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JUEZ LO ABSUELVE DE ACUSACIÓN POR ASOCIACIÓN ILÍCITA: INCHÁUSTEGUI PODRÍA RECUPERAR SU LIBERTAD EN DOS SEMANAS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1033

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El 21 de octubre se vence el mandato de prisión preventiva por lavado de activos y el Ministerio Público aún no formaliza la acusación en su contra.

 

El despacho que dirige el fiscal Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, que investiga a dedicación exclusiva el caso “Limpios de las corrupción” recibió su primer fallo judicial en contra, luego que el juez del Octavo Juzgado Unipersonal, José Rojas Cubas, anunciara, en adelanto de audiencia, la absolución del exgerente de Urbanismo del municipio provincial, Jorge Incháustegui Samamé, acusado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, por la comisión de supuestas irregularidades en la emisión de licencias de construcción.

 

La decisión del magistrado del Poder Judicial pone en aprietos al Ministerio Público, debido a que sobre Incháustegui Samamé pesan dos imputaciones: la de asociación ilícita, de la que se le ha declarado inocente, y la de lavado de activos, sobre la cual hasta el momento la fiscalía no ha formalizado la acusación y por la que el exfuncionario se mantiene bajo mandato de prisión preventiva, la misma que se vence el próximo 21 de octubre.

 

Quiere decir – según explica el abogado José Delgado Fuentes, defensor legal de Incháustegui Samamé – que es muy probable que en dos semanas este abandone el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo y afronte en libertad la investigación que aún mantiene pendiente el Ministerio Público.

 

El 30 de septiembre del 2014, a solicitud de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la captura del exalcalde de la ciudad Roberto Torres Gonzales, familiares, funcionarios y sus más cercanos colaboradores, sobre los cuales se había iniciado una investigación por ilícitos cometidos en perjuicio del municipio, EPSEL, el ex SATCH y la Sociedad de Beneficencia.

 

Entre los investigados se encontraba Jorge Incháustegui Samamé, quien se puso a disposición de la justicia en enero del 2015 y fue inicialmente enviado al expenal de Picsi bajo prisión preventiva por 18 meses, medida coercitiva que se ha prolongado en dos oportunidades y se mantiene hasta el momento.

 

PRIMER PASO

“Nosotros no tomamos esto como un triunfo, sino como un primer paso para acreditar la inocencia de mi cliente. Jorge Incháustegui se encuentra internado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo esperando que en un procedimiento justo, en un juicio justo, se determine su responsabilidad o no conforme a lo que se le imputa. Consideramos nosotros que las imputaciones que se le han efectuado son inconsistentes”, señala el abogado.

 

Delgado Fuentes menciona que al exfuncionario se le imputa la responsabilidad de haber autorizado la construcción de edificios de más de cinco niveles en la ciudad, lo que según la tesis del Ministerio Público resulta ilegal.

“Basta mirar el edificio de la propia fiscalía, que tiene seis pisos más azotea y sótano, y eso no implica que el Ministerio Público haya hecho algo ilegal porque sí está permitido. El Reglamento Nacional de Edificaciones señala que la altura de un edificio se determina multiplicando 1.5 el ancho de la vía, lo que además está contemplado en una Ordenanza Municipal de 1999 que modificó el Plan Director de 1992. Entonces se trata de legislación que los trabajadores y funcionarios de planta del municipio conocen y manejan y es por eso que se dieron las autorizaciones conforme ha correspondido”, explica.

 

En el juicio contra Incháustegui Samamé la fiscalía presentó 25 testigos, los que – según indica el abogado – argumentaron ante el juez qué es un parámetro urbanístico y por qué era legal admitir edificaciones de más de cinco niveles.

 

EL TESTIGO PRINCIPAL

Refiere que durante el proceso judicial debió rebatirse las declaraciones de Javier Llorach Paredes, a quien se considera el testigo principal del caso en relación a las irregularidades en la emisión de licencias.

 

“Esta persona, que señala que no se puede construir más de cinco pisos en Chiclayo, lo que ha creído ciegamente el Ministerio Público, paradójicamente respondió en el interrogatorio que vivía en el sexto piso de un edificio y que además él mismo lo había construido, justo en el período en el que mi cliente era gerente de Urbanismo”, comenta.

 

Añade que entre Llorach Paredes e Incháustegui Samamé existe una enemistad manifiesta porque el exfuncionario le otorgó licencia para construir solo cinco niveles. Sin embargo, el empresario inmobiliario edificó dos niveles más, lo que motivó la paralización de la obra.

 

“Desafiando a la autoridad construyó ilegalmente más pisos y después pretendió que se le regularice, ante lo cual lo que hizo mi cliente fue paralizarle la obra y multarlo. Esto originó incluso que el señor Llorach deba indemnizar a la propietaria del terreno por incumplir el acuerdo inicial. Luego, esta persona obtuvo una licencia pero con autorización del alcalde, no de mi cliente. Por lo tanto, entre ambos sí hay una enemistad manifiesta”, afirma.

 

EL LAVADO DE ACTIVOS

Como se ha explicado, sobre Incháustegui Samamé existe aún la investigación por lavado de activos, por la cual existe el mandato de prisión preventiva que tiene vigencia hasta el 21 de octubre.

 

“La sentencia absolutoria por asociación ilícita para delinquir será leída el 12 de octubre y surte efectos desde ya. Si no existiera el caso de lavado de activos esto significaría que él debería quedar en libertad. Sin embargo, por estar pendiente la investigación debe esperarse a que la medida de prisión preventiva se venza y es muy probable que el juzgamiento de lavado de activos, si es que lo hay, sea en libertad. Este segundo caso está todavía en etapa de investigación preparatoria y no hay acusación de parte del Ministerio Público porque todavía no se tiene peritaje”, señala.

 

José Delgado precisa que su defendido ha recibido la noticia del adelanto de sentencia absolutoria de manera alentadora.

 

“A él solo se la han imputado los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y colusión, pero este último es un proceso que no está incluido en el caso Limpios de la corrupción”, indica.

 

A partir del 12 de octubre, cuando se dé lectura a la totalidad de la sentencia absolutoria, se conocerá si el Ministerio Público presentará o no el recurso de apelación, que podría demorar hasta dos meses en ser resuelto por la Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque. Por asociación ilícita, la fiscalía pidió contra Jorge Incháustegui cinco años de prisión.

 

“La imputación de lavado de activos se da por la adquisición de una oficina y este tema también ha sido tocado en el proceso de asociación ilícita, cuando se dice que comprar bienes habría sido una de sus funciones dentro de la organización. En el juicio se ha acreditado que mi cliente no ha tenido ninguna vinculación con la supuesta organización criminal, a él se le imputan hechos particulares y específicos referidos a las licencias, caso en el cual no tiene nada que ver otro funcionario ni el exalcalde Roberto Torres”, precisa el abogado.

 

Inicialmente el Ministerio Público sostenía la tesis que parte del presunto desbalance patrimonial de Incháustegui Samamé, asociado al lavado de activos, se puso en evidencia con viajes al exterior y otra serie de gastos que no podía sustentar. Sin embargo, estas imputaciones fueron dejadas de lado al no existir consistencia en la investigación fiscal.

 

COMPLEJIDAD DEL CASO LIMPIOS

“Mi opinión es que el caso se le ha ido de las manos al Ministerio Público, se ha tornado demasiado complejo y esto lo hace poco llevadero. Es poco llevadero cuando se tiene a más de 100 o 200 imputados, cuando se siguen ampliando formalizaciones. Lo correcto aquí es que todas estas ampliaciones debieron haberse manejado como casos independientes.  ¿Por qué? Porque se está haciendo que todas las ampliaciones y formalizaciones de investigación preparatoria tengan que cargarlas quienes están dentro del establecimiento penitenciario y eso sí no es justo. Lo justo es que se les juzgue por casos sobre los cuales se acredite su participación”, señala el abogado.

 

Delgado Fuentes dice confiar en que el exfuncionario municipal también saldrá librado de la acusación por lavado de activos, aun cuando hasta el momento el Ministerio Público no ha formulado el procedimiento ante el Poder Judicial.

 

“No hay hasta ahora peritaje en la investigación de lavado de activos y eso es lo más perjudicial para la tesis de la fiscalía, porque a tres años de iniciado el caso no tiene el informe económico, contable o financiero que pueda concluir que hay desbalance entre los bienes e ingresos de mi cliente. Tenemos un peritaje de parte, elaborado por un especialista adscrito al Registro de Peritos, en el cual se ahonda al detalle los ingresos y egresos de mi cliente, quien no solo ha sido funcionario público por más de 19 años, sino que también era profesor en dos universidades y ejercía la actividad privada”, concluye. 

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LA RECONSTRUCCIÓN NO CUADRA: A SIETE MESES DE EL NIÑO COSTERO AÚN NO SE DEFINE PLAN PARA LAMBAYEQUE

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1033

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Mientras alcaldes y sociedad civil expresan sus molestias por la conducción del proceso, el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios asegura que más proyectos se pueden incorporar a la lista.

 

Hasta el momento, la reconstrucción de Lambayeque, el segundo departamento más afectado por El Niño Costero, no cuaja. Pablo de la Flor Belaunde, el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, estuvo el último viernes en Chiclayo, en la mesa de trabajo que convocaron algunos congresistas y donde los alcaldes y representantes de las organizaciones de la sociedad civil hicieron sentir su disconformidad por la manera en la que se han desarrollado las acciones de la ARCC, en algunos casos con total resistencia a atender las recomendaciones de los colegios profesionales.

 

A mediados de agosto pasado, De la Flor Belaunde expuso ante las autoridades locales el primer borrador del Plan de Reconstrucción de Lambayeque, que inicialmente consideró un monto de tres mil cinco millones de soles, documento que en las dos semanas siguientes se sometió a discusión entre los funcionarios de la ARCC en el nivel regional y los representantes del gobierno regional, los gobiernos locales y la sociedad civil.

Tras la revisión, se dijo que se tenía el plan definitivo y este consideraba un inversión de tres mil 115 millones de soles, de los cuales mil millones estarían destinados, entre otras cosas, a obras de prevención como la construcción de la represa La Calzada en el valle La Leche y del drenaje pluvial para Chiclayo metropolitano.

 

LAS DUDAS

Sin embargo, los días siguientes fueron de más cuestionamientos por parte de las órdenes profesionales de ingenieros y arquitectos, debido a que sobre ambos proyectos no existen estudios definitivos y los montos fijados en el plan tienen condición de “referenciales”.

Esta situación motivó, por ejemplo, a que los directivos del Colegio de Arquitectos de Lambayeque viajaran hasta Lima para reunirse con Pablo de la Flor, a fin de conocer cuáles eran los criterios que se habían establecido para la asignación de los presupuestos referenciales, recibiendo como respuesta que en caso los proyectos demanden de más recursos de todos modos se ejecutarían.

Por su parte, las instituciones que integran el Comité Cívico de Lambayeque alcanzaron al gerente regional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, César Calderón Morales, un total de 15 demandas, con el respaldo del gobierno regional, sobre proyectos que deberían ser considerados como prioritarios, los mismos que fueron dejados de lado en el plan que supuestamente era el definitivo.

 

El viernes, luego de escuchar durante casi cinco horas las exposiciones de los alcaldes, decanos de colegios profesionales, representantes gremiales y dirigentes de las comisiones de regantes, Pablo de la Flor anunció en una breve entrevista ofrecida a los medios de comunicación que el plan definitivo ya no era tal y que, por lo tanto, nuevos proyectos se añadirían a la propuesta para la reconstrucción de Lambayeque.

 

Así las cosas, la pregunta natural es ¿cuándo se tendrá el documento final del proceso que, según el gobierno nacional, debió empezar en agosto pasado?

 

LOS MONTOS IGUALES

Uno de los principales cuestionamientos al documento que maneja la Autoridad para la Reconstrucción está referido a los presupuestos asignados para determinadas obras.

El decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Antonio Uriarte Gonzales, dejó pasmado al auditorio cuando reveló, ante los congresistas Milagros Takayama Jiménez, Clemente Flores Vílchez y Javier Velásquez Quesquén, el propio Pablo de la Flor, los alcaldes y autoridades locales, que para el distrito de Tumán se había presupuestado una obra de pistas y veredas con el valor referencial de 189 soles.

 

Similares trabajos se han presupuestado por 284, 379, 395, 421, 505, 682, 757 y 871 soles también en el distrito de Tumán.

 

“Desde el punto de vista del Colegio de Arquitectos los que han priorizado las obras no conocen la realidad local y además se han considerado criterios equivocados. No puede haber diez o 20 obras impactadas de la misma manera y mucho más cuando se dice, como lo afirma el señor De la Flor, que el plan es un documento definitivo. En un borrado podría admitirse eso, pero no en algo definitivo. Es preferible tener un documento final de aquí a seis meses que tener algo mal hecho por la premura del tiempo”, señala Uriarte Núñez.

 

Peor aún, Uriarte Núñez continuó exponiendo el plan de la reconstrucción y objetó que en este se había establecido el mismo monto para el mejoramiento de un colegio en el distrito de Íllimo y otro en Incahuasi, sin considerar las distancias ni condiciones de accesibilidad de ambos lugares para la ejecución de obras civiles.

 

En 249 mil 268 soles se ha presupuestado la rehabilitación de colegios en José Leonardo Ortiz, Pimente, Cañaris, Incahuasi, Pítipo y Olmos; en 344 mil 600 soles la construcción de bocatomas en Oyotún, Mórrope, Nueva Arica, y con 861 mil 500 soles otras 18 bocatomas pese a que se ubicarán en lugares tan distantes como Lagunas, Oyotún, Reque, Cayaltí, Pucalá y Motupe. Asimismo, para otras 19 bocatomas se ha fijado el monto de un mil 378 mil 400 soles.

 

“Creo que el equipo técnico de la reconstrucción, que seguramente es muy capaz, está cayendo en la soberbia y no quiere reconocen que quienes conocemos la realidad somos los lambayecanos, como pasa con los piuranos en su región o los liberteños en su zona. Nosotros no estamos buscando trabajo, lo que los colegios profesionales deseamos es que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar directamente en la priorización de los proyectos, porque conocemos la realidad”, asevera.

 

Añade que también resulta lamentable que mientras el plan de la reconstrucción para Piura se incrementó en 14 % del monto inicial, el de Lambayeque solo subió en 3.3 %.

“Piura tiene canon, nosotros no y por eso debemos reclamar, porque hasta para la asignación de los recursos nos están dejando de lado y eso no debe ser así. Tenemos que hacer algo”, manifiesta.

 

OBRAS DE DESARROLLO

En la misma línea se pronunció el decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, quien ratificó la preocupación que existe en las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el Comité Cívico de Lambayeque, por la resistencia que han mostrado hasta el momento los representantes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para adoptar de manera vinculante las propuestas alcanzadas, entre las que se encuentran las observaciones de los colegios profesionales a la priorización de proyectos contenidos en el Plan de Reconstrucción del departamento.

 

“Esta es una brillante oportunidad que el pueblo lambayecano tiene para recupere el sitial que tuvo hace décadas. Les guste o no a las regiones vecinas, la ubicación geográfica de Lambayeque, por más que las autoridades no hayan estado a la altura de ejecutar las inversiones en obras emblemáticas, es única y la reconstrucción es un camino valiosísimo para recuperarnos del atraso”, indicó Burgos Montenegro.

 

El representante de la orden dijo también que el CIP Lambayeque no está a favor de la descolmatación de ríos.

 

“En el colegio tenemos a reconocidos ingenieros hidráulicos que están dispuestos a dar su tiempo y experiencia para que se trabajen soluciones definitivas a los problemas de las cuencas. En el colegio tenemos 12 comisiones técnicas que están a disposición de este proceso, pero si no se abren las puertas a la orden para que participe directamente qué podemos hacer entonces”, manifestó, precisando por otro lado que es fundamental el trabajo de fiscalización.

 

“Si la Contraloría no se da abasto para lo ordinario, difícilmente podrá atender una situación como esta que es extraordinaria, por lo tanto la sociedad civil debe participar en la fiscalización de los recursos”, aseveró.

 

SESIÓN PRODUCTIVA

Por su parte, el director ejecutivo de la reconstrucción, Pablo de la Flor, indicó que la mesa de trabajo del viernes fue “una sesión productiva”, que se constituyó en una oportunidad propicia para dialogar con los alcaldes.

 

“Hemos logrado recoger buena parte de las inquietudes y propuestas que tenían, el presupuesto para la región Lambayeque es uno de los más importantes que tenemos en el Perú y esta ha sido una ocasión de tomar nota de las preocupaciones que ellos han manifestado. Me voy con algunos encargos muy puntuales respecto de iniciativas que no fueron originalmente contempladas en el plan y pueden ser acogidas. Los he invocado a que puedan pasarme rápidamente aquellas iniciativas que cuentan ya con expedientes técnicos, porque son las que podemos empezar a licitar”, refirió.

 

Anotó que en las próximas dos semanas se trabajaría en la planificación financiera, de forma tal que se cuente con la información precisa respecto de las obras que se implementarán en Lambayeque a partir del 2018.

 

“Me he referido también a las obras de prevención que son las de mayor preocupación para los alcaldes. Felizmente tenemos un monto muy importante para trabajar todo lo que son las protecciones ribereñas, el manejo integral de las cuencas y hacer lo propio con el sistema de drenaje pluvial que es lo que queremos dejar como legado de la reconstrucción”, manifestó.

De la Flor Belaunde dijo que ha recogido las opiniones de los representantes de los colegios profesionales y reiteró que los montos incluidos son una primera aproximación a los costos.

“Los costos finales son los que definen los expedientes técnicos, generalmente hay una desviación entre los primeros estimados y proyecciones y lo que termina costando una obra y eso se da desde el trabajo detallado que involucra los expedientes”, indicó.

 

EL PLAN

Aun cuando refirió que el plan de reconstrucción puede ser modificado con la inclusión de más proyectos, Pablo de la Flor afirmó que “ya está listo” y que se ha sacado a licitación algunas de las obras que tienen expedientes suscritos.

 

“Por ejemplo hay transferencias para la rehabilitación de pistas aquí en Chiclayo, tenemos una transferencia que ya se viene tramitando para obras de descolmatación a cargo del gobierno regional, con el que se viene trabajando y revisando el portafolio de iniciativas que se van a ejecutar. Los primeros movimientos de tierras debemos verlos en las próximas semanas y tenemos un segundo paquete por casi 80 millones para obras que cuentan con expedientes técnicos y que vamos a licitar antes que culmine el año”, precisó.

 

Destacó que en el 2018 se generarán 19 mil puestos de trabajo por las obras de reconstrucción y dijo confiar en que con ello se dinamizará la economía departamental.

 

EMPRESAS CUESTIONADAS

En otro momento, De la Flor Belaunde se refirió a las empresas investigadas o denunciadas por actos de corrupción y que, de acuerdo a ley, pueden participar de las contrataciones del Estado en tanto no exista condena vigente en contra de sus representantes o socios.

 

“Nosotros nos mantenemos alertas para procurar que ello no ocurra. Ninguna empresa que tenga algún tipo de condena por actos de corrupción puede participar en estos procesos. Tenemos una cláusula anticorrupción que evita que eso ocurra. Sin embargo, no podemos impedir que empresas que están siendo investigadas y que no tienen sentencias participen, lo que estamos haciendo es obligando a todos los participantes a suscribir una declaración dejando constancia si es que son objeto de algún tipo de investigación, de forma tal que los comités puedan evaluar la información. Legalmente estamos impedidos de evitar que ellos participen”, sostuvo.

 

Agregó que el Congreso de la República sí está en condiciones de aprobar “algún tipo de medida excepcional” para evitar la presencia de empresas investigadas en las contrataciones del Estado.

 

 

*****

FRANK GONZALES MASQUEZ

Alcalde distrital de Pacora

“En el plan de reconstrucción se ha contemplado la construcción de un dique en el sector La Cirila, sobre el río La Leche, con una extensión únicamente de 600 metros, pero en realidad se necesita de una obra de mil 200 metros de enrocado de contención en este sector. Por otro lado, el plan no considera el reforzamiento de la defensa ribereña a la altura del caserío Las Juntas, donde el agua arrasó con más de la mitad del camino, como tampoco la construcción del dique en San Isidro, donde se necesitan más de 500 metros de enrocado.

Considero que ha faltado mayor conocimiento por parte de quienes han elaborado las fichas técnicas. Por otro lado, estoy sugiriendo que la caja hidráulica del río se ensanche o se profundice para que no se trate únicamente de una descolmatación, sino de una obra más duradera.

Asimismo, hemos alcanzado a la Autoridad de la Reconstrucción un proyecto para la limpieza del río La Leche en un tramo de 19 kilómetros, por más de 52 millones de soles, que no ha sido considerado”.

 

JUAN CABRERA FARROÑÁN

Alcalde distrital de Íllimo

“Para el distrito han sido considerados algunos proyectos, pero falta mucho por incluir. Nuestro distrito fue grandemente afectado por el desborde del río La Leche en la parte alta, a partir de la carretera Panamericana, lo que originó el ingreso del agua a la ciudad, siendo afectada la población.

En Íllimo tenemos tres mil 600 viviendas afectadas, tanto en la zona urbana como rural, por lo que nosotros hemos planteado que se haga un trabajo definitivo en la franja marginal del río La Leche. Queremos que se haga un reforzamiento con diques y agregados de tal manera que se garantice la seguridad del distrito.

El agua ingresó al cementerio y lo que estamos planteando es que se levante el nivel del suelo en el perímetro del campo santo, con la finalidad que en las próximas avenidas este ya no se inunde y se proteja también a la ciudad. Ese es uno de los requerimientos hecho y no ha sido considerado. También hemos pedido que se proteja el instituto superior tecnológico, que es el único que se tiene en el valle La Leche”.

 

WILLIAM MERINO CHAVESTA

Alcalde distrital de Santa Rosa

“Nuestra principal demanda es que se incluya el proyecto de saneamiento básico que necesita Santa Rosa de manera urgente. Ya se lo hemos pedido al jefe de la Reconstrucción y a los congresistas, porque tenemos expediente técnico. En las lluvias las aguas pluviales se mezclaron con las aguas servidas debido a que colapsó el sistema y no tenemos lagunas de tratamiento de aguas servidas y estas discurren directamente al Dren 4000.

También tenemos el expediente técnico concluido del drenaje pluvial para el distrito, hemos oficiado para que se consideren ambas obras pero no se nos ha atendido.

El proyecto de saneamiento básico está valorizado aproximadamente en 25 millones de soles y significa la intervención del proyecto anterior, de un pozo de agua, la cámara de bombeo, el tanque elevado y una nueva lagua de oxidación. En tanto, el drenaje pluvial está valorizado en nueve millones de soles.

Nunca nos dieron respuesta, por eso ahora esperamos que el jefe de la Reconstrucción pueda considerar ambas obras como prioritarias, porque son de suma urgencia para mi distrito y para evitar que se siga contaminado el mar de Santa Rosa y Pimentel”.

 

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EXPRESIÓN PREGUNTA ¿VA A POSTULAR A LA ALCALDÍA DE CHICLAYO?: ACUÑA RESPONDE: NO, NO, NO, NO.

Escribe: Semanario Expresión
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Para el Gobernador de Lambayeque Humberto Acuña Peralta, los factores que no han permitido un crecimiento económico sostenible en la Región, se deben al “Niño Costero”, la crisis económica en el país por el caso de corrupción Odebrecht, falta de inversión en el sector construcción, sumado a la crisis que atraviesan las empresas azucareras.

 

Explicó además que el retraso de las inversiones mineras en el país por la baja de los minerales en el mundo, hizo que el crecimiento se retraiga y no sea auspicioso como en años anteriores, sumado a los eventos climatológicos, perjudicó el crecimiento de la economía que se estancó, además por la  falta de vías de comunicación que trajo como consecuencia la perdida de mucha producción al interior del país.

 

Para revertir tal situación y que el 2018, nuevamente haya un crecimiento económico desde las regiones como Lambayeque, Acuña Peralta, sostiene que conforme se lo ha manifestado al Presidente Pedro Pablo Kuczynky y a la Asamblea de Gobiernos Regionales, deben permitir que mediante un crédito suplementario, destinado a todas las regiones, se pueda transferir 300 millones a fin de ejecutar proyectos con expedientes técnicos y con ello se pueda reactivar la economía en la región y el país.

 

Agregó que si bien es cierto habrá una reactivación de la economía con el tema de la “Reconstrucción con Cambios”, esto se dará en largo plazo. “La limpieza del cauce de los ríos no genera una reactivación de la economía efectiva, se necesita invertir en infraestructura que es lo primordial en los diferentes gobiernos regionales”, acotó.

 

Acuña dijo que entre los proyectos prioritarios para la región figuran las carreteras, canales de irrigación, pistas, veredas, colegios, complejos deportivos, entre otros. Explicó que luego de seis meses de los efectos del “Niño Costero” y a pesar de que el Ejecutivo, ofreció la construcción de obras prioritarias, a la fecha no se ha hecho nada.

 

El Gobernador Regional, dijo que hubo un error por parte Gobierno Central, en el sentido que la rehabilitación de las zonas afectadas se debió trabajar en coordinación con el Indeci, a través de fichas técnicas, perfiles a fin de invertir, al día siguiente de haber pasado las lluvias, en la rehabilitación de las vías.

 

“De esta manera dejar para la “Reconstrucción con Cambios”, los proyectos de mayor inversión que necesitan un tiempo más amplio. Por ejemplo, lo que necesita Chiclayo, es decir el Drenaje Fluvial, para su ejecución se necesitará un perfil y expediente técnico, pasos que demoran para su elaboración y ejecución y que por ello, se constituyen en proyectos a largo plazo”, indicó la autoridad.

 

Explicó que a mediano plazo, por ejemplo, se urgen construir el centro de Salud para el distrito de Mórrope, que está colapsado, lo cual podría ejecutarse a través de Indeci y no esperar más de medio año para seguir discutiendo esta necesidad. Ante tal situación, el mandatario regional, dijo que en la Región, vamos a estar expuestos a las lluvias y dependerá de la naturaleza, lo que  vendrá. “Mientras que no se genere una política en el país de la construcción de presas y control de inundaciones de las cuencas, poco podremos hacer para mitigar los efectos de las lluvias, aunque una presa no te garantiza que no haya inundaciones, ello dependerá de la cantidad de la precipitación que se registre en la Región”, remarcó.

 

Al referirse a los cuestionamientos del congresista Clemente Flores, quien calificó de excesivo el pedido del gobernador regional de Lambayeque, al requerir más 5 mil millones de soles para la reconstrucción de las zonas afectadas por las continuas lluvias en la región, Acuña dijo no estar detrás del pedido para la transferencia de recursos.

 

“El congresista Clemente Flores, está equivocado cuando dicen que se han transferido 20 millones de soles al GR. Debo decirle que no es la cantidad que señala, son 8 millones de soles los transferidos para la limpieza de drenes. En segundo lugar, nosotros no apostamos por la limpieza de los cauces de los ríos, sino apostamos por la construcción de defensas ribereñas que son las que técnicamente mejor funcionan”, detalló.

 

Dijo además que apuestan por ayudar a las personas que perdieron todos con las inundaciones y que no les han entregados casas provisionales y se mantienen en albergues. “Hay 8 personas en un albergue en Pucalá, lugar donde la familia del parlamentario ha hecho sus empresas y no pueden resolver el problema de esa familia dándoles una vivienda provisional”, indicó.

 

Cuestionó al parlamentario por su poca preocupación de ayudar a los afectados de “El Niño Costero”, que luego de 6 meses, solo ha llegado a Lambayeque 500 casas de las 3 mil que se necesitan. “No vivimos del diezmo, estamos hablando de gente pobre que necesita la ayuda y este gobierno no lo hace, de ello debe preocuparse el parlamentario”, acotó.

 

*****

“Lamento la falta de identificación con Lambayeque de toda la representación congresal, cada uno hace lo que quiere por su lado, hay un divisionismo total. La unidad tienen que darse como ha sucedido en Piura, que sus congresistas han hecho un fuerza para exigir lo que necesitan en beneficio de la gente más pobre y en Lambayeque, sobre todo, para quienes a la fecha siguen viviendo en carpas”, sostuvo Humberto Acuña.

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“NO SERÉ CANDIDATO”

¿Será candidato en el próximo proceso electoral?

He sido claro, tengo un compromiso con el partido, con el presidente fundador César Acuña de trabajar para consolidar nuestra agrupación en todo el país.

 

Afrontar el proceso electoral del 2021, ¿ese es el compromiso?

Formar parte de la dirigencia nacional para formar, construir y consolidar el partido.

 

No quieren que en APP le pase la experiencia de las agrupaciones de Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Por supuesto, no debemos olvidar lo que pasó con esas agrupaciones, donde no han tenido voceros para defender sus proyectos y se han venido cayendo hasta extingirlos.

 

¿Será candidato a la alcaldía de Chiclayo?

Por enésima vez, no, no, no, no.

 

Entonces su trabajo será político en la consolidación de APP.

Así es. Trabajaré por consolidar el partido como la primera fuerza política a nivel nacional, creo lograrlo.

 

Qué le preocupa de las próximas elecciones?

Espero que cambie la política del sicariato que hubo en las elecciones pasadas, que incluso llegó a asesinato de candidatos. Que cambien los puyazos, denigrar la imagen del candidato por la confrontación de propuestas técnicas y alturadas.

 

¿Eso no es una utopía en la política?

Para nada, hay que cambiar para atraer a la juventud a que ingrese a la vida política.

 

¿Analizará APP, mejor a sus candidatos?

Una cosa es el compromiso que asumen los candidatos con el partido y otra cosa es su comportamiento luego de asumir un cargo. Son dos cosas distintas.

 

+ NOTICIAS:

  • El nuevo Colegio Nacional Elvira García y García lleva un avance de construcción del 25%.
  • Se estima que la obra culmine en Marzo del 2018 y los alumnos utilizarán la nueva infraestructura.

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EN CARTA, CARLOS RONCAL HACE DESCARGO DE IMPUTACIONES DE LA FISCALÍA: ¿A QUÉ JUEGA EL MINISTERIO PÚBLICO?

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1033

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Aclara que fiscales cuentan con colaborador eficaz con doble código. Niega haber tenido algún tipo de participación en el asesinato del auditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera, y hace serias revelaciones de la forma como se realizan las investigaciones

 

 

¿A qué juega la Fiscalía Provincial Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo?, ¿Por qué incriminar al empresario Carlos Roncal Miñano y su hermano, Samuel Roncal Miñano, con el asesinato del auditor de la SUNAT, Luis Roberto Cieza Herrera?, ¿En qué sustenta sus acusaciones el Ministerio Púbico para sindicar al empresario como integrante de la Organización Criminal “La Hermandad del Norte”? ¿Qué presiones existen para tomar como valederas de prioridad las declaraciones de un colaborador eficaz con doble código?, ¿Por qué no valorar los argumentos de defensa y persistir en encerrarlo en una celda del penal de Picsi por 36 meses mientras dura una investigación preventiva?

 

En una carta dirigida en sobre cerrado  a la redacción del Semanario Expresión, el empresario Carlos Roncal Miñano, quien actualmente se encuentra en la clandestinidad en salvaguarda de uno de los valores más preciado después de la vida, la libertad, analiza cada una de las acusaciones que hasta el momento le han sido formuladas por fiscales de la Fiscalía Provincial Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo.

 

En un primer punto destaca que el supuesto principal sospechoso de los preparativos del asesinato del auditor de la SUNAT, Luis Roberto Cieza Herrera,  Alexander Siesquén Sampén, ha negado en todas las diligencias preliminares que las declaraciones de los colaboradores eficaces y de los testigos claves "fueron montadas" con el objetivo de incriminarlo, así como causar daño a los empresarios Carlos Roncal Miñano y a su hermano, Samuel Roncal Miñano.

 

DOBLE TESTIGO

La suspicacia de que existen una serie de vacíos en la investigación y que a pesar de haberse presentado las pruebas que traen abajo las acusaciones, lo lleva a analizar la pregunta y respuesta N° 05 de la declaración del testigo clave N° 01-2016, las cuales están contenidas en la carpeta fiscal N° 2406045600-2016-20-0, y amparadas en el expediente judicial 5972-2016-1706-JR-PE-06, sobre ampliación de formalización de investigación preparatoria y requerimiento de mandato de prisión preventiva, del 22 de setiembre pasado.

 

En el documento, el Ministerio Público sustenta que de acuerdo a lo revelado por el colaborador eficaz N° FPC15012016, quien no es más que David Ángel Guerrero Rodríguez – alías “Ñoño”, “Gordo” o “Carnicero”, y que por curiosidades de la vida también tiene el código N° 01-2016 de testigo clave. Cómo es posible que la Fiscalía puede utilizar a la misma persona para que corrobore lo dicho por él mismo; al respecto existe una denuncia ante la OFICINA DE Control Interno del Mnisterio Público sobre este tema. ¿Cómo una persona puede a la vez ser colaborador eficaz y Testigo Clave con diferente código?, ¿Qué se esconde?, o ha ¿Quién se quiere proteger?

 

COLABORADOR EFICAZ

La ley que permite la colaboración eficaz es bien directa; pues, excluye a los cabecillas y a la gente más importante. Los colaboradores de la justicia son de abajo, los que han participado en los puntos intermedios o bajos de una organización, para poder delatar a sus jefes.

 

Con la información que brinda el colaborador eficaz, la Fiscalía puede saber cómo se cometió el delito, sus actores, sus participantes, los medios que se utilizaron e incluso de que tipo de organización estamos hablando.

 

La persona que quiere convertirse en un colaborador eficaz debe comprometerse a abandonar las actividades delictivas, además de comprometerse con la justicia a no dar datos contradictorios. Además, toda la información que dé a la Fiscalía debe ser corroborada.

 

Sin embargo, es de público conocimiento que el colaborador eficaz  en el presente caso es el N° 15012016, y que a la vez es también testigo clave N° 01-2016, cuyo nombre es David Ángel Guerrero Rodríguez, conocido como “Carnicero”, “Ñoño” o “Gordo”, quien en su declaración del 20 de enero del año 2016 no menciona para nada al empresario Carlos Roncal Miñano, ni a su hermano Samuel Roncal, pero extrañamente la  Fiscalía los considera potenciales criminales, que mediante acciones mediáticas o instigadoras dirigen una peligrosa organización criminal denominada por la Policía y el Ministerio Público como “Los Empresarios del Norte”, y “La Hermandad del Norte”.

 

El sujeto –según su declaración que obra en la carpeta fiscal N° 2406045600-2016-20-0- relata que a partir del año 2011 habría una organización criminal liderada por los hermanos “Sánchez Coronel”, y menciona a un promedio de 30 personas que integrarían la presunta organización, pero no menciona a Carlos Roncal Miñano. Mucho menos, sindica que los hermanos Roncal Miñano hayan ordenado asesinar al auditor de la Sunat, Luis Cieza Herrera. En otras acciones, la Fiscalía falta a la verdad por razones y motivos que  sólo los responsables de llevar a cabo la investigación lo saben. ¿Cuáles serán sus razones?

 

¿VERDAD O MENTIRA?

En la misiva, Roncal Miñano hace saber que es de público conocimiento que el colaborador eficaz N° 15012016 es la misma persona que tiene asignado el código N° 01-2016 y al que la Fiscalía le ha dado tanta importancia y prioridad, e incluso por esta supuesta “irregularidad” existe una investigación en Control Interno del Ministerio Público contra dos fiscales.

 

Además, en su declaración ante Fiscalía del 9 de febrero del año pasado, David Ángel Guerrero Rodríguez – alías “Ñoño”, “Gordo” o “Carnicero”, el colaborador eficaz con los códigos N° 15012016 y N° 01-2016, dice: “Lo estaban arreglando, ofreciéndole plata, pero no quería recibirles y por el contrario les estaba haciendo levantamiento y jodiendo, y por ello lo estuvieron amenazando de muerte”.

 

Sin embargo, en la ampliación y formalización de la investigación preparatoria la Fiscalía toma como revelador otro dicho del colaborador eficaz antes descrito,  sorprendiendo a la juez del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Mary Isabel Núñez Cortijo, al señalar en uno de los elementos de supuesta convicción del Ministerio Público que: “lo querían matar porque habría recibido dinero y no había cumplido con el trato”.

 

Con esa diatriba por parte del Ministerio Público – señala Carlos Roncal en si misiva- muchas dudas quedan en el aire. ¿A Luis Cieza lo mataron por no recibir dinero y seguir investigando? o ¿Lo mataron por recibir dinero y no cumplir con lo pactado?

 

¿SE BUSCA UN CULPABLE?

Queda claro –señala- que el Ministerio Público viene utilizando a una misma persona con código como colaborador eficaz y testigo clave para acusar al empresario Carlos Roncal Miñano y su hermano Samuel Roncal Miñano, como los autores intelectuales del asesinato del Auditor de la SUINAT, Luis Cieza Herrera, pero para ello utiliza a la misma persona, colaborador eficaz y testigo clave, lo que evidencia que existe una grave falta objetiva de veracidad con la presunta intención de hacer daño, bajo la premisa de “defender el principio de legalidad”. Sin embargo, claramente se nota que no existe total objetividad y profesionalismo.

 

Y ahora, ¿Por qué la Fiscalía no muestra a la juez las actas en reserva de los colaboradores eficaces y de los testigos?; simple, porque allí quedaría demostrado que el “colaborador eficaz y el testigo clave son la misma persona” y que en sus supuestas declaraciones de ayudar a esclarecer hechos criminales, se contradice, lo que lleva a presumir que lo dicho por el colaborador eficaz signado con el código N° 15012016 y también el código N° 01-2016, David Ángel Guerrero Rodríguez (alías) “Carnicero”, “Ñoño” o “Gordo”, es totalmente falso, ya que de ser cierto y haber estado en el lugar y en el momento que relata, jamás pudo haber borrado hechos de su mente.

 

El empresario agrega que sus abogados y ahora la comunidad, no encuentran una explicación objetiva en cuanto a cómo los representantes del Ministerio Público a cargo de la investigación, han podido tomar en cuenta la declaración de una persona que es testigo clave y colaborador eficaz. En una de ellas – declaraciones “voluntarias”- señala que el auditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera, le habrían ofrecido dinero para que no siga investigando, pero al no aceptar lo habrían asesinado.

 

Sin embargo, en otra declaración señala que a Luis Cieza Herrera le habrían dado dinero, pero que como no cumplió con el trato, lo asesinaron. ¿Cómo creer en  esa dos versiones, cuando el que las vierte en una misma persona y no las precisa a pesar de haber estado presuntamente en los momentos en que sucedieron los hechos?, precisa Carlos Roncal desde la clandestinidad.

 

DE LA ESPOSA

Sin embargo, de acuerdo a la acusación fiscal, el representante del Ministerio Púbico afirma que las declaraciones de los colaboradores eficaces CE15012016 y TC01-2016, los que son la misma persona y se contradicen, han sido corroboradas con la declaración de la viuda de Luis Cieza Herrera, Liliana Arenas Abanto, y apuntan también contra el contador de la empresa Agro Pucalá, Antonio Arenas Delgado, a quien sindican que le habría ofrecido una fuerte suma de dinero para que no siga investigando a sus jefes.

 

En este caso -señala Carlos Roncal- no tiene nada que ver con Agro Pucalá desde Agosto del 2014, pero que la empresa azucarera sigue funcionando y se encuentra en manos de otros empresarios, que por casualidad en la actualidad siguen siendo investigado por presunto desbalance patrimonial, evasión tributaria y lavado de activos.

 

“La misma viuda de Luis Cieza Herrera, hace notar en su declaración tener conocimiento que el contador Antonio Arenas, es contador de Agro Pucalá. Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación habría agregado que Carlos Roncal tendría intereses comerciales sobre Pucalá, y por eso se me quiere vincular con dicha persona, cuando con Agro Pucalá no tengo nada que ver desde hace tres años”, explica.

 

Revisando las declaraciones de Liliana Arenas Abanto –señala Carlos Roncal en su carta- se aprecia que la acusación hacía su persona es subjetiva, pero a pesar de ello la fiscalía falta a la verdad; pues, en sus declaraciones – Liliana Arenas- en ninguna parte menciona a Carlos Roncal.

 

“Hasta la fecha el Ministerio Público no ha podido demostrar si Antonio Arenas Delgado trabajó para Carlos Roncal. Es más, en la carpeta fiscal obran los informes emitidos por la SUNAT donde claramente se señala que dicho contador nunca se apersonó al ente recaudador como contador, apoderado o realizar algún trámite a nombre de Carlos Roncal”, detalla.

 

Asimismo – explica el empresario- que contra su persona pende la acusación fiscal que señala que el Contador Antonio Arenas le habría ofrecido a Luis Cieza, por encargo de Carlos Roncal, la suma de 500 mil dólares, para que no lo siga investigando.

 

“Al representante del Ministerio Público – a través de mí defensa- se le ha solicitado que revele qué testigo, qué colaborador o en qué tomo y página de la carpeta fiscal, se encuentra la supuesta manifestación que señala que Carlos Roncal mandó asesinar a Luis Cieza Herrera, pero previamente le envió 500 mil dólares para que deje de investigarlo”, sostiene en su carta.

 

LAPTOP DE LUIS CIEZA

En un primer momento- relata- los representantes del Ministerio Público señalaron que de la visualización de la Laptop del auditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera, se habría logrado obtener información que la víctima investigaba a un total de 36 empresas, las que serían de propiedad de Carlos Roncal Miñano; sin embargo, es el caso que esa auditoria corresponde al año 2013 en donde el empresario Carlos Roncal era auditado por el ejercicio fiscal del año 2010.

 

En esa visualización de la Laptop – sigue relatando en su carta- se puede apreciar que el auditor Luis Cieza Herrera emite documento a otro funcionario, en la cual le pide información de todas las empresas vinculadas a Carlos Roncal Miñano. Éste otro funcionario le envía un correo electrónico a Luis Cieza Herrera, con el detalle de 36 empresas, las mismas que se repiten entre sí, debido a que en algunas el apellido Roncal aparece como socio, en otras como gerente, y algunas como gerente adjunto. De todas ellas, se reducen a nueve empresas que pertenecer a su familia.

 

“De las 9 empresas, 5 pertenecen a su hermano Samuel Roncal, otras dos a sus hijos, y solamente tres están a nombre de Carlos Roncal Miñano. De las tres que quedan o están a mí nombre; una de ellas es la que se dedicaba a la venta de libros y fue constituida en el año de 1986 y dejó de activar en el año de 1994. Una segunda fue dada de baja, quedando solamente una activa, y que no tiene ninguna fiscalización pendiente ni mucho menos proceso administrativo o legal con la Sunat”, señala.

 

En el acta de visualización elaborada por la Fiscalía, se señala que el auditor Luis Cieza Herrera iba a demostrar que Carlos Roncal tendría vínculos comerciales con Pucalá, lo cual es de público conocimiento, pues – según señala en la misiva- Carlos Roncal ha mantenido relaciones laborales y comerciales con Pucalá hasta el mes de agosto del año 2014, fecha en que por mandato judicial hubo cambios en la administración judicial.

 

¿ACASO PROTEGE A ALGUIEN LA FISCALÍA?

Asimismo – detalla- que en la carpeta fiscal de investigación obra el oficio N° 052-2017- Sunat, en el cual se informa que Carlos Roncal ha sido objeto de tres fiscalizaciones. En efecto, la SUNAT no miente, ya que el empresario acepta haber sido fiscalizado en el mes de febrero del año 2013 por el ejercicio fiscal del año 2010; en noviembre del mismo año fue fiscalizado  por el ejercicio fiscal del año 2011 y en abril del año 2015, se le fiscalizó los años 2013 y 2014.

 

Además, al concluir la fiscalización, la SUNAT emite informe con el término “No Conforme”; pero el Ministerio Público no detalla el pedido que hizo Carlos Roncal a la Sunat para que detalle el significado de “No Conforme”, el cual al ser aclarado determina que la fiscalización ha concluido, pero le determinaron el pago de un impuesto.

 

“La Fiscalía tampoco señala que la SUNAT hizo un requerimiento de pago, y yo hice efectivo el pago, emitiendo la Sunat resolución de determinación de deuda, con saldo cero. Todos estos documentos se los hemos alcanzado a través de mi abogado defensor a la Fiscalía, pero al parecer no lo han valorado o no lo quieren valorar”, señala.

 

De igual manera, aclara que su conducta ante la SUNAT siempre ha sido de sometimiento y colaboración ante cualquier fiscalización, e incluso nunca apeló a instancias superiores para negar algún pago.  

 

CON SU HERMANO

Aclara que a pesar que su hermano Samuel Roncal Miñano es empresario, nunca ha hecho ningún tipo de negocio con él y no se explica bajo qué razón la Fiscalía a cargo de la investigación lo vincula.

 

“Las acusaciones son a título personal, yo no tengo ningún tipo de negocio en sociedad con mi hermano, siempre hemos sido independientes en nuestros negocios”, indica.

 

Agrega también que con oficio N° 054-2017 –Sunat, el ente recaudador da cuenta al Ministerio Público que el contador Antonio Arenas Delgado ha sido asesor de Samuel Roncal Miñano y de la esposa de éste. Sin embargo, como la Fiscalía no puede demostrar que el Contador Antonio Arenas no tiene ningún vínculo con Carlos Roncal, se acoge a la rama familiar para imputarle un delito que – según señala- no ha cometido.

 

“Ha pesar que ya se ha demostrado con documentos fehacientes, la Fiscalía no nos toma en cuenta por olvido, por falta de interés o por presunta digitación, sigue basando su acusación en subjetividades y relatando hechos irreales y fantasiosos”, indica en la misiva dirigido al medio de prensa.   

 

Otro punto importante y que cae en subjetividades por parte de la Fiscalía –señala- son las declaraciones de Luis Miguel Jiménez Palma, ofrecidas el 3 de junio del año 2016. La mencionada persona es jefe de seguridad y defensa nacional de SUNAT, quien relató que a fines del mes de enero del año 2016, a un familiar de Luis Cieza Herrera le entregaron una hoja de ficha Reniec conteniendo impresa la foto del contador Antonio Arenas Delgado.

 

“Lo delicado que revela el vigilante es que señaló que en la parte del reverso se había escrito: “contador de la empresa Agro Pucalá”, manifestando que es él quien está metido en todo; sin embargo, la Fiscalía lo vincula con Carlos Roncal por haber tenido intereses económicos con dicha empresa, pero previa digitación para que me involucren”, señaló.

 

ABSURDA VINCULACIÓN

Relata que la acción en contra de su apellido, no es más que una acusación absurda y subjetiva. Aclara que a la Fiscalía se le ha demostrado que el contador Antonio Arenas nunca trabajó para Carlos Roncal.

 

“Es más, la empresa Pucalá ha enviado un escrito al Ministerio Púbico, diciendo que la persona de Antonio Arenas tampoco ha sido contador de la empresa azucarera, y que es una persona desconocida para ellos”, detalla.

 

Otra acción que demuestra que el contador Antonio Arenas no tiene nada que ver con Carlos Roncal, es que al allanar su casa, no se ha encontrado ningún tipo de documento que demuestre que trabajaba para él.

 

“Durante el registro domiciliario por parte de la Fiscalía, se han encontrado documentos de asesorías a diferentes empresas y personas naturales, pero ningún papel que demuestre que el señor Antonio Arenas, ha trabajado para mí, lo cual demuestra que nada tiene que ver con mi persona y empresa”, recalcó. 

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MARVIN PALMA: “NO ESTOY A FAVOR DEL PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA KENJI FUJIMORI”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1033

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El congresista Marvin Palma Mendoza, uno de los que forman el grupo juvenil de la bancada de Fuerza Popular, dice estar en contra del nuevo proceso disciplinario iniciado por la agrupación contra Kenji Fujimori Higuchi, pues considera que es una mala señal la que proyecta el partido al cuestionar la libertad de expresión entre sus militantes. 

 

“Desde el momento en que ingresé a Fuerza Popular tengo el mejor concepto de un partido político.  Fuerza Popular es admirado por los otros partidos del país. Nosotros somos una fuerza que debate internamente una vez a la semana, todos los martes nos reunimos para exponer nuestros puntos de vista, reímos y hasta nos peleamos. Juntos tomamos una decisión. Si la decisión de la mayoría es votar a favor o en contra de algo se respeta en el pleno del Congreso de manera uniforme”, comenta el legislador por Lambayeque.

 

Sin embargo, refiere que aun cuando considera que la bancada fujimorista se maneja con “admirable disciplina”, esta no debería utilizarse para sancionar a quienes piensan diferente a la mayoría, razón por la que se manifiesta en contra del proceso interno al que se ha sometido nuevamente al último de los hermanos Fujimori.

 

Cuando se votó la cuestión de confianza presentada por el expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ante el Congreso de la República, Kenji Fujimori fue el único de los integrantes de la bancada naranja que se mostró a favor, lo que fue tomado por sus compañeros de partido como un acto de indisciplina.

 

En el Expediente 03-2017 del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular se señala que son seis las supuestas infracciones que habría cometido el Fujimori Higuchi, referidas a algunas publicaciones realizadas en Twitter y por haberse cubierto la boca cuando se debatía en el pleno el nuevo proyecto antitranfuguismo que planteó la agrupación.

 

POSICIÓN EN CONTRA

“No estoy de acuerdo con la nueva apertura del proceso disciplinario contra el congresista Kenji Fujimori. Es cierto, somos una fuerza política disciplinada y votamos de manera uniforme, y un voto en contra de nuestros acuerdos internos no representa mayor cambio porque somos 71 congresistas, por lo tanto si un congresista nuestro vota en contra o manifiesta con sus acciones una posición distinta a la de la mayoría me parece válido y no considero que esa es una razón justificada para que se la abra un proceso disciplinario”, afirma Palma Mendoza.

 

El legislador asegura que la democracia interna de la bancada permite que sus integrantes expresen sus opiniones discrepantes, pero la consigna de Fuerza Popular es que en pleno el voto sea en bloque y en función del acuerdo de mayoría.

 

“De acuerdo a nuestras funciones, como lo manda la constitución, nadie nos puede limitar y si un congresista está en contra de algo debe respetarse su posición. La función congresal no está sujeta a impedimentos y debe existir respeto por la libertad de expresión, por esta razón no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo contra Kenji Fujimori”, asevera.

 

NO HAY FRACTURAS

Pese a las fricciones internas, Marvin Palma afirma que es poco probable que la bancada de Fuerza Popular se fracture y que Kenji Fujimori pueda formar un nuevo grupo parlamentario, teniendo en cuenta que esto ahora es posible luego que el Tribunal Constitucional declarara la ilegalidad de la modificatoria al Reglamento del Congreso de la República que impulsó la representación naranja, al impedir que los legisladores disidentes formen nuevas bancadas.

 

Recuerda que tan pronto se emitió el fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley Antitransfuguismo, hubo tiempo suficiente para que los congresistas que querían alejarse de las agrupaciones a las que actualmente pertenecen formen nuevas bancadas, tal como sucedió con el Frente Amplio, cuyos disidentes formaron el grupo de Nuevo Perú.

 

“Si hubiera habido un grupo de congresistas de Fuerza Popular con intenciones de apartarse lo hubiera hecho en su momento. Kenji lo ha dicho y todos los congresistas lo manifiestan: somos una fuerza política, una sola, nadie quiere separarse ni dividirse, si nosotros lo hubiéramos querido hacer ya hubiera pasado. Sí podemos discrepar, como lo estoy haciendo ahora. Insisto, no estoy de acuerdo con el nuevo proceso disciplinario abierto contra Kenji Fujimori”, asevera.

 

EL INDULTO

Respecto al pedido de indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori, Palma Mendoza sostiene que tanto la lideresa de Fuerza Popular como su hermano Kenji tienen claro el objetivo de la excarcelación. Sin embargo, ambos lo buscan con mecanismos distintos.

 

“Keiko es líder de un partido y ella está a favor de la libertad de su padre y lo manifestó con el hábeas corpus que presentó ante el Poder Judicial. Ella busca la libertad del expresidente Fujimori de una manera institucional, cumpliendo la promesa de campaña de que no iba a usar su poder político para ello. Lo de Kenji Fujimori es una condición más humanitaria, en una relación de hijo a padre. Él no quiere que su padre siga en prisión, quisiera que este pueda disfrutar de sus hijos y de sus nietos y en ese sentido se debe entender que ambos luchan de forma distintas. Yo pienso que todos los hijos del señor Fujimori quieren su libertad, pero cada uno tiene su forma de buscarla”, señala.

 

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EN FORO MACRO REGIONAL: DISCUTIERON SOBRE LA FORMALIZACIÓN PREDIAL EN EL DEPARTAMENTO

 

A iniciativa del congresista Marvin Palma Mendoza, el Congreso de la República, con la colaboración del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal – INICAM, la Fundación Konrad Adenauer y la Federación de Pueblos Jóvenes de Chiclayo, realizó el Foro Macroregional “Los asentamientos humanos en el marco del desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Chiclayo”.

 

La actividad se desarrolló en atención a que el 70 % de la ocupación en las ciudades del país se ha realizado mediante el asentamiento informal, lo que ha elevado los costos de la habilitación urbana para el Estado y genera problemas de ordenamiento, como la ocupación de áreas en riesgo, la desarticulación vial, la falta de áreas para la implementación del equipamiento social y la falta de áreas de recreación.

 

“Este no es un problema local, sino nacional, y las familias en los pueblos jóvenes y los asentamientos humanos quieren formalizar sus predios y tener la seguridad de contar con un título de propiedad. En ese sentido nosotros estamos en constantes reuniones, después de ocurrido El Niño Costero, porque quienes han sido más afectados son los pueblos jóvenes y como estas familias deben ser atendidas por el proceso de reconstrucción, es necesario que se avance en la formalización de los predios, porque de otra forma no será posible hacer inversiones del Estado, debido a que las viviendas se ubican en terrenos públicos, de privados, en litigio o en los que no se puede aplicar la expropiación”, explica el congresista.

 

Palma Mendoza añadió que se han iniciado coordinaciones con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, a fin de ayudar en las gestiones a los representantes de los pueblos jóvenes y asentamientos humanos que carecen aún de saneamiento físico legal, para que puedan iniciar o concluir los procesos correspondientes.

 

“Estamos enfocados en que las personas y los dirigentes de los pueblos jóvenes conozcan cuáles son las trabas y por qué hasta ahora no se puede concretar su formalización.  Otro problema muy serio es el del catastro, porque las municipalidades manejan uno distinto al que tiene EPSEL o la Superintendencia de Registros Públicos. Lamentablemente no tenemos una herramienta única y tampoco un plan de desarrollo urbano que permita definir cuáles son las zonas en las que deben asentarse las familias o generarse las nuevas habilitaciones urbanas”, manifiesta.

 

Finalmente, el parlamentario por Lambayeque precisa que las viviendas que interés social que impulsa el gobierno nacional no solo deben ser accesibles en costos, sino también seguras y que garanticen las comodidades y servicios básicos para el desarrollo de las familias.

 

“No creo que el proceso de reconstrucción vaya a corregir el serio problema de ubicación de viviendas en zonas vulnerables, por ello es importante que las organizaciones de base y las autoridades locales puedan impulsar estas medidas y cambios, necesarios para la seguridad de las familias”, señala.

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