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CONTRADICCIONES PROFUNDAS: ALGO NO CUADRA EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO “HERMANDAD DEL NORTE”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1039

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  • ¿Fue realmente el contador Heráclides Arenas un agente de los hermanos Roncal Miñano para sobornar al exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera?

 

La noche del 18 de diciembre del año pasado fue detenido por la Policía Nacional el contador Heráclides Antonio Arenas Delgado, sobre quien el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo había dictado orden de captura mes y medio antes, respondiendo al requerimiento del Ministerio Público en el que se le sindica como presunto integrante de la organización delictiva “La hermandad del norte”. Empero, la revisión de los elementos alcanzados por la fiscalía para sostener la imputación en su contra revela que la tesis se sustenta en hechos que faltan a la verdad. Arenas está próximo a cumplir un año de prisión y en su caso hay bastante para analizar.

 

El 3 del noviembre del 2016 la jueza Mary Núñez Cortijo emitió la resolución que ordenó la captura de varias personas, entre ellas Arenas Delgado, a quienes la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR de Lambayeque sindica de participar en una serie de delitos como extorsión, sicariato y asociación ilícita para delinquir, dando así nacimiento – presuntamente – a la red denominada “La hermandad del norte”.

 

En el caso de Heráclides Arenas se señala que este era contador personal de los hermanos Samuel y Carlos Roncal Miñano y que sobre este último pesaba una investigación vigente en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, por supuesta defraudación, la misma que era dirigida por Luis Cieza Herrera.

 

En resumen, la fiscalía ha sostenido que para evitar un informe negativo a los intereses del empresario, este recurrió a Arenas Delgado para que persuada al auditor de variar los resultados de su informe previo pago de un soborno. Al negarse – según la teoría fiscal – el auditor habría firmado su sentencia de muerte, la misma que se produjo el 23 de diciembre del 2015 en un atentado ejecutado cerca de su domicilio, en la Urbanización Santa Victoria.

 

LA ESPOSA DEL EXAUDITOR

El 19 de febrero del 2016, la viuda del exauditor de la SUNAT, Liliana Arenas Abanto, amplió su declaración sobre hechos que podían servir para avanzar en las investigaciones, en ese momento a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo. La teoría sobre la participación de una organización criminal en el asesinato de Luis Cieza Herrera aún no era tomada como tal por el Ministerio Público.

 

En aquella oportunidad, Liliana Arenas relató que un día llegó personal policial de homicidios a su domicilio, levando una fotografía de una persona de sexo masculino, preguntándole si la reconocía a lo que esta respondió que se trataba de Heráclides Arenas Delgado, a quien identificaba como padre de familia de la misma sección donde estudiaba su hijo, en un colegio privado de la ciudad.

Consultada sobre los vínculos que Cieza Herrera y Arenas Delgado mantenían, esta respondió que eran “únicamente laborales”. “Mi esposo trabajó en la SUNAT y el señor Antonio Arenas Delgado trabajaba como contador para una empresa que no sé exactamente cuál es, pero mi referido esposo le había hecho una auditoría a dicha empresa”.

 

Acto seguido, Liliana Arenas indicó en su declaración que su esposo le había comentado que Arenas Delgado le ofreció dinero.

 

 “Me dijo que ese señor le había ofrecido una fuerte suma de dinero porque sus jefes le habían pedido que mi esposo deje sus documentos o que ya no siga haciendo más investigaciones con esos documentos, ya que en esos tiempos mi esposo estaba haciendo un trabajo con la fiscalía sobre lavado de activos y que con esa suma de dinero iba a beneficiar a ambos y que debería pensar que mi hijo iba a terminar el colegio y se le venían tiempos de la universidad. Es así que mi esposo le respondió: ‘Precisamente señor Arenas por la dignidad de mis hijos no vuelva a hacerme esos ofrecimientos”, reza la declaración.

 

Según Liliana Arenas, tomó conocimiento del hecho en diciembre del 2015. Añadió que había escuchado que Arenas Delgado trabajaba para la empresa Agropucalá, entrando en contradicción, toda vez que antes había señalado que no sabía dónde trabajaba este.

 

Dijo además que el mismo 23 de diciembre de 2015 (día en que Cieza Herrera fue asesinado) este le informó, al promediar el mediodía, que “había logrado entregar todos sus informes”.

 

El 18 de julio del 2016, dio su manifestación el testigo con clave N° 04-2016, quien por los detalles íntimos de su información se perfila como cercano a Cieza Herrera. Este señaló con firmeza que el contador “le había ofrecido mucho dinero, un aproximado de 500 mil dólares para dejar de investigar a sus jefes de Agropucalá, que se encontraban investigados por un delito tributario”.

 

RELACIÓN INEXISTENTE

Lo cierto es que Antonio Arenas no fue nunca contador de Agropucalá. El 8 de marzo de este año, con Oficio N° 63-2017/DP, dirigido al fiscal Germán Montero Ugaz, quien lleva la investigación del caso “Hermandad del norte” en la FECOR Lambayeque, Elena Flores de Coronel, jefa del Departamento de Personal de la azucarera, informa de manera concluyente que Arenas Delgado “no presta ni ha prestado servicios” para su representada.

 

Dos días después, el 10 de marzo, con Oficio N° 1012-2017-SUNAT/1T0000, también dirigido a Montero Ugaz, el intendente regional de la entidad recaudadora, Rafael Ortega Deza, señaló que Luis Cieza Herrera no presentó ante la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque “comunicación alguna respecto a si fue objeto de ofrecimientos de naturaleza económica por parte de contribuyentes y/o terceros a cambio de incumplir sus funciones asignadas”.

 

Ambos documentos obran en la carpeta fiscal del caso “Hermandad del norte”, y por su contenido ponen en entredicho las declaraciones de la viuda de Cieza Herrera como del testigo clave 04-2016, quien relató su conocimiento de los hechos ante el coordinador de la FECOR, Juan Manuel Carrasco Millones.

 

LA SINDICACIÓN 

“Se le atribuye que dentro de la organización criminal, ha tenido participación ofreciéndose como intermediario, entre los hermanos Roncal Miñano y el funcionario de la SUNAT, Luis Roberto Cieza Herrera, ofreciendo a éste último una fuerte suma de dinero a cambio de que deje de fiscalizar las empresas de los antes mencionados. Habiéndose hecho el ofrecimiento deshonesto días antes que se produzca el crimen. Prueba de ello es que le dijera el finado a su esposa en circunstancias que coincidieron con Heráclides Antonio Arenas Delgado, ‘el contador’, en la fiesta de promoción de sus hijos en el Colegio San Agustín, cuando se negó a sentarse en la mesa del aludido contador”.

 

Este párrafo corresponde al Informe N° 108-2016-REGPOLAMB/DIVICAJ-DEPINCRI-SIH, sobre corroboración de la información brindada por colaboradores eficaces y demás diligencias de investigación que sustentan el pedido de detención preliminar, allanamiento e incautación de bienes, remitido por Néstor Arrascue Camus, jefe de la DEPINCRI Chiclayo, al fiscal Juan Carrasco Millones, coordinador de la FECOR de Lambayeque.

 

Dichos argumentos fueron recogidos en el requerimiento que la FECOR presentó a la jueza Núñez Cortijo para que se ordene la captura de los presuntos integrantes de la organización “La hermandad del norte”, añadiéndose además como elementos vinculantes la declaración de Liliana Arenas Abanto, viuda del exauditor, en la que esta señala que Arenas Delgado “le ofreció una fuerte suma de dinero a su esposo Luis Roberto Cieza Herrera, a cambio de que no siga investigando el movimiento financiero de las empresas de los hermanos Roncal Miñano”.

 

Sin embargo, en la declaración de Liliana Arenas esta en ninguna de las respuestas señala a los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano, a quienes el Ministerio Público sindica como autores intelectuales de la muerte de Cieza Herrera. Tampoco precisa el monto de la supuesta coima y no relaciona a los empresarios con Agropucalá.

 

Otro elemento vinculante es la declaración del jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional SUNAT, Luis Miguel Jiménez Palma, “quien aseveró haberse enterado por familiares del hoy occiso Luis Cieza Herrera que el señor Heráclides Arenas le había ofrecido una cantidad de dinero”.

 

Hasta este punto, las declaraciones de la viuda y los testigos son contradictorias a la imputación del Ministerio Público, que afectan no solo a Arenas Delgado, sino también a los empresarios Carlos y Samuel Roncal Miñano.

 

EL FACTOR RONCAL

¿De dónde se desprende que los hermanos Roncal Miñano habrían ordenado la muerte de Luis Cieza Herrera? ¿Eran realmente Heráclides Arenas contador de los empresarios?

 

Como se ha dicho, Arenas Delgado nunca fue contador de Agropucalá, agroindustrial a la que Carlos Roncal estuvo vinculado hasta el 2014 cumpliendo funciones ejecutivas, con una remuneración mensual que, además, fue declarada a la SUNAT.

 

Como persona natural, este nunca fue representando ante la superintendencia tributaria por Arenas Delgado, mas sí su hermano Samuel, quien en el 2011 otorgó una carta poder al contador para que este revise el proceso de fiscalización N° 110073216990, auditoría en la que no intervino Luis Cieza Herrena. La fiscalización estuvo a cargo de Paúl Díaz Arbaiza y fue supervisada por Violeta del Pilar Mendo Coronel, conforme se indica en el Oficio N° 052-2017, alcanzado por la SUNAT a la FECOR Lambayeque.

 

La auditoría realizada a Samuel Roncal culminó “cancelando el contribuyente el impuesto y la multa correspondiente”, según se indica en una comunicación interna dirigida el 15 de enero del 2013 por Violenta Mendo a su superior inmediato.

 

Hecho trascendente en el caso de Samuel Roncal es que Luis Cieza Herrera tramitó y visó el Memorando N° 1102-2013-SUNAT-210200, de diciembre del 2013, con el que se dispone el traslado del contribuyente a Lima, por lo que en adelante este dejó de ser pasible de fiscalización por la intendencia de SUNAT Lambayeque y, en consecuencia, Cieza Herrera o cualquier otro auditor o supervisor de esta sede no estaba facultado para revisar sus estados tributarios.

 

Respecto a Carlos Roncal Miñano, el mismo Cieza Herrera certificó, en su calidad de supervisor, que este “no presentó a nadie como su contador”, pero sí otorgó poderes al abogado Julio de la Piedra Aspíllaga, María Reynoso de Vargas y Magali Porro Chulli, para que lo representen en la fiscalización por presunto delito tributario en atención al requerimiento formulado por el Ministerio Público, en que había tramitado una denuncia presentada en el 2014 contra este y otras empresas y personas por el entonces apoderado legal de Agropucalá, Wilfredo Chero Villegas, hoy prófugo de la justicia.

 

La fiscalización a Carlos Roncal se inició el 13 de abril del 2015 y concluyó en junio de ese año, arrojando que el empresario no había declarado ingresos respecto de los años 2013 y 2014, por lo que debía pagar el impuesto omitido ascendente de 258 mil 625 soles. Carlos Roncal pagó, conforme se certifica en el informe de SUNAT del 30 de julio del 2015.

 

El auditor que tuvo a cargo la fiscalización fue Martín Vargas Flores, quien remitió su informe al supervisor Luis Cieza Herrera, el mismo que únicamente se encargó de darle el trámite correspondiente; es decir, comunicar lo actuado al Ministerio Público.

 

¿SE CAE LA TESIS?

Con ello queda claro que tanto las declaraciones de Liliana Arenas y del testigo clave, así como la imputación fiscal sobre Heráclides Arenas, que lo vinculan a fiscalizaciones realizadas por la SUNAT contra los hermanos Roncal Miñano o a “jefes de Agropucalá”, no se ajustan a la verdad.

 

La muerte de Luis Cieza también parece un hecho aislado a los hermanos Roncal Miñano y al contador Heráclides Arenas. Siguiendo la tesis fiscal, ¿qué razón habrían tenido los empresarios para ordenar el asesinato del funcionario si este no los había auditado directamente? El crimen de Cieza Herrera se produjo el 23 de diciembre del 2015 y seis meses antes la fiscalización contra Carlos Roncal había concluido con un procedimiento en el que este pagó el total de impuestos fijados por la SUNAT.

 

¿Con qué propósito los hermanos Roncal utilizarían a Heráclides Arenas para ofrecer un soborno de 500 mil dólares a Luis Cieza Herrera si no existía fiscalización pendiente a su cargo?

 

Otro elemento que resalta en la carpeta fiscal es el Oficio N°205-2017-SUNAT/1T0000, dirigido el 14 de marzo del 2017 por el jefe de la Intendencia de Adunas y Tributos de Lambayeque, Rafael Ortega Deza, al fiscal Germán Montero Ugaz, en el que señala que “Luis Cieza Herrera no ha presentado comunicación alguna respecto de actos de soborno relacionados con los procesos de fiscalización a los contribuyentes Samuel Roncal Miñano y Carlos Roncal Miñano, en consecuencia, no es posible remitir copias de denuncia vinculada a estos hechos”.

 

Si Cieza Herrera nunca denunció intentos de sobornos y tampoco auditó a los hermanos Roncal Miñano, ¿cuál fue entonces el verdadero móvil de su asesinato? 

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VENTARRÓN: TRAGEDIA QUE NO DEBE QUEDAR IMPUNE

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1039

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  • La iconografía hallada en el sitio arqueológico no tiene precedentes en otras manifestaciones culturales del Perú preinca.

 

El domingo 12 de noviembre del 2017 quedó marcado como uno de los días más tristes para Lambayeque. Años de investigación arqueológica en uno de los patrimonios más antiguos de América fueron reducidos a cenizas por el voraz incendio que se habría desatado por la quema de caña de azúcar en tierras propiedad de la Empresa Agroindustrial Pomalca. El almacén ardió y los cobertores instalados hace dos años para proteger el monumento de las lluvias se derritieron, ante la impotente mirada de los lugareños y arqueólogos que trabajaron en la recuperación del sitio. La tragedia de la Huaca Ventarrón es ya noticia mundial.

 

Al arqueólogo Ignacio Alva Meneses, quien dirigió el proyecto de investigación en Ventarrón, no le ha temblado la voz para señalar a la azucarera Pomalca y a la Unidad Ejecutora Naymlap 005 del Ministerio de Cultura, como responsables del siniestro que ha afectado casi el 85 % del complejo monumental, cuya antigüedad es de más de cuatro mil 500 años.

 

Para el investigador no cabe duda que la quema de caña realizada ese día en dos cuarteles de cultivo próximos al complejo arqueológico originó el fuego en los cobertores, sobre todo por la falta de mantenimiento en lo referido a la limpieza de malezas y hojas secas que – según explica – se encontraban incluso sobre las planchas plastificadas que cubrían la huaca.

 

En el 2016, la Unidad Ejecutora invirtió poco más de 600 mil soles en las obras de protección del monumento, como componente de un proyecto de tres millones 993 mil soles orientado al fortalecimiento de la investigación arqueológica en Ventarrón. Sin embargo, ya desde aquel tiempo Alva Meneses advertía que los trabajos preventivos eran insuficientes.

 

El sitio arqueológico de Ventarrón corresponde al Período Arcaico Final.

 

LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

En marzo del 2007 se iniciaron los preparativos para la intervención arqueológica en Ventarrón, consistentes en el desmontaje de corrales y letrinas que se habían levantado sobre el monumento, principalmente en el ala norte y sobre el noreste de lo que se conocería después como “el templo”.

 

Hubo necesidad de utilizar maquinaria pesada para retirar la basura acumulada en la zona, además de los escombros de las construcciones modernas. Hubo que realizar 150 viajes de camión para eliminar el desmonte.

 

“La excavación propiamente dicha comenzó la primera semana de agosto del 2007, con un primer contingente de 60 obreros que luego se duplicó a medida que se inició la excavación en los otros yacimientos. La primera tarea fue limpiar pozos de huaqueo y escombros que minaron y cubrían la arquitectura. La zona más afectada por el saqueo había sido el sector central, los profanadores habían arrasado decenas de tumbas intrusivas realizando perforaciones a distintas profundidades, con tal insistencia que algunos forados tenían varios metros de amplitud y profundidad; el grave daño ocasionado solo fue tangible cuando se removieron los escombros causados por el expolio.

Además de desechos y basura modera, dentro de los pozos poco profundos, en otros ya tapados se encontraron restos de animales domésticos modernos, depositados por los pobladores que también usaban el templo como un cementerio de mascotas y ganado”, relata Alva Meneses en el libro Ventarrón – Collud, publicado en el 2013.

 

MURALES MÁS ANTIGUOS DE AMÉRICA

Cuenta Alva Meneses en el libro que los primeros indicios de la pintura mural que sería considerada la más antigua de América aparecieron sobre la pared oeste del recinto, a medida que se retiraban los restos del relleno compacto que cubrió el ambiente. Una vez descubiertos en su totalidad, mediante delicado trabajo a cargo de especialistas en conservación, se pudo entender que los murales estuvieron plasmados sobre dos muretes o tabiques montados a cada lado de la banqueta encontrada también en el templo.

 

“Al descubrir las imágenes figurativas plasmadas confirmamos nuestras sospechas sobre la mayor antigüedad del templo; el estilo, diseño, colorido e iconografía no correspondían en absoluto con ninguna de las tradiciones culturales conocidas hasta el momento en la región Lambayeque ni en el antiguo Perú; la imagen que sorprendió por su original iconografía, tema de la ‘cacería de venados’, configuraba la representación de un ritual emblemático, clave para la institución del poder”, explica.

 

La composición de la imagen a primera vista muestra una red multicolor, solo de cerca y haciendo un esfuerzo para distinguir se observan los animales capturados, cuadrúpedos, probablemente venados. Trazos de color negro forman los hilos y bandas amarillas oblicuas representan bastidores o paños transversales; posiblemente la banda oblicua de la red se conjugaba con algún momento del año con los ángulos producidos por la sombra del sol.

 

EL INCENDIO

El incendio del domingo comenzó a las 2:15 de la tarde. Según Ignacio Alva fue causado por una chispa, producto del mal manejo en la quema de caña de azúcar de la Empresa Agroindustrial Pomalca, que dirige el Grupo Oviedo, y se propagó del campo de cultivo, por la maleza, a una acequia, lo que levantó el fuego contra los techos de los almacenes, que fueron los primeros en arder.

 

“En esos almacenes se han perdido todas las colecciones de materiales recuperados durante la excavación. Decenas de osamentas de personas y animales, varias decenas que había sido acumuladas en varias temporadas. Deben ser un aproximado de 60 individuos a más, considerando que también venían los de Collud y Zarpán.  Hay que revisar los inventarios para ver realmente qué se ha perdido”, menciona el arqueólogo.

 

Añade que también se han perdido todas las colecciones que pertenecían a la época del santuario, a las manifestaciones más antiguas, que consistían en los restos de alimentos y comidas, las semillas más antiguas de los cultivos que se habían desarrollado en esa época. Semillas de algodón, textiles muy finos que ni siquiera habían sido analizados en su técnica y que eran piezas museográficas importantes porque eran el material de una época tan antigua donde la única tecnología era la textil.

 

“Anteriormente los techos eran de calamina. Además de la negligencia de la empresa de haber quemado sin ningún controlador de la posible propagación del fuego, los techos fueron alcanzados y ardieron de inmediato porque el material por el que se reemplazó la calamina durante la protección por El Niño es bituminoso, un derivado del petróleo, que resultó ser totalmente inflamable. Parece que las especificaciones técnicas no se tomaron en cuenta. Lo expedientes para usar esos productos fueron hechos en el marco de las labores de protección por el Fenómeno El Niño hace dos años, entonces se tomaron decisiones en ese momento y habrá que ver a quién comprometen”, refiere Alva Meneses.

 

ATENCIÓN AL MONUMENTO

El lunes llegó a la zona el Ministro de Cultura, Salvador del Solar Labarthe, quien se mostró optimista de los trabajos de recuperación que se iniciarán en el sitio arqueológico a fin de devolverlo a su estado anterior del siniestro.

 

Según el titular de Cultura, será posible recuperar aproximadamente el 80 % de la zona monumental.

 

Asimismo, Del Solar Labarthe indicó que el ministerio procedió a la presentar la denuncia penal contra la empresa Pomalca, cuyo presidente del Directorio, César Alva Azula, había asumido la responsabilidad de lo sucedido. Las investigaciones están a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.

 

“El ministro de Cultura ha sido muy optimista, llegó con un grupo de conservadores, uno de ellos el que trabajó todo el tiempo con nosotros, quien prácticamente conoce el sitio desde la excavación. Juntos se han dado cuenta que puede haber una recuperación de hasta el 80 % de los murales, que son en todo caso las piezas más delicadas. Con el resto del monumento habrá una recuperación bastante alta, pero será sumamente costosa y lenta y mantendrá el sitio en un proceso largo de rehabilitación. Lo ideal sería que junto a estas medidas se tome la decisión de una puesta en valor correcta, debido a que la zona monumental se está llenando de desmonte y se están construyendo casas en una zona que debería ser liberada. Pienso que un proyecto para resarcir este grave daño debería contemplar una visión integral del manejo del sitio para que se exhiba en condiciones ideales”, declara Ignacio Alva.

 

El investigador lamenta que desde que culminaron los trabajos de investigación, el Ministerio de Cultura, a través de la Unidad Ejecutora 005, solo haya contratado a un boletero y a un vigilante, sin que se precisen trabajos de mantenimiento, lo que, en parte, habría evitado el incendio.

 

DESLINDAN RESPONSABILIDAD

En conferencia de prensa realizada el lunes por la tarde, funcionarios de la Empresa Agroindustrial Pomalca, con el gerente general, Walter Culqui Carrera, deslindaron de la responsabilidad que horas antes había aceptado el presidente del Directorio.

 

Según indicaron, el procedimiento de quema de caña de azúcar en los cuarteles 49 y 50, los más próximos al complejo arqueológico, se realizaron desde las 11:00 de la mañana sin ningún contratiempo, finalizando al promediar las 12:30 del mediodía.

 

“Se cumplieron los protocolos. Desde las 11 de la mañana se dio inicio a la quema de caña del cuartel 49 y 50, que está más o menos a unos 60 metros del complejo arqueológico. Durante todo ese proceso nosotros no tuvimos ningún evento extraordinario que haya sido notificado. Por el contrario, se terminó el proceso y se comunicó como se sabe hacer en cada una de las quemas al jefe de cosecha, se dio cuenta que se concluyó satisfactoriamente el proceso y este siguió su trámite. Sin embargo, dos horas después nos dieron noticias del incendio que todos nosotros lamentamos”, señaló Walter Culqui.

 

El gerente general de la agroindustrial indicó que se han iniciado las investigaciones internar a fin de determinar las responsabilidad que pudiesen existir en los procedimientos seguidos por los trabajadores de la empresa.

 

Por su parte, José Carlos Isla, gerente legal del Grupo Oviedo, señaló que una pericia técnica realizada horas después de sofocado el siniestro concluye que “es un imposible material” que el fuego se haya extendido desde los campos de caña a la huaca. Este destacó que la azucarera cedió en el 2011 a título gratuito el área donde se encuentra el monumento al Ministerio de Cultura.

 

“Contratamos los servicios de un perito especializado en el tema, el ingeniero James Uriarte Núñez, con registro 21713 del Colegio de Ingenieros del Perú, para determinar si efectivamente la quema de caña en el cuartel 49 y 50, realizada en un lugar anexo al complejo, fue la causa del siniestro y el informe del perito es contundente y justamente eso es lo que ha generado una demora en nuestro pronunciamiento, porque queremos ser objetivos y respaldar lo que aseveramos con pruebas. El perito concluye de manera expresa que resulta un imposible material que por la quema de caña en los cuartes 49 y 50 se haya generado el siniestro en el sitio arqueológico”, anotó.

 

Isla Montaño añadió que la empresa esperará los resultados de la investigación iniciada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo y que al margen de las responsabilidades que se determinen apoyarán en los trabajos de recuperación del monumento.

 

“Vamos a aportar al Ministerio Público esta pericia especializada que acredita de manera meridiana que no tenemos ninguna participación en este lamentable siniestro en el complejo arqueológico. Vamos a someternos como corresponde a cualquier investigación que se promueva, porque estamos absolutamente convencidos, tenemos los medios de acreditación fehacientes que es un imposible material que se haya podido generar este siniestro lamentable”, dijo.

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EN LA MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO: MÁS DE SEIS MILLONES DE SOLES DE CUENTAS SIN RENDIR

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1039

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  • Según análisis de Cuenta Contable 1205 de Servicios y otros contratados por anticipado.
  • Insólitamente sólo Carlos Santa Cruz ex gerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas afronta juicio por adeudo a  municipio.
  • Mientras que a Henrry Chiclayo Vega, también ex gerente de Imagen Institucional y Relaciones Püblicas se le permitió descontar débidos no rendidos con liquidación de beneficios sociales y vacaciones truncas.

 

Las deficiencias administrativas ha generado que desde el año 1992, la Municipalidad Provincial de Chiclayo  haya acumulado un saldo por cobrar de más de 6 millones 717,671.80 soles, según reporte al cierre del ejercio fiscal 2015, cifra que se estima podría haber aumentado en los últimos dos años.

 

En la relación de deudores al municipio de Chiclayo figuran tanto ex autoridades ediles, ex regidores, ex funcionarios públicos y ex trabajadores, así como proveedores e instituciones públicas que por diversos motivos no regularizaron el dinero entregado.

 

Al asumir la nueva administración municipal presida por don David Cornejo Chinguel correspondiente al período 2015- 2018 la cuenta contable 1205 correspondiente a Servicios y otros contratos por anticipado tenía un saldo de 6 millones 5286 mil 698.16.

 

Sin embargo, al finalizar el ejercicio fiscal 2015, es decir, al primer año de gobierno del actual burgomaestre de Chiclayo, la cuenta contable 1205 reflejaba un saldo de 6 millones 717 mil 671.80 soles, esto es, en la nueva administración de Cornejo Chinguel se tuvo un incremento de 190 mil 973. 64 soles.

 

De acuerdo al desagregado hecho por el entonces Sub Gerente de Contabilidad y Costos, CPC Juan Ramón Chambergo la variación en los compativos de los años 2014 y 2015, fue el siguiente, por anticipo a contratistas y proveedores 2,076.80, a proveedores 2,076.80, por entregas a rendir cuentas 181,556.34, por viáticos 30,0668.30, por otras entregas a rendir cuenta 151,488.04 y otros 7,340.50 haciendo un total de 190,973.64.

 

"Es preciso indicar que la mencionada cuenta contable se ha venido incrementando desde el año 1992 y a pesar de haberse experimentado cambios de administración municipal no se evidencia que se hayan tomado las acciones correspondientes por parte de los funcionarios de turno, con la finalidad de proceder a la rendición, regularización o devolución de los fondos girados", detalló en el informe N° 2000-2016- MPCH/SGCC elevado al entonces gerente de Administración y Finanzas, Leopoldo Vásquez Casas.

 

En el mismo documento emitido el 10 de diciembre del 2016, indica – sin precisar los montos- que a la fecha el importe de 190,973.64 adeudado por los funcionarios ha experimentado una disminución como consecuencia de las rendiciones de cuentas presentadas por los servidores durante el año 2016.

 

"Asimismo se está efectuando el análisis contable correspondiente para proceder a notificar a los servidores y/o proveedores a quienes a quienes se les ha otorgado los anticipos correspondientes y de esta manera realizar la rendición, regularización y/o devolución de los fondos girados según corresponda", anotó en otra parte del citado informe.

 

Además agrega que teniendo en cuenta que el mayor porcentaje del saldo de esta cuenta corresponde al saldo acumulado al 31 de diciciembre del 2014 con un importe de 6 millones 526 mil 698.16 es que alcanzo como sugerencia que se designe un personal específicamente de la Subgerencia de Tesorería para que ejecute las labores de ubicación de los comprobantes de pago que sustenten los anticipos otorgados y de esta manera tomar las medidas más convenientes.

 

CASO CARLOS SANTA CRUZ

El ex gerente de Imagen Institucional de la MPCH, Carlos Alfredo Santa Cruz Alarcón, ligado a la presunta red criminal Los Limpios de la Corrupción, es el único ex funcionario a quien se le sigue un juicio por el débido de 134,250 por anticipos pendientes de rendición.

 

Santa Cruz afronta un proceso judicial por el delito de peculado doloso a pesar que con documentación presentada ante la Fiscalía y el Juzgado, el periodista ha evidenciado que no se agotado la vía administrativa para regularizar los encargos dado a su persona para la realización de actividades propias de la oficina que gerenciaba.

 

Santa Cruz fue detenido el 30 de setiembre del 2014 por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, teniendo calidad de investigado en la carpeta fiscal N.º 2447- 2014.

El 2 de octubre del 2014, representantes del Ministerio Público intervinieron la oficina de Imagen Institucional  y Relaciones Püblicas, ubicado en el segundo piso del local de la ex Mutual Chiclayo, llevándose diversa documentación original.

 

El 6 de noviembre del 2014 nuevamente irrumpieron en el área para revisar el equipo de cómputo utilizado por el ex gerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

 

Desde el establecimiento de Chiclayo donde fue recluido Santa Cruz Alarcón envió diversa documentación a la MPCH para regularizar los anticipos y vales pendientes de rendición.

Con 4 de julio del 2016, remitíó al despacho de aquel entonces gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Ruperto Castellanos Custodio, una carta observando que a través de reportes de la Contraloría había tomado conocimiento de la carta N.º 051/ 2015- GAF/ MPCH) emitida el 12 de mayo del 2015, dirigida a su persona, para que proceda a renfir los vales y anticipos pendientes de rendición. Sobre el particular aclaró que la citada carta nunca llegó a  sus manos.

 

Asimismo con carta 18 de julio del 2015 solicitó también al señor Castellanos Custodio, se sirva notificarlo en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, con la finalidad de efectuar los descargos correspondientes.

 

Reiteró el pedido a través de la  9 de julio del 2016 y recién el 27 de julio 2016,  recepcionó la carta N.º 131/2016- MPCH/GAF, suscrito por la señora CPC. Rosa Gómez Ponce cuyo asunto es: Vales y Anticipos por rendir.

 

Con fecha 1 de agosto del 2016 remitó la carta S/N a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, CPC Rosa Gomez Ponce en donde solicitó copias simples de los vales y anticipos y de los comprobantes de pago que estos han generado, así como la documentación (si existiera) que sustentó el pedido de fondo de la oficina que en su momento gerenció.

 

Con carta 010/SGSG-2017, de fecha 13 de enero del 2017, le adjuntaron 549 folios con los documentos solicitados a través de diversas misivas; y base a ello, el 05 de mayo del 2017 realizó la primera rendición de vales y anticipos, así como solicitó que de su liquidación de beneficios sociales se descuente parte del débito pendiente de rendición teniendo como antecedente el caso del señor Henry Chiclayo Vega, ex gerente de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la MPCH a quien se le dió esta perrogativa a través de resolución gerencial N° 786-2016- MPCH/ GRRHH.

 

VÍA ADMINISTRATIVA AUN NO SE AGOTA

Pese al tiempo transcurrido no ha recibido ninguna respuesta de la MPCH, corroborando así que no se agotado la vía administrativa.

 

Santa Cruz en sus descargos ha indicado que no solo su persona  como gerente de Relaciones Públicas e Imagen Institucional utilizó la metodología de solicitar anticipos o reembolsos para gastos de pago inmediato de las actividades municipales.

 

Desde que se inició el primer gobierno del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles, funcionarios, ex gerentes de relaciones públicas e imagen institucional también utilizaron esta modalidad (anticipos y reembolsos).

 

Inclusive señala que dicha metodología se viene utilizando en la actual gestión municipal del Ing. David Cornejo Chinguel como lo demuestran  las cartas N.º. 010-2015-MPCH/GAF de mayo del 2015 firmado por el CPC Manuel Soto Cabrera en donde se puede apreciar anticipos sin rendir del ex gerente de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la MPCH, Lic. Henry Chiclayo Vega por monto que supera los 40,000 (cuarenta mil soles).

 

También ha señalado que la instancia encargada de custodiar el dinero público, según el ROF, es la Gerencia de Administración y Finanzas, la misma que nunca observó anticipo alguno que sobre pase el máximo permitido (3 Unidades Impositivas Tributarias), al contrario colocaba su visto bueno en cada documento.

 

Agregó además que todos los anticipos solicitados por la Gerencia de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que tuvo a cargo desde junio del 2011 hasta el 30 de setiembre del 2014 fueron utilizados para sustentar gastos y pagos inmediatos de las actividades municipales.

 

La Gerencia de Administración y Finanzas y la Sub Gerencia de Tesorería debieron en su momento exigir la rendición dentro de los plazos establecidos, no debiendo haber otorgado un segundo anticipo sin haber rendido el primero.

 

CASO HENRRY CHICLAYO

Tratamiento distinto, tuvo el caso del ex gerente de Imagen Institucional y Relaciones Püblicas, Henry Chiclayo Vega, de la gestión del Cornejo Chinguel, quien también solicitó anticipos que no fueron regularizados en su momento.

 

Con carta N.º 041-2015/MPCH/ SGCC de 20 de agosto del 2015, el sub gerente de Contabilidad y Costos, CPC, Manuel Soto Cabrera, le reitera la rendición de anticipos otorgada desde mayo del 2015 que no había rendido el licenciado Henry Chiclayo Chiclayo Vega en su calidad de gerente de Relaciones Públicas e Imagen Institucional.

 

Inclusive el 23 de junio del 2016, los medios de comunicación dieron cuenta de la intervención de la Fiscalía a la Municipalidad de Chiclayo por este caso. La fiscal María Eneque Llauce, del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque intervino ante la incompleta rendición de cuentas de los más de 100 mil soles otorgados al funcionario Henry Chiclayo para la realización de actividades por el aniversario de la comuna cuando era gerente de Imagen en el año 2015.

 

Lo cierto es que a través de resolución gerencia N° 786-2016-MPCH/GRRH se le otorgó a Henry Chiclayo Vega por concepto de beneficios sociales (CTS y vacaciones no gozadas) la suma de S/. 2,941.74, que restado a las leyes sociales, fue de 2,577.50 soles.

 

De igual modo, en el segundo artículo se dispuso que la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia de Tesorería y Finanzas efectué el descuento de la liquidación de beneficios sociales el monto de los anticipos por rendir ascendente a S/.3,962.65 quedando un saldo  por recuperar de S/. 1,385.15.

 

Por último en el artículo tercero se dispuso que el área de Remunercaiones de empleados retenga de la remuneración del servidor Henry Chiclayo Vega la suma de 1,385.15 por concepto de saldo por anticipos no rendidos.

 

Ambos casos han tenido tratamientos diferenciados aún cuando se trataba de similares hechos enmarcados en el ámbito administrativo, no obstante, el Municipio de Chiclayo debería tomar acciones para recuperar el dinero sin rendir que a la fecha suman varios millones de soles.

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EN CONCURRIDA MARCHA: LAMBAYECANOS EXIGEN QUE SE REFORMULE PLAN DE LA RECONSTRUCCIÓN

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1039

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  • Manifestación convocada por el Comité Cívico congregó a gremios profesionales, empresariales y sociales.

 

La reformulación del Plan de Reconstrucción aprobado para Lambayeque y que se garantice la ejecución de obras de vital importancia para el departamento como la presa La Calzada en el Valle La Leche y el drenaje pluvial de Chiclayo metropolitano, son las principales demandas que la sociedad civil, a través del Comité Cívico, planteó al gobierno nacional con la marcha realizada el 13 d.c.

 

Cientos de personas respondieron al llamado del Comité Cívico de Lambayeque, que desde marzo pasado expuso al gobierno nacional las necesidades del departamento en relación a los proyectos que debían incluirse en la reconstrucción para asegurar el desarrollo local.

 

“Sentimos una profunda indiferencia de parte del gobierno nacional para quienes hemos sido directamente afectados por El Niño Costero. Somos decenas de familias de Íllimo, Pacora, de todo el Valle La Leche, las que a siete meses de presentadas las lluvias y las inundaciones seguimos esperando que se nos indique cómo y en qué forma se nos ayudará con la reconstrucción de nuestras viviendas. Hay familias que viven todavía en carpas y el período de lluvias nuevamente se avecina. ¿Qué se está esperando? Que nuevamente la emergencia ocurra para recién actuar”, indicó José Ternero Barreto, vicepresidente del Comité de Damnificados de Íllimo.

 

DEMANDAS

En agosto, las organizaciones que conforman el comité, en el que participan los gremios profesionales, empresariales y sociales, alcanzaron a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, 16 demandas, poniendo énfasis en la importancia de la participación de la sociedad civil en las acciones de fiscalización del plan a ejecutarse. Ninguna de estas fue adoptada.

 

“La sociedad civil de Lambayeque desde hace seis meses ha venido insistiendo en que el proceso de reconstrucción sea una propuesta de cambio real, de no corrupción y de participación de sus instituciones representativas, con la finalidad de lograr un desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones afectadas por El Niño Costero”, señala Carlos Burgos Montenegro, decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque.

 

El sábado último, el nuevo director ejecutivo de la ARCC, Edgar Quispe Renón, se reunió con el gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, y su cuerpo de gerentes sectoriales, para luego entrevistarse con algunos alcaldes provinciales y distritales.

 

Ese mismo día Quispe Renón tomó conocimiento por la prensa de la situación que todavía atraviesan las familias damnificadas por el período de lluvias, muchas de ellas aun viviendo carpas. El funcionario no se pronunció sobre la falta de saneamiento físico legal de los terrenos donde deberán construirse las viviendas para los damnificados, ni sobre el pedido alcanzado por la sociedad civil para que se reformule el plan aprobado para Lambayeque.

 

El plan de reconstrucción considera la inversión de tres mil 115 millones de soles para el departamento, mil 100 destinados a obras de prevención como el drenaje pluvial de Chiclayo metropolitano y el proyecto de La Calzada, monto que de acuerdo a la opinión técnica del Colegio de Ingenieros del Perú resultaría insuficiente considerando la magnitud de las obras.

 

OBRAS DE ENVERGADURA

La marcha del lunes partió del óvalo del Paseo de las Musas y recorrió las principales calles y avenidas del casco central de Chiclayo, llegando al Parque Principal. Los manifestantes, portando sus distintivos institucionales y pancartas alusivas al reclamo de la sociedad civil, hicieron sentir su disconformidad por la manera en la que se ha planteado el plan de reconstrucción para Lambayeque.

 

“Queremos que el Plan de Reconstrucción sea una oportunidad para sentar las bases del desarrollo, que incluyan las actividades productivas, la infraestructura necesaria para evitar las inundaciones, como es el caso de La Calzada sobre el río La Leche, que todos los años genera enormes pérdidas, destrucción de cultivos e incluso cobra vidas humanas”, señala el decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Antonio Uriarte Núñez.

 

Entre los planteamientos del Comité Cívico también se encuentran la ejecución de un proyecto integral de renovación de saneamiento básico para el departamento, la inclusión de los estudios de los componentes del Plan Hidráulico Regional, la ejecución del Plan de Desarrollo Vial y la promoción del proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque para concretar su financiamiento a través de una alianza pública privada.

 

“Exigimos también la construcción de viviendas dignas y definitivas para las familias afectadas y el mejoramiento de las vías de comunicación, todo esto sin dejar de visar las obras emblemáticas que necesitan un empuje inicial para su posterior consecución, recurriendo a todas las formas de financiamiento existente, para que de esta manera recuperemos el liderazgo que tuvo antes nuestra querida región”, menciona Álvaro Mendoza Cortijo, presidente de la Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil.

 

CAUTELAR LOS RECURSOS

Por estas consideraciones – según señala el Comité Cívico – es necesario que se reformule el plan de reconstrucción para Lambayeque, orientando el grueso de los recursos a proyectos de trascendencia que tengan impacto directo sobre el desarrollo y bienestar de la población.

 

“El plan de reconstrucción debe reformularse, eliminándose de él las obras que no solucionan nada como la simple descolmatación de los ríos, reemplazándolas por un manejo integral de las cinco cuencas, orientando gran parte de estos recursos para las obras importantes que generen desarrollo y mejoren las condiciones de vida de los lambayecanos”, anota el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales.

 

El Comité Cívico adelantó que se enviará un nuevo memorial al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, haciéndole conocer la disconformidad existente con el plan aprobado y solicitando que se restructure la inversión de los tres mil 115 millones de soles que se han asignado para Lambayeque.

 

“Lo que debe quedar claro es que no estamos pidiendo más dinero. Si el gobierno nacional decide incrementar el presupuesto, en buena hora, pero lo que nos preocupa en estos momentos es que se pretenda ejecutar un plan de reconstrucción que solo nos devolverá a la situación previa al Niño Costero, y en Lambayeque sabemos muy bien que esta no era la mejor. El dinero presupuestado debe ser mejor distribuido, cautelado y ejecutado con eficiencia y transparencia, estos aspectos también nos generan preocupación”, refiere Burgos Montenegro.

 

El presidente de cámara de comercio añade que el sentir de descontento con la manera en la que se está desarrollando el proceso de reconstrucción es similar en los demás departamentos afectados por el fenómeno costero.

 

“El gobierno nacional debe garantizar que las obras no solo se van a ejecutar a tiempo, sino también con transparencia. La corrupción le ha hecho un enorme daño a Lambayeque, que ya tiene experiencias anteriores de millonarios presupuestos mal administrados y que terminaron en obras abandonadas, en arbitraje o deficientes. La sociedad civil ha mostrado su disposición de apoyar con planteamientos técnicos y control ciudadanos, pero esto no parece ser de interés de quienes tienen en sus manos la conducción de la reconstrucción y es, en verdad, preocupante”, asevera Huancaruna Perales.

 

RICARDO CASTREJÓN ESPINO

Presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Lambayeque

“El turismo ha sido tremendamente afectado, sobre todo por el Fenómeno de El Niño Costero que resultó ser devastador para el sector y por ello necesitamos una reconstrucción efectiva. Han pasado ocho meses ya y hasta ahora no tenemos ninguna acción real ni del gobierno nacional ni de los gobiernos subnacionales. AHORA Lambayeque respalda plenamente la posición del Comité Cívico, nos estamos poniendo de pie para demostrar nuestra unidad en objetivos comunes”.

 

MICKY ÁLVAREZ AGUIRRE

Dirigente del Frente de Defensa de Lambayeque

“El Frente de Defensa de Lambayeque plantea no solamente una reconstrucción sin corrupción, sino que esta sea democrática y participativa. No es posible que se destinen más de tres mil millones de soles para que se reconstruya la región y hasta el momento se vea ni una sola obra de impacto, ni los inicios siquiera. Si esta realidad vemos en la ciudad y en los pueblos jóvenes, es fácil imaginar lo que está ocurriendo en la zona rural y los distritos que fueron más golpeados por las lluvias”. 

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