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PESE A QUE ESTÁN CONECTADAS A INTERNET: MENOS DEL 40 % DE LAS EMPRESAS EN EL PERÚ UTILIZA LA BANCA ELECTRÓNICA

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1175

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  • La transformación digital pospandemia puede incidir en las operaciones de los modelos de negocio con cambios en la venta y entrega de bienes y servicios.
  • En Latinoamérica, solo el 58 % de alumnos asistían a escuelas con profesores capacitados en herramientas tecnológicas antes de la pandemia.

 

El Fondo Regional para el Desarrollo en Transición para América Latina y el Caribe, liderado por la Unión Europea e implementado conjuntamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ – OCDE, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, presentó el informe ‘Perspectivas económicas de América Latina 2020: Transformación digital para una mejor reconstrucción’, mediante el cual abordan la contribución de las tecnologías digitales para mejorar la productividad. En el caso del Perú, una de las estadísticas que se resalta es que hasta antes del inicio de la pandemia menos del 40 % de las empresas utilizaba la banca electrónica.

 

Asimismo, solo entre el 10 % y 20 % de las empresas usaban plataformas digitales para adquirir insumos, pese a que cerca del 100 % de las organizaciones contaban con alguna conexión a Internet. De los ocho países consultados en la estadística (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México y Uruguay), Perú era el país que menor uso hacía de la banca electrónica.

En virtud de ello, se señala en el informe que la economía posterior a la pandemia se caracterizará por un incremento de la digitalización en el sector empresarial, lo cual será clave para los nuevos modelos de explotación, toda vez que las empresas tendrán que adoptar tecnología para procesar una mayor cantidad de información, a fin de mejorar los procesos de decisión. Ergo, esto incidiría en la reingeniería de los modelos de negocio, principalmente en la forma de la venta y entrega de bienes y servicios.

 

Hogares

El informe revela que existe una diferencia de casi el 40 % en cuanto al acceso a Internet de los hogares en Latinoamérica y el Caribe que pertenecen al quintil más rico (75 %), respecto a los del quintil más pobre (37 %). Entre los países miembros de la OCDE esta diferencia se sitúa por debajo del 25 %.

Al respecto, el uso de Internet supera el 60 % en la población, cuya edad oscila entre los 15 y 34 años, a comparación de quienes tienen entre 65 y 74 años, que mantienen un registro de conectividad del 18 %. Superada esa edad, el índice disminuye al 8 %. Si se compara la proporción entre usuarios de la zona urbana y rural, los primeros hasta cuadriplican en algunos países la conectividad.

 

Trabajo

Por otro lado, el informe menciona que – según la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos, de la OCDE - menos de la mitad de los latinoamericanos de entre 15 y 65 años ha usado una computadora o tiene la experiencia suficiente para poder usarla en la realización de tareas profesionales básicas, ya que sus tareas se limitan a recabar información (73 %) y usar el correo electrónico (69 %). Además, menos del 10 % utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, para tareas más avanzadas.

Según las estimaciones del análisis ocupacional de la CEPAL, el 16 % de los empleos en América Latina y el Caribe presentan un alto riesgo de automatización; es decir, que dichas actividades realizadas por personas pasen a ser desarrolladas por dispositivos tecnológicos. Esta estadística va desde el 5 % en Bolivia hasta el 29 % en Uruguay.

En tanto, el 25 % de puestos de trabajo en promedio corre el riesgo de automatización en Chile, Ecuador, México y Perú, y un 35 % podría experimentar cambios importantes en la forma de desarrollar sus tareas. Por lo mencionado, el informe refiere que los sistemas de protección social deberán reinventarse para garantizar una mejor cobertura, que incluya a trabajadores atípicos, como los de la economía bajo demanda. A comparación de Europa, donde la mitad de trabajadores utiliza las TIC, en Latinoamérica solo es un tercio.

“La crisis del Covid‑19 también pone de manifiesto que la brecha digital de la región es un tema urgente, ya que los trabajadores pobres y vulnerables que no disponen del acceso ni de las competencias para beneficiarse de las herramientas digitales se están quedando atrás. Los que permanezcan al margen de estas nuevas herramientas digitales posiblemente se verán más afectados por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la crisis, lo cual acrecentará las desigualdades socioeconómicas”, explica el informe.

 

Educación

Por otro lado, el uso de herramientas digitales está ligado al rendimiento académico, ya que – según la OCDE – los alumnos con mejores puntuaciones en las pruebas del Programme for International Student Assessment- PISA, por sus siglas en inglés, son aquellos que empezaron a utiliza las TIC antes de los nueve años, a comparación de aquellos que recién las usaron desde los doce.

Del mismo modo, el informe indica que en las escuelas de América Latina y el Caribe  el uso de Internet creció más del doble entre el 2012 y el 2018, sobre todo en los estudiantes de 15 años, cuya aplicación llegó a más de una hora al día. No obstante, la brecha persiste según la ubicación geográfica, pues los estudiantes de entornos urbanos tienen casi un 25 % más de probabilidades de utilizar redes sociales que sus compañeros de entornos rurales.

Asimismo, menos del 14 % de estudiantes de primaria considerados como pobres contaban en el 2018 con una computadora en casa con conexión a Internet, cifra mucho más baja que la de sus homólogos de condición acomodada (80 %). En cuanto a centros educativos, el 95 % de las escuelas de los países miembros de la OCDE cuenta con computadoras conectadas a la red, pero el global en América Latina y el Caribe es del 74 %.

Además, en Latinoamérica, solo el 58 % de alumnos asistían a escuelas con profesores capacitados en herramientas tecnológicas antes de la pandemia.

 

Instituciones públicas

Según el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas, elaborado en el 2018,  Argentina, Brasil, Chile y Uruguay están entre los primeros 50 países que han avanzado hacia la transformación digital de sus gobiernos. El Perú está por debajo de estos países, además de Colombia y México, pero arriba de Ecuador, Panamá, Bolivia y Venezuela. En contraparte, los países de América Latina con menor avance son Nicaragua, Belice, Cuba y Haití.

Una de las principales dificultades para caminar hacia la digitalización de las instituciones públicas es la escasa confianza de la población en sus gobiernos. Según la empresa estadounidense de análisis y asesoría ‘Gallup’, en el 2008 la confianza de los latinos en sus gobiernos era del 45 %, pero para el 2018 bajó al 26 %. El principal factor que originaba esto era la percepción de la corrupción que asciende al 79 %.

El informe señala que la transformación digital puede ayudar a los gobiernos a recuperar la confianza, aprovechando las oportunidades que brindan los datos gubernamentales abiertos que crean una cultura de transparencia, integridad y responsabilidad social. Dos ejemplos de esto son Colombia y Brasil. En el caso del primero, el Estado ha creado la plataforma ‘MapaRegalías’ que muestra el origen y el destino de los recursos financieros obtenidos con la explotación de los recursos naturales, con lo cual se han identificado numerosas irregularidades; mientras que el segundo cuenta con el Observatorio de Gasto Público que realiza el seguimiento de los datos sobre gasto en adquisiciones y contrataciones y los contrasta con los de otras bases de datos gubernamentales para identificar situaciones atípicas.

Del mismo modo, se considera  valiosa la elaboración de la ‘Agenda Digital’ como documento de políticas públicas. En el caso de Perú, el informe apunta que esta cuenta con objetivos explícitos, con una comisión intergubernamental definida y en menor medida pone énfasis a la creación de un ministerio especializado en las TIC y en a consulta pública.

Sin embargo, hay tres características en las que la ‘Agenda Digital’ del Perú no pone énfasis: la coordinación con los grupos de interés para hacerle seguimiento, contar con metas o indicadores de monitoreo y un presupuesto explícito para su ejecución.

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