Semanario Expresión up

LECTURA OBLIGADA

Escrito Rosa Amelia Chambergo Montejo
Edición N° 1150

En los últimos días han sucedido dos hechos en el país que son de obligada lectura para la clase política: los resultados de las elecciones extraordinarias para el Congreso de la República y el mandato de prisión preventiva contra Keiko Fujimori Higuchi, presidente de Fuerza Popular.

 

Indudablemente la población expresó su descontento, rechazo y desconfianza en las organizaciones que en las últimas décadas jugaron como protagonistas en la política nacional. Que Acción Popular sea el único de los partidos en alcanzar un notable respaldo en las urnas, no es tampoco una casualidad.

Quizá, para gran parte del electorado ha significado mucho el recuerdo que dejó para la historia los dos gobiernos de Fernando Belaunde Terry y el mandato de transición de Valentín Paniagua Corazao, que al margen de los errores propios a todo ejercicio del poder estuvieron libres de escándalos de corrupción. Sin embargo, también es notable el rol que un solo congresista del partido de la palana jugó en el Congreso disuelto en septiembre del 2019: Yonhy Lescano Ancieta.

El representante por Puno supo desmarcarse de la lamentable imagen que otro acciónpopulista como Víctor Andrés García Belaunde proyectó, tan cercano al fujimorismo y casi casi jugando en pared con las posiciones que este adoptaba junto a la bancada aprista. La principal muestra de esta discrepancia abierta fue que García Belaunde y compañía votaron para suspender al presidente Martín Vizcarra tras la disolución del Congreso y avalaron la juramentación de la vicepresidente Mercedes Aráoz, en tanto Lescano se mostró en contra.

Estratégicamente Lescano visitó la mayor parte de los departamentos acompañando a los candidatos de la palana en sus actividades proselitistas, mantuvo el discurso crítico hacia el ala que representa García Belaunde y eso caló. Acción Popular es hoy la principal fuerza política nacional con el 10.31 % de los votos válidos, que significa algo más de un millón 300 mil adhesiones.

La sorpresa de los comicios congresales la personifican el FREPAP y Unión Por el Perú – UPP. El primero, un partido constituido a fines de los 80 bajo el liderazgo religioso de Ezequiel Ataucusi. El segundo, nacido para las votaciones de 1995 bajo el liderazgo de Javier Pérez de Cuéllar. El primero con un pensamiento teocrático; el segundo con una marcado viraje a lo radical, aupado esta vez por el apoyo de los seguidores de Antauro Humala, principalmente en el sur del país.

El FREPAP y UPP han recibido, sin duda, la cuota de indignación que los electores – hasta días antes del 26 de enero – pensaban embolsar en el rubro de “nulos” y “blancos”. Dos reflexiones se desprenden de esto: por un lado que ni los medios de comunicación ni las encuestadoras advirtieron lo que se vio con los primeros resultados oficiales, y que el trabajo silencioso de ambas organizaciones le permitió ganar espacios que en el 2016 había logrado el Frente Amplio.

Se estima que el próximo Congreso tendrá nueve bancadas. El triunfo se le quemó en la puerta del horno a Juntos por el Perú, que hasta el cierre de esta edición se mantenía con 4.77 % de los votos nacionales, a 23 décimas de llegar a la valla electoral que le permita ingresar al Legislativo.

Lo sucedido con la izquierda deja también otra lectura sobre la cual sus líderes deberían pensar y repensar: divididos pierden. El Frente Amplio, según la ONPE, ha logrado el 6.22 % de los votos, que sumado a lo de Juntos por el Perú le hubiera dado a la izquierda el 10.9 %, constituyéndose en la primera fuerza política nacional. Si a ese porcentaje se le suma el 3.44 % que logró Perú Libre, de Vladimir Cerrón, hablamos de cosas mayores.

En consecuencia, los resultados del domingo 26 de enero describen un nuevo panorama nacional, con mayor fragmentación política y que supone un enorme reto no solo para el Congreso que jurará en marzo, por la necesidad de consenso para sacar adelante las reformas que urgen en el país, sino también de cara a las votaciones generales del 2021.

Lo otro es el notable rechazo expresado en las urnas a organizaciones como Fuerza Popular, el Partido Aprista Peruano, Solidaridad Nacional y el Partido Popular Cristiano, casualmente las que han llevado la batuta política en los últimos años. Respecto a Alianza Para el Progreso lo que se puede decir es que lo que César Acuña Peralta, su líder fundador, considera un éxito rotundo, puede ser solo un canto de sirenas.

En Lambayeque, Alianza Para el Progreso es – según la ONPE – la quinta fuerza política, pese a que el hermano del fundador, Humberto Acuña, dos veces gobernador regional, era la cabeza de la lista congresal. Acuña tuvo poco más de 21 mil votos, pero otro de los fundadores de APP, Guillermo Segura Díaz, solo llegó a seis mil 700 votos.

Si en las municipales y regionales APP quedó en segundo lugar para la gobernación de Lambayeque y la alcaldía provincial de Chiclayo, y logró los municipios de Lambayeque y Ferreñafe, ¿cómo se explica que hoy sea la quinta agrupación con respaldo ciudadano? Algo está pasando y quizá los líderes apepistas no lo quieren ver aún.

Por otro lado, el mandato de prisión preventiva por 15 meses que el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, especializado en criminalidad organizado, dictó el martes contra la presidente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, abre un nuevo escenario, el que según las propias palabras de la ex candidata presidencial será de “respuesta política”.

Los argumentos del juez Víctor Zúñiga son, en opinión de varios juristas, contundentes. La audiencia para revisar el requerimiento de la fiscalía fue maratónica. Exactamente duró un mes y en una extensa resolución el juzgador fue determinando uno a uno los presupuestos para dictar la medida coercitiva contra Fujimori Higuchi.

Víctor Zúñiga ha dicho que no hay arraigo domiciliario, que hay peligro de fuga, que el trabajo que Keiko Fujimori argumenta tener como presidente del partido anaranjado no es suficiente por cuanto – de acuerdo a la tesis fiscal – fue desde ese puesto que habría cometido los ilícitos que se le imputan. De confirmarse la decisión del magistrado, Fujimori Higuchi recobraría su libertad en abril del próximo año, en pleno proceso de elecciones.

El juez negó la posibilidad de que se pague caución, de variar la prisión preventiva por arresto domiciliario o comparecencia restringida, pero también ha sido enfático en señalar que el período concedido a la fiscalía debe incluir el inicio del juzgamiento.

Así, el país ingresa en una nueva etapa, la misma que demanda no solo del diálogo entre los actores políticos, sino también de la participación y fiscalización activa de la sociedad civil.

Aprovecho estas líneas para anunciar el inicio de nuestro período vacacional, deseosos de reencontrarnos en la tercera semana de febrero con mayor información y los contenidos que ustedes, generosos lectores, prefieren hacen 26 años. 

 respuesta de DANIEL SANTOS el 2019-09-11.

Importante implementarlo en Perú en todas aquellas obras por iniciar o en proceso de licitación.

Deja tu Comentario