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EMPRESAS VULNERARON LOS DERECHOS LABORALES: GERENCIA DE TRABAJO IMPONE CUATRO MILLONES DE SOLES EN MULTAS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1049

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La Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque multó con cuatro millones de soles a empresas que abusaron de sus empleados. Alrededor de mil 150 empresas fueron inspeccionadas en el 2017 por el personal de la zona de trabajo, verificándose que varias de estas no cumplían con las normas socio-laborales y de seguridad y salud como lo disponen las leyes vigentes.

 

El gerente regional sectorial, Guillermo Segura Díaz, explica que las inspecciones se realizaron para constatar las violaciones de derechos socio-laborales, así como algunas acciones que van en contra de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 

Comenta que a raíz de las fiscalizaciones realizadas a las empresas, se determinó la aplicación de cuatro millones de soles en multas por infracción a las normas laborales.

Guillermo Segura resalta también que en el año 2017 la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo recibió un total de 25 denuncias por accidentes de trabajo y expidió 20 autorizaciones para trabajo infantil.

 

QUEJAS EN LA ZONA DE TRABAJO

El año pasado llegaron hasta la Gerencia de Trabajo tres mil 500 personas, a quienes se les recibió sus denuncias múltiples por despido arbitrarios, no pagos de remuneraciones y o CTS, originando actos inspección.

 

Generada la inspección corresponde a la gerencia sectorial la constatación para determinar si efectivamente hubo o no violación de las normas socio-laborales o alguna infracción contra el marco legal que regula los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores. De encontrarse responsabilidad en las empresas se aplica la multa correspondiente o, de lo contrario, se procede al archivamiento del caso.

 

EMPRESAS AGROINDUSTRIALES

Segura Díaz menciona que mayormente las empresas que incurren en vulneraciones a los derechos de los trabajadores son las agroindustriales, como es el caso de Tumán y Pomalca, así como otras empresas que están ubicadas en Motupe y Olmos.

 

A estas se suman algunas entidades municipales que agravian sobre todo a los obreros, quienes están bajo el régimen laboral para el que es competente la Gerencia de Trabajo y Promoción del empleo de Lambayeque.

 

“Lamentablemente las empresas agroindustriales de Pomalca y Tumán son afectadas por la permanente emisión de resoluciones por parte del Poder Judicial, cambiando sus administraciones, lo cual ha originado que se formen grupos de apoyo de una u otra intervención, trayendo como consecuencia que los trabajadores permanentemente se sientan hostilizados y muchas veces afectados por incumplimiento en el pago de sus remuneraciones y otros beneficios”, detalla Segura Díaz.

 

Anota que ante los problemas judiciales que existen en las empresas agroindustriales, los trabajadores han formado gremios sindicales, sobre todo en la Empresa Agroindustrial Pomalca, llegando a fraccionarse hasta en 12 sindicatos, lo que ha generado un número muy grande de despedidos, principalmente de los dirigentes.

 

“Por tercera vez estoy cursando una invitación a los representantes de Pomalca a que nos sentemos a dialogar en una mesa juntamente con sus trabajadores, con el afán de prevenir que estas situaciones sigan ocasionando pérdidas para la empresa, porque una paralización no le favorece a nadie, ya que aumenta las deudas y agrava más la crisis. Espero que el directorio de la empresa Pomalca acuerde acceder a esta invitación que la Gerencia de Trabajo”, precisa.

 

MÁS INSPECTORES DE TRABAJO

Por otro lado, señala que como parte del proceso de restructuración y de reorientación de los servicios de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se ha mejorado el sistema de fiscalización.

 

Con ese objetivo se dio por terminado el destaque de tres inspectores de trabajo de Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, lo que permitió acelerar la constitución de una intendencia de en Chiclayo, acción que se cumplió en la primera semana de noviembre del 2017. Actualmente la intendencia opera con cinco inspectores auxiliares y un inspector de trabajo.

 

“Nosotros nos quedamos con dos inspectores de trabajo y un inspector auxiliar, que luego fue ascendido por la SUNAFIL. Por lo tanto, en la práctica, nos quedamos con ocho inspectores para la SUNAFIL y para la gerencia de trabajo. Hoy podemos sentirnos satisfechos que la gestión ha culminado con éxito, ya que logramos que SUNAFIL haga una mayor implementación del sistema de fiscalización en el departamento de manera articulada con el gobierno regional. Ahora tenemos 10 inspectores para la zona de trabajo y 12 inspectores para SUNAFIL”, resalta Guillermo Segura.

 

Además, señala que la zona de trabajo se encarga en realizar fiscalización laboral en las microempresas, mientras que la SUNAFIL tiene a cargo la fiscalización de pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel del departamento.

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PREOCUPANTE: MIL 766 ADOLESCENTES LAMBAYECANAS SE CONVIRTIERON EN MADRES EN EL 2017

Escribe: Semanario Expresión
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En el departamento, Chiclayo presentó el más alto índice de menores de edad que se convirtieron en madres.

 

Mil 766 adolescentes, entre los 12 y 17 años de edad, se convirtieron en madres el año pasado en el departamento. En Chiclayo un total de 915 menores alumbraron a sus primogénitos, mientras que en Lambayeque fueron 711 y Ferreñafe 134, según reportes oficiales de la Gerencia Regional de Salud.

 

El embarazo adolescente o precoz es aquel que se produce en una mujer que está pasando por la etapa de la adolescencia inicial o pubertad - comienzo de la edad fértil - entre los 10 y los 17 años. La mayoría de los embarazos en adolescentes son no deseados.

 

La coordinadora regional de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Judith Ríos Baldera, manifiesta que de las 18 mil 110 gestantes atendidas en los diferentes centros de salud del departamento el año pasado, mil 766 tenían entre 12 y 17 años.

 

Mayormente las mujeres que fueron madres a muy temprana edad procedían de las zonas rurales de las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe.

 

El embarazo precoz es la segunda causa de deserción escolar en el departamento, debido a que muchas de las gestantes tienen entre 11 y 17 años de edad. Sin embargo, en comparación a otros departamentos, en Lambayeque se presenta el menor porcentaje de adolescentes embarazadas.

 

PROVINCIAS

En la provincia de Lambayeque se han registró 711 casos de embarazo precoz. Así, 179 adolescentes alumbraron en el distrito de Mórrope, 149 en Olmos, 54 en Motupe, en Mochumí 47, 41 en Íllimo, 36 en Cañaris, 123 en el distrito capital, 32 en Túcume y 25 en Jayanca e igual número en Salas. En José los casos fueron 32.

 

En Ferreñafe de los 134 embarazos en la adolescencia inicial reportados hasta diciembre pasado, 32 corresponden a Incahuasi, 25 a Pitipo y 77 al distrito capital.

 

Asimismo, la Gerencia Regional de Salud informa que el mayor de número de embarazos en la pubertad se concentró en la provincia de Chiclayo, con 915 casos, registrándose 214 en el distrito de José Leonardo, seguido del distrito capital con 168 casos.

 

A la lista se suman 92 menores fueron madres en Pátapo, 86 en el distrito de La Victoria, 41 en Reque, 36 en Pomalca y Cayalti, 35 en Pimentel, 23 en Chongoyape, 19 en Oyotún, siete Picsi y 103 en los demás distritos de la provincia.

 

Judith Ríos expone que mayormente los embarazos en las adolescentes se deben a que tienen un poco de acceso a la orientación de los centro de salud porque aún tienen temor o vergüenza de acurdir a los establecimientos asistenciales. Si lo hicieran podría acceder a un paquete integral de salud adolescente en el que se trabajan medidas preventivas para el embarazo precoz.

 

“A pesar que nosotros contamos con 18 servicios diferenciados de salud de prevención de embarazo en la adolescente a nivel departamental, la concurrencia no es frecuente”, comenta Judith Ríos.

 

CHARLAS

Anota que con el propósito de reducir el embarazo en las adolescentes la Gerencia Regional de Salud continuará realizando campañas educativas en los diferentes centros de enseñanza del departamento, pero además que con la nueva Norma Técnica de Planificación Familiar, que se puso en marcha en el 2016 y que fortalece el trabajo de las promotoras de salud, es posible seguir orientando a los adolescente que ya iniciaron su vida sexual, a fin de instruirlos en el uso de anticonceptivos.

 

Con la información estadística recogida por la GERESA se ha establecido que los hombres y mujeres inician su vida sexual, aproximadamente, a los 11 años de edad.

 

La funcionaria invoca al sector educación de seguir articulando y fortaleciendo las acciones de prevención del embarazo en adolescentes, porque aún les falta trabajar con las familias y las comunidades para que estas conozcan la problemática y necesidades de los menores de edad.

Remarca que a través de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva se tiene que velar por los derechos sexuales y reproductivos del menor, “ya que ellos tienen derecho de disfrutar su sexualidad, pero protegiéndose para evitar los embarazos no deseados o la transmisión de enfermedades”.

 

“Si bien es cierto que lo que se busca es el inicio de las relaciones sexuales no sea a muy temprana edad, somos conscientes que muchos adolescentes no se enfocan en implementar sus habilidades sociales, proyecto de vida o autoestima. Hay quienes inician su actividad sexual muy pronto y a ellos debemos enfocarnos para orientarlos, ayudarlos y prevenirlos”, señala.

 

HOGARES DISFUNCIONALES

Comenta que algunas de las menores que fueron madres en el 2017 provienen de hogares disfuncionales y no tienen fluidez de comunicación con sus progenitores, característica muy marcada en la población adolescente local.

 

“Hemos detectado que algunas de las menores que fueron madres en el 2017 provienen de familias no articuladas, con carencias educativas y falta de acceso a los centros de salud. Estamos trabajando articuladamente con el sector educación para que el adolescente tenga todo lo necesario y cumpla con el paquete de atención integral de salud que nosotros brindamos”, declara Ríos Baldera.

 

Anota que las niñas de 11 años de edad que quedan embarazadas corren el riesgo de atentar contra su vida, ya que su organismo aún no están preparado para sobrellevar el proceso de gestación.

 

Cuando se presentan estos casos lamentablemente se consideran como de alto riesgo y es necesario que las menores reciban cuidados especiales por parte de obstetras y ginecoobstetras, quienes se encargan de monitorear y atender los requerimientos mínimos de las adolescentes.

 

Explica que también se dan casos de muchas jóvenes madres que no reciben el apoyo familiar o de sus parejas, así como de recién nacidos que son abandonados o dados en adaptación. A esto se suma el índice de abortos que ponen en peligro la vida de las gestantes y los bebés.

 

Finalmente, la coordinadora regional de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva recomienda a los padres de familia a mantener permanente comunicación con sus hijos y orientarlos en el uso de los métodos anticonceptivos.

 

“Pueden acudir a los centros de salud donde se les brindará atención gratuita y personalizada. Es importante la comunicación familiar y que se generen vínculos de confianza ante cualquier duda o problema que la adolescente puede tener”, menciona.

 

+NOTICIAS

  • En las zonas rurales y altoandinas de Lambayeque se concentra el mayor número de embarazos en adolescentes.
  • Las principales causas para que adolescentes inicien tempranamente su vida sexual es la ausencia de una educación sexual integral en la comunidad educativa, que involucra a los padres de familia, tutores y a los mismos estudiantes.
  • La ausencia de proyectos de vida de las propias adolescentes y la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo a los métodos anticonceptivos, favorece al incremento de las tasas de embarazo precoz.
  • En varias regiones del Perú el embarazo a muy temprana edad es parte del patrón cultural de la zona y, por lo tanto, aceptado por los grupos sociales.  

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ANTONIO RABANAL AFIRMA QUE ES URGENTE: CAPECO EXIGE REVISIÓN Y CAMBIOS A LA LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Escribe: Semanario Expresión
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La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, Filial Lambayeque, emitió un enérgico pronunciamiento público en el que deja sentada su posición de lucha contra la corrupción y el direccionamiento de obras y supervisiones, exigiendo la revisión de la Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado, la que – afirma - está hecha a la medida de quienes cometen actos irregulares.

 

“Durante este período, llamado de transición, lo único que se ha logrado es la repetición del mismo esquema corrupto que nos dejó el gobierno de Fujimori, con la sofisticación que nos trajo Odebrecht, además de la burocracia corrupta y el marco burocrático-institucional proclive a este tipo de manejo”, refiere Antonio Rabanal Rosales, presidente de CAPECO Lambayeque.

 

“Lo concreto es que los sucesivos regímenes políticos, sea de nivel nacional, regional o local, financiaron sus campañas y se enriquecieron con el diezmo de la obra pública, pagando favores a los contratistas digitados, con sobrecostos y otros artificios, que permiten solventar la corrupción de dimensiones astronómicas”, añade.

 

LEY CON TRAMPA

Acota que dentro de este marco conceptual el Parlamento, que elaboró la Ley de Contrataciones con sus sucesivas modificaciones, y el Ejecutivo, que la promulgó e implementó, han sumado esfuerzos y “en forma orquestada permiten la corrupción, siendo cómplices de este proceso de descomposición institucional generalizada”.

 

Rabanal Rosales explica que con la aplicación de la ley, después de aprobados los proyectos de inversión, se inicia el nombramiento de los comités de selección “a la medida” por parte de la entidad que articula los “términos de referencia”, “especificaciones técnicas”, “requisitos de calificación” y “factores de evaluación” para “adecuar en forma grosera las exigencias con las que gana el postor previamente arreglado y que evidentemente tiene que pagar su porcentaje para hacerse acreedor de la buena pro”.

 

“Son poquísimas las excepciones, la mayoría de los comités a nivel nacional están infectados de corrupción, los mismos que después de adjudicada la buena pro reparten la bolsa económica entre sus miembros y la mayor parte de la misma para el titular del pliego, que conduce todo el proceso para el financiamiento de futuras campañas electorales y, en paralelo, cometer enriquecimiento ilícito, llegando algunos casos emblemáticos a paraísos fiscales”, señala.

 

Antonio Rabanal denuncia que las licitaciones de consultorías para la supervisión, se otorgan de la misma manera y con porcentaje de coima más altos, de manera que el ganador también condicionado por el sistema. “No controla, no trabaja y el contratista tiene patente de corso para ampliaciones de plazo y adicionales, que se convierten en las famosas adendas que ya conoce la opinión pública”.

 

Por tales consideraciones, CAPECO propone que se ejecuten modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, a fin de erradicar los factores susceptibles a la corrupción.

 

CAMBIOS NECESARIOS

Por ejemplo, que se cambié el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, debido a que según este el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento, pero en la práctica esto no se cumple porque no existe el conocimiento ni la experiencia necesaria.

 

“Ante esta constatación, al final, con artificios, el requerimiento lo hace siempre el Comité de Selección. El dispositivo debe ser cambiado en el sentido de que el organismo que formula el requerimiento es el que debe asumir su responsabilidad y no diluirla, como hacen los Comités de Selección, amparándose en el texto de la Ley que identifica solo al área usuaria”, explica Rabanal Rosales.

 

Asimismo, que se modifique el numeral 41.3 de la norma, donde se indica el mecanismo a ejecutar cuando se presentan discrepancias del procedimiento de selección, en procesos cuyo valor referencial es inferior a 50 UIT.

 

CAPECO señala que en estos casos el recurso de apelación lo conoce y resuelve el titular de la entidad, disposición que es una flagrante arbitrariedad ya que las partes son la entidad y los postores, por lo que no se justifica que en este caso las entidades sean juez y parte. Además el principal beneficiario de la corrupción es el titular y por disposición de este los comités de selección direccionan las obras y sus supervisiones, razón por la que en las apelaciones los titulares aducen absurdas consideraciones como sustento para declarar infundados los recursos.

 

“Este numeral debe modificarse con la creación de los Tribunales Desconcentrados para que se aboquen a resolver estas apelaciones. Tampoco se justifica la garantía del 3 % para apelar, ya que ello significa que uno tiene que pagar para defenderse. Eso debe eliminarse”, señala.

 

Por otro lado, refiere que los comités de selección deben estar conformados únicamente por ingenieros o arquitectos según la especialidad del objeto de la convocatoria. Cada uno de estos miembros deben tener el conocimiento técnico especializado y la experiencia debida para evaluar la propuesta ingenieril. Sugiere que uno de los miembros debe ser designado por el Colegio de Ingenieros, por el Colegio de Arquitectos o de la Cámara Peruana de la Construcción, de cada región.

 

Del mismo modo señala que es necesario eliminar el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a los requisitos de calificación.

 

Según explica Rabanal Rosales se sustenta esta eliminación porque en el rubro del personal clave se ha venido exigiendo doctorados y demás grados académicos para los residentes, supervisores y sus asistentes, aun cuando estos no van a efectuar ningún diseño ni resolver ningún problema técnico complejo, sino que únicamente se deben ceñir estrictamente al proyecto contratado.

 

“Solo el proyectista puede autorizar la modificación de su proyecto. Las exigencias de requerir personal especializado (Personal Clave) en áreas inherentes al proyecto ha sido una creación legal exprofesa para facilitar la corrupción”, afirma.

 

En lo relacionado a “experiencia del postor, ejecutor o consultor”, señalada en el mismo artículo, Antonio Rabanal indica que debe circunscribirse al significado que OSCE ha definido, es decir, al “tiempo acumulado en obras de la especialidad y efectuado en cualquier época” y no en términos de montos contratados y en plazos de los últimos diez años.

 

CAPECO también ha pedido que se elimine el artículo 30 del Reglamento, referido a “Factores de evaluación”.

 

“Se debe descartar este ítem tanto en el caso de ejecución de obras como en supervisión, por ser el vehículo más sofisticado para darle visos de legalidad a la corrupción. Se sustenta esta eliminación que estamos solicitando porque dentro de los Factores de Evaluación se inserta el Personal Clave y sus impredecibles calificaciones como doctorados y equivalentes; en obra no se requiere este personal”, asevera.

 

MÁS POR ELIMINAR

El presidente de CAPECO Lambayeque indica que en las Bases de Licitación se debe eliminar como característica particular la “sostenibilidad ambiental o social”, por ser su evaluación puramente subjetiva. Además, porque en la pre inversión del proyecto se evalúa la sostenibilidad de la misma.

 

“También en el cuestionado artículo 30 debe eliminarse el Ítem: “Entre otros” que es, sin vergüenza ninguna, otra creación intencional de los redactores del Reglamento susceptible de facilitar la corrupción al dejar una brecha abierta para que los comités de selección inventen a su libre albedrío todo lo que necesitan para el direccionamiento”, refiere.

 

Añade que debe modificarse también lo normado sobre “Metodología propuesta”, por ser su evaluación puramente subjetiva.  Asimismo, en la selección de “Consultores individuales” debe eliminarse la “Entrevista”, por ser otra creación de los redactores del Reglamento abierta a la subjetividad.

 

EL RNP

Por otro lado, Rabanal Rosales indica que según el artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado, la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, tiene vigencia indeterminada y se señala que este no constituye barrera de acceso para contratar con el estado, como actualmente sucede.

 

“Se desconocen los derechos adquiridos, limitando el tiempo de la validez de la experiencia y con categorizaciones de oficio a los Consultores de Obras de las que solo el OSCE conoce las respectivas constancias que dice haber emitido y con re-categorizaciones arbitrarias después de las categorizaciones de oficio”, explica.

 

Agrega que Contraloría General de la República o el OSCE son los entes que deben designar a los supervisores de las obras públicas, para lo cual se debe elaborar el Registro Único de Supervisores por especialidades, para de esta manera evitar la vinculación entre la entidad y el supervisor.

 

“Se requiere promover la competencia en los procesos de selección, la eficiencia, la transparencia, y la calidad de las obras públicas. Solo será posible con una revisión radical del marco normativo de la Ley de Contrataciones con el Estado. Ante la constatación de una evidente crisis económica de las empresas constructoras, supervisoras y proveedoras de materiales domiciliadas en las distintas regiones del país es aberrante que las entidades liciten obras acumulando proyectos con el objeto de incrementar los montos licitados, para direccionar las mismas a empresas con capacidad financiera ya preconcebidas, lo que hace inaccesibles a las locales”, anota.

 

Precisa que ello se evidencia, por ejemplo, en el caso de las obras de descolmatación, cuando se acumulan 10 kilómetros de descolmatación en el río La Leche - Tramo II, con montos equivalentes a 20 millones 500 mil nuevos soles, exigiendo como requisito presentar como mínimo 32 tractores D-8 o de 300 HP. La obra – señala - debió fraccionarse en cinco o 10 frentes para ser accesible a las empresas locales.

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IMPAGOS DESDE NOVIEMBRE: MUNICIPALES DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ AFECTADOS POR LA MALA GESTIÓN DE RECURSOS

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Ni la asignación total del FONCOMUN que recibe el distrito alcanzaría para cubrir el pago de las remuneraciones en la comuna.

 

Desde noviembre del año pasado más de 700 trabajadores de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz no perciben sus remuneraciones. Los ofrecimientos del alcalde Epifanio Cubas Coronado para solucionar la severa crisis, que mantiene paralizada la administración edilicia, no han dado ningún resultado y, entre tanto, los gremios anuncian que radicalizarán sus medidas de lucha hasta lograr que la comuna cumpla con sus obligaciones laborales.

 

El distrito de José Leonardo Ortiz tocó fondo. Esta semana los trabajadores del municipio hicieron un alto a sus actividades diarias cansados de esperar que la administración de Cubas Coronado cumpla con el pago de sus remuneraciones.

 

Ellos aseguran no entender por qué la comuna ha acumulado hasta el momento tres meses de adeudado laboral si las partidas para el gasto corriente, donde se incluye el pago de planillas, han sido transferidas por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

 

Por ejemplo, en noviembre del año pasado la comuna recibió un millón 99 mil 215.65 soles del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, en diciembre la transferencia fue de un millón 27 mil 37.5 soles y en enero de este año el MEF le destinó un millón 219 mil 638.15 soles.

 

Por acuerdo del concejo municipal, el 70 % del FONCOMUN debe ser empleado en el gasto corriente y el 30 % restante en el financiamiento de proyectos de inversión u obras públicas.

 

En reiteradas veces el alcalde de José Leonardo Ortiz ha señalado que ni destinando el 100 % del FONCOMUN, que todos los meses percibe la comuna, sería posible cubrir la totalidad de la planilla. Al mes, el municipio debe destinar aproximadamente un millón 350 mil soles para el pago de remuneraciones.

 

HUELGA DE TRABAJADORES

Los servidores municipales agremiados en el Sindicato de Empleados iniciaron la semana pasada una huelga indefinida por el incumplimiento de la administración en el pago de sus sueldos.

 

Con plantones en los exteriores del palacio municipal, ubicado en la Plaza Cívica, los trabajadores se resistieron al desempeño de sus funciones en tanto sus dirigentes iniciaron la ronda de negociaciones con la autoridad edil, sin tener – hasta el momento – mayores avances.

 

En total son 350 empleados los que han advertido que radicalizarán sus medidas de protesta si es que no se les pagan los tres meses de adeudos que la comuna mantiene con ellos: noviembre, diciembre y enero. En diciembre pasado únicamente recibieron la gratificación por fiestas de Navidad, equivalente a una remuneración.

 

EL ACUERDO

Parte del descontento de los trabajadores se debe al Acuerdo de Concejo N° 002-2018, adoptado en la sesión del seno municipal del 30 de enero pasado, en cuya acta fue incluido un asunto que no se sometió al debate entre los regidores.

 

Ese día los concejales de José Leonardo Ortiz solo trataron la modificatoria del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA. Sin embargo, en el acuerdo aparece, en el artículo tercero, que también aprobado la modificatoria del saldo de balance de la fuente de financiamiento – FONCOMUN, equivalente a dos millones 25 mil 51.53 soles, para el pago de la primera cuota de la deuda fraccionada a la SUNAT, la ONP y la AFP.

 

Los trabajadores reclaman que dicho monto debería ser destinado al pago de las remuneraciones pendientes por proceder el dinero del FONCOMÚN, cuyo destino – como se ha indicado – sirve para cubrir, en su mayoría, el gasto corriente de la comuna, donde se incluye los sueldos.

 

Algunos regidores, entre ellos Marino Olivera Cruzado, denuncia que el acuerdo de concejo fue adulterado.

 

“El Estado puntualmente nos envía el FONCOMUN todos los meses, pero desgraciadamente el 70 %, como se acordó, no es utilizado para el pago de las remuneraciones. Desde marzo del año pasado somos objeto de un trato injusto, solo nos pagan con recursos propios del municipio”, asevera Grimaldo Fernández Saucedo, secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores Municipales de JLO.

 

Los más de dos millones de soles que se han incluido – aparentemente de manera irregular – para el pago de la deuda fraccionada con la SUNAT, se empezaron a acumular desde el 2014, durante el gobierno de Raúl Cieza Vásquez, como parte de las retenciones aplicadas al FONCOMUN para garantizar los pagos al fondo de pensiones y el seguro social. Empero, tras la suscripción de un nuevo convenio para el cumplimiento de la deuda el monto quedó a libre disponibilidad municipio.

 

“Esa plata es del gasto corriente. Solo se necesita la disposición del alcalde para que ese dinero sea destinado al pago de nuestras remuneraciones. Quieren darle otro fin y para ello se basan en un acuerdo inexistente. Nosotros estuvimos en la sesión de concejo del 30 de enero y en ningún momento se trató la asignación de esos recursos para el pago a la SUNAT”, asevera el dirigente.

 

Actualmente la deuda que el municipio mantiene con la SUNAT, en situación coactiva, asciende a 10 millones 17 mil 430 soles, de los cuales seis millones 524 mil 444 soles corresponden a los incumplimientos de la gestión de Epifanio Cubas, entre enero del 2015 y enero de este año, al Tesoro Público, EsSalud y la ONP. Sin embargo, la deuda total municipal supera los cien millones de soles.

 

PLAZO VENCIDO

Por su parte, los obreros municipales, agrupados en su propio sindicato, no han paralizado sus actividades.

 

El 31 de enero acudieron con los representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito a la sede municipal para que se certifique el incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de la gestión de Epifanio Cubas, suscribiéndose un acta en la que se otorgó plazo hasta el miércoles 7 de febrero para que se solucione su demanda, pues también están impagos desde noviembre pasado.

 

Hasta el cierre de este informe el municipio no había dado respuesta concreta sobre el compromiso asumido con la dirigencia de los obreros, por lo que quedaba el camino expedito para que estos también inicien la paralización de sus laborales, relacionadas principalmente a la limpieza pública.

 

Fausto Lozano Silva, secretario general del Sindicato de Obreros de José Leonardo Ortiz, señala que la situación ha rebasado cualquier posibilidad de entendimiento, lo que orilla a los agremiados a adoptar medidas de protesta junto a los empleados.

 

“Leonardo Ortiz lejos de avanzar a retrocedido. Estamos en los últimos puestos de progreso y desarrollo, pese a que tenemos capacidades enormes que no son aprovechadas y esto debido a que han llegado autoridades que no han tenido las condiciones morales y de gestión para sacarnos de esta situación, perjudicando a la población y a nosotros los trabajadores. Esto genera en nuestros hogares una situación dramática, porque el 95 % de los obreros subsisten únicamente con lo que perciben de la municipalidad. Un mes, dos meses, tres meses de adeudos hacen la situación insostenible”, señala.

 

La comuna cuenta con 320 obreros encargados de limpieza pública, del camal municipal, del mantenimiento de parques y jardines y de la maestranza. Cada obrero percibe entre mil 600 y mil 800 soles mensuales.

 

INCOMPETENCIA MUNICIPAL

“Desde que empezó su gestión el alcalde ha tenido mucho compromiso político. Se preparó para ser alcalde, pero no para gobernar como tal. Nunca tuvo un plan definido para José Leonardo Ortiz. Al contrario, llegó con unos zánganos, ladrones y saqueadores de la entidad municipal. Él trajo a ese tipo de funcionarios”, señala Grimaldo Fernández.

 

Pero el problema en el municipio no solo se ha generado por los funcionarios faltos de capacidades que llegaron con Cubas Coronado, sino también por algunos trabajadores que hace décadas se mantienen en los mismos puestos.

 

Este es el caso de Manuel Suárez y Pedro Quiroga en el área Personal o Segundo Segura en Tesorería, a quienes muchas veces el sindicato ha protegido para evitar que sean rotados.

 

Al respecto, el secretario de Defensa del sindicato dice que se como dirigente ha pedido la rotación total del personal, “porque cuando se oxigenan las oficinas es mucho mejor”.

 

“Es más, hemos propuesto que los funcionarios salgan de planta, porque hay profesionales que prácticamente andan pateando latas en el municipio. La respuesta del alcalde siempre es que va a tomar en cuenta el pedido pero nunca los cumple”, asevera.

 

Añade que el sindicato ha propuesto medidas para la mejora administrativa, pero estas tampoco han sido tomadas en cuenta por la autoridad.

 

“Raúl Cieza dejó más de 100 trabajadores estables, que ganaron sus procesos y se quedaron acá. Hay más de 30 del serenazgo que fueron repuestos por orden judicial, además de 42 empleados. De la gestión de Epifanio Cubas podemos decir que ha sido cauteloso en la contratación de personal, sin embargo ha traído funcionarios con sueldos bien pagados, de cuatro mil o cinco mil soles. Hubo uno que una vez pidió ocho mil. Para CAS el año pasado se destinaron 250 mil soles, este año se ha presupuestado 800 mil”, señala.

 

CONDICIONES NEGATIVAS

Problema aparte es el que atraviesan los obreros del municipio. Para el recojo de la basura, cuyo volumen oscila en 300 toneladas diarias en todo el distrito, la comuna cuenta únicamente con una compactadora y seis volquetes.

 

Pero además, los trabajadores están desprovistos de los materiales de seguridad como uniformes, guantes y mascarillas, para el cumplimiento de sus labores, estando en permanente exposición al peligro.

 

“Nuestros compañeros realizan sus labores en las peores condiciones. A pesar que existe la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, las municipalidades hacen caso omiso a lo que esta dice. Los trabajadores no tienen protección ante la labor altamente contaminante que realizan, poniéndose en peligro no solo a ellos, sino a sus familias, porque en nuestro centro de trabajo no hay duchas ni servicios higiénicos para paliar la contaminación”, señala Fausto Lozano.

 

Anota que si a ello se suma la carencia económica a la que es condenado el obrero por la falta de sus pagos, la situación se torna mucho más dramática.

 

“Hemos interpuesto la queja ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, a fin de que se ejecuten los controles pertinentes frente a lo que pasan día a día nuestros compañeros obreros”, comenta. 

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BARNECHEA: “EN ACCIÓN POPULAR NO NOS COMEMOS LOS CHICHARRONES DE LA CORRUPCIÓN”

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Alfredo Barnechea invocó a los militantes del partido de Fernando Belaunde a no dejar que el dinero imponga candidatos de cara a las elecciones de octubre.

 

En su reciente visita a Chiclayo el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea recordó el episodio que marcó su participación en la contienda del 2016, al rechazar un trozo de chicharrón en el distrito de Lurín, al sur de Lima. Barnechea, rememoró la anécdota, que le valió una serie de críticas, para afirmar que Acción Popular es un partido donde no hay espacio para los “chicharrones de la corrupción”.

 

“Lo del chicharrón fue una campaña pagada por la derecha. El video fue filmado a fines de enero y lo sacaron casi al final de campaña presidencial para dañar nuestra candidatura, porque habíamos enfrentado a los candidatos de la derecha con el tema del gas. Sin embargo, es necesario recordarles que nosotros en Acción Popular no nos comemos los chicharrones de la corrupción del señor Toledo, del señor García, del señor Humala, del señor Kuczynski y del señor Fujimori. No comemos chicharrones”, dijo con énfasis Barnechea a los asistentes al encuentro organizado por los seguidores de la precandidatura a la alcaldía de Chiclayo de Pedro Torres Fernández, realizado en el coliseo del Colegio Manuel Pardo.

 

ALCALDES CUESTIONADOS

Barnechea precisó que Chiclayo es una ciudad golpeada por la corrupción y que aquello no debe ser olvidado por la ciudadanía.

 

“Esta ciudad tiene un chicharrón gigantesco por un alcalde que era un delincuente. Pero no solamente esta ciudad. En los últimos días han metido preso al alcalde de Santa Rosa (Lima), que no solo era un corrupto, sino el jefe de la mafia. Está preso el de Chilca, el de Villa María del Triunfo, el de Echarati (Cusco). Hace una semana se ha revelado el chicharrón del señor Kuczynski, el Banco del Crédito ya no ha podido ocultarlo más y ha tenido que decir que hay 140 nuevas transacciones de él y sus empresas, pagadas ya no solo por Odebrecht, sino por las empresas del gas”, aseveró.

 

Dijo que si Acción Popular no llegó a la presidencia de la República fue porque se montó una campaña en contra de su candidatura financiada por las empresas involucradas en el proyecto del Gaseoducto Sur Peruano, entre ellas Odebrecht.

 

“El señor Kuczynski me acusaba a mí de querer cambiar los contratos del gas. Los que cambiaron los contratos del gas fueron ellos con leyes ad hoc, que han significado una defraudación en 20 mil 294 millones de dólares de robo al Perú. Ese es el chicharrón. Al señor Kuczynski, como dije en la campaña electoral: ‘Usted va a responder en los tribunales del Perú por este robo’”, señaló Alfredo Barnechea.

 

SIN MANCHA

Recordó también que en los dos gobiernos de Fernando Belaunde, pese a que fue el presidente que más infraestructura construyó en el país, no hubo casos o denuncias por corrupción.

“No hubo sobrecostos, ni adendas ni coimas. Él salió más pobre de lo que entró al poder. En los últimos 30 años se han robado más de un tercio del Producto Bruto Interno – PBI, del Perú solo con los sobrecostos y las adendas en los contratos. En el gobierno de Belaunde no hubo nada de eso y esa es la fuerza de este partido: que no tiene chicharrones”, sostuvo.

 

EL DINERO

En otro momento de su intervención, Alfredo Barnechea invitó a los jóvenes a unirse a las filas de Acción Popular, señalando que es un partido distinto.

 

“Nosotros no somos el partido de los ricos, nosotros no somos el partido de los grandes intereses económicos. Tampoco somos el partido de los locos y afiebrados que solo saben destruir y que, por ejemplo, no saben pararse frente a la dictadura de Venezuela y encima la justifican. Nosotros somos el gran partido de centro, pero también el gran partido de la igualdad de oportunidades. Y quiero decirle a los candidatos que una de las cosas fundamentales es la igualdad de géneros. Yo quiero que este partido tenga en todas partes, en las candidaturas regionales y municipales, a la mitad de la listas con postulantes mujeres”, enfatizó, añadiendo que Acción Popular no es un partido de improvisados y que debe haber es una gran presencia de los jóvenes en las listas.

 

“Acción Popular tiene que ser un partido abierto. En este partido no hay dueños. Ojo porque la plata quiere capturar este partido. A este partido no lo va a capturar alguien con plata, este partido será siempre en el que voten sus militantes. En este partido no se elige a nadie para dirigente, para alcalde, para regidor para gobernador para consejero, congresista o presidente de la República sin que se no se hayan celebrado elecciones internas. Un militante un voto”, finalizó.

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EL AÑO PASADO: LAMBAYEQUE REGISTRÓ 170 FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1049

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La mayoría de accidentes fatales ocurrió en zonas rurales.

 

En el 2017, 170 personas perdieron la vida como consecuencia de los violentos accidentes de tránsito suscitados en las carreteras de las diferentes ciudades y zonas rurales del departamento de Lambayeque. Muchas de las vidas humanas se perdieron por la imprudencia de los conductores, que hasta el momento no toman conciencia en seguridad vial.

 

El comandante de la Policía Nacional del Perú, Adolfo Galindo Román, jefe de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, menciona que el año pasado hubo 273 accidentes de tránsito dejando como saldo 170 personas fallecidas y 230 heridos.

 

En el 2016 hubo 481 accidentes de tránsito, arrojando como resultado 104 personas fallecidas y 114 heridas.

 

“La cantidad de accidentes de tránsito del 2017 ha disminuido en comparación a la del 2016, pero la cantidad de las personas fallecidas ha aumentado, así como el número de heridos”, señala Galindo Román.

 

La mayoría de accidentes de tránsito, como despistes y choques, en los que las personas perdieron la vida, ocurrieron en las carreteras y zonas rurales, principalmente por negligencia de los conductores.

 

“El cansancio por parte de los conductores hacen que ocurran los accidente con finales tristes, ya que ellos conducen varias horas sin tomarse un respectivo descanso”, acota el jefe de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial.

En tal sentido, recomienda a los conductores respetar las señales de tránsito, la velocidad en cada vía y que al sentirse cansados o estar bajo los efectos del alcohol eviten conducir. De esa manera evitarán dejar en luto a su familia o enlutar a las familias de otras personas.

 

PARQUE AUTOMOTOR

Galindo Román manifiesta que el parque automotor solamente en Chiclayo sigue creciendo. Se estima que en la ciudad circulan más de 300 mil vehículos motorizado, por lo que infraestructura de las vías han quedado reducida ante  el gran número de las unidades vehiculares.

 

Acota que ante la falta de empleabilidad en espacios formales el número de transportistas para el servicio de taxis y transporte urbano se ha incrementado sin que las autoridades locales puedan ejercer algún tipo de control sobre el parque automotor.

 

“Muchas de las personas desempleadas deciden adquirir sus vehículos con el propósito de tener un trabajo propio y seguro, generando así que el parque automotor crezca cada día más”, menciona la autoridad policial.

 

PAPELETAS IMPUESTAS 

El jefe de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial refiere que el año pasado la policía impuso un total 41 mil 403 papeletas a los conductores infractores.  En el 2016 el número de papeletas fue de 52 mil 506.

 

Señala que si bien se impusieron menos papeletas en el 2017, esto no significa que las infracciones de tránsito disminuyeron o que los conductores de servicio público, servicio particular o de carga pesada hayan tomado consciencia o cultura de seguridad vial.

 

Refiere que el personal policial del área de tránsito ha decidido tratar de manera más selectiva a quienes incurren en infracciones, mayormente los transportistas del servicio público y unidades menores como como taxis y mototaxis.

 

“Los conductores que han sido amonestados con las papeletas de tránsito son los que no han respetado el crucero peatonal, los que cruzaron las vías cuando el semáforo está en rojo, los que conducen sin tener puesto el cinturón de seguridad o hablando por teléfono celular, o los que manipulan el timón con una sola mano”, declara.

 

PARADEROS INFORMARLES

Menciona que a pesar que las calles y avenidas son angostas en Chiclayo,  existen malos conductores que con sus vehículos han convertido algunas vías en paraderos informales, ocasionando congestión vehicular, más aun en las horas punta.

 

Explican que se han detectado cinco paraderos de este tipo en la intersección de la Avenida José Leonardo Ortiz y la calle Elías Aguirre, en el Banco de la Nación; tres en el cruce de las avenidas José Eufemio Lora y Lora y Francisco Cúneo; cuatro en el óvale del Terminal de EPSEL, seis en el ex óvalo de El Pescador y seis en la salida a Pomalca, al finalizar la Avenida Mariscal Nieto.

“Nuestras vías son angostas y si estas son usadas para paraderos informales, definitivamente va a ver congestión vehicular. Necesariamente ayudaría bastante el uso de grúas y otro depósito municipal con mayor área para ordenar nuestra ciudad”, declara Adolfo Galindo.

 

El año pasado se internó en el depósito tres mil 649 vehículos mayores y tres mil 409 vehículos menores.

 

SEMÁFOROS

Por otro lado, detalla que los semáforos que se encuentran situados en las calles y avenidas de Chiclayo no están bien sincronizados y todos cuentan con 30 segundos de tiempo, cuando lo óptimo debería ser uno o dos minutos de pase libre, con prioridad en las principales avenidas de la ciudad.

 

Explica que en una calle hay poca fluidez vehicular, mientras que en una avenida hay el doble por lo que no se puede dar el mismo tiempo a los semáforos. En consecuencia, los semáforos deben sincronizarse con dos minutos como máximo, en especial aquellos que están ubicados en las avenidas para contribuir así con el descongestionamiento vehicular y evitar el desorden.

 

PAPELETAS A LOS PEATONES

Galindo Román declara que hasta el momento no han sido sancionados los peatones que infringen el reglamento de tránsito, a pesar que ya existe el reglamento de multar a las personas por no usar adecuadamente los cruceros peatonales.

 

Asimismo manifiesta que desde el año pasado se han realizado campañas en las instituciones educativas para ir formando a los niños y adolescentes en cuanto a la cultura y consciencia de seguridad vial. Resalta que este año se realizará una campaña de información a toda la ciudadanía para darle a saber que existe un Reglamento Nacional de Peatones y reglas de tránsito que debe respetar.

 

“Nadie cruza por los cruceros peatonales, ni por las esquinas, todos los peatones de la ciudad cruzan por cualquier lugar de la vía. Definitivamente las personas y conductores aún no crean consciencia de cultura vial”, señala Galindo Román.

 

Finalmente sostiene que los resultados de las campañas de seguridad vial que se están realizando se verán reflejados a mediano y largo plazo, y que al menos en 10 años los peatones y conductores tomarán consciencia sobre el trabajo de orientación que realiza la policía respeto al reglamento de tránsito.

 

+ NOTICIAS

  • Hace 10 años, según la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, el flujo vehicular en la provincia de Chiclayo era tan solo siete mil unidades vehiculares, entre públicas y particulares. 

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