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JUEZ OTORGA 10 DÍAS DE PLAZO PARA IMPLEMENTAR ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2015 EN EL CGT

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1009

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Si es que en los próximos días el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, no cumple con dar cumplimiento a la resolución de sentencia de Proceso Constitucional de Cumplimiento N° 7, del 24 de octubre del año 2016, amparada en el expediente judicial N° 01676-2016-0-1706-JR-CI-04, emitida por el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, será denunciado penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad, y podría ser condenado hasta con tres años de cárcel e inhabilitado en el cargo.

 

La acción penal contra la autoridad edil se debe a que, en su momento el juez dispuso se le diera 10 días de plazo, juntamente con el ex jefe del Centro de Gestión Tributaria - CGT de Chiclayo,  Nilton Monje Sampén, para que cumpla con dar cumplimiento a la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH.

 

La mencionada disposición emanada en sesión ordinaria de concejo, consiste en dar facultades al titular del pliego, para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo Reglamento de Organización de Funciones -ROF, así como la estructura orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes.

 

De acuerdo a la resolución de sentencia de Proceso Constitucional de Cumplimiento N° 7, del 24 de octubre del 2016, la demanda realizada por Víctor Luna Victoria Menacho está referida a que algunos funcionarios del CGT demuestren por qué actualmente existen nuevos cargos sin contar con funciones específicas, así como las razones por las cuales se han visto beneficiados con llamativos incrementos económicos en sus haberes salariales.

 

CASO OMISO

Ante el incumplimiento de los plazos que la ordenanza edil establecía para su implementación, la que hasta la fecha no se han cumplido a pesar de haber transcurrido dos años, el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, admitió a trámite la demanda de Proceso Constitucional de Cumplimiento, en contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Centro de Gestión Tributaria.

 

El 27 de abril del 2015, mediante sesión de concejo, bajo la presencia del alcalde David Cornejo Chinguel, y la asistencia reglamentaria de los regidores, se analizó el proyecto del Reglamento de Organización y Funciones, y la propuesta orgánica del CGT, la cual, luego de un arduo debate, se aprobó y se acordó plasmarla en la Ordenanza Municipal N° 009-2015.

 

La norma edil local fue publicada en el diario oficial el pasado 3 de mayo, mediante memorando N° 070-2016-MPCH/SG.II.RRPP, suscrito por la responsable de Imagen Institucional Angélica Atoche Cuadros, pero hasta ahora no se ha cumplido. Es decir, en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo no existe Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, entre otros instrumentos de gestión, como el CAP, PAP, Manual Interno, PIA 2016, POI2016 y PEI 2016-2018, TUPA, MAPRO y MPP.

 

APELACIÓN

La resolución judicial fue apelada por la Procuradora Pública Municipal, Karen Bustamante Sipión, quien con anticipación había advertido al alcalde David Cornejo Chinguel de la gravedad de la condena, la que le podría significar una denuncia penal si la ignora. Además, le recuerda que la sentencia de esta naturaleza fue a raíz de la negligencia del ex jefe del Centro de Gestión Tributaria, Nilton Monje Sampén, y del mal asesoramiento legal que tuvo en su momento.

 

Sin embargo, el magistrado Héctor Conteña Vizcarra, mediante Resolución N° 09-2017, del 24 de enero del presente año, declaró inadmisible e improcedente la apelación por haber sido presentada fuera de plazo.

 

No obstante, la Procuraduría Pública de la municipalidad de Chiclayo presentó el 6 de febrero pasado un escrito –fuera de plazo- en el que deduce nulidad contra la Resolución N° 09-2017, mediante recurso de queja, la cual -por carácter de la Ley- se había convertido en impugnable debido a que la sentencia adquirió carácter de cosa juzgada.

 

NUEVA RESOLUCIÓN

Es así que con Resolución N° 10, del 8 de febrero último, el titular del Cuarto Jugado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, resolvió declarar improcedente la nulidad interpuesta por la Procuraduría Pública municipal de Chiclayo contra la Resolución N° 9.

 

Además, declaró consentida la Resolución N° 7, del 24 de octubre del año 2016, y dispone requerir a la parte demandada; es decir, a David Cornejo Chinguel y a Nilton Monje Sampén, cumplan en el plazo de 10 días en implementar y acondicionar  lo que se dispone en los artículos 2 y 3 de la Ordenanza Municipal N° 009-2015-MPCH, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.

 

DEBE CUMPLIR

El 7 de marzo último, Víctor Luna Victoria Menacho cursó la carta N° L034-2017 al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y le solicitó que cumpla en el día y bajo responsabilidad con lo ordenado en la Sentencia Constitucional de Cumplimiento, mediante Resolución N° 10 del expediente judicial 01676-2016-0-1706-JR-CI-04.

 

De igual manera, Víctor Luna Victoria se reservó el derecho de iniciar las acciones penales que pudiesen dar origen por el incumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 009-2015, debido a que hasta la fecha no existe aprobado un TUPA en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo. Además, no se han adecuado al régimen disciplinario de la Ley Servir.

 

¿TEMOR?

Conocedor del contenido de la resolución del magistrado, mediante carta N° 050-2017-MPCH-A, del 10 de abril último, el alcalde David Cornejo Chinguel se dirige al demandante, Víctor Luna Victoria Menacho, para hacerle conocer el contenido del oficio N° 01-013-000000056-2017 remitido por el jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Nicolás Mondoñedo Chávez, el día 17 de marzo del presente año.

 

David Cornejo, señala que el jefe del CGT le hace conocer que el Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA- ha sido remitido a la municipalidad de Chiclayo.

 

Asimismo, le indica que mediante memorando N° 205-2017-MPCH-GAJ, el TUPA ha sido derivado a la subgerencia de Contabilidad y Costos para su análisis y determinación de costos.

 

LA ACCIÓN

La mencionada Ordenanza Municipal cuenta con cinco artículos, pero en su Artículo 2 señala: “el de dar facultades al titular del pliego, para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo ROF, así como la estructura Orgánica”, para el CGT.

 

El Artículo 3 encarga al jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, en ese momento Nilton César Monje Sampén, el cumplimiento de lo dispuesto, de acuerdo a sus funciones y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes”.

 

“En el actual CGT no existen las funciones específicas del señor Ángel López Castro, quien en la actualidad se desempeña como jefe de la División de Control y Recaudación de la Deuda. De igual manera, la señora Jenny Valiente Vásquez, se desempeña como jefa de la División de Atención al Administrado, así como de Juan Arturo Boyer Ramos, quien es docente de carrera y se desarrolla como jefe de la Sección de la Recaudación no Tributaria del Centro de Gestión Tributaria Los cargos aparentemente fueron aprobados entre ellos, pero es el caso que a la fecha no existen en el Manual de Organización y Funciones del CGT, y mucho menos se han adecuado a la Ley Servir”, explicó Luna Victoria.

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EN EL CASO DE JORGE INCHÁUSTEGUI: JUEZA CECILIA GRÁNDEZ DESOBEDECE A LA SALA SUPERIOR

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1009

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Vocales Bravo Llaque, Solano Chambergo y Quispe Díaz ordenaron que juzgado emita nueva resolución respecto al investigado, pero jueza convoca a nueva audiencia para discutir el pedido de excarcelación.

 

Por unanimidad la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque anuló la Resolución N° 3, del 20 de marzo pasado, emitida por la juez Cecilia Grández Rojas, titular del Cuarto Juzgado Investigación Preparatoria de Chiclayo, que declaraba infundado el cese de prisión preventiva a favor de Jorge Incháustegui Samamé, ordenándole la renovación del acto procesal de manera perentoria.

 

El cese de prisión preventiva había sido solicitado por tercera vez y promovido por la defensa de Jorge Incháustegui Samamé, investigado del caso “Limpios de la corrupción”, en la causa penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos en agravio del Estado y la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Sin embargo, lejos de atacar lo dispuesto por los magistrados del órgano superior, la jueza ha convocado a audiencia para volver a discutir los argumentos de la defensa del exfuncionario de la comuna.

 

Para Agustín Vásquez Paz, el proceder de la magistrada constituye una vulneración a los Derechos Humanos, pues de manera inexplicable el 17 de abril emitió la Resolución N° 7, convocando a audiencia, cuando correspondería solamente emitir una nueva resolución en base a aspectos ajenos a la naturaleza jurídico procesal de lo instruido por el superior jerárquico.

 

La defensa de Jorge Incháustegui añade que los magistrados superiores que emitieron la Resolución N° 6, del pasado 10 de abril, César Bravo Llaque, Raúl Solano Chambergo y Erwin Quispe Díaz, establecieron la renovación del acto procesal; es decir, emitir una nueva resolución.

 

“La acción que viene adoptando y que ha tomado la jueza Cecilia Grández conlleva a la determinación de la existencia de una afectación flagrante del derecho de defensa de mi patrocinado, así como al debido proceso y a la debida motivación, y que lo expone a una innecesaria y arbitraria carcelería, que cada día se dilata en forma innecesaria”, sostiene el letrado.

 

INCONGRUENTE RESOLUCIÓN

Agustín Vásquez Paz detalla que en la resolución emitida por el superior jerárquico, tanto en su parte considerativa como en la resolutiva, los vocales anulan la resolución de la jueza por ser incongruente y estar indebidamente motivada, especialmente por no haberse dado respuesta a los innumerables medios de convicción invocados por la defensa técnica, así como otras razones señaladas en la resolución emitida por la sala superior.

 

El elemento de convicción presentado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo para solicitar la prisión preventiva contra Jorge Incháustegui fue la existencia de una presunta llamada telefónica entre este y el exalcalde Roberto Torres Gonzales, en la que este último increparía el cobro de supuestas coimas para la autorización de una construcción en la Urbanización Santa Victoria.

 

Durante el proceso de investigación, se ha establecido que si bien pudo realizarse la llamada telefónica entre Roberto Torres Gonzales y Jorge Incháustegui Samamé, el cotejo de llamadas del reporte alcanzado demuestra que Luis Alberto Barrantes Piscoya, uno de los colaboradores en la investigación que se sigue en el caso de “Los Limpios de la Corrupción”, no estuvo presente en dicho momento, como inicialmente sostuvo al someterse a colaborar con la justicia para evitar ser recluido en el penal de Picsi.

 

La defensa técnica de Jorge Incháustegui también ha demostrado que Luis Alberto Barrantes Piscoya ha mentido en sus declaraciones como colaborador, al señalar que  almorzó con el exalcalde de la municipalidad de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, y fue testigo de supuestas conversaciones entre este y Jorge Incháustegui.

 

Sin embargo, ha quedado demostrado que dicho colaborador nunca estuvo presente en las conversaciones como en su momento sostuvo, ya que cuando los diálogos supuestamente se produjeron este se encontraba en el distrito de José Leonardo Ortiz, lugar distante a la intersección de las calles Los Sauces y Libertad, en la urbanización Santa Victoria, lugar donde se encontraba la ex autoridad municipal.

 

“En la acusación contra Jorge Incháustegui también se destaca que la versión del colaborador eficaz CE-70-2014, acerca de las llamadas de Torres Gonzales a Jorge Incháustegui, para que agilice la licencia de la tienda Ripley, dada su condición de Gerente de Urbanismo y Presidente de la Comisión Revisora de Proyectos, mediante los integrantes de dicha comisión se ha dejado establecido que Incháustegui nunca hizo intromisión, más bien las funciones fueron derivadas al señor Mendoza Oliden”, señala el abogado.

 

DESOBEDIENCIA

El letrado señala que resulta claro, que en momento alguno se ha anulado la audiencia de cesación llevada a cabo, por lo que la nulidad señalada por la Sala Revisora no puede extenderse a los alegatos formulados por la defensa técnica y del Ministerio Público, lo que hace inviable que se renueve este acto procesal, que es independiente a la resolución emitida, peor aún que ha sido emitida en fecha posterior a la audiencia.

 

“Es cuestionable el proceder de la jueza Cecilia Grández, lo que está determinando es la imposición de un nuevo plazo y nuevos actos procesales innecesarios e inoficiosos, solo para dilatar la emisión de la resolución de cesación pertinente, actitud que resulta además de ilegal, irracional e incomprensible”, asevera.

 

“Es algo que no se puede concebir, cuando la Sala Superior falla declarando la nulidad de la resolución emitida por la juez Cecilia Grández y le ordena emita una nueva resolución, esta no lo hace y más bien convoca a una audiencia a fin de determinar la procedencia de la cesación de la prisión preventiva, lo cual llama poderosamente la atención porque va contra todo tipo de procedimiento de orden jurídico”, detalla.

 

El letrado explica también que hasta la fecha, en cuanto al delito de Lavado de Activos se ha presentado una pericia y no ha quedado establecido si existe o no desbalance patrimonial en el caso del exfuncionario.

 

“Hasta el momento el Ministerio Público no puede demostrar con quien se asoció Jorge Incháustegui, qué rol cumplió. Por último, la Fiscalía ha guardado silencio acerca de la invocación de un hecho falso por parte de la fiscal que participó en la audiencia de cese de prisión preventiva, cuando se afirmó sobre la llamada telefónica entre los coimputados Roberto Torres Gonzales e Incháustegui Samamé, el día 30 de setiembre del año 2014”, menciona.

 

FALSAS DECLARACIONES

Ante los jueces superiores –señala el abogado Agustín Vásquez- ha quedado demostrado que no existe elementos de convicción para que Jorge Incháustegui permanezca un día más detenido en el penal de Picsi.

 

“Todo el mundo dice, dice y dice, pero no hay nada concreto. Percy Quesquén es colaborador eficaz pero no se le puede creer todo lo que dice, ya que hasta la fecha sus supuestas declaraciones reveladoras no han podido ser demostradas, y solamente han quedado en dichos o en simples chismes que pudo haber inventado para salvar de la cárcel”, cuestiona.

 

De igual manera, detalla que ha quedado probado que otro colaborador que falta a la verdad es Luis Barrantes Piscoya, quien en los 31 meses de investigación por parte del Ministerio Público no ha podido demostrar la veracidad de sus declaraciones. Además, hasta la fecha ha quedado demostrado que ha caído en contradicciones.

 

QUEJAS

Ante esta situación, la defensa de Incháutegui Samamé no descarta quejar y denunciar a la jueza Cecilia Grández Rojas ante los órganos competentes.

 

De igual manera, el último martes el letrado Agustín Vásquez interpuso de manera formal un recurso de reposición contra el decreto contenido en la Resolución N° 7 emitida y notificada el día 17 de abril del presente año, que dispone convocar a audiencia para discutirse la solicitud de cesación de prisión preventiva.

 

“Con esta acción legal, la juzgadora deberá dejar sin efecto la convocatoria y proceder  a emitir la correspondiente resolución conforme a lo ordenado por la Sala Superior de Apelaciones, mediante resolución número seis del último 10 de abril”, puntualiza el abogado.    

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FUNCIONARIOS RENUNCIAN EN BLOQUE: “TERREMOTO” EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1009

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Debido a discrepancias e incompatibilidades administrativas de función, así como por la presunta protección a cuestionados funcionarios para quienes el Ministerio Público viene pidiendo prisión preventiva y cárcel por haberse –supuestamente-apropiado de dineros del Estado, el gerente general de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Walter Torres Vera, renunció al cargo de manera irrevocable.

 

Junto a él también renunciaron el gerente de Administración y Finanzas, Juan Suyón Escurra; el gerente de Asesoría Jurídica Santos Bances Llontop; el subgerente de Tesorería, Alfredo Chunga Sandoval, y el Coordinador del Plan de Incentivos, Arturo Carrera Sánchez.

 

El lunes por la tarde la noticia corrió como reguero de pólvora en la comuna, debido a que en los últimos siete meses la calma y la paz laboral reinaba en la casa edil e incluso los representantes de los trabajadores de ambos sindicatos – obreros y empleados- mantenían estrecha conversación y coordinación con la gerencia general, con el único objetivo de sacar a adelante al distrito con obras de desarrollo y mantener al día en sus pagos a los trabajadores.

 

SALIDA ANUNCIADA

Después de casi siete meses, la inestabilidad administrativa volvió a la municipalidad del distrito, luego que el gerente general de la comuna, Walter Torres Vera, y cuatro de sus principales funcionarios renunciaran de manera irrevocable al cargo, ante presuntas incompatibilidades con el alcalde Epifanio Cubas Coronado.

 

Aunque abiertamente no se dijo, una de las razones que habría forzado la renuncia de los funcionarios de manera masiva, sería que la autoridad edil persiste en mantener en los cargos a dos funcionarios, los que gozan de su entera confianza, a pesar que uno de ellos se encuentra inhabilitado para ejercer la función pública hasta el año 2020 al haber sido encontrado responsable de haber causado perjuicio económico administrativo a la municipalidad de Cochabamba, en Cajamarca, cuando se desempeñó como subgerente de Logística.

 

Rald de la Piedra Arévalo, quien tampoco reúne el perfil profesional para ejercer el cargo de subgerente de Logística e incluso ostenta el grado académico de bachiller en biología, extrañamente no es cuestionado por el responsable de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda.

 

Para esta persona, que es noticia conocida, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, a cargo de Magaly Quiroz, ha solicitado al juzgado de turno 18 meses de prisión preventiva en el penal de Picsi por haberse presuntamente apropiado, junto a otros ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, de más de un millón de soles.

 

Otro de los motivos sería que el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, afronta dos procesos penales tanto en etapa de juicio oral y otro en investigación preparatoria por los delitos de abuso de autoridad y peculado en agravio de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

 

Llama la atención que a pesar que el área de Asesoría Legal, el Procurador Municipal, así como los regidores de oposición han opinado y pedido la separación de la gestión municipal de Rald de la Piedra Arévalo y Yuri Castillo Castañeda, el burgomaestre los mantenga en el cargo e incluso les habría otorgado mayores responsabilidades, a pesar de estar cuestionados y no reunir el perfil profesional, en la conformación de comités de selección para la licitación de obras a ejecutarse en los próximos días.

 

Ante las discrepancias con el titular de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, la tarde del lunes el gerente edil optó por dejar el cargo, previa comunicación verbal al alcalde Epifanio Cubas Coronado, con el objetivo que tome acciones y medidas a fin de evitar una inestabilidad administrativa y que los trabajadores, tanto obreros como empleados, se vean afectados.

 

En conferencia de prensa realizada el último martes, el gerente municipal renunciante, acompañado de su equipo técnico dejó en claro que su alejamiento de la casa edil se debía también a motivos estrictamente personales y profesionales, en salvaguarda de su nombre y su carrera de abogado.

 

OÍDOS SORDOS

Torres Vera descartó que la decisión tomada sea irresponsable y de carácter desestabilizador; pues, durante en marzo pasado se reunió con el alcalde Epifanio Cubas Coronado y le hizo ver algunas cosas que estaban ocurriendo en la comuna y de acciones negativas de algunos funcionarios para con los intereses del Estado, y que iban a perjudicar a la gestión, así como la paz laboral que desde setiembre del año pasado se había logrado.

 

Asimismo, desde el punto de vista legal le hizo ver la toma de acciones y medidas disciplinarias contra personal laboral de la comuna, en las cuales se viene haciendo abuso del derecho por desconocimiento o por hacer daño, y hasta existiría una mala interpretación de la Ley, lo cual sería peligroso para la administración pública, porque a la larga le va a ocasionar problemas legales y económicos a la comuna.

 

Asimismo, dejó entrever que ante la indiferencia del alcalde Epifanio Cubas y el peligro legal que cierne sobre la municipalidad, debido a la falta de una toma de decisión satisfactoria, a la autoridad municipal se le hizo saber – hace 15 días- que vaya buscando un nuevo gerente municipal porque había decidido dar un paso al costado ante la inseguridad jurídica que se vive al interior de la comuna y ante la presencia de personas con problemas con la justicia por haber presuntamente causado daño económico al Estado.

 

TRABAJO DEDICADO

Torres Vera hizo un balance de sus siete meses al frente de la gerencia general de la comuna leonardina, destacando el primer lugar haber logrado conciliar con los trabajados y apostar por la paz laboral, la cual se encontraba resquebrajada cuando él asumió funciones.

 

Otro de sus logros –señaló- es haber estabilizado el pago de los haberes de los trabajadores, los cuales se encontraban atrasados y no había visos de solución, lo cual generaba incertidumbre, inestabilidad y llevaba a la realización de paros y huelgas de manera frecuente.

 

“Si bien es cierto no hemos podido estabilizar por completo los pagos de los trabajadores, logramos estabilizarnos en un 90 por ciento. En la actualidad se les debe los meses de febrero y marzo, los que ya estaban programados para hacerse efectivos. El problema es que en la comuna leonardina los trabajadores ganan 16 sueldos al año y la recaudación es baja, más aún ahora que estamos sufriendo las secuelas de El Niño Costero, razón por la que la gente administrada no está cumpliendo con el pago de impuestos y árbitros municipales”, detalló.

 

+ NOTICIAS

  • Entre los pasadizos del edificio de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz trascendió que el alcalde Epifanio Cubas Coronado tendría pensado designar a Yuri Castillo Castañeda como el nuevo gerente municipal.

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SEGÚN CARTA DE CARLOS RONCAL: ABOGADO Y FISCAL HABRÍAN QUERIDO EXTORSIONARLO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1009

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En una carta pública, enviada a las redacciones de los diferentes medios de comunicación, el empresario Carlos Roncal Miñano, invoca al Ministerio Público a que sea objetivo, imparcial y proporcional en las investigaciones que realiza en su contra.

 

Desde la clandestinidad, Carlos Roncal, revela que su libertad se encuentra afectada por “una acusación mal intencionada, armada desde la cárcel por un delincuente, convicto y confeso, un abogado y un fiscal” que se habría prestado al juego, para hacerle daño y refundirlo el prisión, tan solo, presuntamente, por haberse negado a “arreglar” y presumiblemente a pagar una fuerte suma de dinero para no ser involucrado en el asesinato del auditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera.

 

En la misiva, la cual es de dominio y conocimiento público, revela que días antes al operativo desarrollado por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque, el 3 de noviembre del 2016, fue tentado a una extorsión por un abogado de quien por el momento ha decidido mantener su nombre en reserva.

 

¿EXTORSIONADORES DE ALTO NIVEL?

El letrado –según la misiva- le reveló que iba a tener problemas con la justicia y que él podía ayudarlo porque es amigo del fiscal principal que estaba viendo el caso, cuyo nombre también se mantiene en reserva por el momento.

 

Indica que ante la extraña propuesta, sin especificar si le pidieron dinero o no, así como qué cantidad, su respuesta fue negativa, diciéndole que no tenía “por qué temer a los problemas legales ya que su conciencia estaba tranquila”, y no había cometido ningún acto al margen de la ley y que en todo caso esperaría la citación de la fiscalía o de la policía.

 

“Me  permito hacer llegar la presente para que la tomen en cuenta como ilustración frente a los hechos e investigaciones de la supuesta organización criminal ‘La hermandad del norte’, en la cual el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, me imputa cargos relacionados a la muerte del señor Luis Cieza Herrera, funcionario de la SUNAT”, detalla en una parte de la misiva.

 

SUPUESTO PLAN

Relata que en febrero pasado sus abogados tuvieron acceso a la carpeta fiscal donde se plasman las declaraciones de los colaboradores eficaces, enterándose que el letrado que en octubre del 2016 lo fue a “visitar” para “alertarlo” de una investigación en su contra era defensor del colaborador eficaz signado con el código 15012016.

 

Lo más extraño de todo – narra en la misiva- es que “con el transcurrir de los días se hizo público a través de los medios de comunicación que el citado colaborador eficaz 15012016 también registra otro código por parte del Ministerio Público”, uno de testigo clave N° 012016.

 

“Por parte del Ministerio Público existe una presunta irregularidad e ilegalidad, frente a los hechos reales, no descartándose que puedan existir malos elementos que pretenderían sacar provecho del derecho, abusando de la responsabilidad y confianza que el Estado ha depositado en ellos”, señala.

 

Lo más extraño de todo – sigue narrando en la carta- es que al verse descubierto, el letrado “negociador” renunció a seguir como abogado defensor del delincuente que el Ministerio Público hasta el momento tiene como colaborador eficaz.

 

“Cuando mis abogados tuvieron acceso a la carpeta de los colaboradores eficaces, nos enteramos que este abogado era defensor del delincuente con código 15012016, tal como está registrado en la carpeta fiscal. Con el transcurrir de los días se hizo público que este colaborador eficaz 15012016 también tiene el código de testigo clave 01 2016 y se descubrió la irregularidad e ilegalidad, frente a estos hechos reales, este mal abogado renunció como defensor del delincuente, que es colaborador y testigo”, reza otra parte de la carta de Roncal Miñano.

 

Por estas razones el empresario se pregunta el porqué de la renuncia del abogado y por qué la Fiscalía no se percató de esta situación aparentemente anómala.

 

“Frente a los hechos reales actuales, en el curso de la investigación, donde se han descubierto hechos delictivos a través de unos manuscritos incautados a personas que están privadas de su libertad, me hace pensar, con más convicción, que soy víctima de un complot, con el único propósito de recluirme en la cárcel”, redacta en el documento.

 

PROTEGERÍAN AL ASESINO

Añade que, como es de público conocimiento, un empresario habría enviado a una persona a ofrecer una fuerte suma de dinero con la única finalidad que incriminen hechos relacionados a la muerte de personas, y que esto le hace pensar que alguien sació la sed de dinero para inculparlo o meterlo como sea dentro de esta red criminal y distraer al verdadero asesino del ex funcionario de SUNAT.

 

“Estos hechos reales que estoy manifestando, lo hago desde la clandestinidad y también los haré saber personalmente a la Fiscalía cuando se me den garantías de respeto a mis derechos fundamentales para apersonarme a la investigación”, detalla.

De igual  manera, señala que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, “mucho más cuando las imputaciones hechas por un colaborador eficaz no pueden ser corroboradas con hechos reales y concretos por parte del Ministerio Público”.

 

“A través de este documento invoco, no desafío, exhorto al Ministerio Público a que sea objetivo, imparcial y proporcional en sus investigaciones, tal como manda la ley. No por el hecho que haya una imputación contra mi persona yo debería ir a prisión, para que después de 36 meses preso, me digan: “Usted tenía razón, es inocente” y recién pueda recobrar mi libertad”, acota en la misiva.

 

Explica que le asiste el derecho de hacer respetar sus garantías constitucionales, tales como la libertad y la presunción de inocencia.

 

“Pregunto señores periodistas, ¿quién paga el daño hecho a mi persona? ¿Lo hará el señor fiscal a cargo de la investigación?, ¿lo hará la juez?... No, nadie pagará el incalculable daño moral, económico, empresarial hecho a mi persona y a toda mi familia”, sostiene.

 

SIN VÍNCULO

Señala que después de haber revisado los celulares de las personas que supuestamente coordinaban con él, los fiscales no han encontrado ningún vínculo con su persona, especialmente con Alexander Siesquén Sampén, sindicado por el Ministerio Público como su intermediario.

 

“A ese señor no lo conozco, tal como lo demuestran los videos del seguimiento al que estuve sujeto durante meses. No hay ninguna evidencia de que me haya reunido con algún miembro de esta organización criminal.  Todos estos hechos están en la carpeta fiscal, pero sin ningún sustento y mucho menos haberse comprobado”, sigue narrando en la misiva.

 

Carlos Roncal exhortó a los administradores de justicia a que actúen de acuerdo a ley y también al Poder Judicial, que actúe como un árbitro que garantice el debido proceso, así como a enterarse bien de los requerimientos solicitados por el Ministerio Público, los que deberían estar bien fundamentados como manda la ley, para que el proceso sea justo para cualquier ciudadano.

 

“Como empresario y ciudadano,  soy respetuoso de las instituciones democráticas de nuestro Estado, confío que tenemos magistrados muy profesionales y que hacen honor a la investidura que la sociedad les ha encargado. Solo espero que se haga justicia, como cualquier ciudadano que ha visto que han atropellado sus derechos fundamentales”, explica.

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EL PERIODISTA ÁNGEL VALLEJOS CONFIRMA: “SOY RESPONSABLE DE LA CANDIDATURA DE DAVID CORNEJO POR APP”

Escribe: Semanario Expresión
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Exeditor del diario La República confiesa que fue quien acercó al ahora alcalde de Chiclayo con el partido de César Acuña.

 

El periodista Ángel Vallejos Pasco es una de las voces más críticas de la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel. A diario pone el dedo sobre los tropiezos de la autoridad y sus funcionarios a la cabeza del municipio, y no faltan sus hilarantes comentarios en las redes sociales que agitan aún más la desazón general sobre la labor del edil. Sin embargo, lo que pocos saben es que Vallejos Pasco, exeditor de la edición regional del diario La República, fue quien acercó a David Cornejo a Alianza Para el Progreso y es quien lo ayudó a concretar su candidatura provincial.

 

En resumen, el periodista se atribuye la autoría de la postulación de Cornejo Chinguel por el partido de los hermanos Acuña Peralta, esto luego de un pedido expreso que a fines del 2013 le hiciera el gobernador regional de Lambayeque, para que el empresario educativo, quien se había proclamado disidente del Partido Humanista Peruano, recalara en las filas de APP y con ello sumara al plan político de la agrupación.

 

Expresiónentrevistó a Ángel Vallejos para conocer sus reflexiones sobre Chiclayo, a propósito del 182 aniversario que conmemoró la provincia el 18 de abril, efeméride que se cumplió en un clima de incertidumbre por los problemas que agobian a la población y que – según afirma – el gobierno de David Cornejo no podrá solucionar.

 

¿Cómo analiza la situación de la provincia de Chiclayo en este nuevo aniversario?

Muy preocupante diría yo, creo que se han perdido años valiosísimos para encontrar el inicio de la solución de los problemas, aunque no necesariamente esta gestión estaba hecha para solucionar todo. Creo que Cornejo perdió la oportunidad de ser el gran iniciador de la refundación de la ciudad y ha terminado refundiéndola, afectando todos los intereses posibles y válidos para que esta iniciación sea lograda.

En ese sentido, considero que este tiempo perdido se ha manejado sobre la base de mucha improvisación, de mucha incapacidad y desatendiendo lo que Chiclayo necesita y exige.

 

Desde que le ha tocado ejercer su derecho al voto, ¿Cuál cree que ha sido el alcalde más cercano a las expectativas de la población y que merece ser recordado como “primer vecino”?

Es un poco difícil hacer esa distinción, hay algunos alcaldes que han hecho cosas positivas, hay quienes destacan más por la obra física, que es la que determina el recuerdo del ciudadano y en ese caso definitivamente, por los últimos tiempos, Arturo Castillo tendría que saltar a la palestra, porque tenemos una memoria muy reciente, como la obra del Paseo Las Musas. Arturo Castillo puede vivir tranquilo y morir igual porque es recordado por esas acciones, han habido definitivamente otros alcaldes que han destacado por su presencia, por su actividad en el ejercicio.

Si son o no dignos de ser nombrados primer vecino creo que el tiempo evaluará esas circunstancias, yo no me atrevería a decir algún nombre específico, pero sí creo de los últimos tiempos Arturo Castillo destaca. No creo que haya sido lo que la ciudad necesitaba, pero destaca porque finalmente hizo cosas que están en la recordación y eso es muy importante.

Creo que la ciudad desde hace muchos años exige una planificación sostenida en el tiempo y nadie ha sido capaz de hacer ese sostenimiento, nadie ha dicho: “No me importa que yo sea rival político de este señor pero tengo que continuar con esto porque la ciudad lo necesita”. Nadie lo ha hecho, siempre hemos venido frustrando y bloqueando y esquivando la responsabilidad histórica de lo que la ciudad necesita.

 

David Cornejo llegó a la municipalidad siendo la esperanza para un pueblo que acababa de tener a un alcalde y a sus funcionarios presos por actos corrupción, pero transcurridos los meses el pueblo que votó por él empezó a sentirse engañado y estafado. ¿Lo cree así?

Hay dos cosas, creo que dentro de todo Cornejo terminó siendo el mejor candidato, parece contradictorio pero resultó siendo el mejor candidato. Una campaña política vende esperanzas y fue quien la supo vender acompañado del equipo de APP, que le ofrecía el recurso, la logística para hacerlo, porque si nosotros hubiéramos sido más mesurados simplemente para analizar la propuesta de Cornejo hubiéramos dicho: “El señor viene disfrazado de Harry Potter”, o no sé de qué. ¡Cuatro baipás! Solamente ese hecho era para alarmarnos. Sin embargo, no lo asumimos y como se dice compramos todos los boletos del talonario y nos salió en la rifa.

Se preocupó por ser un buen candidato y se despreocupó por ser un buen alcalde.

 

Como medio de comunicación, Expresión se encargó de decir en campaña que Cornejo Chinguel le mentía mucho al electorado y que tenía antecedentes para dudar de su idoneidad. ¿Qué ganó entonces entre los votantes?

Insisto en que la política de los últimos 50 años se ha manejado técnicamente por la emoción y no por la razón, aun cuando creo que históricamente ha sido siempre así.  

Ustedes en Expresión y otros medios más trataron de mostrar al David Cornejo que realmente era como empresario y como persona, pero la gente no quiso atender eso, no quiso saber o poner de conocimiento que en Chiclayo no se podían hacer cuatro baipás, que en Chiclayo no se podía hacer todos los mercados que ofrecía, que no se podía hacer los 500 parques que prometió sin antes mejorar los que tenemos, etcétera.

 

En aquel tiempo usted fue editor del diario La República.

En una parte. Yo estuve en La República hasta mayo del 2014, aún Cornejo Chinguel no estaba inscrito en APP, pero sí me tocó parte de la campaña.

 

¿Usted alguna vez lo investigó?

No, no lo investigue más allá de lo que normalmente se había hecho, por ejemplo con el famoso tema de la presunta conexión clandestina del agua, porque allí salí. No hubo una investigación más allá del hecho informativo propiamente, es más antes de eso no conocía a David Cornejo.

 

¿Compartió la mesa con Cornejo?

Por supuesto.

 

¿Fue su asesor?

No fui un asesor exactamente, trabajé por pedido expreso de él para algunos elementos de cercanía a los medios, es algo que a mí  me gustaría precisar, porque algunos en broma me responsabilizan de lo que ha significado la presencia de Cornejo en la alcaldía, pero yo no soy el electorado, yo no fui el 22.20 % que votó por él.

 

¿Pero se sumó al grupo de asesores o de consejeros que proyectaba la mejor imagen de él?

No, la mejor imagen no. Yo lo que hacía era, no tengo ningún inconveniente en decirlo, indicar qué temas tenía que tratar y en qué sectores, no tenía más responsabilidad que eso. Le decía o preparaba un informe sobre realidad de las agroindustrias y él se encargaba de plasmar eso en los medios que debía salir; trataba de hacer alguna coordinación y muchas veces no se lograba.

En algún momento el señor consideró que yo no podía estar más porque no veía resultados y después otra vez me convocó. Esa ha sido mi responsabilidad: establecer algunos puntos temáticos de su discurso y su cercanía a algunos medios.

 

¿Recomendó a alguien para algún cargo en la gestión de David Cornejo?

Por supuesto que sí, yo fui convocado para trabajar directamente y no quise porque ya sabía lo que era el trabajo en el sector público, básicamente en el tema municipal, pero por supuesto que recomendé a algunas personas que están hasta ahora.

 

Por ejemplo…

La jefa de imagen institucional, porque no hay nada oculto, no es ninguna novedad y, además, no lo hice para el tema de la municipalidad propiamente. Yo dije que habiendo una circunstancia personal y además porque ella trabajaba en el instituto de Cornejo y luego se sumó a la campaña, vaya al CGT en primer momento. Yo pedí que le den una oportunidad para que crezca profesionalmente porque sabía de su limitación, porque recién había terminado de estudiar en la universidad.

No puede decirme nadie lo contrario porque lo hablé directamente con Cornejo y él lo hizo de alguna forma en agradecimiento.

 

¿Fue usted quien recomendó a David Cornejo a los hermanos Acuña para que sea el candidato de Alianza Para el Progreso?

No, fue al revés. A mí me consultaron qué posibilidad había de que David Cornejo sea el candidato de Alianza Para el Progreso y yo la verdad que no lo conocía, pero era un pedido de un amigo, de Humberto Acuña.

 

¿Humberto Acuña le consultó la posibilidad de llevar a David Cornejo como candidato?

Ya no hay infidencia acá, no tengo ningún compromiso con ninguna de las partes y además nunca me lo han preguntado. Habían dos candidatos: un candidato natural de APP que era Raúl Valencia Medina y el otro que quería meterse por los palos era Miguel Ángel Bartra Grosso, y Humberto Acuña me dijo que estaban viendo otra posibilidad y que veían con buenos ojos el crecimiento político de David Cornejo. Me acerqué a David Cornejo este me dijo que también tenía esa intención, entonces los dos de alguna manera facilitaron mi trabajo.

 

Entonces, ¿le debemos a usted el acercamiento de David Cornejo con APP?

Eso lo acepto en todos los términos, yo soy responsable de la candidatura, mas no de la elección del señor Cornejo.

 

¿Y cómo fue el rompimiento con Cornejo?

Yo insistía en que él debía cumplir cosas básicas respecto de la ciudad. Por ejemplo, tenía que salir a exponer y lo primero que hizo fue romper con los colegios profesionales. Yo le dije que ese era un error, porque él había presentado a su equipo gerencial en el seno de los colegios profesionales y de alguna manera no quiso hacer caso y como diciéndome de alguna manera que yo no formaba parte de nada y que además dejaba constancia de mi acercamiento a Humberto Acuña, cosa que no niego en el contexto amical, no político, no empresarial ni nada.

 

¿Cuándo se aleja usted de Cornejo Chinguel?

En febrero del 2015, el quedó en llamarme y yo veía una serie de cosas que afectaban a la gestión, que yo sabía que se podían controlar con decisión.

 

¿Considera que Cornejo ha encargado en las jefaturas municipales a gente inexperta para poder manipularla?

Es lo clásico cuando no tienes a una persona de tu nivel o más de lo que tú puedes ser para equiparar acciones, reacciones, pensamientos y cotejar ideas. Las personas que se sienten sumisas y no tienen la capacidad de reacción y que además dependen o de un buen sueldo o del único sueldo que podrían encontrar en lo inmediato en el mercado laboral entonces terminan haciendo el clásico “chicheñó”.

 

¿Es también autor del acrónimo Corchín?

No me pertenece, Corchín es un acrónimo así como él dice “Dacor”, que significa David Cornejo. Lo leí una vez, lo capturé y cuando le pregunté a la persona le dije que me parecía extraordinario. Me dijo que tampoco era su creación, así que simplemente lo empecé a usar.

 

¿El calificativo de “esperpento” al regidor Luis Carlos Cabrejos sí es de su autoría?

No hay ningún insulto ahí y me fascina cada vez que se lo digo, es un tipo impresentable. Luis Carlos Cabrejos no tiene personalidad, es un tipo que en el criollo del término es maletero al mil por ciento.

 

¿Cuántos del entorno de David Cornejo te han quitado el habla?

Ninguno, me reúno con muchos de ellos, me tomo un café, un cebiche, unas cervezas con ellos con ningún problema; discutimos, hablamos, fijo mi posición.

 

¿David Cornejo ha comprado a parte de la prensa local?

Por supuesto que sí, no lo puedo probar pero yo estoy convencido que así es y creo que ahora se está conociendo el detalle.

Hay personas que se benefician directamente si no es con dinero del municipio, con dinero que él tiene acostumbrado a darle a la gente a través de sus empresas.

Les cuento, yo tengo que ir casi todos los días a recoger a mi nieto y tengo que pasar obligatoriamente por la casa de David Cornejo y encuentro a no menos de cinco periodistas esperándolo en la puerta, periodistas y hasta directores de medios en el jardín, sentaditos.

 

¿Cree que por estas prácticas se asemeja mucho a Roberto Torres en el gobierno?

Creo que todos los gobiernos municipales se alían a cierto sector de la prensa, algunos los tratan mejores que a otros, pero el asunto es que utilizan a algún sector de la prensa para determinados fines, por ejemplo agraviar, insultar, atacar y mermar las honras.

Cornejo debería explicar cuál es para él ese sentido de cambio casi mesiánico que ha dado para con la prensa que llegó hasta la puerta de su casa y lo abofeteó, y que ahora tiene toda la disposición de seguir sirviéndolo.

 

¿Cree que David Cornejo miente como autoridad?

Es un irresponsable con la suerte histórica que Chiclayo le dio a través del voto, porque él estaba llamado a ser el iniciador de la gran transformación de la ciudad. No estaba llamado a ser el gran ejecutor de las obras, con ordenar bien las cosas, planificar bien, convocar a todas las instituciones y encaminar ya hubiera hecho bastante. Sin embargo, lo tenemos protegiendo a funcionarios de manera sospechosa, botando a otros también de manera sospechosa y, sobretodo, sin una respuesta coherente cada vez que se le pregunta por la esencia de su trabajo municipal en función del cumplimiento de la promesa electoral.

 

¿Cómo cree que acabará Cornejo?

Apretando mucho los puños, encogiendo los hombros y tratando de ir por el lugar menos bullicioso, así va a terminar. No sé si procesado o posiblemente corriéndose de alguna acción penal o de una sentencia.

 

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CHICLAYO: LA CIUDAD CAOS DONDE TODO ESTÁ PERMITIDO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1009

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Chiclayo, la ciudad multicolor, que alguna vez fue bonita y ordenada, padece cada día más del desgobierno, aquel que permite que con sus calles, sus áreas públicas y sus monumentos pase de todo, donde es posible edificar sin respeto por las normas pese a tener un Plan de Desarrollo Urbano vigente. 

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OCI INTERVIENE EN CASO DEL JEFE DEL CGT: ¿NICOLÁS MONDOÑEDO PUEDE SEGUIR EJERCIENDO LA DEFENSA LIBRE?

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1009

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Aun cuando de manera abrupta el lunes último el jefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT de Chiclayo, Nicolás Mondoñedo Chávez, señaló que no es funcionario sino “trabajador de confianza” y que no tiene un horario establecido para cumplir sus labores, el Órgano de Control Interno – OCI, de la comuna provincial ya inició las acciones que permitirán determinar si ha incurrido o no en falta al salir de su centro de labores para dedicarse a la defensa libre.

 

El lunes 17 de abril, Mondoñedo Chávez acudió hasta el Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo, que despacha la jueza María Vásquez Vásquez, en su condición de abogado del sacerdote Ricardo Cruz Huamán, director del Colegio Manuel Pardo, para participar en el proceso que se le sigue a este por el delito de violación de la reserva de las comunicaciones.

 

La audiencia se inició a las 12:30 del día, y a su salida de la sede judicial el también jefe del CGT se negó a explicar cómo es que siendo la máxima autoridad del centro de recaudación se dedicaba también a la defensa libre.

Mondoñedo Chávez, tras la insistencia de los periodistas de Expresión, dijo textualmente: “Sí, lo puedo hacer. No soy funcionario, soy trabajador de confianza, 728, sin horario de entrada ni de salida y bajo un régimen especial. Por eso es que le digo: averigüe bien su situación antes de hacer una investigación de esta naturaleza?”.

 

SITUACIÓN

Nicolás Mondoñedo fue cesado como asesor del despacho de alcaldía el 27 de enero pasado y ese mismo día, con resolución N° 078/2017-MPCH/A, el alcalde David Cornejo Chinguel lo designó como jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo – CGT.

 

En efecto, el documento señala que la naturaleza del nombramiento del abogado a la cabeza del CGT responde a una designación de confianza.

El contrato suscrito entre el CGT y Mondoñedo Chávez no es de conocimiento público, toda vez que en el Portal de Transparencia del ente recaudador la información no es completa y se encuentra bloqueado en diversos ítems, yendo en contra de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigente en el país.

 

NO ES LA PRIMERA VEZ

Lo grave es que lo sucedido el lunes último no es nuevo. Nicolás Mondoñedo se ha ausentado en diversas ocasiones de su despacho en el CGT para atender sus casos particulares como abogado en el Poder Judicial.

 

Por ejemplo, el lunes 13 de febrero pasado, a las 12 del mediodía, acudió al Octavo Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo, donde se revisa el Expediente N° 2091-2014-0-1706-JR-LA-03, en un proceso seguido contra el Instituto Máster Systen, del que el jefe del CGT es abogado.

 

Dicha institución superior, dirigida por el exregidor de la comuna provincial Víctor Alfaro Latorre, es la misma a la que el municipio de Chiclayo, durante la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales, le anuló, aparentemente de manera irregular, una multa de 36 mil 500 soles impuesta por el SATCH, procedimiento que es materia de investigación fiscal y que, además, el alcalde David Cornejo se comprometió a revisar con la restructuración del ente recaudador, hoy CGT.

 

El lunes 2 de marzo, nuevamente Mondoñedo Chávez acudió al Poder Judicial para participar de otra audiencia en el mismo proceso, la que – según consta en acta – se inició a las 9:00 de la mañana y se prolongó hasta el mediodía.

Dichas asistencias fueron puestas de conocimiento por escrito no solo ante el alcalde David Cornejo, sino también ante la Oficina de Control Interno – OCI, del municipio provincial y ante la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque.

 

REGLAMENTO INVÁLIDO

En sus breves declaraciones de esta semana, el jefe del CGT hizo referencia a que no tiene horario de ingreso ni salida en el ente recaudador, argumento que se sustenta en el Reglamento Interno que se emplea en la entidad pero que en lo real corresponde al ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH.

 

El problema con dicho documento es que no tiene vigencia válida debido a que por Acuerdo Municipal del 27 de abril del 2015 se emitió la Ordenanza Municipal  N° 009-2015, que dispone la reformulación de los documentos de gestión del CGT, incluyendo el reglamento interno, mandato que no fue cumplido por su antecesor, Nilton Monje Sampén, y cuyo desacato ameritó el inicio de una acción judicial que involucró al alcalde David Cornejo y concluyó con mandato desfavorable.

 

Es decir, el reglamento con el que Nicolás Mondoñedo justificaría sus salidas del ente recaudador para dedicarse a la defensa libre no tiene vigencia.

 

INTERVENCIÓN DE CONTROL

El martes 18 se conoció que por disposición de la Contraloría General de la República, la OCI del municipio provincial, a cargo de Wilder Castro Nieves, ha tomado cartas en el asunto para determinar hasta qué punto estaría incurriendo en falta el actual jefe del CGT.

 

De acuerdo a información recogida de una fuente confiable, la Contraloría haría prevalecer lo señalado por la Autoridad del Servicio Civil – SERVIR, que indica que el funcionario de confianza puede ausentarse de su centro de labores durante el horario de atención al público únicamente para desempañar labores relacionadas a la entidad que representa, y cuando se trata de asuntos personales a otras acciones que no constituyan en un empleo o trabajo paralelo.

 

El horario de atención del CGT es de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

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PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL: IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS DE USO DEL SUELO URBANO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1009

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¿Es posible que los intereses de los propietarios del suelo marchen en armonía con el bienestar de la comunidad? Enrique Silva, responsable del Área de Investigación para América Latina y El Caribe del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, afirma que sí. Para ello, es importante – refiere – que exista sobre las ciudades una visión compartida del desarrollo, de las condiciones en las que los habitantes desean vivir, y que esta se consolide a través de la planificación, donde la determinación de las autoridades locales es fundamental.

 

Silva, quien se ha desempeñado como profesor de Planificación y Asuntos Urbanos de la Universidad de Boston, donde además fue director de los programas de postgrado en Planificación Urbana, explica que “es muy importante darse cuenta que todos los habitantes dependen del suelo para vivir, para trabajar y para desarrollarse”, por lo que el manejo de este como recurso público es medular para la comunidad.

 

Indica que el correcto manejo del suelo urbano puede generar que este produzca lo que debe producir, y con ello incrementar las condiciones de accesibilidad al recurso como tal para la mayor cantidad de población posible.

 

“Las políticas de suelo muchas veces favorecen solo a ciertos propietarios o intereses que pueden frenar el bienestar de otros miembros de la comunidad. Por ello es importante para el Estado promover y financiar infraestructura que ayude a acceder a los recursos del suelo, y promover el acceso de la gente a las comodidades de la ciudad”, indica el experto.

 

RECURSO PÚBLICO

Enrique Silva, quien participó como docente del Curso de Políticas de Suelo para Periodistas Latinoamericanos desarrollado por el Instituto Lincoln en Buenos Aires, Argentina, al que Expresión fue el único periódico peruano en asistir, precisa que las propiedades sobre los espacios no dan derechos absolutos a las personas para hacer y deshacer de la planificación urbana.

“El suelo es un bien público y un bien privado, y muchas jurisdicciones otorgan el permiso de usar y gozar de la propiedad privada, pero en sí eso no significa que el propietario pueda hacer lo que quiera en su predio porque sus acciones pueden perjudicar el bienestar de sus vecinos y de la comunidad”, anota.

 

En tal sentido, explica que corresponde a las ciudades, a través de sus municipios, establecer límites en lo que puede hacer el propietario de un lote o del suelo, y eso depende mucho de cómo se aplica la legislación en las diferentes comunidades. Comenta que en algunos lugares los intereses de propietarios privados son bastante fuertes y pueden propiciar ciertos goces o usos que van en contra de los intereses de la colectividad.

 

MAYOR PREOCUPACIÓN

Sin embargo, reconoce que en los últimos años a nivel de América Latina se ha empezado a generar una corriente positiva de mayor interés y preocupación de los gobiernos municipales por manejar de manera eficiente el suelo sobre el que se asientan sus jurisdicciones.

Esto – destaca -  porque las ciudades, los diferentes municipios de Latinoamérica, están entendiendo cómo y por qué deberían aplicar políticas de uso de suelo por razones sociales, económicas y medioambientales también.

 

“Hay un impulso bastante fuerte, no en todos los lugares, pero sí en muchas ciudades en las que se están dando cuenta en que tiene que haber mayor coherencia entre las políticas de desarrollo económico, las políticas del suelo y las políticas del transporte, para mejorar la calidad de la habitabilidad en sus ciudades, en los barrios y en la escala metropolitana. Siempre es necesario construir una gran visión de cómo queremos vivir para alcanzar el desarrollo y el bienestar. Construir esa visión puede empezar si hablamos con los vecinos, con los líderes de los barrios y las comunidades. Sin una visión es muy difícil identificar por lo menos que se necesitan mejorar las políticas de suelo o que el suelo mismo es un problema de todos”, menciona.

Anota que la visión colectiva a nivel de política urbana tiene que ser consensuada, compartida y que pasar por procesos de discusión y debate público para definir las prioridades.

 

LOS PLANES OLVIDADOS

Empero, también existe la tendencia de algunos gobiernos locales de no atender ni poner en ejecución las valiosas herramientas técnicas de planificación y ordenamiento que las ciudades poseen, y un ejemplo claro de esta problemática es Chiclayo, donde se dejó en el olvido el Plan Director de 1992, el proyecto de Ciudades Sostenibles, los mapas de peligro, riesgo y vulnerabilidad, el Plan del Sistema Integrado de Transporte financiado por la cooperación danesa y el Banco Mundial, el Geo Chiclayo para el manejo de residuos sólidos, y el Plan de Desarrollo Urbano 2010-2015, aprobado recién el año pasado. 

 

Frente a este problema, Enrique Silva precisa que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil pueden incidir para que las autoridades tomen consciencia, porque “un plan que no es implementado no sirve para nada, como tampoco un plan que no va de la mano con un programa de financiamiento” para lo que se propone hacer.

 

“Si existen las herramientas y ha habido un proceso de planificación la comunidad debería estar atenta y demandar, requerir, que las autoridades que crearon el plan lo implementen, lo ejecuten o que por lo menos expliquen el porqué no se está usando. Eso es consciencia local, consciencia de la comunidad también, para que existan estas herramientas que tienen que usarse e implementarse”, afirma.

 

DECISIÓN POLÍTICA

Añade que todo proceso de planeamiento empieza por la decisión política de los gobernantes locales, debido a que la defensa y uso de la planificación urbana y las buenas políticas de suelo no se pueden hacer sin apreciar y manejar sus dimensiones políticas. “La razón de esto es que la planificación urbana es antes de todo un acto y proceso político”, explica.

 

“Una de las tensiones principales es que los propietarios del suelo o inversionistas inmobiliarios creen tener derecho de hacer lo que quieran sobre su terreno y esto muchas veces se contrapone a los derechos colectivos. Esa es una tensión base. Hay necesidad de llegar a un equilibrio para que el uso del suelo sirva a los propósitos del privado y de la colectividad a la vez, y sobre eso se necesita decisión política. Regular esa tensión demanda de decisión política”, enfatiza Enrique Silva.

 

El experto, quien ha participado en los procesos internacionales para promover la gestión y planificación urbana en Haití, luego del devastador terremoto del 2010, señala que en ciudades grandes, países con economías estables y gobiernos fuertes, se nota, paradójicamente, una cultura y práctica débil en materia de planificación urbana.

 

“La construcción de torres y grandes proyectos urbanos sin un plan para manejar los cambios e intensidad de usos del sector resultan en un barrio que se presta para lindas postales, pero que en su realidad cotidiana sufre de grandes problemas de congestión vehicular y suministro de servicios. Para resolver estos problemas la responsabilidad cae sobre las autoridades públicas que ahora tienen el gran desafío de planificar y pagar por la infraestructura vial y de servicios que se necesita sin parar la actividad comercial de la zona”, expone.

 

APOYO A LAS CIUDADES

El Instituto Lincoln de Políticas de Suelo es una organización independiente que busca colaborar en la mejora de la calidad de vida de la población con la promoción de aspectos vinculados al uso del suelo, la tributación y la administración de este como recurso. La institución fue creada en 1946.

 

“Nosotros manejamos cursos a distancia, cursos presenciales y cursos de desarrollo profesional en los que se proyectan algunas herramientas que pueden tomarse como asistencia técnica, lógicamente hay agencias que trabajan asistencia técnica a mayor escala. Trabajamos para dar una base de conocimiento y ayudar a que los funcionarios de los municipios tengan conocimientos referidos a la planificación y el uso del suelo”, comenta. 

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