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POR MANEJOS DE LA OTASS: Exigen que se declare en emergencia a EPSEL

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1201

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  • El SUTSELAM denunció la presunta comisión del delito de peculado en la reparación de maquinaria.

Han pasado más de tres años y medio desde que el Organismo Técnico para la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, asumió la administración de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, como parte del Régimen de Apoyo Transitorio.  El objetivo fue mejorar la eficiencia de la empresa y reflotarla, a través de la sostenibilidad económica, financiera, de gestión y en la prestación de los servicios.

Sin embargo, para los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque – SUTSELAM, nada de eso se ha conseguido. A juicio de Marco Castañeda Serrano, secretario del gremio, la intervención de OTASS ha resultado en un “rotundo fracaso” con vicios de corrupción, lo que amerita la búsqueda de un nuevo modelo de gestión, en el que participen los municipios, la sociedad civil organizada y el gobierno regional.

“No lo digo yo, lo dice toda la sociedad civil (…) En La Molina Alta, La Molina Baja, Cerropón, en los 23 pueblos jóvenes de La Pradera, en Santo Toribio de Mogrovejo, Jorge Basadre, Fernando Belaúnde, en todos los pueblos jóvenes hay problemas de agua (…) No es posible que un directorio lleve tres años y ocho meses encerrado entre cuatro paredes en Lima, habiendo desgraciado el servicio en Lambayeque”, asegura Castañeda Serrano.

Anota que este pedido de emergencia se le hizo en febrero del año pasado a los congresistas Humberto Acuña, Rita Ayasta, Jorge Pérez y Rolando Campos, pero tampoco han mostrado interés. Recientemente, SUTSELAM formó parte de la comisión de la sociedad civil que se reunió con cinco consejeros regionales, a fin de exponer la situación del servicio de agua en Lambayeque,

“Han quedado en invitarnos al pleno del Consejo Regional para hacer la exposición de la situación crítica por la que atraviesa EPSEL, producto de los funcionarios que no han sido competitivos y que solo han venido a hacer un cambio de maquillaje. Los que han estado durante estos tres años y ocho meses ya no deben continuar, porque su gestión ha fracasado”, asevera.

Maquinaria

Por otro lado, Marco Castañeda denuncia que hace dos años y medio, durante la gestión de Óscar Pastor como director ejecutivo de OTASS, cinco máquinas de balde (unidades mellizas) fueron llevadas a Lima para que sean reparadas. Sin embargo, estas retornaron en la quincena de abril a Chiclayo sin ninguna mejora.

Subraya que este hecho fue denunciado inicialmente ante la alta dirección de EPSEL, a fin de que se inicien las investigaciones internas y se determine a los funcionarios responsables para abrir los procesos administrativos disciplinarios correspondientes. No obstante, la solicitud del sindicato cayó en saco roto.

En virtud de ello, el hecho fue denunciado ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, toda vez que las autoridades de EPSEL y la OTASS habrían incurrido en el presunto delito contra la administración pública, en la figura de peculado agravado, debido a que se habrían gastado más de 40 mil soles por derecho de garaje en Lima, además del flete, tanto de ida como vuelta.

“Estas máquinas cumplen una función importantísima en el alcantarillado. Las máquinas de balde son las que hacen la limpieza de los colapsos en las tuberías del desagüe. Han estado como dos años y medio botadas en Lima y nadie se ha interesado en repararlas. Me pregunto para qué se fueron estas máquinas si muy bien se pudieron reparar en Chiclayo”, indica.

Actualmente, EPSEL solo cuenta con una máquina de balde, con la cual se atienden las emergencias en las tuberías de alcantarillado y el drenaje de agua.

Hidrojets

Además, señala que en la misma fecha en que se llevaron las máquinas de bale a Lima también se llevó un hidrojet, el cual permanece aún en la capital, pero tampoco habría sido reparado. Actualmente, EPSEL cuenta con cuatro hidrojets paralizados y uno solo operativo, que pertenece a Chiclayo. Además, hay otros dos que funcionan, pero son de Lima.

“Hay un hidrojet que tiene dos años sin ser reparado, desde que falleció su conductor; otro lleva un año. Esta maquinaria está paralizada por dos mil soles o tres mil soles. Es una negligencia. Estos funcionarios deben ser destituidos, sancionados”, apunta.

Consecuencias

Refiere que la carencia de estas máquinas de balde trae como consecuencia que los tres emisores principales de José Leonardo Ortiz se encuentren colapsados, lo que ocasiona problemas en los desagües.

“Por todos los pueblos jóvenes por los que uno va la gente grita por agua y apenas les abastecen a cuentagotas por cisternas. Todo esto es producto de un mal manejo, de un manejo irregular, de no haber dado mantenimiento preventivo a los pozos, que son los que manejan el agua, y a las cámaras, que son las que manejan el tema del alcantarillado. Cómo no vamos a pedir que se declare en emergencia a la empresa, cuando ya lo que vivimos en realidad es una verdadera emergencia”, anota.

Afirma que como sindicato han tomado conocimiento de que OTASS está programando 17 millones de soles para la ejecución de nuevos proyectos, hecho que solo demostraría el desconocimiento de los directivos, pues lo que urge en este momento es la reparación de los pozos para dotar de agua a la población.

Trabajadores

Por otro lado, manifiesta que ya son 159 los trabajadores de EPSEL que se han contagiado del COVID-19, de los cuales 15 han fallecido. El más reciente, a quien rindió homenaje, fue Federico Delgado Idrogo, trabajador del Área de Mantenimiento de Redes.

“Desde el 16 de marzo del año pasado, el sindicato no ha dejado de atender a ningún compañero. Gracias a dios hemos tenido recursos, que supimos manejar con bastante responsabilidad, pero la empresa ni un mejoral ha dado, por eso venimos criticando a toda la gente de OTASS. Son inhumanos, porque no le han dado la seguridad ni la garantía a estos trabajadores para que puedan realizar sus labores con tranquilidad”, acota.

Comenta que actualmente EPSEL cuenta con 61 trabajadores dedicados al alcantarillado, de los cuales 20 están con licencia.

Anota que existe un déficit de personal operativo en las distintas zonales. Por ejemplo, en Ferreñafe se necesitan al menos ocho trabajadores más; en Lambayeque, 10; en la zonal sur (Monsefú), 12; y entre Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz, 25.

Pese a la carencia, asegura que hay un promedio de 50 plazas disponibles para personal operativo, que han ido quedando libres por causa de los trabajadores que se han jubilado. Sin embargo, afirma que en la gestión de Arturo Colchado se contrataron a 17 administrativos, que en esta emergencia sanitaria resultan innecesarios.

Nueva gerente

El pasado 6 de abril, a través de la Resolución N° 000004-2021-OTASS-CD, OTASS ordenó la conclusión de la designación de Arturo Colchado Bolívar como gerente general de EPSEL y nombró en su lugar a Gisela del Rocío Zelada Cortez. Una de las primeras acciones que ha tomado la funcionaria es convocar a los trabajadores a una reunión, a fin de conocer a detalle la situación en la que desempeñan sus labores y las denuncias que han realizado.

“He conversado con la nueva gerente y le he dicho que no tengo nada que criticarle. Los trabajadores y quienes somos directivos tenemos que acostumbrarnos a ser responsables. Ella ha iniciado con la vía del diálogo y estoy contento con ello, pero es necesario que sepa que tiene que cortar las cabezas de los funcionarios que no han servido a la gestión. Como secretario general le daré mi respaldo a ella como chiclayana, en función de que tome las medidas que sean acertadas para mejorar la gestión y que tengan un efecto favorable en la población”, afirma.

Explica que como trabajadores también tienen una serie de demandas que van a plantearle a Zelada Cortez. Una de estas es que los 41 trabajadores operativos laboren en dos turnos, de modo tal que cada grupo trabaje una semana y descanse otra, a fin de proteger su salud.

Además, también le pedirán que agilice la contratación de personal operativo, priorizando a los hijos de los trabajadores fallecidos, sobre todo porque ya existen las plazas presupuestadas.

“Finalmente, vamos a pedir la intervención de la Contraloría, porque es necesario que se revise el Caso Veolia; la línea de impulsión, que cuesta seis u ocho millones de soles; los proyectos en las lagunas Boró I y Boró II. Todos deben ser revisados, en salvaguarda de los intereses de la empresa y la población en general “, afina.

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