up

PROCESAN A EX GERENTE REGIONAL DE TRABAJO: HABR脥A DEJADO PRESCRIBIR ACCI脫N SANCIONADORA CONTRA DOS FUNCIONARIOS

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1041

  comentarios   

Como secretario de la comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios – PAD, Jorge Rojas Córdova no actuó en salvaguarda de los intereses del Gobierno Regional de Lambayeque.

 

Por haber emitido informe de precalificación con relación a hechos referentes a una presunta falta disciplinaria descritos en el “Examen Especial de Controversia Arbitral” entre la empresa Komatzu Mitsui Maquinarias Perú S.A” y el Gobierno Regional de Lambayeque, el gerente general de la entidad, Francisco Gayoso Zevallos, dispuso iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el abogado Jorge Rojas Córdova, en su condición de ex secretario técnico de Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD, por supuestamente haber dejado prescribir la investigación contra los responsables.

 

Mediante Resolución N° 119-2017-GR.LAMB/GGR, del 13 de noviembre último, basándose en el Informe N° 34 -2017-GR.LAMB/STPAD, Gayoso Zevallos señala que se ha identificado presunta responsabilidad administrativa atribuible a Rojas Córdova, en el período comprendido del 23 de enero del 2015 al 7 de enero del 2016.

 

En  el documento se relata que en su calidad de Secretario Técnico de Apoyo a los Órganos Instructores del PAD, habría emitido informe de precalificación relacionado con los hechos constitutivos de presunta falta disciplinaria descritos en el Informe N° 006-2013-2-5343 -“Examen Especial de Controversia Arbitral” entre la empresa Komatzu Mitsui Maquinarias Perú S.A y el gobierno regional, del 20 de agosto del 2015, en el cual existe un exceso en el plazo para el inicio de la acción administrativa disciplinaria contra el ingeniero Víctor Augusto Delgado Vélez y el economista Víctor Miranda Monteza.

 

La investigación vencía el 23 de abril del 2015, originando que la acción administrativa prescriba, y en virtud de lo cual, se expidió la Resolución de Gerencia General Regional N° 150-2016-GR.LAMB/GGR, del 6 de diciembre del 2016, en la que se declara de oficio la prescripción de la acción administrativa a favor de los procesados, quienes ocuparon la gerencia de Administración del gobierno regional.

 

LOS ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Lambayeque convocó el proceso de selección “Adjudicación de Menor Cuantía N° 011-2010-GR.LAMB, derivado del Concurso Público N° 011-2010-GR.LAMB, con el objeto de contratar el servicio de reparación de un tractor oruga modelo D85A21B y una excavadora hidráulica. Para ello suscribió el contrato de servicio N° 039-2010-GR.LAMB, del 9 de julio del 2010, firmado entre la entidad y la contratista Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A, por el monto de 639 mil 796. 23 soles.

 

Sobre el particular, el Órgano de Control Institucional – OCI, en su Informe N° 06-2013-2-53413, concluye, que la “Oficina de Administración, en el período 2011-2013, no cumplió con el pago oportuno de la prestación del servicio de reparación del tractor; no obstante tampoco se ha recibido la prestación del servicio del contratista”.

 

A LAUDO ARBITRAL

Según actas suscritas por el área usuaria, no se habrían establecido los procedimientos necesarios para efectuar una eficiente programación de gasto, teniendo que realizar la previsión presupuestal respectiva que hubiera permitido honrar la deuda contraída con el contratista.

 

Sin embargo, se habría cancelado la totalidad del servicio, lo que ocasionó  que el Tribunal Arbitral obligue al Gobierno Regional de Lambayeque al pago de intereses al contratista y gastos de honorarios por concepto de arbitraje por un monto de 38 mil 888.54 soles.

 

Ante el resultado y en el informe antes descrito entre Komatsu Mitsui Maquinarías Perú S.A y el Gobierno Regional de Lambayeque, al titular de la entidad estatal se le recomendó el inicio de las acciones necesarias para el deslinde de las responsabilidades administrativas disciplinarias que correspondan, contra los funcionarios y servidores comprendidos.

 

De igual manera, se recomendó la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar a través de la comisión especial permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios -PAD.

 

El jefe del Órgano de Control Institucional cursó el Oficio N° 553-2013-GR.LAMB/OCI, del 12 de diciembre del 2013, a través del cual remitió el precitado informe al presidente regional para los fines indicados. En dicho documento aparece el sello inserto, sin que haya sido revisado u observado previamente.

 

Con la finalidad de implementar la recomendación del órgano de control, con fecha 18 de diciembre del 2013, el presidente regional cursó el Oficio N° 1133-2013 –GR.LAMB/PR, dirigido al presidente de la Comisión Especial de Procesos Administrativos a efecto que, conforme a sus atribuciones, proceda a realizar las acciones necesarias para la implementación de la recomendación del OCI; es decir, abrir el Proceso Administrativo Disciplinario a los servidores involucrados antes que los plazos prescribiesen.

 

RECOMENDACIÓN DE SANCIÓN

El 3 de septiembre del 2014, la Comisión Especial de Procesos Administrativos para Funcionarios emitió el Informe N° 007-2014-GR.LAMB/CEPADF-03, mediante el cual recomendaba al titular de la entidad instaurar Proceso Administrativo Disciplinario a los funcionarios Víctor Hugo Miranda Monteza y a  Víctor Augusto Delgado Vélez, por la presunta comisión de falta disciplinaria.

 

Días después, el 17 de noviembre del 2014, se expidió la Resolución Ejecutiva Regional N° 466-2014 GR.LAMB/PR, en la que se establecía que los hechos constituían presunta falta disciplinaria, por lo que a los mencionados funcionarios se les tenía que someter a las acciones legales correspondientes, tal y como lo dispone el orden jurídico.

 

Mediante Informe N° 012-2015-GR.LAMB/ST, del 17 de marzo del 2015, el Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario, recomendó al titular de la entidad, declarar la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 466-2014-GR.LAMB/PR, que instauraba el proceso administrativo disciplinado, emitiéndose tal contexto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 217-2015-GR.LAMB/PR, de fecha 31 de marzo de 2015, que resuelve conforme a la recomendación del Secretario Técnico del PAD; y, dispone remitir lo actuado al funcionario informante para que efectúe la precalificación de los hechos de presunta falta disciplinaria.

 

CARGOS Y DESCARGOS

El 16 de diciembre del 2015 – ocho meses  después de haberse dispuesto la instalación del PAD- recién se emitió el acto administrativo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra los ex funcionarios Víctor Hugo Miranda Monteza y Víctor Augusto Delgado Vélez, en mérito al Informe N° 050-2016-GR.LAMB/STPAD SR, del 20 de agosto de 2015, y el Informe N° 81-2015-GR.LAMB/STPAD-SR, del 13 de noviembre de 2015, ambos suscritos por Rojas Córdova.

 

Ante la decisión en su contra, Delgado Vélez presentó su descargo a través del Oficio N° 2015-ADV, del 22 de diciembre del 2015; en virtud del cual solicitaba la absolución deduciendo la prescripción del proceso.

 

En tanto, Miranda Monteza, mediante descargo de fecha 4 de mayo de 2016, también dedujo la prescripción de la acción administrativa disciplinaria, argumentando para tal propósito que “el titular de la entidad tuvo conocimiento del hecho desde el Informe N° 04-2013, suscrito por el Procurador Público Regional de fecha 20 de marzo de 2013; por tanto, la presunta falta habría prescrito al momento de haber sido notificado”, debido al exceso de tiempo transcurrido.

 

PRESCRIPCIÓN E INVESTIGACIÓN

En atención a ello, el 6 de diciembre del 2016, el gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, en su condición de órgano instructor del PAD, mediante Resolución N° 150-2016-GR.LAMB/GGR, declaró prescrita la acción administrativa disciplinaria a favor de Augusto Delgado Vélez y Víctor Hugo Miranda Monteza.

 

La inacción en el trámite del expediente administrativo sobre faltas administrativas atribuidas a Delgado Vélez y Miranda Monteza es imputable a Jorge Rojas Córdova, en su calidad de ex Secretario Técnico de Apoyo a los Órganos Instructores del PAD, al haber emitido el Informe de Precalificación relacionado con los hechos constitutivos de presunta falta disciplinaria descritos en el Informe N° 006-2013-2-5343; ‘Examen Especial a Controversia arbitral entre Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. con el Gobierno Regional Lambayeque.

 

Se señala que el exfuncionario habría incumplido lo dispuesto en el literal “a” del Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 276.- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

 

“Son Obligaciones de los servidores: cumplir personal y diligentemente con los deberes que le impone el servicio público, concordante con lo dispuesto en el Artículo 92 de la Ley N° 30057 -Ley del Servicio Civil”, y donde se señala que: “El Secretario Técnico es el encargado de precalificar las presuntas fallas. Además, la Secretaria Técnica apoya el desarrollo del procedimiento disciplinado, y tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del PAD”, señala la disposición.

Leer más


REGIDOR LEONARDINO FUE SENTENCIADO A TRES A脩OS DE PRISI脫N SUSPENDIDA: AURELIANO CASTA脩EDA EN MANOS DE SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1041

  comentarios   

En el limbo quedó el futuro político del regidor de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Aureliano Castañeda Hernández, luego que integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque escuchara sus alegatos tras haber sido sentenciado por el Quinto Juzgado Penal, en junio pasado, a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, por presuntamente adulterar un documento público con el que habría solicitado la vacancia del exalcalde Raúl Cieza Vásquez.

 

Conforme consta en el Expediente Judicial N° 7031-2013, la denuncia fue interpuesta por Cieza Vásquez, quien afirmó que con fecha 19 de octubre del 2012, Castañeda Hernández había solicitado su vacancia como alcalde de dicho municipio, argumentado que habría trasgredido el Artículo 22, numeral 7 y 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, referente a la inconcurrencia de cuatro sesiones ordinarias consecutivas en forma injustificada.

 

Sin embargo, mediante Acuerdo de Concejo N° 059-2012 –MDJLO, del 21 de enero del 2013, por mayoría, los regidores de ese momento declararon improcedente la solicitud de vacancia. Aureliano Castañeda interpuso recurso de apelación contra dicho acuerdo, dando origen al Expediente N° J-2013-0167, el cual fue elevado al Jurado Nacional de Elecciones –JNE.

 

Refirió ante el Jurado Nacional de Elecciones que Raúl Cieza Vásquez faltó a las sesiones de concejo los días 31 de enero, 21 y 29 de febrero, y 5 de marzo del 2012.

Durante el proceso judicial, Raúl Cieza Vásquez sostuvo que con documentos falsificados se habría pretendido vacarlo. Aureliano Castañeda afirma que lo vertido por la ex autoridad edil carecería de veracidad y argumenta la existencia de una “mano negra” que salvó de la vacancia al exalcalde, generando un proceso judicial en su contra que le ha significado ser sentenciado a tres años de pena suspendida.

 

SIN MOTIVACIÓN

En su apelación a la sentencia, presentada el 11 de septiembre pasado, Aureliano Castañeda sustentó, a través de su abogado Walter Torres Vera, que el magistrado del Quinto Juzgado Penal no tuvo una motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta.

 

Señala que el magistrado no ha tenido una indicación del razonamiento que justifique los principios de unidad en la función de juzgar con debida motivación que garantice una debida resolución judicial, que no contenga arbitrariedad judicial, y que no contengan meros caprichos del magistrado, sino que se base en datos objetivos que deriven a una correcta administración de justicia.

 

En el presente caso la sentencia fue expedida con manifiesta motivación aparente; es decir, se trata de una motivación aparente porque en cuanto se adentra en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación se descubre que no existe ningún fundamento que muestre que los hechos cargados por Raúl Cieza Vásquez tengan contenido de verdad.

 

“El juzgador me atribuye la utilización de documento público adulterado, con la finalidad de vacar al ex alcalde de José Leonardo Ortiz, Raúl Cieza Vásquez, y para ello da por cierto que solicité algunos documentos al Congreso de la República. Sin embargo, ningún medio de prueba acredita que haya solicitado dicha documentación”, señaló el fiscalizador a los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el magistrado César Bravo Llaque e integrada por Raúl Solano Chambergo y Edwin Quispe Díaz.

 

“Es algo inaudito que me hayan sentenciado cuando en los libros de cargo del Congreso de la República se indica claramente que los documentos en mención fueron entregados en copia fedateada a una tercera persona de nombre Guido Gutiérrez, de quien no se sabe quién es”, refiere.

 

EN EL JNE

Los trabajadores y funcionarios del Congreso de la República, responsables de expedir las copias fedateadas que presuntamente habían sido solicitadas por Aureliano Castañeda, no lo reconocen como la persona que las recepcionó. Es más, los vídeos de las cámaras de seguridad tampoco registran la vista del regidor leonardino en las fechas que los documentos fueron entregados a Guido Gutiérrez.

 

“La conclusión de sentencia es errada y preocupa más que el juzgador no haya valorado el resultado de una pericia grafotécnica de parte, en la cual el perito hace constar que la firma que aparece en el documento de pedido de vacancia presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones no es del puño y letra de mi patrocinado. Es decir, la firma que aparece en el documento atribuida al recurrente es falsa y, en consecuencia, el documento no puede haber sido presentado por mi patrocinado”, sostiene el abogado defensor.

 

INFRACCIÓN A LA PRUEBA

En la sentencia se precisa que Aureliano Castañeda utilizó la presunta documentación falsa para solicitar la vacancia del exalcalde Raúl Cieza Vásquez.

 

El juzgador del Quinto Juzgado Penal habría confundido el desarrollo histórico de los hechos, puesto que respecto a la vacancia, el estado de este pedido era de apelación del Acuerdo de Concejo que la declaró improcedente.

 

“Esta apelación ya había sido resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolución N° 485-2013-JNE, del 23 de mayo del 2013, por lo que no sería lógico tal presentación, lo que denota que ha existido una conspiración para incriminar al regidor apelante”, resalta el letrado defensor.

 

La defensa concluye que existen evidentes vicios procesales que afectan las garantías mínimas para que en un proceso penal pueda ser válido ya que se evidencian contravenciones relevantes que afectan directamente el debido proceso, por lo que el colegiado superior debería revocar la sentencia, absolviendo de la acusación fiscal o declarar su nulidad del proceso y del juicio oral.

 

La audiencia de apelación se dio el 28 de noviembre último, quedando al voto de los magistrados la que será leída el próximo 11 de diciembre.

 

EL PRESUNTO DELITO

Cieza Vásquez señaló en su denuncia que con el propósito de obtener la vacancia de su cargo, Aureliano Castañeda habría presentado un correo electrónico emitido por el técnico de la Oficina de Prevención y Seguridad de Consejo del Congreso de la República, César Espichán Agurto, en el que se señala que este no reportaría ingreso el día 21 de febrero del 2012 a la sede del edificio José Faustino Sánchez Carrión – Congreso de la República.

 

De igual manera, señaló que Aureliano Castañeda presentó la Carta N° 079-2013 OM/SR, emitida por Javier Ángeles Illomann, el Oficio 180-2013-OPS-S-OM/CM, emitido por el coronel (r) Estuardo Loyola Machado, y el Informe N°  019-2013-CAEA-OPS-OM/CR, emitido por el técnico administrativo de la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso de la República César Espichán Agurto.

 

La exautoridad refirió que todos los documentos eran adulterados en su contenido, con el objetivo de darle un contenido perjudicial al agraviado y así lograr el propósito de la vacancia.

 

Cieza Vásquez señaló en su defensa que sí estuvo en la sede congresal el 21 de  febrero del año 2012 y que los documentos presentados al Jurado Nacional de Elecciones son adulterados, con el único objetivo de hacer creer al Supremo Magistrado Electoral que el agraviado no asistió a la sede congresal la fecha antes indicada.

 

ARCHIVAMIENTO

Durante el desarrollo del proceso en primera instancia, Aureliano Castañeda solicitó el sobreseimiento de la acusación fiscal, debido a que el Ministerio Público sustenta su acusación en una supuesta comisión del delito de adulteración de documento público, lo que en definitiva la imputación de este delito implica necesariamente que se encuentre debidamente acreditado a través de los elementos de convicción.

 

“El Ministerio Público debe probar la existencia del delito y la vinculación del imputado con los hechos materia de imputación, de tal manera que sea razonable para poder desarrollar un juicio oral. Es decir, se le juzga y sentencia sobre supuestos y con copias de documentos porque supuestamente los papeles originales han desaparecido o se han perdido”, señala la defensa.

 

Se agrega que la investigación fiscal se ha desarrollado en virtud al acta de recepción de denuncia de parte presentada por Raúl Cieza Vásquez, refiriendo que con fecha 19 de octubre del 2012 el recurrente había solicitado su vacancia como alcalde de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, debido a la inconcurrencia a cuatro sesiones ordinarias consecutivas en forma injustificada.

 

Es más se señala que no existe el elemento probatorio elemental, que no es más que la pericia grafotécnica que prueba la supuesta adulteración del contenido de los documentos. Además, dichos documentos, los que fueron utilizados para solicitar la vacancia de Raúl Cieza, fueron solicitados por conducto regular a fin de determinar si Raúl Cieza llegó o no al Congreso de la República para sostener una reunión con el exparlamentario Raúl Rivas Texeira, tal como lo había dicho al seno del concejo municipal leonardina para evitar ser vacado.

 

En su intervención ante los magistrados, Aureliano Castañeda sostuvo que en el orden de ideas existe insuficiencia probatoria para demostrar que fue el responsable de la presunta adulteración de los documentos en cuestión, y que solo se usaron con la finalidad de probar la inasistencia injustificada del ex alcalde Raúl Cieza Vásquez a cuatro sesiones de concejo.

 

Finalmente, la fiscal superior Lily Díaz sindicó que el regidor habría cometido adulteración de documento, lo cual implica una modificatoria de uno de los elementos esenciales del título, lo que lo convierte en un documento ilícito.

Leer más


LOS PRIVILEGIOS DE JORGE MATALLANA: 驴POR QU脡 NO AFRONTA JUICIO POR PECULADO SI EXISTE RESPONSABILIDAD EN RAZ脫N DE SU CARGO?

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1041

  comentarios   

El exgerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Carlos Santa Cruz Alarcón, afronta un juicio por el delito de peculado doloso en un caso desacumulado de “Los limpios de la corrupción”, por presuntamente haberse apropiado de dinero de la comuna correspondiente a cuentas sin rendir de actividades desarrolladas mientras ostentaba el cargo público. El caso se judicializó sin que se haya agotado la vía administrativa.

 

En tanto, en forma extraña y contradictoria, el funcionario público que le autorizó el uso de los fondos públicos como es el exgerente de Administración, Jorge Hugo Matallana Peralta, ha sido librado de culpa por el Ministerio Público pese a la responsabilidad que recae sobre él, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones - MOF del municipio.

 

Es más, como un hecho anecdótico Matallana Peralta fue llevado como testigo por el Ministerio Público para que declare en contra Santa Cruz Alarcón, cuando debería estar en calidad de imputado.

 

En su declaración testimonial, Matallana Peralta pretendió sorprender al colegiado al señalar que fue el exgerente de Imagen Institucional quien le dio los lineamientos de cómo debería trabajar en el cargo que ostentaba.

 

“Cuando llegué a la Gerencia de Administración de la municipalidad de Chiclayo, fue el señor Carlos Santa Cruz quien me recibió en la que habían asignado mi oficina y me señaló todo lo que tenía que hacer”, dijo.

 

JURISPRUDENCIA

Sobre la responsabilidad del delito de peculado doloso existe vasta jurisprudencia que debería ser aplicada en este proceso, siendo el de mayor relevancia el caso Fujimori, cuya condena de ocho años por los diarios chicha fue declarada nula por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en 2015.

 

La sala presidida por el juez supremo Javier Villa Stein sostuvo en su sentencia que las pruebas actuadas en el caso “Diarios chicha”, no llevaron a determinar con claridad la responsabilidad del acusado.

 

Según se precisa el tipo penal de peculado hace referencia a un funcionario público no “in abstracto”, sino contextualizado a un segmento concreto de la función pública «por razón de su cargo».

 

Es decir, para que opere el comportamiento típico de apropiarse o utilizar los bienes públicos objeto del delito deben encontrarse en posesión (inmediata o mediata) del sujeto activo y ello en virtud a los deberes o atribuciones del cargo que ostenta al interior de la administración estatal.

 

“Debe tener, por tanto, competencia funcional específica. Por lo que, si dicha relación funcionarial de estricta base jurídica entre el sujeto activo y bien público que posee no existe, no se configura el delito de peculado”, se precisa en la sentencia.

 

CPP Y SU TIPIFICACIÓN

El artículo 387° del Código Penal vigente tipifica el delito de peculado, señalando que: “el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo (…)”.

 

En la doctrina se ha establecido que el delito de peculado constituye un delito especial de infracción de deber. Es delito especial porque típicamente restringe los contornos de la autoría a determinados sujetos cualificados – en este caso, de funcionarios y servidores públicos -, pero al mismo tiempo, se trata de un delito de infracción de deber, porque el fundamento de la responsabilidad penal a título de autor reside en el quebrantamiento de un deber positivo asegurado institucionalmente.

 

ACUERDO PLENARIO

Bajo esta perspectiva, se desarrollará dogmáticamente los presupuestos típicos que exige la autoría delictiva del funcionario público para la configuración del delito de peculado, a fin de salvaguardar el principio de legalidad y las reglas contenidas en el Acuerdo Plenario 4-2005/CJ-116, de fecha 30 de setiembre del 2015.

 

El sujeto activo en el delito de peculado es el funcionario o servidor público que reúne las características de relación funcional exigidas por el tipo penal; es decir, quien por el cargo que desarrolla al interior de la administración pública tiene bajo su poder o ámbito de vigilancia (directo o funcional), en precepción, custodia o administración los caudales o efectos de los que se apropia o utiliza para sí o para otro.

 

La relación funcional que posee el sujeto activo del delito de peculado con el patrimonio público es el elemento normativo nuclear que vincula la conducta del funcionario público con el sentido de relevancia penal de la tipicidad del delito de peculado.

 

En esa línea, la vinculación funcional sirve para restringir o limitar el círculo de autores, circunscribiéndolo solo a aquellos que posean los caudales o efectos públicos por razón del cargo que desempeñan, excluyendo la hipótesis de autoría a los que no gozan o no tienen tal relación funcional.

 

Sobre la conducta típica: la apropiación o la utilización, son los dos supuestos que utiliza la norma penal para definir los comportamientos típicos del sujeto activo del delito de peculado, las mismas que deben contener elementos para su configuración, tales como: Existencia de una relación funcional “por razón de su cargo”; percepción, administración o custodia; apropiación o utilización; destinatario, para sí o para otro y, los caudales o efectos.

 

Sobre la existencia de una relación funcional “por razón de su cargo”; se indica que no todo funcionario público -por su sola condición – podrá ser sujeto activo del delito de peculado. El tipo normativo de peculado hace referencia claramente a un funcionario público no “in abstracto”, sino contextualizado un segmento concreto de la función pública “por razón de su cargo”, es decir, para que opere el comportamiento típico de apropiarse o utilizar, los bienes públicos (caudales o efectos) objetos del delito deben encontrarse en posesión (mediata o inmediata) del sujeto activo y ello en virtud de los de a los deberes o atribuciones del cargo que ostenta al interior de la administración estatal. Por lo que, si dicha relación funcional de estricta base jurídica entre el sujeto activo y bien público que posee no existe, no podrá hablarse del delito de peculado.

 

Ahora bien, la posesión de los caudales o efectos de la que goza el funcionario o servidor debe basarse en el ámbito de competencia del cargo, determinado o establecido en la ley o norma jurídica de menor jerarquía (reglamento, directivas, entre otros). Dicha posesión puede ser inmediata o mediata; es decir, estar en contacto con los caudales y efectos, o darla por asumida, bastando solamente la facultad de disposición jurídica o disposición funcional.

 

En esa misma línea, el Acuerdo Plenario 4-2005/cj-116, del 30 de setiembre del 2015, ha dejado en claro que para la existencia del delito de peculado no es necesario que, sobre los bienes que se le hayan confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto material del hecho ilícito, el agente ejerza una tenencia material directa.

 

Es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica; es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público; debe tener, por tanto, competencia funcional específica.

 

Sobre la precepción, administración y custodia para configurarse el delito de peculado, resulta necesario que el agente esté en vinculación directa o indirecta con los bienes públicos, cuya precepción, administración o custodia le estén confiadas en razón del cargo que desempeña, conforme se detalla a continuación.

 

Es decir, la percepción, hace referencia a la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa pero siempre lícita (del tesoro público, de particulares, donaciones, etc.) y que ingresan o pasan a integrar patrimonio estatal en calidad de bienes públicos.

 

Mientras que la administración implica la facultad de disponer de los bienes públicos para aplicarlos a las finalidades legalmente determinadas. La administración de los caudales públicos por parte del autor tiene implícita la vinculación funcional, comprendiendo tanto relaciones directas o mediatas con el caudal, por las que, sin necesidad de entrar en contacto con los bienes, puede el funcionario público disponer de ellos en razón de ser el responsable de la unidad administrativa o titular del pliego.

 

En tanto, la custodio implica la protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor de los caudales y efectos públicos.

 

En virtud a estas formas de posesión que el tipo penal ha establecido, el funcionario o servidor tiene que desarrollar funciones de control, conducción y vigilancia (deber garante), en razón de las obligaciones inherentes a su cargo sobre los bienes públicos.

 

Sobre la “apropiación o utilización”, no puede haber apropiación o utilización propia de peculado si no hay relación funcional entre el sujeto activo y el patrimonio público. Sobre esta base se articulan las modalidades delictivas de la comisión estipuladas en esta figura penal.

 

La apropiación consiste en hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolos de la esfera de la función de la administración pública y colocándose en situación de disponer de los mismos- el agente activo realiza actos de disposición como si fuera el dueño del bien, esto es, determinado por el “animus domine”: ejerce sobre él actos de dominio inconfundibles que justifica su tenencia.

 

Sobre el destinatario “para sí o para otro, el destinatario, en el supuesto “para sí”, actúa por cuenta propia, apropiándose de los caudales o efectos, pero también puede cometer el delito para favorecer a terceros.

El supuesto “para otro” el agente activo realiza un acto de traslado del bien de un dominio parcial y de transito al dominio final del tercero.

 

FUNCIONES DEL EXGERENTE DE IMAGEN

Según las funciones atribuidas al exgerente de Imagen Institucional de la MPCH, Carlos Alfredo Santa Cruz Alarcon, en razón de su cargo, este se ocupaba de: programar, coordinar y supervisar las actividades de comunicación, información y divulgación en beneficio de la Imagen Institucional; mantener buenas relaciones con los medios de comunicación social a fin de facilitar la información a la ciudadanía sobre los diversos aspectos de la gestión municipal; representar por delegación del alcalde ante organismos públicos y privados; coordinar con las diferentes dependencias municipales a fin de recopilar información sobre las actividades que realizan en beneficio de la comunidad y de la atención que se brinda, y mantener informado al alcalde sobre las diversas opiniones que se vierten en los medios de comunicación sobre aspectos de la gestión municipal proponiendo, si fuera el caso, acciones en beneficio de la imagen institucional.

 

De igual modo, en el MOF se precisa que su función era informar al alcalde sobre las actividades o eventos en la localidad que puedan ser de interés para la institución; conducir la edición de boletines, folletos, revistas, contenidos de spots publicitarios y otros medios de divulgación sobre la gestión municipal; conducir, coordinar y/o dirigir ceremonias que preside el alcalde; coordinar y revisar las notas de prensa o comunicados a remitirse a los medios de comunicación, entre otros.

 

En suma, en las 18 funciones asignadas al gerente de Relaciones Públicas de la MPCH en el Manual de Organización y Funciones – MOF, vigente cuando el ex funcionario Carlos Santa Cruz Alarcón ocupó el cargo público ninguna tenía como responsabilidad cautelar los recursos del Estado y, por tanto, no está relacionada a la responsabilidad del tipo penal de peculado. 

 

Es decir, para que opere el comportamiento típico de apropiarse o utilizar los bienes públicos objeto del delito deben encontrarse en posesión (inmediata o mediata) del sujeto activo y ello en virtud a los deberes o atribuciones del cargo que ostenta al interior de la administración estatal.

 

Debe tener, por tanto, competencia funcional específica. Por lo que, si dicha relación funcionarial de estricta base jurídica entre el sujeto activo y bien público que posee no existe no se configuraría el delito de peculado.

 

DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

No obstante, pese a que el Ministerio Público obvió incluir en la acusación fiscal al exgerente de Administración y Finanzas, Jorge Hugo Matallana Peralta, el delito de peculado doloso sí se encuentra enmarcado según su cargo.

 

De acuerdo al MOF, dentro de sus atribuciones se consignaba la función de planificar, organizar, normar, dirigir y controlar los recursos económicos y financieros de la MPCH; programar, ejecutar, dirigir y controlar acciones correspondientes a los sistemas de personal, logística, contabilidad y tesorería; remitir información contable presupuestaria a los organismos públicos correspondientes en las plazas señaladas por ley en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para su aprobación de acuerdo a ley; elaborar informes sobre los estados económicos financieros considerando los aportes diarios del SATCH, etc.

 

En suma en las 23 funciones encargadas están referidas a los recursos financieros manejados por la institución edil, responsabilidad que no supo cumplir pero que, sin embargo, ningún cargo pesa sobre él no habiéndose definido su situación jurídica en el caso “Los limpios de la corrupción”.

Leer más


DENUNCIAN COMPETENCIA DESLEAL: PRODUCTORES NACIONALES PERJUDICADOS POR IMPORTACI脫N DE ARROZ LIBRE DE IMPUESTOS

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1041

  comentarios   

Los productores de arroz se han declarado en pie de lucha a nivel nacional y exigen al gobierno la derogatoria de dos decretos supremos que los perjudican directamente al admitir la importación del cereal con aranceles mínimos y, en algunos casos, inexistentes, lo que genera un escenario de competencia desleal que afecta los intereses del sector agrario.

 

En 1991 se establecieron los aranceles a la importación de arroz con el Decreto Supremo N° 016-91-AG, y con el Decreto Supremo N° 115-2001-EF se puso en marcha la Franja de Precios con el objetivo de estabilizar y proteger la producción nacional, teniendo en cuenta que los países exportadores, a los cuales el Perú compra el cereal, subsidian sus agriculturas.

 

Sin embargo, con los Decretos Supremos N° 103-2015-EF y N° 055-2016-EF se modificó y habría desnaturalizado los fines y objetivos del sistema de Franja de Precios, por lo que en la actualidad el arroz importado, con los ajustes realizados a la aplicación del derecho específico, paga un arancel irrisorio que en la mayoría de los casos llega a cero, no cumpliendo el propósito de estabilizar el costo de importación del producto y limitar el impacto negativo de la volatilidad de los precios internacionales y el subsidio extranjero.

 

La consecuencia directa es que los precios del arroz en cáscara de la producción nacional han disminuido considerablemente, afectando a más de 120 mil familias que participan de la cadena productiva en el país.

 

PROTESTA AGRARIA

El martes, como parte de la protesta convocada a nivel nacional, los productores del valle Chancay Lambayeque se movilizaron a lo largo de la carretera Panamericana Norte hasta la Gerencia Regional de Agricultura, donde se entrevistaron con el titular sectorial, Ricardo Romero Rentería, y el prefecto departamental, Rafael Aita Campodónico, a quien entregaron un memorial para que sea elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM y al despacho del mandatario de la nación, Pedro Pablo Kuczynski, exponiendo la problemática que actualmente atraviesan.

 

“Exigimos el respeto de la Franja de Precios, porque con los decretos supremos de los años 2015 y 2016 se afecta directamente a la producción nacional. Al bajar los aranceles puede importarse arroz a bajo precio, sabiendo que la agricultura en otros países es subsidiada, mientras que la producción nacional no recibe ninguna contribución del Estado. Eso es competencia desleal”, mencionó Jesús Niquén Matallana, presidente de la Asociación de Productores de Lambayeque.

 

Dijo que a nivel nacional existen 400 mil hectáreas de arroz. Solo en el valle Chancay Lambayeque son 18 mil hectáreas las destinadas a la producción arrocera.

 

“Queremos que el presidente de la República cumpla con su promesa de defender la producción nacional y que respete la Franja de Precios”, indicó.

 

DESINTERÉS DEL GOBIERNO

Para la Asociación Peruana de Molineros de Arroz – APEMA, el gobierno ha mostrado “nulo interés en establecer condiciones justas para la producción interna”. Como responsable directo del problema se señala al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

 

Los productores han acudido hasta en dos oportunidades a la Comisión Agraria del Congreso de la República, entre el 8 y el 14 de noviembre, sesiones en las que el MEF no tuvo participación activa con sus principales funcionarios, pese a que la agenda de las reuniones era iniciar un proceso de diálogo para buscar soluciones a la problemática actual.

 

“Exigimos que se deroguen los decretos supremos que han modificado la fórmula para obtener la Franja de Precios, sistema que sirve para la protección de cuatro productos: el arroz, el maíz, los lácteos y el algodón. Esta se activa cuando, por ejemplo, el arroz importado ingresa a un precio muy bajo”, señala Luis Gasco Arrobas, presidente de la APEMA.

 

LA FRANJA DE PRECIOS

En el país, la Franja de Precios se modifica dos veces al año, en abril y en septiembre.

 

En abril del 2015, la tonelada métrica de arroz importado tenía un precio referencial de 441 dólares americanos, a los que se sumaban entre 120 y 160 dólares por impuestos, generando una protección al arroz nacional. Es decir, la tonelada de arroz importado ingresaba al país con un valor de 600 dólares, aproximadamente, que es, en promedio, lo que cuesta producir la misma cantidad de cereal en el Perú.

 

Sin embargo, a inicios de año, con las modificaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el gravamen al arroz importado, en determinado momento, ha llegado a cero, comercializándose a un menor precio que el que se produce en el país.

 

“Acá el Estado no subsidia la producción agrícola, lo que está haciendo es subsidiar la producción extranjera y esto genera una total distorsión en el mercado interno. Lo que debemos resaltar también es que pese a que el arroz importado ingresa con un precio más barato que el nacional, esa reducción no ha beneficiado al ama de casa o a los consumidores finales, sino únicamente a determinado grupo de importadores o comerciantes que han visto la oportunidad de mezclar el cereal importado de mala calidad con uno de marca nacional, para así venderlo a un mayor precio. Por ejemplo el arroz tailandés que a inicios de año costaba 120 soles el saco, ahora se vende a 95 soles”, explica Gasco Arrobas.

 

PERJUICIOS

La competencia desleal ha originado que el precio del arroz en cascara que se produce en el país caiga y que los agricultores pierdan al no poder equiparar sus costos con el cereal importado.

 

“A los productores nacionales nos cuesta producir una tonelada de arroz aproximadamente 600 dólares y el arroz importado ingresa a un costo de 440 dólares en el mismo volumen. Al Perú siempre ha ingresado arroz del Uruguay, del Brasil y de Argentina. El arroz tailandés, por su baja calidad, tenía una participación mínima en el mercado interno, pero ahora ha desplazado considerablemente tanto al de los países vecinos como al producto nacional”, refiere el presidente de la APEMA.

 

Hasta hace unos años al Mercado Mayorista de Santa Anita ingresaban mil toneladas mensuales de arroz importado. Actualmente, la importación se ha incrementado en 300 %.

 

“Nosotros tenemos una de las más altas tasas de producción a nivel regional y probablemente a nivel mundial. En Arequipa se producen 14 toneladas métricas de arroz por hectárea, lo que es un récord a nivel mundial. Aquí, en el norte, entre Piura y el valle de Jequetepeque se tienen niveles de producción de 10 a 12 toneladas por hectáreas, son promedios altos. Producimos 400 mil hectáreas al año en el Perú, y eso nos da como resultado aproximadamente tres millones de toneladas métricas de arroz cáscara, que al ser llevadas al servicio de maquila dan como resultado un millón 900 toneladas del cereal”, detalla.

 

Añade que a nivel continente el Perú es uno de los principales consumidores de arroz. Se estima que cada peruano consume cerca de 55 kilos de arroz al año.

 

“Siempre se ha importado casi el 8 % de la demanda de arroz en el país, lo que equivale a 150 mil toneladas al año, más o menos, cifra que se ha incrementado considerablemente por todas estas ventajas que existen a favor de la importación en perjuicio de la producción nacional. Es probable que este año se cierre con 300 mil toneladas métricas de arroz importado”, enfatiza.

 

Gasco Arrobas menciona que la situación afecta a todos, principalmente a los pequeños agricultores.

 

“Hay gente que vive únicamente del arroz, son 120 mil familias las que dependen del arroz sin contar a las que se benefician con los negocios indirectos que genera la industria, ya sea con el sector transporte, comercio o logístico”, señala.

Leer más


REQUERIMIENTO CONTIENE HECHOS FALSOS: 驴FISCAL BUSCA SORPRENDER A JUEZA PARA ENVIAR A PRISI脫N A CARLOS RONCAL?

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1041

  comentarios   

Cita como elemento de convicción hechos que un aspirante a colaborador eficaz no relató en su declaración.

 

El 13 de diciembre la juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Mary Núñez Cortijo, resolverá si acoge o no el requerimiento de prisión preventiva de 36 meses presentado por el fiscal Germán Montero Ugaz contra el empresario Carlos Roncal Miñano, a quien sindica como integrante de la organización criminal “La hermandad del norte” y responsable de la muerte del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera. El pedido del representante del Ministerio Público se sustenta en nueve elementos de convicción. Uno de ellos es falso.

 

Las irregularidades que impidieron que la revisión del requerimiento se realice el 18 de octubre pasado, como inicialmente estuvo programado, parecen continuar. En aquella oportunidad, la magistrada del Poder Judicial cuestionó que la Fiscalía Especialidad contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, haya notificado al investigado de manera incorrecta, consignando información errada de su ficha RENIEC.

 

Núñez Cortijo advirtió que situaciones como la presentada vulneraban el debido proceso y el derecho de defensa de Roncal Miñano. Sin embargo, la revisión de los elementos de convicción, que para el Ministerio Público tienen carácter de “fundados y graves”, pone nuevamente en cuestión la objetividad con la que se desarrolla la controversial investigación.

 

IMPUTACIÓN

Roncal Miñano junto a otros es investigado por la presunta comisión de varios delitos como homicidio calificado, extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado, basándose la fiscalía en el Informe N° 108-2016-REGPOLLAMB/DIVICAJ-DEPINCRI-SIH, en el cual la Policía Nacional informa sobre los hechos delictivos que habrían ejecutado las organizaciones “Hermandad del norte” y “Empresarios del norte”, las que se habrían constituido entre los años 2011 y 2012.

 

Parte de las imputaciones se desprenden también de lo revelado por el colaborador eficaz 15012016, quien según el Ministerio Público “detalló hechos criminales en los que participó” por orden de los cabecillas de las organizaciones: Justo Sánchez Coronel y Jhon Díaz Ponce, respectivamente.

 

Germán Montero ha informado al juzgado que en el curso de las investigaciones, iniciadas hace más de un año, “se recabó las declaraciones de otros colaboradores eficaces”, así como de varios testigos claves, entre ellos el 01-2016, que – conforme se ha revelado en diferentes medios de comunicación – resulta ser el mismo colaborador eficaz 15012016. La duplicidad de rol es un asunto que la fiscalía no ha esclarecido hasta el momento y que Control Interno del Ministerio Público se ha negado a investigar.

 

La FECOR sostiene que la “Hermandad del norte” estuvo integrada por Alexander Siesquén Sampén, quien junto a Fulgencio Rivera Maza, habría realizado acciones de sicariato, participando específicamente en el asesinato del exfuncionario de la SUNAT Luis Cieza Herrera, perpetrado el 23 de diciembre del 2015.

 

LA MUERTE DE CIEZA HERRERA

En el requerimiento presentado a la jueza Núñez Cortijo, el fiscal informa que el colaborador eficaz 15012016 relató que en marzo del 2015 los “hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano habrían solicitado los servicios de los hermanos Sánchez Coronel para asesinar a Luis Cieza Herrera” y para ello tuvieron como intermediario a Alexander Siesquén Sampén, quien a su vez entregó a David Ángel Guerrero Rodríguez la ficha RENIEC de la víctima para que este la entregara al sicario.

 

Añade que Guerrero Rodríguez recibió en Chiclayo a Airton Ushñahua García y Yeampiere Pérez Caipo, procedentes de Trujillo, quienes en un primer intento, el 24 de marzo del 2015, buscaron asesinar a Cieza Herrera, siendo capturados dos días después por la policía.

 

“Agrega el colaborador 15012016 que ante el fallido atentado, Alexander Siesquén Sampén, quien sostenía que era dependiente de los señores Carlos Roncal Miñano y Samuel Roncal Miñano, empresarios dedicados a la venta de azúcar, acordó nuevamente con los hermanos Sánchez Coronel y David Guerrero Rodríguez, llevar a cabo el plan de asesinar al funcionario de la SUNAT, sin que se pueda concretar hasta en dos oportunidades. Luego, en el mes de noviembre del 2015, Alexander Siesquén Sampén, acuerda reunirse con Jhon Díaz Ponce a quien le entrega la ficha RENIEC de Cieza Herrera. (…) Siesquén Sampén busca los servicios de Joseph Salazar Silva, dándose el caso que el día 23 de diciembre Cieza Herrera fue asesinado de cuatro disparos”, señala el requerimiento fiscal.

 

“En consecuencia – dice el documento – se le atribuye a Carlos Roncal Miñano ser uno de los instigadores junto a su hermano para asesinar a Luis Cieza Herrera”.

 

En el requerimiento se señala que el empresario “se encontraría inmerso como integrante de la organización criminal ‘La hermandad del norte’”, al igual que en el delito de sicariato en la modalidad de instigador.

 

FUNDAMENTO FALSO

El fiscal Germán Montero afirma que “existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor del mismo”, por lo que alcanzó al despacho de la jueza Núñez Cortijo un total de nueve fundamentos, dos de ellos con visos de irregularidad.

 

Así, por ejemplo, el primer elemento presentado por la fiscalía es la “Declaración del testigo N° 15012016, de fecha 20 de enero 2016, afirmando que los hermanos Samuel Roncal Miñano y Carlos Roncal Miñano, le encargaron matar a Luis Roberto Cieza Herrera”.

 

Expresión accedió a la Declaración del Colaborador Eficaz 15012016, del 20 de enero del año pasado, tomada por los fiscales William Rabanal Palacios y Jeans Velazco Hidalgo, de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de La Libertad, y que consta de siete páginas. En ningún extremo de lo relatado por el aspirante al proceso premial este menciona a los hermanos Roncal Miñano.

 

Es de mencionar que la primera declaración, como se ha indicado, se dio ante la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de La Libertad, debido a que para ese entonces (enero del 2016) en Lambayeque no se contaba con un despacho especializado.

 

El aspirante a colaborador menciona a las siguientes personas, por sus nombres o apelativos: Los hermanos Casiano Maco o Maco Casiano, “Chinaco”, “Negro Silva”, Dante Romero, Yover, “Toyo”, “Serrano y Rufián”, Marino Zavaleta y como integrantes de “La hermandad del norte” a los hermanos Sánchez Coronel; Alejandro Goicochea Vega, alias “Colla”; “Negro Carmen”; Joiler Taica; “Papá Taca”; “Diablo”; Danilo; “Viejo Cubas o Loco Cubas”; Rafael Guerrero Flores o Flores Guerrero, alias “Rafa”; “Periquito o Perico”; “Cabezón”; Óscar Bustamante Idrogo o Idrogo Bustamante, alias “Zorro”; Wilson Huamán Cerdán o Cerbán, alias “Charapo”; “Pato”; “Asado u Osado”; Miguel Yausen; “Ñoño”; José Zambrano; Wilmer Zegarra y José Natividad; Freddy Mejía; Alex Periche o “Doc”; Tony Rodríguez Castro o Castro Rodríguez, alias “Tony Montana”; “Culón Milton”; “Pepe Bagre”; Mabel; “Charapa”; “Chino Silva”; “Viejo Antonio”; “Viejo Pedro Mazo”; “Bestia Rolo” y James Sánchez o “Sapillo”.

 

¿Cuándo se menciona a los hermanos Roncal Miñano? Según consta en la Carpeta Fiscal N° 2406045600-2016-20-0, el aspirante a colaborador eficaz 15012016, cita el nombre de los empresarios recién en junio del año pasado, conforme a la ampliación de declaración que rindió ante los fiscales Germán Montero Ugaz y Omar Ramos Gaona. La FECOR Lambayeque había sido creada un mes antes, asumiendo la coordinación el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones.

 

Aquella vez, el delator dio cuenta de una supuesta reunión realizada en Ferreñafe en la que habrían participado “Carlos y David Roncal Miñano, a uno le decían David o Samuel”. “En esa conversación, tanto David y Carlos Roncal, le dijeron a Ñoño si quería hacer el trabajo de matar al de la SUNAT Cieza Herrera, porque les había jugado a la fulera, porque le han dado una plata y no ha cumplido…”.

 

Lo extraño es que esta segunda declaración se presenta como un elemento de convicción diferente, ajeno a la brindada en enero del 2016 ante la FECOR de La Libertad.

 

SEGUNDO FUNDAMENTO

Otro elemento con el que el Ministerio Público busca que se dicte la prisión preventiva contra Roncal Miñano es el consignado con el número seis en el requerimiento alcanzado a la jueza Núñez Cortijo. Este refiere a la “Declaración del Colaborador Eficaz 04082016, de fecha 3 de agosto del 2016, en la que precisa que días antes de su detención, David Ángel Guerrero Rodríguez (a) ‘Gordo’ o ‘Ñoño’ le manifestó que el asesinato del funcionario SUNAT tenía que ejecutarse, porque este señor había cerrado con bastante dinero, dando a entender que a pesar de ello proseguía con sus fiscalizaciones y/o auditorías”.

 

Por su declaración, este aspirante a colaborador habría participado directamente en el asesinato de Cieza Herrera. Empero, en lo relatado ante los fiscales Germán Montero y Omar Ramos, tampoco menciona a los hermanos Roncal Miñano, pero sí a quienes supuestamente forman parte de la organización “La hermandad del norte”, los que se habría encargado de atentar contra el exfuncionario.

 

Tres días después, el 6 de agosto del año pasado, el colaborador 04082016 vuelve a declarar ante los mismos fiscales, pero esta vez con el objetivo de “rectificar o cambiar parte de mi declaración” (sic).

 

Al rectificarse, el colaborador menciona a Alexander Siesquén Sampén, sindicado por el colaborador 15012016 como el presunto nexo entre los hermanos Roncal Miñano y los sicarios que asesinaron a Luis Cieza. El cambio de versión no ha sido consignado como un elemento de convicción ante la jueza.

 

¿Qué motivó la rectificación del aspirante a colaborador?

 

OTROS ELEMENTOS

El Ministerio Público maneja la tesis de que el encargo de la muerte de Luis Cieza Herrera se debe a que este se encontraba auditando a las empresas de los hermanos Roncal Miñano, quienes habrían recurrido al contador Heráclides Arenas Delgado para que le ofreciera un soborno a fin de frenar sus investigaciones.

 

Estos hechos también forman parte de los nueve elementos de convicción presentados al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo para pedir la prisión preventiva contra Carlos Roncal. Empero, la revisión de la misma carpeta fiscal ha confirmado que Cieza Herrera no auditó a los empresarios, que para cuando se produjo su muerte Carlos Roncal había concluido, con seis meses de anticipación, un proceso de fiscalización iniciado por SUNAT y que Heráclides Arenas no fue nunca su contador, conforme ha confirmado al Ministerio Público el intendente regional del ente tributario.

 

Es más, el fiscal Germán Montero considera como un elemento de convicción que Arenas Delgado era contador de la empresa Agropucalá, pese a que la propia azucarera ofició a la FECOR Lambayeque negando cualquier relación contractual o laboral con el profesional.

 

Con ese contenido, el representante del Ministerio Público pretende que Roncal Miñano sea internado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo por 36 meses.  

 

Leer más


FISCAL CARRASCO CARGA CONTRA LOS JUECES SUPREMOS: AFIRMA QUE CON ACUERDO PLENARIO AYUDARON A IMPLICADO EN EL CASO 鈥淥RELLANA鈥

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1041

  comentarios   

Coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque señala que solo los fiscales que “archivan todo no son denunciados”.

 

El coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, habló fuerte contra los jueces supremos de la República, quienes el pasado 13 de octubre arribaron al Acuerdo Plenario 01-2017, señalando directrices para la aplicabilidad del Decreto Legislativo N° 1307, que regula los mandatos de prisión preventiva contra los investigados por casos de organización criminal.

 

La molestia del representante del Ministerio Público se hace evidente debido a que este participó de manera directa en los inicios de las investigaciones a la presunta organización “Los limpios de la corrupción”, en el 2014, cuando se desempeñaba como adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, alcanzando notable exposición mediática.

 

Y es que aplicando el Acuerdo Plenario 01-2017, la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, ordenó a fines de octubre la excarcelación de ocho de los involucrados en el caso, a quienes el Ministerio Público imputa una serie de ilícitos cometidos durante la gestión de Roberto Torres Gonzales como alcalde de la provincia.

 

Carrasco Millones señaló que la magistrada, al acogerse al acuerdo plenario para cesar la prisión preventiva que su judicatura había dispuesto con anterioridad, habría incurrido en el delito de prevaricato.

 

“El Acuerdo Plenario 01-2017, que se adoptó este año y que ha causado mucha polémica, trata una figura que se creó el año pasado, en diciembre, con el Decreto Legislativo 1307. Los acuerdos plenarios se aplican para el futuro y eso cualquier estudiante de Derecho lo sabe. No se aplican para el pasado. El magistrado que aplica un acuerdo plenario sobre decisiones pasadas o que ya haya adoptado, definitivamente comete prevaricato y eso es lo que correspondería para un juez que emite una resolución contraria a la norma”, indicó el fiscal el viernes último, en una jornada académica organizada por la Asociación de Abogados Previsionalistas del Perú y el Estudio Jurídico Asunción & Abogados.

 

SEÑALAMIENTO DIRECTO

“Lo único que es retroactivo es la norma benigna. Por ejemplo, si el delito de extorsión estaba penado con 15 años y luego se establece que la pena máxima es de 10 años, la condena contra una persona puede reducirse. Con los acuerdos plenarios no sucede eso, solo funcionan para los casos futuros. El acuerdo plenario que se aprobó el 13 de octubre de este año, en plena huelga del Poder Judicial, solo es aplicable para los casos futuros”, indicó Carrasco Millones.

 

El fiscal añadió que la decisión de los jueces supremos de la República, de aprobar el acuerdo plenario sobre el Decreto Legislativo 1307, obedece a la intención de estos de beneficiar a magistrados del Poder Judicial investigados por sus vinculaciones con la red que lideró Rodolfo Orellana.

 

“El plazo de las prisiones preventivas, en casos de crimen organizado, puede durar 36 meses; es decir, tres años, y pueden ser extendidos por 12 meses más. Estamos hablando de cuatro años. Ese es el plazo correcto que establece el Código Procesal Penal en el Artículo 34 y ese es el plazo que debieron permanecer las personas que salieron en libertad por este acuerdo plenario extraordinario. Gracias a ese acuerdo plenario un exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, vinculado al caso Orellana, salió en libertad. El objetivo no era darle libertad a otra gente, sino a una persona vinculada a ‘Los dioses de la justicia’ como los conocemos”, denunció Juan Manuel Carrasco.

 

LOS PLAZOS

Por otro lado, el fiscal se quejó por la lentitud con la que los magistrados del Poder Judicial atienden los requerimientos del Ministerio Público, sin considerar – dijo – que existen plazos por cumplir.

 

“Nosotros presentamos requerimientos y el principal problema de la fiscalía no es que no hagamos nuestro trabajo. El principal problema de la fiscalía es que tenemos plazos que cumplir y si un juez ante un requerimiento fiscal se demora un mes en declarar inadmisible un pedido y otro mes más para revisar la subsanación o declararlo improcedente, los plazos ya no son cuenta del Ministerio Público sino del Poder Judicial”, aseveró.

 

Lamentó que por tales retrasos el Nuevo Código Procesal Penal no resulte una herramienta realmente efectiva.

 

“Decían que este nuevo modelo procesal era lo máximo en descarga procesal y que con este íbamos a ser los mejores investigadores y los mejores jueces, pero hemos terminado igual que en el Código de Procedimientos Penales. Entonces, ¿dónde está la mejora? Yo no pienso que las mejoras sean las normas, las mejoras están en la actitud, sobre todo de los magistrados”, manifestó.

 

CONTRA EL CNM

Asimismo, el coordinador de la FECOR Lambayeque se explayó con severidad contra los procedimientos implementados por el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, para evaluar y ratificar a jueces y fiscales. En su opinión, no debería existir un modelo único debido a que la función que ambos magistrados cumplen es diferente.

 

“Es incongruente que el Consejo Nacional de la Magistratura evalúe igual a un juez que a un fiscal, porque los jueces todo el día se dedican a emitir resoluciones. Nosotros los fiscales no emitimos resoluciones, nosotros hacemos investigaciones y todos los días estamos realizando diligencias fuera de la oficina, no estamos en la oficina. Por eso no resulta lógico que a un fiscal lo evalúen igual que a un juez. El juez tiene el tiempo suficiente para estar en su oficina y revisar toda la jurisprudencia y la doctrina que necesita para elaborar un documento, nosotros no”, afirmó.

Carrasco Millones manifestó además que la modificatoria aplicada al reglamento de ratificaciones del CNM resulta perjudicial para los fiscales “que hacen su trabajo”.

 

“Nuestro trabajo es totalmente distinto y eso el Consejo Nacional de la Magistratura no lo toma en cuenta. Más aún cuando hace unas semanas ha sacado una modificatoria del reglamento de ratificaciones en el cual establece que todo fiscal o juez que no tenga procesos, quejas o denuncias será ratificado automáticamente. Ese es un premio para los que no hacen nada. ¿Qué fiscal no tiene denuncias? Yo tengo 88 denuncias de las cuales 58 tengo archivadas”, comentó.

 

TRABAJO DIFERENTE

Insistió en las diferencias entre el trabajo fiscal y de los jueces, remarcando que estos últimos no son afectados por las estrategias de defensa que despliegan los abogados – según dijo – para distraer a los operadores del Ministerio Público y lograr que agoten el tiempo descuidando sus investigaciones.

 

“Los jueces casi no son quejados, donde están las quejas es en la fiscalía. Los fiscales tenemos más quejas porque esa es una estrategia de los abogados. Los abogados utilizan a terceras personas e incluso ellos mismos presentan denuncias con la única finalidad de distraer el trabajo de la fiscalía, porque esa es su finalidad. La estrategia de los abogados es presentar la mayor cantidad de quejas diciendo que el fiscal no los miró bien, que le guiñó el ojo, que porque tiene un mismo contenido que el otro abogado. Por todo, nos denuncian por todo”, precisó.

 

Finalmente, dijo que incluso los fiscales que archivan denuncias pueden llegar a la Fiscalía de la Nación, el máximo eslabón del Ministerio Público.

 

“Esa modificatoria del CNM de ratificar automáticamente a los que no tienen denuncias es un premio para los que archivan todos sus casos, porque el fiscal que archiva todo no va a tener ninguna queja. El fiscal que archiva homicidios o casos de organización criminal o contra grupos de poder no va a tener ni una sola denuncia, al contrario va a ser promovido inmediatamente y llegará a ser Fiscal de la Nación”, indicó. 

Leer más