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EN LAMBAYEQUE: DEPINCRI REPORTA A 31 DESAPARECIDOS EN EL 2018

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1053

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  • La mayoría son mujeres.

 

La desunión de los padres de familia y la falta de comunicación con sus hijos, es el principal factor para que las personas, sobre todo los menores de edad, tomen la decisión de fugarse de sus hogares. Así lo dan a conocer los agentes que laboran en el Área de Investigación de Delitos Contra la Libertad y Personas Desaparecidas del Departamento de Investigación Criminal –DEPINCRI de Lambayeque.

 

La Policía Nacional del Perú ha reportado que en lo que va del año ha recibido 31 denuncias por desaparición, 10 de las cuales se tratan sobre personas del sexo masculino y 21 de sexo femenino. En el 2017 en Lambayeque hubo un total de 408 denuncias por desaparición, siendo todas resueltas.

 

Los agentes del orden precisan que el 1 de enero pasado recibieron cuatro denuncias por la desaparición de las siguientes personas:

 

Irinia Anahí Martínez Sánchez (16), quien desapareció cuando salió de su casa; Nayely Lisset Zelada Quispe (16), quien desapareció cuando salió a realizar compras; Patricia Camila López Calle (16), quien se dirigió a una cabina de Internet y no regresó a su vivienda y Deysi Mariela Calla López (16), quien salió de su vivienda aprovechando el descuido de sus familiares.

 

El 3 de enero se recibió la denuncia por la desaparición de Nathaly  Edith Herrera Cruz (18), quien se dio como no habida luego que se dirigiera al centro de Chiclayo.

 

Al día siguiente la sección de desaparecidos recepcionó dos denuncias. Sulmiara Anaís Pacherres Rojas (21), desapareció después que saliera de su vivienda en el centro poblado menor La Compuerta, de Oyotún, y Nathaly Zahida Rojas Ramírez (12), que salió de su vivienda sin dejar rastro alguno.

 

El 5 de enero la DEPINCRI también recibió dos denuncias por desaparición. En aquella ocasión se trató de Jairo Jair Salazar Poémape (14), quien salió de su hogar con el propósito de visitar a unos amigos y no volvió, e Hilda Santacruz Morillos (37), salió a visitar a un familiar y no se la volvió a ver.

 

El 6 de enero se reportó la desaparición de la menor Romina Cristchell Paz Rojas (15), quien habría sido inducida a la fuga por un desconocido. De igual manera el 7 de enero se recepcionó la denuncia de la desaparición de Edison Yacsson Iglesia Cabrejos (26).

 

El 10 de enero fueron tres las denuncias reportadas, identificándose como víctimas a Yoselín del Pilar Chanduví Bayona (15) y Edith Dagmar Chanduví Morales (16), ambas menores que fueron inducidas a la fuga. En tanto Milton Bravo Roque (54), se extravió al salir de su vivienda.

 

Rosa Angélica Chachapoyas Chamba (17), desapareció el 11 de enero al salir de su vivienda ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz. El 12 de enero desapareció Leydibeth Bravo Valdivieso (17). Según la policía ambas menores fueron inducidas a la fuga.

 

MÁS CASOS

Diana Rodríguez Padrón (15), desapareció el 14 de enero luego que acudiera a unas cabinas de Internet, mientras que el 17 del mismo mes desapareció Julio César Flores Pérez (20), después de salir de su vivienda ubicada en el cercado de Chiclayo.

 

El 18 de enero se reportó la desaparición de otras personas. Los agentes de la sección de desaparecidos identificaron como no habidos a Angélica Layeska Lopetorres Morí (13), Clara Esteffany Salazar Gil (15), Luis Felipe Saavedra Maldonado (16) y Jesmerly Nicole Aguilar Burga (18), todos ellos habían sido inducidos a la fuga.

 

La desaparición de Yasely Flores Carrasco (18), se dio el 22 de enero. La policía informó que la joven mujer salió de su vivienda a visitar a una amiga y nunca más volvió.

 

El 25 de enero hubo tres desaparecidos, de los cuales dos sufren de lagunas mentales y se extraviaron al salir de su vivienda. Ellos fueron identificadas como Rumaldam Huacchillo Carrión (79), Rogelio Milian Sánchez (93), mientras que Moisés David Ballena Yanayaco (19) salió de su vivienda a verse con unos amigos y no retornó.

 

Tres denuncias se presentaron el 26 de enero y tres fueron las menores desaparecidas, las mismas que según la policía fueron inducidas a la fuga por extraños. Las agraviadas son Maricielo Chávez Silva (12),  Cristian Daniel Gutiérrez Pérez (16) y Cinthya Elizabeth de la Cruz Pisfil (15).

 

INFANTE DESAPARECIDO

Lo increíble es el caso del menor identificado como Esmith Aron Antón Zevallos (4), desapareció el 27 de enero cuando se encontraba jugando en la puerta de su casa en el cercado de Chiclayo. El 30 de enero los agentes del orden reportaron también la desaparición de Vanessa Salazar Gil (21).

 

Los policías expresaron, que de las menores desaparecidas inducidas a la fuga por sus enamorados. Asimismo, que existen casos de menores que son captadas por sujetos dedicados a la trata de personas. Muchas de las jóvenes mujeres terminan laborando en cantinas donde se ejerce la prostitución clandestina, mayormente en localidades del nororiente.

 

Diariamente la Policía Nacional recibe entre tres y cuatro denuncias por desaparición. Antes se recibían hasta 15 denuncias diarias.

 

Sin embargo, esto no significa que el número de desapariciones ha disminuido sino que ahora es competencia de cada comisaría atender las denuncias presentadas por los familiares, diligencia que antes se concentraba en la DEPINCRI.

 

“Ahora las denuncias por desaparición son inmediatas y ya no se tiene que esperar que pasen 24 horas como antes. Los familiares pueden denunciar en las comisarías de su sector sin necesidad de acudir a la DEPINCRI. Ahora la denuncias por desaparición son inmediatas, ya que se han dado casos de personas desaparecidas que han sido encontradas sin vida”, informa la Policía Nacional.

 

+NOTICIAS

  • El Ministerio del Interior ha creado una página www.teestamosbuscando.pe. en donde aparecen las fotografías de las personas que aún siguen como desaparecidas. 

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¡ALARMANTE!: EN ZONAS RURALES DE LAMBAYEQUE SE CONSUME AGUA CON ARSÉNICO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1053

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  • Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – DESA, señala que solo en la parte urbana se accede al agua clorada.

 

La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – DESA Lambayeque, ha detectado que la calidad del agua que se consume en el departamento no es óptima en su mayoría, viéndose afectados con el consumo de recurso no clorado los pobladores que radican en las zonas rurales. La DESA se encarga de evaluar la salud ambiental y su propósito es vigilar los recursos naturales para consumo humano, la calidad del aire, de la alimentación colectiva y el control de vectores.

 

Liliana Díaz Ríos, jefa de la DESA Lambayeque, confirma que con los procedimientos de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano se ha detectado que solamente en la zona urbana se dispone del líquido elemento con el debido tratamiento de potabilización, lo que difiere de la zona rural, donde la población se abastece de fuentes naturales como pozos o manantiales o el sistema de agua está a cargo de las Juntas de Administración de Saneamiento – JAS, las que no cuentan con equipos ni recursos para la purificación.

 

Señala que para evitar que los pobladores de las zonas rurales sigan consumiendo agua contaminada, el Gobierno Regional de Lambayeque, a través de la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento ha adquirido equipos de cloración y los ha instalado en algunas zonas bajo la supervisión del sector salud para asegurar que la cantidad de cloro residual sea la correspondiente.

 

Arsénico

Respecto a la zona rural, la funcionaria refiere que en el centro poblado menor Cruz del Médano, en el distrito de Mórrope, los pobladores consumen agua con altos niveles de arsénico, lo que puede acarrear graves problemas para su salud.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud – OMS, “la exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través del consumo de agua contaminada o comida preparada con esta y cultivos alimentarios regados con agua rica en arsénico, puede causar intoxicación crónica. Los efectos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas y cáncer de piel”.

 

El consumo de arsénico en el agua también está asociado al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes.

 

Por esta razón, el Laboratorio Referencial Regional ha iniciado un estudio tomando muestras de sangre de la población de la zona para ver qué tanto ha afectado el agua con arsénico en su salud, ya que la contaminación del líquido elemento se habría iniciado hace cinco años aproximadamente.

 

Liliana Díaz señala que el gobierno local debe de encargarse de clausurar todos los pozos existentes en Cruz del Médano para evitar así que los moradores sigan contaminándose con el agua con arsénico y ver la posibilidad de habilitar otra fuente de agua que sea apta para el consumo humano.

 

“La parte urbana del departamento de Lambayeque consume agua clorada porque se abastece desde la planta de EPSEL, pero en la parte rural es donde se consume con mayor porcentaje el agua sin tratar”, detalla Liliana Díaz.

 

Dengue

También indica que con los estudios realizados se ha detectado que en 27 distritos del departamento existe el vector que transmite el dengue, la zika y chikungunya, por lo que han iniciado la vigilancia para evitar el rebrote del Aedes Aegypti (zancudo transmisor), debido a que el año pasado en el distrito Tumán se presentó un brote muy fuerte del dengue, así como en La Victoria. 

 

Con la intervención estratégica realizada por la DESA ha sido posible controlar el dengue y Lambayeque es uno de los departamentos con menores casos autóctonos de enfermedades metaxénicas.  

 

Liliana Díaz precisa que en el distrito de Tumán se presentó el mayor brote el dengue porque uno de los factores es que los pobladores almacenan agua sin las medidas de protección ni la adecuada limpieza de sus recipientes. El vector siempre deposita sus huevos en el agua limpia.

 

“La gente en un principio no nos permitió ingresar a sus hogares para enseñarle a hacer la limpieza de los recipientes o para la fumigación. Al ver el brote del vector recién algunos tumaneños nos dejaron ingresar a sus viviendas”, narra Díaz Ríos.

Añade que se está a la espera de que el gobierno central otorgue el presupuesto para la contratación y equipamiento de una brigada de 150 personas para controlar el rebrote del dengue, sobre todo por las lluvias que pueden registrarse este mes.

 

Contaminación

Por otro lado, la funcionaria resalta que en el distrito de José Leonardo Ortiz existe un alto nivel de contaminación en el aire debido a los grandes cúmulos de basura que existen en las calles, lo que origina además la generación de gases tóxicos que perjudican la salud de los ciudadanos.

 

En el departamento de Lambayeque existen cuatro estaciones que controlan la calidad del aire ubicadas estratégicamente en la Urbanización Las Brisas, en José Leonardo Ortiz, La Victoria y en el cercado de Chiclayo. Estas se encargan de medir la concentración de PM10, que son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro aerodinámico es menor.

 

“Nosotros medimos qué cantidad de polvo tenemos de determinado diámetro, pero no sabemos exactamente la calidad del aire que respiramos ya que no contamos con la tecnología correspondiente para medirla”, reconoce Liliana Díaz.

 

La DESA también realiza vigilancia de la alimentación colectiva y visita los locales del Programa del Vaso de Leche y de los comedores populares, de las empresas de transporte terrestre y hospitales. En estos establecimientos las personas encargas de preparar los alimentos tienen que cumplir buenas prácticas de higiene.

 

Recientemente en un operativo inopinado se encontró que cocinas de algunas empresas de transporte contaban con utensilios sucios y deteriorados, no aptos para el uso.

 

Playas

Finalmente, la funcionaria comenta que en las inspecciones realizadas en el presente verano se determinó que de las once playas que tiene el departamento, cinco no estaban aptas para la concurrencia de los bañistas. Estas son: Santa Rosa, Monsefú, San José, Playa Hermosa y Las Rocas.

 

Las playas más saludables son Puerto Eten y Pimentel. Asimismo, precisa que ocho piscinas fueron reportadas como saludables y dos, en los colegios Sara Bullón y Juan Manuel Iturregui de la ciudad de Lambayeque, como no aptas.

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DEUDA ASCIENDE A MÁS DE 40 MIL DÓLARES: EXGERENTE DE SODIMAC RENTÓ LOCAL PARA GIMNASIO Y SE FUE SIN PAGAR EL ALQUILER

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1053

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Rafael Salazar Orozco creyó que dando en arriendo el amplio inmueble que posee en la intersección de las calles Junín y Colón, en el centro de Chiclayo, estaba haciendo un buen negocio, pero se equivocó. Por más de año y medio el local de dos pisos y que había sido recién remodelado fue ocupado por la empresa A&E Muscle and Fitness Group SRL, representada por Alejandro Oliva Victorio, quien puso en funcionamiento un gimnasio, incumplió el contrato y se fue dejando el inmueble no solo en pésimas condiciones, sino además debiendo más de 40 mil dólares de alquiler.

 

El 14 de enero del 2016 Salazar Orozco y Oliva Victorio acudieron ante el notario Henry Macedo Villanueva y suscribieron el contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Junín N° 379, con un área de mil 40 metros cuadrados.

 

De acuerdo a la cuarta cláusula del contrato, Oliva Victorio, quien se había presentado como gerente de Sodimac Chiclayo, en representación de la empresa A&E Muscle and Fitness Group SRL, se comprometió a pagar como renta mensual, desde el 15 de enero del 2016 al 14 de diciembre del 2017 la suma de cinco mil 500 dólares americanos, monto que sería cancelado por adelantado, y desde el 15 de enero del 2017 hasta la finalización del acuerdo un total de seis mil dólares.

 

Además, el arrendatario asumía las obligaciones por los servicios y se comprometía al pago de 11 mil dólares como garantía. Todas las operaciones debían realizarse a través del Banco de Crédito del Perú – BCP.

 

El contrato fue por cinco años y concluía el 31 de diciembre del 2020. En este también se estableció que el arrendador no asumía responsabilidad alguna frente a los órganos de control por el incumplimiento del arrendatario.

 

En la décimo cuarta cláusula se estableció que el contrato quedaba resuelto si el ocupante del inmueble incumplía cualquiera de las obligaciones asumidas. También que en caso de controversia o litigio que no podían resolver por mutuo acuerdo se sometían a lo estipulado por el Código Civil y acudirían al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

 

Oliva Victorio, quien fungió de garante solidario respecto de las obligaciones contraídas por la empresa, recibió además por conducto notarial un acta de entrega del local, en la que se detalló el equipamiento y las condiciones en las que se encontraba el inmueble “sin averías, ni rajaduras ni huecos ni perforaciones de ninguna clase”.

 

INCUMPLIMIENTO

“Empezaron mal, porque todo el 2016 se retrasaron en el pago y entre enero y septiembre del 2017, mes en que se fueron, no pagaron ni un sol. Me quedaron debiendo ocho meses. El señor Oliva Victorio y su socio, Eduardo Hoyos Cuesta, argumentaban que no podían cumplir porque la renta era muy alta. De cinco mil 500 dólares la bajé a cuatro mil 500 y tampoco pagaron”, comenta Rafael Salazar.

 

Oliva Victorio no solo dejó de pagar el alquiler, sino también los servicios de luz y agua potable que debieron ser asumidos por el propietario del inmueble. Por el incumplimiento del alquiler entre enero y septiembre del 2017 se acumuló una deuda de 40 mil 500 dólares.

 

Entre abril y agosto del año pasado, Rafael Salazar cursó diferentes cartas notariales a Alejandro Oliva exigiendo el pago del alquiler. Incluso, dio cuenta de la situación a la empresa empleadora de este por su comportamiento siendo gerente general de una cadena comercial en Chiclayo.

 

“Él se presentó haciendo gala de que era gerente de esa empresa y siendo esta una empresa reconocida asumí que se trataba de una persona seria. Lamentablemente me equivoqué. No fue así”, comenta.

 

SIN CONCILIACIÓN

El 23 de julio recurrió al Centro de Conciliación Concertar de Chiclayo para buscar una solución a su demanda, audiencia a la que Oliva Victorio no acudió. Un mes después, en julio del año pasado, Salazar Orozco acudió al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Lambayeque para invocar el desalojo del arrendatario.

 

“Al ver que yo había accionado ya en ese sentido no tuvo más que desocupar el local y se trasladó a un inmueble en la Avenida Libertad, en Santa Victoria. Lo que han hecho es cambiar la razón social de la empresa y dejó de figurar Alejandro Oliva como gerente. Eso demuestra que es su modus operandi, parece que hubieran tenido la intención de entrar y estafar, no pagar arriendos y luego cambiar de razón social y desaparecer”, señala.

 

La empresa A&E Muscle and Fitness Group SRL no solo le quedó debiendo a Salazar Orozco. El 6 de febrero de este año la Caja Piura remitió una carta notarial que llegó al local de la calle Junín requiriendo el pago de una deuda vencida de 16 mil 872.4 soles, otorgándole 24 horas de plazo para su cancelación.

 

Lo increíble es que el 27 de febrero Alejandro Oliva Victorio, Eduardo Hoyos Cuestas y Alejandra del Pilar Flores Arana, quien fue secretaria del gimnasio, fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú cuando supuestamente intentaban asaltar al taxista identificado como Aladino Suárez Becerra.

 

El caso N° 2406074505-2018-1135-0 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo se encuentra bajo la dirección de la fiscal Dora Hidalgo Rodríguez. Como sustento se tiene el Informe Policial S/N-20018-REGPOLAMB-COM.IS-PNP DEL NORTE.

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EN CORTE DE LAMBAYEQUE: GERENCIA MANTUVO EN PLANILLA A DOS SERVIDORES QUE NO TENÍAN VÍNCULO LABORAL

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1053

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El 19 de mayo del 2010, José Luis Chayán Ñique ingresó a laborar en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque como auxiliar judicial, bajo un contrato de trabajo a plazo fijo que venció el 31 de enero del 2011, fecha en que fue despedido. El trabajador logró que en junio de ese año se le reincorporara a través de un proceso de amparo seguido contra el Poder Judicial y en adelante firmó contratos de naturaleza accidental o suplencia, consignando en la cláusula primera de cada contrato que se obedecía a una orden cautelar emitida en el Expediente N° 994-2011. Seguido el proceso de amparo este resultó desfavorable a Chayán Ñique, por lo que debía ser separado. Sin embargo, en la Gerencia de Administración de la corte no se dieron cuenta del hecho sino hasta nueve meses después.

 

El proceso de amparo que José Luis Chayán inició contra la Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue declarado improcedente con la sentencia N° 5 del 28 de diciembre del 2015, ordenándose la remisión del expediente al Juzgado Laboral de turno de Chiclayo para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. La sentencia fue declarada consentida el 11 de mayo del 2016 y el 17 de junio de ese año fue notificada a la Gerencia de Administración.

 

Sin embargo, pese a que el amparo resultó improcedente al trabajador y la administración de la Corte de Lambayeque había sido notificada de la decisión judicial, esta recién decidió extinguir la relación laboral con Chayán Ñique el 30 de marzo del 2017; es decir, nueve meses después de caída la medida cautelar que le permitió trabajar desde junio del 2011. El servidor fue notificado del fin del vínculo con el Memorándum N° 414-2014-AP-UAF-GAD-CSJLA/PJ.

 

NUEVO CONTRATO

Lo extraño de este caso es que entre el 1 de octubre del 2016 y el 31 de diciembre del año pasado, José Luis Chayán fue contratado como asistente judicial. En el contrato, como era lógico, no se especificó la vigencia de una medida cautelar a su favor y como fue despedido en marzo del 2017 este recurrió nuevamente al Poder Judicial solicitando la nulidad del despido, argumentando la desnaturalización del nuevo contrato.

 

La pretensión fue declarada fundada y el 21 de septiembre del Poder Judicial ordenó que José Luis Chayán sea repuesto en su cargo como asistente judicial u otro de igual jerarquía y que se cumpla con pagar a su favor las remuneraciones devengadas, las que dejó de percibir entre marzo y septiembre del 2017, más los intereses legales. Asimismo, se fijó en mil 200 soles los costos procesales.

 

La Procuraduría de la corte apeló y así el caso llegó a la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, cuyos magistrados, el 11 de enero pasado, revocaron la sentencia que le reconoció el derecho a reposición a Chayán Ñique, declarando infundada la demanda. La decisión fue adoptada por los jueces superiores Marco Pérez Ramírez, Cecilia Tutaya Gonzales e Ismael Rodríguez Riojas.

 

INFORME A LA CONTRALORÍA

En dicha resolución, este último magistrado pidió que se informara la Contraloría General de la República de la irregularidad cometida por la Gerencia de Administración de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al haber mantenido entre julio del 2016 y marzo 2017 a José Luis Chayán como trabajador de la entidad pese a que el vínculo laboral se había extinguido por la improcedencia del amparo que lo mantenía en el puesto de auxiliar judicial.

 

Atendiendo la recomendación, el 18 de enero el presidente de la Segunda Sala Laboral de la Corte de Lambayeque, Marco Pérez Ramírez, remitió el Oficio N° 2373-2017-2SL-CSJLA a la Oficina Regional de la Contraloría, adjuntando las copias certificadas del expediente de Chayán Ñique para la entidad fiscalizadora procesa de acuerdo a sus competencias.

 

OTRO CASO

Similar situación es la de Leonor Llontop Chapoñán, quien fue contratada el 5 de abril del 2013 en atención a una medida cautelar dispuesta por el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, recaída en el Expediente N° 299-2013-25, que dispuso su reposición provisional como asistente judicial “hasta que concluya indefectiblemente el proceso judicial”, como fue consignado en la tercera cláusula del nuevo contrato.

 

Tres años después, el 11 de agosto del 2016, la Gerencia de Administración de la Corte le notificó a la trabajadora que el proceso que esta había iniciado contra la entidad había concluido con sentencia firme declarando improcedente su demanda de reposición, por lo que dejaría de laborar el 31 de ese mes. La comunicación se hizo a través del Memorándum N° 1081-2016-AP-UAF-GAD-CSJLA/PJ.

 

Sin embargo, Leonor Llontop fue nuevamente contratada del 1 al 30 de septiembre del 2016, mediante “contrato sujeto a modalidad” sin especificarse ni determinarse la modalidad ni la causa objetiva de la contratación. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de ese año, la servidora fue contratada bajo la modalidad de suplencia. Lo mismo sucedió del 1 al 31 de enero del 2017 y del 1 de febrero al 31 de diciembre del año pasado.

 

Increíblemente, pese a que Llontop Chapoñán tenía un nuevo contrato vigente hasta diciembre del año pasado, el 29 de marzo del 2017 recibió el Memorándum N° 418-2017-AP-UAF-GAD-CSJLA/PJ, en el que se le comunicó que el proceso de amparo del 2016 había resultado adverso a su persona y, por lo tanto, sus labores concluían el 31 de marzo.

 

En resumen, Leonor Llontop fue contratada en septiembre del 2016 sin que exista una medida de reposición provisional vigente y con un contrato que no especificó la modalidad ni causa objetiva de su contratación. Peor aún, fue contratada entre octubre de ese año y diciembre del 2017 bajo la modalidad de suplencia, pero la Corte extinguió el vínculo laboral en marzo del año pasado argumentando la caducidad de la medida cautelar, cuando era no había sido la razón de su nueva contratación como trabajadora.

 

Ante esta vulneración de sus derechos laborales, Llontop Chapoñán presentó una medida cautelar contra su despido irregular, la misma que fue rechazada en primera instancia en julio pasado. En apelación, la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, el 11 de enero de este año, resolvió anular la decisión del juez civil y ordenó que el órgano jurisdiccional emita un nuevo pronunciamiento.

 

Además, ante la irregularidad presentada por las contrataciones carentes de sustente que beneficiaron a Leonor Llontop, el caso ha sido informado a la Contraloría General de la República para que actúe conforme a sus atribuciones.

 

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  • El gerente de Administración de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque es Julio Sifuentes Nicasio.

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