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AFIRMA EXPRESIDENTE DE PERÚ PETRO: “NO ERA NECESARIO MODERNIZAR LA REFINERÍA DE TALARA”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1029

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El presupuesto para la modernización y ampliación de la Refinería de Talara se ha cuadruplicado y ahora asciende a más de cinco mil 400 millones de dólares, inversión que ha comprometido al Estado y que – según los expertos – se recuperará en no menos de 50 años, debido a que Petro Perú decidió ejecutar un proyecto en la actividad menos rentable de la industria de los hidrocarburos.

 

La modernización y la ampliación de la Refinería de Talara es un buen proyecto en la medida que le permitirá al país contar con una infraestructura óptima para la obtención de combustibles sin azufre y en la que pueda tratarse los crudos pesados de la selva. Sin embargo, su ejecución no era prioritaria, más si se tiene en cuenta el millonario presupuesto comprometido en las obras y equipamiento.

 

El expresidente de Perú Petro Aurelio Ochoa Alencaster  explica que actualmente el Perú importa combustibles sin azufre, por lo que la primera y quizá más importante bondad de la remodelación de la Refinería de Talara pasa a un segundo plano.

 

A esto suma que el Estado optó por invertir en una obra que en su opinión podía esperar o ejecutarse una vez resuelta la carencia de infraestructura de desarrollo, vial y de servicios en el país, cuya ausencia le resta competitividad productiva al Perú e imposibilita el acceso a mejores condiciones de vida entre los más pobres.

 

“El déficit de infraestructura básica del país, como escuelas, hospitales o servicios de agua y energía eléctrica, es mucho más prioritario que la remodelación de la refinería, por lo tanto la inversión del alto presupuesto en un proyecto de esa naturaleza no era urgente. Ahora bien, el hecho de que los trabajos ya se habían iniciado cuando el actual gobierno empezó tampoco era una razón válida para seguir comprometiendo recursos, porque pudo valorizarse lo avanzando y entregarse en concesión para que un privado lo concluya y administre, por ejemplo”, señala.

 

EL PRESUPUESTO

 

Ochoa Alencaster, quien es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Lyon I de Francia y doctor en Economía de la Energía por la Universidad París II y el Instituto Francés del Petróleo,  comenta que en el 2008, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, el proyecto estuvo valorizado en mil 336 millones de dólares, de acuerdo a los estudios definitivos para la remodelación de la refinería.

 

Sin embargo, con el actual gobierno el monto de inversión se ha incrementado a cinco mil 400 millones de dólares, cuatro veces más.

 

“Si es que esto no se corrige, la historia va a juzgar cómo es que continuó con un proyecto que además de ser sumamente caro ya no era rentable para el país”, manifiesta.

 

LO MENOS RENTABLE

 

Añade que en la industria de los hidrocarburos existe una serie de eslabones como la exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de los cuales el menos rentable es la refinación.

 

“Lo más rentable es la explotación y la comercialización, sin embargo Petro Perú insistió en la refinación, lo menos rentable de los eslabones y eso no es solamente para el Perú, en todo el mundo el negocio es así. La rentabilidad que se obtiene por refinar combustibles es del 5 o 6 %, no más. Petro Perú afirma que es del 12 %, pero eso es falso, porque cuando se hicieron esos cálculos el precio del petróleo estaba por encima de 100 dólares el barril en el mercado internacional, precio que hoy en día está por debajo de los 50 dólares. Recuperar lo invertido en la refinería demorará no menos de 50 años, salvo que vendamos combustibles caros y eso significa que sea la gente quien pague”, detalla.

 

Aurelio Ochoa indica que Petro Perú debió invertir en la explotación de los yacimientos ya explorados, que es la actividad que menos riesgos tiene y que además es la más rentable en la industria.

 

“Hubo oportunidad para que Petro Perú tome lotes antes que invertir en la Refinería de Talara y no lo hizo por una decisión política del anterior gobierno. El problema del actual gobierno es que elevó el presupuesto, lo que realmente preocupa. Repito, la historia se encargará de sancionar a quienes no optaron por las mejores alternativas para el país”, señala. 

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EN EL CASO “LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE JORGE MATALLANA?

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1029

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En la audiencia de adecuación de la ampliación de prisión preventiva solicitada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo contra César Regalado Rodríguez, el ex gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, este solicitó al Ministerio Público ampliar su declaración a fin de denunciar presuntas irregularidades que habría cometido el contador Jorge Matallana Peralta, ex gerente de administración de la comuna, a quien calificó como “el más grande delincuente que ha tenido la ciudad”.

 

El último 4 de agosto, en la audiencia de Control de Acusación por el caso de la presunta dádiva otorgada a los peritos que tuvieron a cargo la evaluación de las obras de saneamiento inconclusas del casco central de Chiclayo, la defensa técnica del imputado Martín Villanueva Velezmoro solicitó que el Ministerio Público señale cuál era la situación jurídica de Matallana Peralta; toda vez que a pesar de ser coimputado en el mismo caso en el que al exasesor de alcaldía se le formalizó investigación preparatoria por el delito de peculado agravado en el requerimiento acusatorio del fiscal Sergio Zapata Orozco, el contador figura como testigo.

 

La investigación preparatoria de la fiscalía concluyó sin señalar si para el caso del exfuncionario correspondía sobreseer o acusar.

 

La jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ante la gravedad de lo argumentado por la defensa técnica de Villanueva Velezmoro, resolvió declarar la nulidad de la audiencia de Control de Acusación, otorgándole al Ministerio Público cinco días de plazo para definir la situación jurídica de Matallana Peralta.

 

LAS CONFESIONES

 

En su declaración del 3 de diciembre del 2014, ante el fiscal adjunto Germán Montero Ugaz, en ese entonces de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, Matallana Peralta señaló:

 

“… Desde el primer momento que ocupé el cargo de gerente de administración de la Municipalidad Provincial de Chiclayo fui visitado en mi oficina por la mayoría de proveedores de bienes y servicios de la municipalidad, quienes cada uno de ellos ofrecían dádiva para que se les otorgue su pago correspondiente… A partir del mes de agosto de este año 2014, los constructores y contratistas comienzan a visitar mi oficina para considerarlos en sus pagos pendientes, cosa que era imposible por la falta de liquidez financiera y por lo que comenzaron a ofrecer dádivas; uno de ellos fue el señor Mario Cabrera… en dos ocasiones, me otorgó una dádiva de cinco mil nuevos soles cada una… Otro de los proveedores constructores fue el señor Alejandro Otoya… me entregó un sobre conteniendo siete mil quinientos nuevos soles, más un saldo anterior que faltaba que me entregó que era la suma de cuatro mil nuevos soles; lo que hacía un total de once mil nuevos soles…”.

 

Matallana Peralta continuó señalando haber recibido dádivas de un sinnúmero de contratistas y proveedores, excusándose en que él no pedía, sino que voluntariamente ellos le entregaban dinero a cambio de sus favores: “… El declarante, nunca pidió dádiva alguna para realizar el pago de Órdenes de Pago o cheques, eran los propios proveedores quienes en muchas de las oportunidades llamaban por teléfono para saber tu ubicación, iban a la oficina, visitaban mi casa o esperaban en la puerta de la municipalidad para invitarte un ceviche o para almorzar y entregar dádivas…”, declaró conforme está consignado en su expediente.

 

A Jorge Matallana mediante distintas disposiciones se le formalizó la investigación por delitos como: cohecho activo, cohecho pasivo, peculado, falsificación de documentos, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por lo que su prognosis de pena sería la de prisión efectiva no menor de 30 años.

 

¿OBSTACULIZACIÓN?

 

Con fecha 31 de agosto de 2016, ante la fiscal provincial Pamela Elías Bravo, rindió su declaración testimonial la servidora del Centro de Gestión Tributaria Diana Guarniz Cava, quien dando respuesta a la pregunta 13 respecto a si alguna persona la había buscado o llamado para indicarle cómo debía rendir su manifestación, señaló: “… hasta el mes de julio del presente año me visitó a mi oficina el señor Jorge Matallana Peralta, señalando que me iban a citar a la fiscalía porque él había declarado que yo había participado de esta entrega de dinero (para el pago de funcionarios del MEF) a lo cual le indique sorprendida que desconocía el tema y él me señala que había ido a buscar al tesorero Jorge León a su domicilio y como él dijo que tampoco sabía nada pensó que yo había sido…”.

 

Actualmente, Matallana Peralta se encuentra con comparecencia restringida y lo narrado por Diana Guarniz hace más de un año evidenciaría un claro acto de obstaculización a las investigaciones del Ministerio Público.

 

ARRAIGO LABORAL

 

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 138 – 2017 – MPCH – GM, de fecha 25 de agosto de este año, el abogado José Pérez Delgado; gerente de la municipalidad de Chiclayo, resolvió imponer al servidor civil Jorge Matallana Peralta la sanción de destitución por la comisión de falta de carácter disciplinario, contemplada en el literal j) del Artículo 85 de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, remitiendo la misma al Centro de Gestión Tributaria para su ejecución; ya que, Matallana Peralta se encuentra laborando en dicha entidad.

 

Lo sorprendente es que en sus descargos, señalados en la misma resolución, Matallana Peralta manifiesta: “… evidenciándose una persecución por faltas supuestamente cometidas entre los días 1 al 13 de octubre del 2014, llevada a cabo por la autoridad municipal, ya que busca su destitución como represalia por haber denunciado actos de corrupción en el seno de la misma entidad municipal, pues no existe prueba alguna que el suscrito se haya ausentado dichos días, pues conforme lo señala la resolución que dispone el inicio del procedimiento disciplinario, no estaba obligado a registrar su asistencia…, pues así lo dispuso su jefe inmediato…”.

 

Sin embargo, Matallana Peralta también estuvo comprendido en el operativo de detención preliminar ordenado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, realizado el 30 de septiembre de 2014, contra los integrantes de la presunta red “Los limpios de la corrupción”, parece haber olvidado que se mantuvo en  calidad de no habido (prófugo) hasta diciembre de ese año, cuando decidió entregarse a la justicia.

 

Aún así, ante el proceso disciplinario municipal señala que no existe prueba de su ausencia entre el 1 y el 13 de octubre del 2014.

 

A pesar de los delitos cometidos, la pérdida del arraigo laboral, la elevada prognosis de pena (más de 30 años de pena privativa de la libertad) y los actos de obstaculización a la investigación realizados por Jorge Hugo Matallana Peralta, éste se mantiene en libertad.

 

¿Cuál será la respuesta del Ministerio Público ante el pedido de la jueza Cecilia Grandez de definir la situación de Matallana Peralta?

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LEGALMENTE SE SEGUIRÁ DEFENDIENDO A TUMÁN

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1029

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Cuando todo parecía que estaba firme en la Empresa Agroindustrial Tumán, con la reciente elección del V Directorio que preside el empresario Luis Felipe Cantuarias Salaverry, el Juez José Antonio Bravo Soto del Poder Judicial de  Bongará – Amazonas,  emitió una Resolución Judicial que puso nuevamente en riesgo la paz social en el distrito de Tumán, para imponer una Administración Contenciosa.

 

“Hemos luchado más de dos años para erradicar la violencia, la amenaza, corrupción y el desorden que generaron administraciones judiciales ilegales dictadas por jueces de otras jurisdicciones como la de Ferreñafe, Pedro Ruiz, Chachapoyas, Puente Piedra, El Agustino, inclusive el de Bongará entre otras, para después de haber planificado cómo levantarnos de esta grave crisis económica, financiera, legal, un mal administrador de justicia, pone en riesgo la estabilidad de la azucarera que represento”, señaló a Expresión el doctor José Carlos Isla Montalvo, secretario del V Directorio de la azucarera tumaneña. 

 

El hombre de leyes refirió “Esta nueva acción judicial emitida por un cuestionado juez como José Antonio Bravo Soto al ordenar otra medida de Administración Judicial es ilegal, irrita y desproporcionada, no solo por ser inexistente la supuesta deuda de dos millones de soles a favor de la empresa Alimenta Perú, la cual en su oportunidad comunicamos está cancelada, sino porque contraviene deliberadamente lo que el presidente del Poder Judicial doctor Duberlí Rodríguez Tineo  ha afirmado en relación a los problemas de las azucareras de Lambayeque que estos deben y tienen que ser resueltos en la misma Corte de Lambayeque y no en otra jurisdicción”, expresó Isla.

 

“Como se conoce las Administraciones Judiciales de Marcelino Llontop, César Sandoval y  Daniel Riojas y Martín Martínez, han dejado a la Empresa Agroindustrial Tumán con un endeudamiento millonario que hasta el momento no se establece la cifra, dado que se está trabajando una auditoría externa para determinar el monto que asciende a muchos millones de soles y que un plazo menor a noventa días se conocerá la cifra y se plantearán las respectivas denuncias para que esto no más vuelva a ocurrir”, precisó el profesional de leyes.

 

Isla Montaño también dejó claro que el actual directorio exige a la jefa de la OCMA un pronunciamiento inmediato y ejemplar contra el juez de Bongará José Antonio Bravo Soto, quien ha sido denunciado hace más de seis medes ante el Órgano de Control de la Magistratura, sin que exista un resultado a la fecha, pese a tener una investigación por faltas muy graves, porque además no es la primera vez que el cuestionado Juez, quien resulta incompetente por el territorio, concede medidas ilegales en perjuicio de los trabajadores y accionistas de la Empresa Agroindustrial Tumán.

 

El también asesor legal y miembro del V Directorio manifestó que se han dirigido al Ministro del Interior Carlos Basombrio para recordarle que el Distrito de Tumán fue declarado en Emergencia, justamente ante el caos social y laboral que generó en un primer momento dicho Juez de Bongará al dictar una primera administración judicial que luego fue declarada  nula y ahora, después de tres meses de haberse restablecido el orden interno y la paz social, este mismo Juez Bravo Soto vuelve a dictar otra ilegal medida, volviendo inútil todo el esfuerzo realizado por el gobierno y las autoridades locales que le devolvieron la paz social al distrito de Tumán.

 

Ante esta nueva situación de inestabilidad que se pretende generar, José Carlos Isla Montaño refirió “El presidente del V Directorio, Luis Felipe Cantuarias Salaverry, ha  expresado públicamente  que tras esta fraudulenta administración judicial, existen personas ajenas a la empresa que no son accionistas, y que sólo buscan generar el caos y desconcierto para tomar otra vez la Agroindustrial, generando obligaciones inexistentes con clara intensiones de llevarla a una inminente quiebra, que solo favorecerá a terceros en perjuicio de los trabajadores y jubilados, quienes sí son los propietarios de la empresa, todo el directorio estamos en permanente sesión, para enfrentar con legalidad, toda acción que contraviene contra la paz y estabilidad recuperada”, expresó.

 

Se conoció también que el presidente del V Directorio ha hecho llegar un mensaje claro a todos los trabajadores en los que deja muy claro que no existe riesgo en la estabilidad societaria y empresarial de la empresa, pues la medida ilegal no afecta la actual administración del V Directorio.

 

PLAN SOCIAL

 

El V Directorio y la gerencia general a cargo del CPC Antonio Becerril, no se han detenido y pese a las adversidades siguen ejecutando el Plan Social 2017 que han puesto en marcha como el Convenio entre E.A.I. Tumán y SENATI, que busca beneficiar a jóvenes de escasos recursos económicos estudiar carreras técnicas.

 

Por tal motivo en los próximos días iniciarán sus clases los primeros 52 jóvenes tumaneños que, gracias a un convenio propiciado por la Empresa Agroindustrial Tumán, tendrán la oportunidad de convertirse en profesionales técnicos, estudiando a menor costo y ahorrando pasajes, en la primera filial que SENATI instaló en el distrito azucarero.

 

Más de 80 postulantes acudieron a la primera convocatoria para el examen de admisión gratuito, que se desarrolló el pasado 27 de agosto en el local del ex Centro Pre-Universitario. Los postulantes fueron sometidos previamente a una evaluación psicológica que servirá para mejorar su actitud y autoestima a través del Plan de Tutoría y Acompañamiento Psicopedagógico a los jóvenes y sus familias, contemplado en las cláusulas del convenio.

 

La alianza interinstitucional entre SENATI y la Agroindustrial Tumán permitió además que los tres primeros puestos se hicieran acreedores a una beca completa, mientras que los otros 49 ingresantes fueron favorecidos con medias becas, durante toda su carrera.

 

Asimismo con la instalación de la nueva sede educativa se dio oportunidad para que docentes tumaneños puedan formar parte del personal de instrucción de formación de estudios generales (física, química, dibujo técnico, leguaje y comunicación, inglés, etc), siendo invitados a participar de la convocatoria de evaluación y selección del SENATI.

 

Las carreras técnicas a las cuales se tiene acceso en primera instancia son: Mecatrónica, Maquinaria Agrícola, Electricidad Industrial, Mecánica de Producción. Computo, Diseño Digital, Administrador Industrial, etc.

 

De igual manera se anuncia que están abiertas las inscripciones para que los adultos mayores y público en general del distrito, puedan matricularse gratuitamente en el aprendizaje de los talleres de Confección textil, Reparación de mototaxis, Carpintería metálica y Panadería.

 

Para el desarrollo de las carreras técnicas y los talleres mencionados, la empresa habilitó, equipó y acondicionó algunas instalaciones, mientras que SENATI trasladó parte de su maquinaria textil, para dar inicio y complementar el taller de confecciones textiles.

 

SIEMBRA

 

Esta semana la gerencia general dispuso la siembra de 2,000 hectáreas de caña, con ello se empezaron a renovar los campos que están abandonados hace más de dos años. Para ello se ha previsto la inversión que asegure una siembra sostenida para obtener la cosecha de alta rentabilidad que pueda producir la mejor azúcar para el consumo nacional.

 

FÁBRICA

 

También se conoce que en fábrica se están realizando reparaciones, acondicionamientos y proyectando una inversión millonaria para repotenciar la actual producción azucarera.

 

ESTADO DE EMERGENCIA

 

Sobre el particular los actuales directivos de la Empresa Agroindustrial Tumán, esperan que esta medida se prolongue 30 días más para garantizar el orden y la paz que desde hace dos se ha recuperado en el distrito azucarero.

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FISCALÍA PIDE 13 AÑOS DE CÁRCEL PARA EXALCALDE ROBERTO JACINTO PURIZACA

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1029

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Acto de enjuiciamiento lo comparte con siete ex funcionarios de su confianza y el proveedor de servicios Walter Arturo Gonzáles Segura. Acusación se fundamenta en entrega de buena pro a una sola persona y pago total de una obra sin que haya sido culminada

 

Con la “campaña electoral en las manos”, a la alcaldía de Pimentel, se podría quedar el ex alcalde  del distrito de Pimentel, Roberto Jacinto Purizaca, si es que en juicio oral los representantes del Ministerio Público logran probar que junto a un grupo de ex funcionarios de su confianza, cometió delito en agravio del Estado durante su gestión municipal en los años 2007-2010.

 

Para la ex autoridad municipal se ha pedido una pena sumatoria de 13 años de cárcel, de los cuales 7 años son por Colusión y 6 años por Peculado. Junto a él también son procesados los ex funcionarios María Magdalena Beltrán Zuloeta, José Luis Peña Camino, Jesús Galán Ramírez, Juliana Cabrejos Dávila, Víctor Hugo Figueroa Mundaca, Segundo Alberto Escobar Rujel y Antonio Augusto Larrea Quiroz.

 

La audiencia de inicio de juicio oral, desarrollada el último lunes en una de las salas del tercer piso de la sede principal del Poder Judicial, también se le ha solicitado el pago de una reparación civil de 20 mil soles, que en caso ser condenados, los procesados deberán cancelar en forma solidaria a favor de la agraviada, en este caso la Municipalidad Distrital de Pimentel y el Estado.

 

Conforme se detalla en el expediente judicial N° 05930-2012-56-1706-JR-PE-5, a cargo del juez del Sétimo Juzgado de Juzgamiento, Pedro Delgado Ramírez, tras varios meses de investigación los representantes del Ministerio Público advierten la existencia de suficientes elementos de convicción que permitirían acreditar que los presuntos actos ilícitos se cometieron con pleno conocimiento de los imputados.

 

LOS ACTUADOS

 

Tal y como consta en el expediente judicial, la denuncia se hizo el 24 de enero del año 2011, y tras un año de investigación, el 27 de febrero del 2012, el Procurador Público Municipal de Pimentel, Emilio David Cuadra Alemán, formuló denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exalcalde Roberto Jacinto Purizaca y sus ex funcionarios más cercanos por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios, colusión y peculado, en agravio de la comuna.

 

En la denuncia se sustenta que la administración municipal de Pimentel, representada en ese momento por la gerente municipal María Beltrán Zuloeta, suscribió un Contrato de Locación de Servicios con Walter Arturo Gonzáles Segura por mano de obra de la construcción de un puente de concreto armado en el sector rural “El Higo – Ipanaqué”.

 

Dicha obra tendría un costo de 10 mil 500 soles, y con una duración de 25 días, y el pago se haría con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano, previa valorización emitida por el residente de obra, Luis Alberto López Aguilar, quien emitió la carta N° 0020-2010 /Residente-obra-puente “El Higo”, con la valorización proyectada al 31 de diciembre del 2010, la cual ascendía a la suma de 4 mil 372.49 soles.

 

Sin embargo, el 31 de diciembre el área de Logística, a cargo de Josué Jesús Galán Ramírez, elaboró la Orden de Servicios N° 9701 por el importe de 10 mil 500 soles; es decir, al contratista se le iba a pagar la totalidad del costo de la mano de obra sin que la haya culminado.

 

Este mismo documento llega al entonces gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José Luis Peña Camino, quien la dirige al exalcalde César Roberto Jacinto Purizaca, quien ese mismo día emite el Informe N° 1851-2010-GDU/MDP, considerando procedente el pago de los 4 mil 372.89 por avance de mano de obra.

 

El documento fue derivado a la ahora exgerente municipal María Beltrán Zuloeta, que el mismo 29 de diciembre hace el proveído en el mismo documento, derivándolo al área al área de Logística para que se ejecute el pago.

 

Sin embargo,   el jefe de esta área, Josué Galán Ramírez, elabora la Orden de Servicio N° 9701 por el importe de 10 mil 500 soles, cuando el Informe N° 1851-2010 señalaba que a Walter Arturo Gonzáles Segura, se le debería hacer un pago de 4 mil 372.89 soles, lo cual corresponde al importe real por concepto de avance de obra.

 

ACTA DE COMPROMISO

 

Como el cheque de pago había sido emitido por el monto total de la ejecución de la obra y no por el monto de la valoración, con la presunta finalidad de subsanar el supuesto error, el 30 de diciembre del año 2010 se adjunta al expediente un acta de compromiso sin fecha, la que fue firmada por el contratista Walter Gonzáles Segura, la gerente edil María Beltrán Zuloeta y Josué Galán Ramírez, así como la firma del entonces gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Con ello, se terminó autorizando el giro del cheque, el cual fue firmado por la entonces tesorera Juliana Cabrejos Dávila, a nombre del proveedor Walter Gonzáles Segura, con el tenor de cancelar gastos de la mano de obra en la construcción de un puente de concreto armado, cuando este solamente tenía un 40 por ciento de avance.

 

A favor del contratista se giró el cheque N° 58762025, el cual fue firmado por la tesorera Yuliana Cabrejos Dávila, por el importe de 10 mil 500 soles, el cual era el pago total del dinero. Para su ejecución, se tomó como referente el expediente SIAF N° 05193, con comprobante de pago N° 22188.

 

De acuerdo a la apreciación del Ministerio Público, al cancelarse dicho monto, los ex funcionarios inobservaron lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 38°, que señala que para poder cumplir con el pago de obras se tiene que tener en cuenta su avance y valoración, y para que se cumpla con el pago del avance de obra, se tiene que tener un cuaderno en donde se  consigna la ejecución de obra y su avance, así como el monto a pagar de acuerdo al desarrollo o avance de los trabajos.

 

OTROS CASOS

 

De igual manera, el representante del Ministerio Público hizo público el informe N° 1140-2010-MDP/GSP, en donde el ingeniero Víctor Hugo Figueroa Mundaca se dirige al exalcalde Roberto Jacinto Purizaca, en su calidad de Gerente de Servicios de la Municipalidad Distrital de Pimentel, y solicita la contratación de personal de apoyo para guardianía del local llamado “La Estación”.

 

En la misiva propone a Walter Arturo Gonzales Segura para que desarrolle dicho trabajo, quien con contrato N° 168-2010-MDR, firmado el 1 de diciembre del 2010, fue contratado por la Gerente Municipal María Beltrán Zuloeta. El contrato indicaba la prestación de un servicio por las 24 horas del día, más la limpieza del lugar.

 

Además, el contrato estipulaba que por desarrollar dicho trabajo, Walter Arturo Gonzales Segura iba a percibir la suma de 1,900 soles mensuales por el servicio a prestar durante un mes, durante las 24 horas del día.

 

De acuerdo al interrogatorio formulado por el representante del Ministerio Público a Walter Arturo Gonzales Segura, es que si tenía un contrato para laborar como guardián a tiempo completo, cómo es que el mismo mes, el 24 de diciembre del año 2010, firmó contrato con la municipalidad  de Pimentel para constructor el puente en el sector “El Higo-Ipanaqué”.

 

“Señor juez, esto evidencia un acto de concertación entre los funcionarios de la municipalidad de Pimentel y el señor Walter Arturo Gonzales Segura, en calidad de contratista”, sostuvo el fiscal durante el interrogatorio al imputado.

 

ALQUILER DE MADERA

 

Sin embargo, un año antes –señaló en su acusación el representante del Ministerio Público- el Gerente Municipal de la comuna pimenteleña , Segundo Alberto Escobar Rujel, suscribió el Contrato de Locación de Servicios N° 110-2009 –MDP, con Walter Gonzales Segura por el alquiler de madera para la construcción de veredas en el cercado del distrito.

 

La obra se realizó en las cuadras 4 de la calle Lima; cuadra 2, 3 y 4 de la calle Chiclayo. También en la cuadra 1 y 2 de la calle Torres Paz, y para que sea ejecutada la comuna alquilo madera, la que era de propiedad de Walter Gonzales Segura.


Para justificar el alquiler– sustentó el fiscal a cargo de la defensa del Estado- el gerente de Desarrollo Urbano explicó en su Informe N° 003-2009-GDU-MDP, que el monto a cancelar era de 3 mil 500 soles, el cual era mucho menor al del expediente técnico que disponía un gasto en compra de madera de 6 mil 681.65 soles, lo cual significaba un ahorro de más de la mitad de dinero.

 

Además, el representante del Ministerio Público sostuvo que al consultar los costos de obra ante peritos de la Cámara Peruana de la Construcción -Capeco –, esta institución emitió informe señalando que la madera puede utilizarse hasta 10 veces en la construcción de obras.

 

“En cada obra, la madera sufre un desgaste del 10 por ciento; por lo tanto, a la municipalidad de Pimentel le habría convenido comprar madera antes que alquilar”, sostuvo.

 

De igual manera, el defensor de la legalidad sustentó que los ex funcionarios procesados utilizaron dos veces el contrato N° 110-2009-MDP, el cual es el mismo que se utilizó para la construcción de veredas en el cercado de Pimentel, cuadra seis y siete de la calle Chiclayo, cuadra tres y cuatro de la calle Buenos Aires y la cuadra dos de la calle Grau, bajo el argumento que la obra era continuación de la construcción de las calles Torres Paz, Chiclayo y Lima.

 

LO NIEGA TODO

 

De acuerdo al avance del proceso judicial, el primero en declarar fue el contratista Walter Gonzales Segura, quien tras hacer un relato de los hechos investigados en el presente proceso, negó tener algún tipo de preferencia en cuanto a la obtención de la buena pro para acceder a la prestación de los servicios, sosteniendo que el problema se ha suscitado por cuestiones políticas ante el cambio de gestión municipal a partir del primero de enero del 2011.

 

El contratista señaló que para obtener la buena pro de la construcción del puente “El Higo”, simplemente presentó su propuesta económica y técnica. Además, negó haber tenido que contactar con algún funcionario y mucho menos tener que hacer algún tipo de pago para acceder de la prestación del servicio.

 

Asimismo, también negó haber tenido preferencias para hacerse de los servicios de alquiler de madera y de guardianía.

 

“Como cualquier otra persona que se dedica a la construcción, me presenté a los concursos que en el año 2009 y 2010 realizó la municipalidad de Pimentel. Lo único que hice fue dejar mí propuesta, y luego me llamaron”, sostuvo.

 

Finalmente, indicó que en cuanto al cobro del total del costo de la mano de la obra del puente “El Higo”, sostuvo que tras una valoración que se le hizo, el día 29 de diciembre del 2010 se presentó al área de logística de la comuna pimenteleña para cobrar la suma de 4 mil 372.89 por concepto de avance de mano de obra, pero allí le dijeron que se le iba a pagar el costo total, pero para ello debería firmar un acta de compromiso de cumplimiento.

 

Indica que la acción lo sorprendió, pero no la rechazó ya que imaginó que se trataba de un cumplimiento de pago debido a que el día 31 de diciembre culminaba la gestión municipal de Roberto Jacinto Purizaca, y a partir del 1 de enero del 2011 ingresaba una nueva administración edil, que era liderada por el alcalde José Francisco Gonzales Ramírez, del Movimiento Fuerza Social Progresista, y que en la actualidad desarrolla su segundo periodo, pero por la agrupación política vecinal Raíces.

 

PRESUNTA CONCERTACIÓN

 

Para el representante del Ministerio Público – durante el interrogatorio- le es sospechoso que Walter Gonzáles Segura haya estado vinculado a la municipalidad, máxime si en el caso en concreto, pese a haber sido contratado para cumplir labores de guardián todo el mes de diciembre del 2010, aparece el 24 de ese mismo mes contratado como constructor de la obra del puente de concreto.

 

“Esa acción evidencia un acto de concertación entre los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pimentel y el señor Walter Gonzáles Segura, para quien han dispuesto los recursos del Estado”, sostuvo en audiencia.

 

+ NOTICIAS

  • Desde que Roberto Jacinto Purizaca dejó la alcaldía de Pimentel – 31 de diciembre del 2010- se ha visto envuelto en diversas investigaciones por presuntos actos de corrupción en agravio del Estado.

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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN: CINCUENTA AÑOS EVANGELIZANDO EN COMUNIDAD

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1029

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Desde 1967 los agustinos recoletos cumplen una admirable labor evangelizadora en Chiclayo, teniendo como epicentro de acción la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, creada ese año y que hoy, al cumplir sus Bodas de Oro, se constituye en uno de los más importantes referentes de la vida en comunidad para la iglesia católica en Lambayeque.

 

La orden aparece en el siglo XVI por el deseo de algunos religiosos agustinos de vivir una vida mucho más austera a la que existía en aquel tiempo entre las comunidades católicas, iniciando así una práctica de recogimiento o recolección que le dio nombre, pero que sería reconocida oficialmente por la iglesia poco más de tres siglos después, en 1912, cuando el papa Pío X emitió el breve pontificio de las “Religiosas Familias”.

 

La presencia de la orden en Chiclayo se remonta a 1964 y fue el 2 de octubre de 1967 que se firmó el decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación en la aún pequeña urbanización Santa Victoria, siendo el primer párroco el padre José María Alesanco.

 

Desde entonces, los agustinos recoletos han desarrollado un trabajo pastoral ejemplar, que les ha permitido extender su prédica a 13 sectores de la ciudad, que incluye a más de 30 mil fieles católicos.

 

La parroquia tiene jurisdicción sobre las urbanizaciones Santa Victoria y Federico Villarreal y los pueblos jóvenes San Francisco, Buenos Aires y Zamora.

 

En octubre del 2011 tomó posesión como párroco el sacerdote español José Estebas Martínez.

 

TRABAJO EVANGELIZADOR

 

“Damos gracias al Señor y a la comunidad de Chiclayo, sobre todo a la de Santa Victoria, que ha colaborado siempre con nuestro trabajo y con nuestros ideales”, señala el padre Juan Cuña Calavia, uno de los sacerdotes que mayor obra ha realizado en la parroquia.

 

El sacerdote, también de origen español y que antes de llegar a Chiclayo se desempeñó como director de la Escuela Normal de Cutervo, recuerda que en la década del 60 la urbanización donde se sentó la orden no estaba tan poblada como hoy. Incluso, detrás de la casa parroquial no había más que otras dos viviendas y después “todo era pampa hasta la carretera a Lima”, hoy avenida Haya de la Torre.

 

Los primeros padres de la congregación que llegaron a Chiclayo cumplieron labores en la capellanía del Hospital Las Mercedes y rápidamente tomaron consciencia de la extensión de la ciudad hacia el sur, por lo que propusieron la erección de la parroquia que se concretó al amparo de monseñor Luis Sánchez Moreno Lira.

 

La construcción de la casa de los sacerdotes demoró poco más de tres años y en un pequeño ambiente destinado a la capilla, sin acabados en las paredes ni en el piso, se ofició el primer acto litúrgico.

 

EL PROYECTO DEL TEMPLO

 

“Hay que distinguir lo que es la construcción de la casa parroquial y la capilla, obra de nuestros padres agustinos recoletos y lo que después sería la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación”, indica el padre Juan Cuña.

 

Convertido él en el tercer párroco, la orden le dio directivas de establecer un colegio, apelando a la experiencia que había adquirido como director de la Escuela Normal de Cutervo.

 

“Eran tiempos no muy derechos para construir colegios, porque estaba el gobierno militar y la revolución (de Juan Velasco Alvarado) no miraba con muy buenos ojos a la iglesia. Entonces me pareció que no era el mejor momento y además que el terreno era pequeño. Yo tenía entendido que se necesitaban por lo menos ocho o diez mil metros cuadrados para tener un colegio más o menos bueno. Fue así, que hablando con mis superiores y considerando que la capilla que teníamos era muy reducida, tanto así que en verano la gente se desmayaba por el calor, propuse construir una iglesia con espacio suficiente y la idea fue aprobada”, recuerda.

 

Las primeras acciones del padre Juan se concentraron en la obtención de recursos, debido a que la congregación ya había financiado la casa parroquial.

 

Así, se organizaron kermeses e incluso se proyectaron películas en los cines locales para con el dinero reunido financiar los primeros trabajos. Sin embargo, la devaluación de la moneda empezó a jugar en contra de los planes trazados.

 

“Cuando ya teníamos como 50 mil soles viajamos a Chimbote a comprar toneladas de fierro, porque era mejor tener invertido el dinero que en el banco. Lo trajimos y lo almacenamos en la casa parroquial, yo no sabía nada de construcción pero sí que por lo menos íbamos a necesitar barras de una pulgada,  de cinco octavos y de tres cuartos”, comenta.

 

LAS OBRAS

 

El 15 de julio de 1975, el entonces obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Ignacio María de Orbegoso, colocó la primera piedra del proyecto. “Nuestro señor obispo nos dijo: ‘Me gusta más decir las últimas piedras que las primeras piedras’. Yo le dije que a mí también y que esperaba que en el futuro él llegara para bendecir la iglesia”, rememora.

 

Con lucidez admirable, el padre Juan, quien esta semana cumplió 79 años de vida, 54 de los cuales ha dedicado a su labor pastoral, recuerda que el 19 de septiembre de 1976 empezaron las obras civiles con la excavación de las zanjas.

 

El proyecto de la iglesia era ambicioso y este había demandado de él y de sus colaboradores, entre clérigos y laicos, un importante esfuerzo.

 

“Ya había conseguido ladrillos, se hizo un pequeño concurso para la selección del diseño y se les dijo a los arquitectos que queríamos una iglesia moderna. Un comité aprobó el proyecto del arquitecto Marquina Ódar y este después fue revisado luego en Lima, para tener en cuenta los criterios de estructura. Le dije que no queríamos una iglesia antigua, sino de tipo redondo, que la gente pudiera verse a la cara con facilidad y le señalamos también la necesidad de los ambientes contiguos”, explica.

 

Cuatro años después la construcción del templo concluyó siendo párroco el padre Ángel Jiménez, quien se encargó de la decoración interior. La iglesia fue consagrada el 8 de diciembre de 1980.

El nombre se desprende de una tradición que se remonta a los tiempos de Santa Mónica, madre de San Agustín, según la cual la virgen María se le apareció para consolarla por el tipo de vida que llevaba el santo de Hipona antes de su conversión.

 

“La construcción se hizo poco a poco, tan pronto teníamos dinero se cavaban zanjas o se levantaban columnas. Llegué a entenderme con los obreros porque el ingeniero no estaba siempre presente. Al final tuvimos que pedir dinero a Alemania, que nos ayudó con casi 60 mil marcos necesarios para el techado del templo, que debía hacerse de manera integral”, confiesa.

 

GESTORES PARROQUIALES

 

El padre Juan Cuña fue párroco hasta 1978, siendo remplazado por el padre Ángel Jiménez, quien estuvo al frente de la parroquia durante nueve años.

 

Posteriormente llegaron los sacerdotes Víctor García y Roberto Armas, en el 2005 retornó el padre Juan y permaneció durante seis años como responsable de la parroquia, continuando con otras obras del complejo como la construcción del velatorio del segundo piso y fortalecer la actividad pastoral.

 

“Para mí los 50 años de la parroquia representan una satisfacción muy grande porque he dejado algo. El Señor se ha valido de este pobre instrumento para dejar esta iglesia. Yo muchas veces le decía a la gente que tenía que colaborar, que yo no me iba a llevar la iglesia en la maleta y, por lo tanto, la obra quedaría. Quería que la gente se hiciera responsable de su propia iglesia y no solamente de la material, sino también de la espiritual, porque de otra forma no iba a amarla. La gente no ama lo que no le ha costado trabajo”, afirma el sacerdote, quien trajo por primera vez a Chiclayo los Cursillos de Cristiandad, que a la fecha han permitido formar a 57 grupos conformados por hombres y mujeres.

 

JOSÉ ESTEBAS MARTÍNEZ

PÁRROCO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

 “Es momento de dar gracias a Dios por todo lo que él ha podido realizar a través de una parroquia con todo sus servicios pastorales en esta porción de la diócesis, lo que ha servido para el bienestar y el progreso material y social de toda la colectividad”.

 

JOSÉ CHACÓN PRATO

SACERDOTE DE LA O.A.R.

 “Sentimos gratitud enorme para con Dios y con los feligreses que nos acompañado durante todo este tiempo y con su apoyo han hecho posible que se mantenga hasta ahora el trabajo parroquial, siguiendo la enseña de nuestro padre San Agustín”. 

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MALOS PROYECTISTAS PODRÍAN SER SANCIONADOS: PROPUESTAS PARA TRANSPARENTAR LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1029

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A nivel nacional, departamentos como Cusco y Ayacucho son los que mayor cantidad de obras paralizadas concentran, según los reportes publicados en el portal Infobras de la Contraloría General de la República. Sin embargo, Lambayeque no queda fuera de este serio problema que evidencia las deficiencias aún existentes en la ejecución y control de los recursos del Estado.

 

El presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, Manuel Borja Suárez, señala que cada obra paralizada representa pérdidas para el Estado, toda vez que se trata de recursos desviados por la corrupción o proyectos en arbitrajes, procesos que, por lo general, las entidades pierden frente a los contratistas.

 

“Cusco tiene 293 obras paralizadas, lo que representa 988 millones de soles, mientras que en Lambayeque hay 28 obras por un valor general de 164 millones de soles. Por cantidades podríamos decir que no estamos tan mal, pero una sola obra en esas condiciones representa un enorme daño no solo para el Estado, sino también para la población que necesita de los servicios básicos”, manifiesta.

 

A nivel nacional hay 968 obras paralizadas de las cuales 201 corresponden al sector saneamiento básico, con una inversión de 758 millones de soles.

 

RANKING NACIONAL

 

El Sistema Nacional de Obras Públicas tiene registrado un total de 51 mil 343 obras que representan 266 mil 448 millones de soles. El 77 % de las obras corresponden a los gobiernos locales, el 13 % al gobierno nacional y el 10 % a los gobiernos regionales.

 

El 40 % de las obras registradas (20 mil 491 obras) se ejecuta a nivel descentralizado bajo la modalidad de administración directa.

 

Hasta el año pasado, Cusco tenía 293 obras paralizadas, Piura 28, Puno 51, Huánuco 25, Áncash 45 y Moquegua 46.

 

La Libertad concentra 22 proyectos paralizados, Lambayeque 28, Tacna 21, Apurímac 41, Ayacucho 52, Ica 26, Lima 49, Junín 41, Pasco 23, Loreto 15, Cajamarca 43, Huancavelica 35, Amazonas 23, Arequipa 24, San Martín 13, Ucayali 13, Madre de Dios cinco, Callao dos y Tumbes cuatro.

 

Todas las obras paralizadas representan un total de cuatro mil 133 millones de soles.

 

MAYOR CONTROL

 

Borja Suárez comenta que esta problemática obliga a los actores de la sociedad civil a mantenerse alertas frente a lo que será el proceso de reconstrucción de los departamentos afectados por El Niño Costero 2017, a fin de evitar que más proyectos queden inconclusos.

 

“El Colegio de Ingenieros ha logrado constituirse como un veedor del proceso de reconstrucción, pero lo que queremos es no solo ser veedores de la construcción, sino desde la etapa de planificación, formulación de expedientes y procesos de licitación, justamente para asegurar que las cosas se hagan bien. Caso contrario, la fiscalización no sería integral y no podría detectar las deficiencias o actos de corrupción en todas las etapas de las obras a realizar”, menciona.

 

El también docente universitario refiere que se puede advertir aún deficiencias de las instituciones de control para hacerle frente a la corrupción en las obras públicas, aunque reconoce que en los últimos años se ha mostrado un avance en la fiscalización y sanción.

 

“Un serio problema es que estas instituciones no tienen los recursos suficientes para llegar a todos los lugares donde se ejecutan obras del Estado. Justamente por consideraciones de este tipo es que nosotros proponemos que se cree una Superintendencia Nacional de Obras Públicas, a fin de independizar esta función de la Contraloría, que evidentemente no se está dando abasto”, afirma.

 

CAMBIOS NECESARIOS

 

Manuel Borja también plantea entre sus propuestas que todas las obras tengan supervisión externa y que esta sea designada obligatoriamente antes que se designe al contratista. De no cumplirse con ambas figuras, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, no debería autorizar procesos de licitación. También propone que se elimine la designación de inspectores.

 

Asimismo, que se cree un registro virtual de cartas fianza y que este sea de acceso público, que se anulen los sorteos para la entrega de licitaciones y que promueva la innovación y competitividad con el cambio del sistema de evaluación.

 

También que se cree un registro nacional de proyectistas de obras públicas, que se precisen indicadores de desempeño y que se establezca la sanción e inhabilitación para quienes diseñen expedientes deficientes. 

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