Infraestructura y Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque durante la gestión de Ricardo Velezmoro Ruiz, involucrado en el caso “Órdenes de servicio”, en el cual se indaga por la tramitación irregular de 94 contrataciones realizadas en la vecina provincia.
En junio del 2017 el Poder Judicial ordenó el mandato de prisión preventiva contra Pérez Carraza. Sin embargo, este se mantuvo prófugo de la justicia hasta que apareció el 2 de enero del 2019, en la ceremonia de juramentación del alcalde de Chiclayo Marcos Gasco Arrobas, quien lo había designado como jefe del Centro de Gestión Ambiental. Alertado que la policía se disponía a intervenirlo, huyó del acto público hasta que fue capturado en agosto del año pasado.
Para este, se ha dispuesto también la variación de la prisión preventiva por el arresto domiciliario.
Con comparecencia
Otro personaje que abandonó el expenal de Picsi en el marco de la emergencia sanitaria es el exregidor de Chiclayo Alfredo Montenegro Bermeo, pero a diferencia de los antes citados lo hizo con mandato de comparecencia simple.
El 5 de junio el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo rechazó el acuerdo de terminación anticipada presentado por la FECOR Lambayeque respecto de las imputaciones hechas sobre Montenegro Bermeo, en el que este aceptaba los cargos de corrupción que le han sido señalados en el marco del caso “Temerarios del crimen”. El acuerdo versaba sobre el delito de tráfico de influencias.
Empero, el juzgado dispuso cesar el mandato de prisión preventiva, acogiendo lo solicitado por la fiscalía para que se le imponga la comparecencia simple, quedando obligado a acudir las veces que sea citado por la autoridad fiscal, policial o judicial.
Caso Roncal
El caso del empresario Carlos Roncal Miñano es particular. La FECOR Lambayeque lo sindica como integrante de la presunta organización denominada “La hermandad del norte”, con la cual habría participado en la muerte del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, ocurrida el 23 de diciembre del 2015.
Roncal Miñano ingresó, por orden del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo al expenal de Picsi en mayo del 2018, debiendo cumplir el mandato de 36 meses de prisión preventiva. Debido a su estado de salud (hipertensión arterial y diabetes), el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió el junio de este año variar dicha medida por el arresto domiciliario.
Sin embargo, la decisión de la jueza Cecilia Grandez Rojas no se ha hecho efectiva debido a que Roncal Miñano tiene en su contra una sentencia a 13 años de prisión (cinco por el delito de defraudación tributaria y ocho por lavado de activos), dictada en primera instancia en enero de este año por el Segundo Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
Aun cuando la sentencia se encuentra en apelación, el Poder Judicial ha decidido no dar cumplimiento a la decisión de Grandez Rojas, por lo que el empresario permanece recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, donde a mediados de julio contrajo Covid-19.
Los exalcaldes
Quienes tampoco han logrado salir de la prisión son los exalcaldes de Chiclayo Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel.
El primero, burgomaestre entre el 2007 y septiembre del 2014, es procesado por el caso “Limpios de la corrupción”, cuyas diligencias están a cargo de la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, habiéndose logrado a la fecha algunas sentencias por delitos menores. Está pendiente la acusación por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Torres Gonzales, quien siendo alcalde sufrió varios derrames faciales, tiene además diabetes y otras complejidades a su salud. En su caso, su defensa ha solicitad el indulto humanitario, cuyo expediente fue ingresado el mes pasado a la Comisión de Gracias Presidenciales para su revisión.
Respecto a David Cornejo Chinguel, alcalde entre enero del 2015 y noviembre del 2018, como se ha dicho se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Piedras Gordas. El Poder Judicial rechazó variar la medida por el arresto domiciliario, decisión que ha sido ratificada en segunda instancia. Si bien se ha reconocido a nivel jurisdiccional que padece de enfermedades crónicas y que su salud está en peligro por el Covid-19, el Poder Judicial tiene la convicción de que su excarcelación representa peligro procesal.
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