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PARA OBRA DEL COLEGIO ROSA FLORES DE OLIVA: COMIT脡 NO ADVIRTI脫 CERTIFICADO DE TRABAJO QUE CONTENDR脥A INFORMACI脫N INEXACTA

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1107

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  • Especialista consignó experiencia como ingeniero contabilizando el tiempo en el que trabajó siendo bachiller.

 

El 24 de octubre del 2018, el Gobierno Regional de Lambayeque, a través del Comité de Selección, adjudicó la buena pro a la empresa Ingeniería Civil Montajes – ICM SA, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Secundaria Rosa Flores de Oliva”, cuyo monto ofertado ascendió a 10 millones 534 mil soles.

 

El comité evaluador estuvo presidido por la contadora pública colegiada Carmen Rosa Quispe Acosta e integrado por el miembro titular ingeniero José de la Rosa Barba Maique y la suplente ingeniera Yudi Sánchez Campos, quienes elaboraron las bases del proceso y desarrollaron el procedimiento de selección hasta el otorgamiento de la buena pro.

Dichas bases consideraron – de acuerdo al expediente técnico - que en la ejecución de la obra se debería contar con un Ingeniero de Seguridad, el cual debería ser de cualquier rama de la ingeniería, quien debía tener un mínimo de experiencia de dos años en el ejercicio profesional como especialista en seguridad y/o seguridad de obras y/o seguridad y evacuación y/o especialista en seguridad y prevención, entre otros ejercicios profesionales inherentes a dicho cargo, debiendo acreditarse su participación como tal con contratos, certificados de trabajo o cualquier otro documento que evidencie dichas especialidades y su participación.

 

LA OFERTA

Expresión tuvo acceso a la oferta presentada por la adjudicataria de la buena pro, en este caso ICM, en la cual a folios 18 se encuentra el Anexo N° 5 – Carta de Compromiso del Personal Clave - suscrita por Joseph Joao López Blas, cuya firma se encuentra debidamente legalizada, por lo que mediante la misma el referido profesional se compromete a realizar la labor requerida de Ingeniero de Seguridad en la obra materia de la convocatoria, para lo cual acredita su experiencia con dos certificados de trabajo emitidos coincidentemente por ICM.

Según uno de esos certificados, López Blas laboró en la obra que ICM tuvo a su cargo: la “Construcción del Edificio Residencial Alameda Grau”, por el período comprendido entre el “8 de enero de 2015 al 10 de noviembre de 2016”.      

La Información referenciada en el la carta compromiso se corrobora con el Certificado de Trabajo obrante a folios 072 de la oferta de ICM, la cual fue suscrita el 23 de noviembre de 2016 por el representante legal de la empresa ICM, ingeniero Rolando Torres Cruz, quien certifica que Joseph Joao López Blas, con CIP N° 175473, desempeñó el Cargo de Especialista en Seguridad y Salud en la construcción del Edificio Residencial Alameda Grau, durante el período mencionado.

Como quiera que las bases del proceso habían requerido que la especialidad debería ser realizada por un profesional que contara como mínimo con dos años de experiencia, en la carta compromiso del profesional propuesto (Anexo 5), López Blas acredita 3.47 años de experiencia acumulada, tiempo que incluye el período laborado de 1.84 años en la construcción de la Residencial Grau.

 

EXPERIENCIA EN CUESTIÓN

En este extremo, se ha podido advertir que a folios 043 de la oferta de ICM para la adjudicación del Colegio Rosa Flores de Oliva se encuentra el Título a Nombre de la Nación emitido el “25 de mayo de 2015” por el rector de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, mediante el cual se confiere al Joseph Joao López Blas el grado profesional de Ingeniero Civil Ambiental.

En ese sentido, de acuerdo a la información contenida en la carta de compromiso suscrita por López Blas y en el Certificado de Trabajo emitido por ICM, en el que se hace referencia que laboró desde el 8 de enero del 2015 al 10 de noviembre del 2016, sumando un total de 1.84 años, como especialista en seguridad, se infiere que lo informado no se ajustaría a la realidad, ya que López Blas obtuvo el título profesional de ingeniero recién el 25 de mayo de 2015. Es decir, en la experiencia presentada para la obra del Colegio Rosa Flores se contabiliza un período de cinco meses en los que trabajó siendo bachiller.

Si este hecho hubiera sido advertido por el Comité de Selección, López Blas no habría podido convalidar dicha experiencia (1.84 años) y, por lo tanto, si hubiera sido descontada de la experiencia total acreditada (3.47 años). De este modo solo hubiera sumado como especialista en seguridad 1.62 años, tiempo inferior al requerido para dicho profesional, que en este caso correspondió a dos años, razón por la cual, la oferta de ICM tendría que haber sido no admitida y por ende no habérsele adjudicado la buena pro.     

 

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POR FALTA DE MEJORAS EN EL SECTOR: GREMIOS DE TRANSPORTISTAS DESAPRUEBAN GESTI脫N DE MARCOS GASCO

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1107

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  • Cuestionan el cambio de funcionarios en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes.
  • Lamentan poca voluntad de diálogo por parte del alcalde provincial.

 

A poco más de tres meses de haberse iniciado la gestión del alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, los gremios de taxistas y mototaxistas alzan su voz de protesta frente a lo que consideran un deficiente manejo de la problemática del transporte, cuya solución - señalan - pasa por colocar a los funcionarios idóneos en el cargo y mantener diálogo constante con los involucrados.

 

El presidente de la Central de Empresas y Operadores de Taxis de Lambayeque, Juan Vásquez García, señala que en su gremio se encuentran desilusionados de los funcionarios que Gasco Arrobas ha colocado para gestionar la problemática del transporte, toda vez que no los consideran idóneos ni calificados.

“Ya cambiaron a un gerente que apenas duró un mes y ahora han puesto en su lugar a un ingeniero agrónomo, mientras que en la Subgerencia de Transportes está un oficial de la policía en retiro que desde allí no avizora lo que significa realmente el problema del transporte. En estas áreas deben estar personas que conozcan bien del tema, porque aquí nacen los problemas administrativos, la documentación para que los carros circulen, los operativos, etc.”, sostiene.

Los funcionarios a los que hace referencia Vásquez García son el gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Segundo Soraluz Piñella, y el subgerente de Transporte, Julio Armas Alcalde.

Añade que el jefe del departamento de Asesoría Jurídica de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes, Jimmy Augusto Hoyos Quiroz, no un abogado colegiado, toda vez que solo ostenta el grado de bachiller. “Por eso es que no se resuelven los problemas legales en la gerencia, porque el señor no puede firmar un informe u obligar a un abogado titulado a que lo firme por él”, asevera.

Al respecto, comenta que en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes hay “cerros de expedientes” a los que no se les da el trámite correspondiente, perjudicando a los transportistas de su gremio y otros que sufren la persecución de los inspectores por trámites administrativos que no se resuelven a tiempo en la gerencia mencionada.

Por otro lado, Vásquez García señala que como gremio han planteado diversas alternativas de solución para descongestionar el tránsito vehicular, pero estas han quedado solo en el papel.

Una de ellas pasa por establecer un depósito oficial de vehículos, pues actualmente los vehículos decomisados van a parar a las comisarías, en el caso de las mototaxis, o al terminal EPSEL, donde son llevadas las camionetas rurales del sector interurbano.

Refiere que para descongestionar las principales vías del centro de Chiclayo han planteado la contratación de cuatro grúas que puedan retirar a los vehículos privados que ocupan ilegalmente las calles que deberían ser de dos carriles, pero terminan siendo de uno solo por los estacionamientos ilegales. Sin embargo, señala que para esto es necesario tener el depósito oficial. 

Asimismo, manifiesta que han planteado la emisión de una ordenanza que declare rutas saturadas en las cuales ya no se puedan otorgar más permisos para que transportistas brinden el servicio público.

Comenta que propusieron un censo vehicular para saber a ciencia cierta cuántos vehículos formales existen en Chiclayo brindando el servicio público, pues las cifras que tienen actualmente son solo estimaciones. Afirma que, según los datos que manejan, hay un promedio de 12 mil 500 taxis formales y alrededor de 21 mil 500 informales, lo que da un total de 34 mil vehículos ofreciendo el servicio.

“Con una data exacta de cuántos vehículos circulan por expediente de sustitución y baja, o de renovación de vehículos, la municipalidad podría implementar una plataforma para regular el transporte”, sostiene.

Respecto a los vehículos informales, Vásquez García refiere que no tienen reparos en que se aplique mano dura con ellos, pues afirma que todos deben pagar sus impuestos. “Con que se les aplique tres Unidades Impositivas Tributarias a los informales no les va a quedar ganas de seguir prestando el servicio”, señala.

Comenta también que el cuerpo de inspectores que ha contratado la municipalidad no cuenta con una resolución de autorización para aplicar papeletas o levantar actas de control.

De igual forma, advierte que ni los regidores oficialistas ni los de oposición tienen planes acertados en materia de transporte para evitar que el alcalde cometa error tras error como lo viene haciendo.

“Lo regidores no pueden declarar en emergencia el transporte como lo hicieron con la basura, tampoco pueden presentar alternativas de solución sin antes preparar informes legales. Ellos deben hacer una fiscalización férrea para que los pocos recursos que ingresan a la municipalidad sean bien invertidos”, garantiza.

Sobre la renovación del parque automotor, señala que la municipalidad simplemente debe adecuarse al Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, el cual otorgaba un plazo de 180 días al ayuntamiento para determinar cuáles eran los carros con más de 20 años de antigüedad y remitir esa data al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de que con una resolución ministerial se saquen del mercado a los carros que exceden ese tiempo.

 

MOTOTAXISTAS

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Regional de Mototaxistas de Lambayeque, Segundo Valdez Cruz, manifiesta que en estos primeros cien días de  Gasco Arrobas al mando de la gestión edil solo se observa descoordinación e improvisación, pues no se percibe cuadros idóneos ni tampoco un plan de gobierno.

“A estas alturas ya se nos debería estar convocando para el plan regulador de rutas, para el terrapuerto, para el depósito oficial de vehículos, pero nada de eso se está haciendo”, sostiene.

Valdez Cruz manifiesta que durante la campaña electoral el alcalde les ofreció a los mototaxistas modificar la Ordenanza Nº 007-2018-MPCH/A, la cual aprobó una ampliación del cuadrante de restricción de circulación de vehículos automotores menores en un área que se denominó zona rígida, impidiendo a las mototaxis circular por las arterias que contemplaba dicho cuadrante.

“Incluso cuando ya había ganado las elecciones, el alcalde nos convocó a una reunión donde nos aseguró que iba a cumplir con su promesa de campaña, porque consideraba que la ordenanza era lesiva, arbitraria e inviable”, manifiesta.

Sin embargo, el dirigente gremial comenta que lo largo de estos cien días han buscado reunirse con Marcos Gasco y no han podido.

“Nos reunimos con el primer gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Jesús Muñoz Zambrano, pero nos dijo que el camino para modificar esa ordenanza era ir con el alcalde y sus regidores, pues esa era una decisión política, pero hasta ahora Gasco Arrobas no dialoga con nosotros”, asevera.

Valdez Cruz sostiene que esta ordenanza perjudica a los cerca de tres mil mototaxistas formales que se encuentran agrupados en 120 asociaciones que pertenecen al gremio que preside, cuyo interés es que se reconsideren algunas avenidas que están consideradas como zona rígida, tal como ocurre con la Avenida Garcilaso de la Vega.

“Con esta ordenanza las mototaxis ya no podemos llevar a los escolares a sus colegios. No podemos llegar al San José, Santa Magdalena Sofía Barat, Nicolás la Torre García, Miguel Muro Zapata, Nuestra Señora de Fátima, entre otros”, explica.

Por otro lado, afirma que desde la gestión municipal debe emprenderse un proceso de formalización que les permita a los mototaxistas mejorar su calidad de vida y economía, toda vez que ellos ya hacen esfuerzos por organizarse bajo la red de cooperantes y juntas vecinales para combatir a los malos elementos que usan estos vehículos menores para delinquir.

 

COORDINADORA REGIONAL DE TRANSPORTE

Por su parte, el presidente de la Coordinadora Regional de Transporte, Luis Guevara Dávila, lamenta también que en tres meses la municipalidad haya tenido dos gerentes de Desarrollo Vial y Transportes, pero espera que en los próximos meses se tomen acciones inmediatas para ordenar la ciudad.

El también gerente de la empresa de transportes “Lugueda” señala que una de esas acciones sería dar cumplimiento al Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, el cual señala que el servicio de transporte público debe ser cubierto por vehículos de categoría M3, lo cual implica que las camionetas rurales (combis) salgan paulatinamente del mercado.

Afirma que actualmente en el servicio de transporte urbano hay alrededor de mil 500 camionetas rurales, las cuales podrían ser cambiadas por 500 buses que ofrezcan una prestación más cómoda y descongestionen el tránsito.

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NUEVO C脫DIGO PROCESAL PENAL CUMPLE 10 A脩OS DE VIGENCIA: EN UNA D脡CADA SE DICTARON 35 MIL 871 SENTENCIAS CONDENATORIAS EN LAMBAYEQUE

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1107

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  • Se concluyeron por vías alternativas 22 mil 451 denuncias.
  • Hubo cuatro mil 26 carpetas concluidas con procesos simplificados.

 

El Nuevo Código Procesal Penal se implementó en Lambayeque el 1 de abril del 2009. Cumplidos diez años desde su entrada en vigencia, se presentaron ante el Ministerio Público 444 mil 286 denuncias, de las cuales 369 mil 852 se formalizaron en investigación. De estos casos se concluyeron 308 mil 75, cifra que representa el 83.3 %; mientras que se encuentran en trámite 61 mil 777 casos, los cuales constituyen el 16.7 %.

 

Al respecto, en el Distrito Fiscal de Lambayeque se concluyeron 22 mil 451 casos por vías alternativas, de los cuales tres mil 514 fueron por acuerdos reparatorios y 18 mil 937 por principio de oportunidad.

El Ministerio Público también logró que se dictaminen 35 mil 871 sentencias condenatorias frente a tres mil 928 absolutorias. De estas sentencias condenatorias, se requirió prisión preventiva en dos mil 863 casos, siendo concedida esta medida en dos mil 456, lo cual representa el 85.78 % de los casos requeridos.

 

INCIDENCIA DELICTIVA

De las 444 mil 286 denuncias que se registraron ante el Ministerio Público, 190 mil 280 (42.83 %) fueron por delitos contra el patrimonio; 78 mil 106 (17.58 %) por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; 47 mil 613 (10.72 %) por delitos contra la familia; 39 mil 298 (8.85 %) por delitos contra la seguridad pública, y 36 mil 468 (8.21 %) por delitos contra la libertad.

En cuanto a delitos contra el patrimonio, durante los 10 años de vigencia del Nuevo Código Procesal Penal la modalidad con mayor incidencia fue la de hurto, cuya cifra asciende a 61 mil 829 casos, los cuales representan el 32.49 % del total. Le siguen las modalidades de robo (43 mil 166), contra el patrimonio (36 mil 335) y daños (14 mil 535).

Respecto a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el 73.24 % de los casos corresponden a lesiones (57 mil 203); el 18.09 % a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud propiamente dicho (57 mil 203); y el 6.63 % a homicidio (cinco mil 180).

En cuanto a los delitos contra la familia, el 88.57 % corresponde a omisión de asistencia familiar (42 mil 170), el 11.05 % a atentados contra la patria potestad (cinco mil 263) y el 0.27 % a delitos contra la familia y contra el estado civil (127 entre los dos).

Respecto a las 35 mil 871 sentencias condenatorias, 11 mil 30 fueron por omisión de asistencia familiar, cuatro mil 471 por defraudación tributaria, tres mil 290 por delito de peligro común, tres mil 78 por lesiones, mil 954 por hurto, mil 866 por robo y mil 709 por delitos contra la salud pública.

Asimismo, del total de sentencias dictadas, 590 corresponden a penas mayores de 15 años, mientras que 106 a cadenas perpetuas.

 

PODER JUDICIAL

Por otro lado, al Distrito Judicial de Lambayeque ingresaron durante este tiempo 173 mil 283 procesos, de los cuales fueron resueltos 137 mil 348. Al respecto, el 2018 ingresaron 38 mil 108, siendo resueltos 26 mil 201.

De igual forma, entre el 2015 y el 2018 el 61 % de procesos inmediatos que ingresaron fueron por omisión a la asistencia familiar (siete mil 21), el 30 % por conducción en estado de ebriedad (tres mil 468) y el 9 % por flagrancia (mil 48).

En cuanto a las audiencias, se programaron 203 mil 329, de las cuales se realizaron 165 mil 570. De estas, el 47 % se realizaron juzgado unipersonales y colegiados (95 mil 214), el 46 % en juzgado de investigación preparatoria (94 mil 532) y el 7 % en las sala de apelaciones (13 mil 583).

Asimismo, durante el 2018 en los juzgados unipersonales y colegiados se realizaron 13 mil 268 audiencias, en los juzgados de investigación preparatoria 12 mil 158 y en las salas de apelaciones mil 820.

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PARA CONSOLIDAR LA SEGURIDAD CIUDADANA: POLIC脥A REALIZA TRABAJO INTEGRADO CON JUNTAS VECINALES

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1107

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El general Julio Díaz Zulueta, jefe de la Segunda Macro región Policial de Lambayeque, destaca el trabajo que realiza la institución por la seguridad ciudadana en base a la medida preventiva denominada ‘Vecindario seguro’, implementada hace dos años en las diversas jurisdicciones de la ciudad de Chiclayo.

 

Vecindario Seguro gira en torno a cuatro ejes. El primero es la sectorización, que consiste en delimitar el lugar y acondicionarlo con patrulleros. El segundo es el cambio de actitud de la policía, que implica ser más amables. El tercero es interactuar con las autoridades a través de los comités provinciales de seguridad ciudadana y el cuarto es la participación ciudadana.

 

El general explica que, el pueblo debe involucrarse y ser un factor activo de la seguridad ciudadana, pues el avance aislado de la policía con las instituciones es muy lento. Sin embargo, si la ciudadanía participa es más dinámico y rápido.

“Es más fácil sensibilizar a la población, pues con su ayuda se reducen los índices de delincuencia que existe en todas las jurisdicciones. Actualmente se pone énfasis en José Leonardo Ortiz, Atusparias, Campodónico, La Victoria y El Porvenir, que son los ejes sobre el cual gira todo”, refiere.

 

METAS

De acuerdo con Julio Díaz, solamente con organizarse se reduce la delincuencia. Por ello, la meta al finalizar el periodo 2019 es tener siete mil juntas que estén en operatividad.

“La seguridad ciudadana viene desde casa. En las familias y hogares de desarrolla todo. En el 2017 y el 2018 los índices de delincuencia iban en aumento, pero hasta febrero de este año se ha reducido cerca de un 20 % y en marzo un 12 % y la tendencia es a bajar aún más ahora que la población está organizada”, dice.

Añade que, en relación a La Libertad y Trujillo, Lambayeque es más seguro. En Lambayeque, por ejemplo, se han desarticulado organizaciones dedicas a la extorsión y al sicariato. 

 

MEDIDAS

Actualmente el delito sobre el que se está poniendo especial énfasis es el raqueteo, que consiste en el arrebato de celulares y amenazas. Para controlarlo se ha creado grupos antirraqueteo, que se ubican en zonas donde se produce este delito.

“Estamos haciendo además dos operativos inopinados al día a motos, mototaxis y carros pequeños, vehículos en los que se suelen cometer este tipo de delito”, sostiene.

Julio Díaz Zulueta recomienda no comprar equipos tecnológicos en lugares como ‘La Cachina’, pues son robados, producto de sangre o de aniquilar a una persona.

“Una manera de ayudar es no comprar cosas robadas, que proceden de lo ilícito. Consideremos que el que compra está sancionado con pena privativa de la libertad. Todo es un conjunto”, asegura.

Respecto a la situación de las comisarías, el general refiere que hoy en día existe mejor infraestructura, mejor logística y mayor capacitación al personal a nivel nacional. Además, en Chiclayo se está evaluando a los 48 comisarios.

“Una herramienta central para trabajar es la estadística, pues con esta el comisario puede medir como evolucionado cada problema en su jurisdicción y así tomar las acciones necesarias”, indica.

 

JOSÉ LEONARDO ORTIZ

Julio Díaz Zulueta cuando fue comisario en el distrito victoriano logró resultados destacados a nivel nacional y ahora abocará sus esfuerzos en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde existen mayores índices de delincuencia.

“José Leonardo Ortiz no es el único lugar peligroso. También está Campodónico, Saúl Cantoral, Jorge Chávez, Cruz de la Esperanza, Bolívar y muchas zonas más. JLO y Atusparias han hecho 500 juntas vecinales y gracias a ello se ha reducido la delincuencia un 20 %”, precisa.

Añade que las juntas vecinales ya están conformadas y lo que sigue es sostenerlas y propiciar más en zonas donde no existen. Destaca además la importancia de sostenerlas, pues no funcionan únicamente como medida preventiva, sino como fuente de información.

“Lo que más afecta a la ciudadanía es la microcomercialización y el raqueteo. En microcomercialización tenemos resultados excelentes, pues se han intervenido 43 casas dedicadas a este delito. Tenemos excelentes oficiales en la DIVANDRO y el escuadrón verde”, menciona.

Respecto al pandillaje, mayormente acentuado en el distrito azucarero de Pomalca, se ha reforzado el patrullaje y se espera que en tres meses se disminuyan las cifras.

“Con los alcaldes de JLO, La Victoria y Chiclayo se ha hecho un gran trabajo. Estas tres municipalidades han apoyado la parte logística para reunir a la gente. Hemos recorrido barrio por barrio y realizamos 120 intervenciones vecinales para convencer a 22 mil personas”, señala.

En cuanto a videovigilancia, JLO tiene planeada la adquisición de equipos, entre cámaras, patrulleros y motos. De acuerdo con el general en Chiclayo existe un 60 % de equipo están funcionamiento y el 40 % restante está paralizado debido a la falta de mantenimiento técnico.

“Nosotros tenemos una unidad ejecutora que arregla patrulleros, pero los carros tienen un tiempo de vida. Un vehículo dura tres o cuatro años, teniendo en cuenta que se mueve las 24 horas del día”, precisa.

 

RENDIMIENTO DEL EFECTIVO POLICIAL

El general explica que, para evaluar a una comisaría se tiene en cuenta ciertos indicadores como la disminución de la delincuencia y la percepción de seguridad.

En torno a la presencia de la policía en las empresas azucareras refiere que en Tumán, Pucalá, Pomalca y Cayaltí siempre ha existido problema por las administraciones, motivo por el que no pueden concentrar en ellas sus esfuerzos, sin embargo la policía no puede permitir que se altere el orden público.

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OTRO PROYECTO FINANCIADO CON DINERO DE LA RECONSTRUCCI脫N: OCI DETECT脫 VICIOS EN LA CONTRATACI脫N DE OBRA Y SUPERVISI脫N DE COLEGIO EN SANTA ROSA

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1107

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  • Procedimientos de adjudicación tuvieron que ser anulados.

 

Con el Informe de Control Concurrente N° 004-2019-OCI/0425-CC, el Órgano de Control Institucional – OCI de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, confirmó una serie de irregularidades en los procedimientos seguidos para contratar la ejecución y supervisión de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución N° 10017 del Distrito de Santa Rosa”, obra de casi cinco millones de soles.

 

La obra, aprobada en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – InviertePe en octubre del 2018, a través del Formato Único de Reconstrucción, tiene como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, cuya labor de control es ejercida, por disposición de la Contraloría General de la República, por el OCI de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

El proyecto, que se encuentra asignado al sector educación, contó con la asistencia técnica del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, para la formulación del expediente técnico y se encuentra en el marco del Plan de Reconstrucción con Cambios tras el Fenómeno El Niño 2017, habiendo sido adjudicado con un valor referencial de cuatro millones 407 mil 702.10 soles, para su ejecución en un plazo de 210 días calendario.  El proceso de contratación fue el N° 1-2018/MDSR-CS-1, convocado en noviembre del año pasado.

La buena pro de la obra fue entregada al Consorcio Ejecutor Santa Rosa, integrado por las empresas Montalvo Asociados SAC y Flogaing Contratistas Generales SAC.

Para la contratación de la supervisión (con un valor referencial de 220 mil 385.11 soles), la comuna de Santa Rosa convocó al Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 2-2018/MDSR-CS-1, bajo el sistema de “suma alzada” (al igual que en la adjudicación de obra). Sin embargo, en la etapa de absolución de consultas y observaciones presentadas por los postores el comité decidió modificar el referido sistema por “tarifas” para la supervisión y “suma alzada” para la liquidación del contrato de obra, situación que de acuerdo al órgano de control contraviene lo establecido en los numerales 16.3 y 16.4 del Artículo 16 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Respecto a la conformación del comité, la OCI de la MPCH pudo detectar que este no estaba integrado adecuadamente, ya que dos de sus miembros, entre ellos el presidente, experto independiente contratado, abogado especialista en contrataciones del Estado Tito Luis Ríos Azañedo, no contaba con conocimiento técnico en el objeto de la contratación; en consecuencia, la calificación de por lo menos dos de los profesionales integrantes del comité – como así lo establece la normatividad al respecto – debería estar orientada a la ejecución de obras referidas a instituciones educativas, perfil que en este caso no había sido cumplido.

 

NULIDAD DE LOS PROCESOS

Tras el ingreso de la comisión auditora al municipio de Santa Rosa, el 17 de diciembre del 2018, se identificó los siguientes hechos: incumplimientos en la composición y actuaciones colegiadas del comité de selección que generaron afectación a la legalidad y eficiencia, así como riesgos respecto al logro de los objetivos que subyacen a la contratación, el vencimiento de los plazos legales para la suscripción del contrato e incumplimientos en la presentación de los documentos exigibles respecto al procedimiento N° 1-2018/MDST-CS-1.

Los hallazgos fueron comunicados de manera oportuna al entonces alcalde de Santa Rosa, William Merino Chavesta, a través del Oficio N° 986-2018-MPCH/OCI, el 20 de diciembre del año pasado.

Esto motivó a que con Resolución de Alcaldía N° 331-2018-MDSR/A, del 27 de diciembre pasado, el alcalde saliente declare la nulidad del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 1-2018/MDSR/CS para la ejecución, así como del Procedimiento N° 2, referido a la supervisión, retrotrayendo ambos a la etapa de conformación de los integrantes del comité de selección.

 

HALLAZGOS DE OCI

El Órgano de Control Institucional determinó que el expediente técnico aprobado para la obra del Colegio N° 10017 de Santa Rosa “no contiene calendario de avance de obra valorizado, debidamente sustentado en el Programa de Ejecución de Obra”, lo que pone en riesgo la correcta ejecución técnica, económica y administrativa del proyecto, limitando además las labores de supervisión.

El expediente técnico había sido aprobado en febrero del año pasado con la Resolución de Alcaldía N° 32-2018-MDSR/A, estableciéndose un monto de inversión ascendente a los cinco millones 540 mil 29.50 soles, monto que en septiembre del 2018 fue actualizado quedando en cuatro millones 972 mil 143.3 soles, de los cuales 220 mil 385.11 se asignarían a la supervisión y lo restante a la obra en sí.

También se identificó que los Términos de Referencia para la ejecución y supervisión de la obra son incongruentes con lo establecido en el expediente técnico aprobado, afectando la capacidad operativa, consecución de los objetivos y la oportunidad de la intervención pública.

Así, según OCI, “se exigió en los términos de referencia de la ejecución de la obra equipo mínimo y personal clave incongruente con lo establecido en el expediente técnico aprobado”. Por ejemplo, en el expediente técnico se consigna una comprensora neumática 125-175PCM.76 HP y una retroexcavadora sobre orugas 115-165HP, maquinarias que no se incluyeron en los términos de referencia.

Lo mismo sucedió con una soldadora a gasolina y una motosoldadora, en tanto en otros equipos y maquinarias se cambiaron las especificaciones, generando afectación sobre el presupuesto de la obra.

Por otro lado, también se constataron incongruencias entre los términos de referencia y el expediente técnico aprobado, referente al personal especialista encargado de la dirección y ejecución técnica de la obra, al igual que para la supervisión del proyecto.

 

CONCLUSIONES

“Las situaciones adversas identificadas durante la ejecución del servicio de control concurrente relacionadas con el ‘Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 01-2018/MDSR-CS’, para la ejecución de la obra y el ‘Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 02-2018/MDSR-CS, para la supervisión’, generan serias limitaciones a la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra, así como limitaciones a las labores de supervisión a desarrollar por la entidad, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la contratación, así como la oportunidad de la intervención pública”, señala el informe del Órgano de Control Institucional.

Por estas consideraciones se procedió a comunicar de lo hallado a las nuevas autoridades municipales de Santa Rosa, con la finalidad de que se adopten las medidas correctivas pertinentes que aseguren el resultado o el logro de los objetivos de los procesos que fueron fiscalizados.

El informe lleva las rúbricas de la supervisora de la Comisión de Control, Rosa Cardoso Mairena; del jefe de la Comisión de Control, Benjamín Távara Tinoco, del integrante ingeniero de la Comisión de Control, Jorge Coello Ynope y la jefa del Órgano de Control Institucional de la comuna provincial de Chiclayo, Sandra Benites Vera.

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GUILLERMO P脡REZ SIALER: 鈥淎L ALCALDE SE LE ELIGE PARA SER UN CONCERTADOR Y NO UN SOBERBIO鈥

Escribe: Semanario Expresi贸n
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  • El gerente de la Casa Comunal de la Juventud “Guillermo Baca Aguinaga” abriga la esperanza que Marcos Gasco Arrobas llame realmente a la gente que sabe.

 

A pocos días de terminarse la “luna de miel” de los primeros cien días de Marcos Gasco Arrobas al mando de la comuna, el exregidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y gerente general de la Casa Comunal de la Juventud “Guillermo Baca Aguinaga”, Guillermo Pérez Sialer, cuestiona la actitud soberbia del alcalde, a cuya gestión califica hasta el momento con un 11.

 

¿Cuál es su análisis del Chiclayo actual?

Quisiera señalar primero que Chiclayo está por encima de sus problemas. Los Mochicas en una de sus canciones que es himno para Chiclayo señalan “bendito el sol que nos ilumina y el cielo que nos enamora. Quien de Chiclayo se ausenta, lamenta, suspira y llora. Qué viva Chiclayo y todos aquellos que se esforzaron por dejarnos una esperanza en torno a encontrar bienestar en esta ciudad.

A la mente viene el recuerdo de ilustres chiclayanos como Guillermo Baca Aguinaga, José Arana Cuadra, Nicanor de la Fuente, Glicerio García Campos, Alfredo José Delgado Bravo…

Tantos hombres que contrastan con la situación preocupante por la que atraviesa Chiclayo. Hay una frase que sintetiza todo: zapatero a tus zapatos. La casa grande tiene que ser administrada por gente que haya dirigido antes una institución, por aquellos que se han fajado por sus ideales, porque a la política se llega a servir y no a hacer dinero.

¿Y en eso se han equivocado los gobernantes en los últimos años? ¿Llegaron para engordar sus bolsillos olvidándose del propósito de servir?

Y la política es un apostolado, es esforzarnos por ser felices logrando la felicidad de los demás. Se ha mencionado a Guillermo Baca Aguinaga, un hombre de espíritu superior. Yo estuve 30 años acompañándolo y veía su felicidad cuando lograba hacer felices a las personas que tenía en su entorno y a quienes servía con mucho esfuerzo en la Casa Comunal de la Juventud.

¿Considera que quienes manejan actualmente la municipalidad no solo no conocen de la función pública, sino que no tienen objetivos claros para enrumbar los destinos de Chiclayo?

Aquellos que sobresalen en la vida son personas inteligentes que buscan rodearse de gente más inteligente aún. Víctor Raúl Haya de la Torre, por ejemplo, tuvo a su lado a Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé Prialé y otras tantas lumbreras, quienes estaban subyugados a él por la fuerza de  la inteligencia y el liderazgo. Y al alcalde se le elige para que sea un concertador, no para que sea un soberbio.

¿Qué espera en el próximo trimestre si se tiene a un alcalde cuya gestión es desaprobada por la gente?

Yo abrigo la esperanza de que enmiende este trayecto. El alcalde debe llamar a los que saben. En la municipalidad hay gente con 30 años de servicio que sabe mucho, que son chiclayanos y quieren colaborar.

¿Por qué las gestiones que llegan al municipio no le dan oportunidad a aquellas personas que suman muchos años en el trabajo edil?

Porque creemos que es mejor el amiguismo, pero es fácil advertir cuando alguien viene de afuera y no conoce. Por otro lado, necesitamos urgentemente atacar el problema de la basura para luego embellecer nuestra ciudad. Y no se necesita demasiado presupuesto para esto. La Organización Mundial de la Salud dice que debe haber 12 metros cuadrados de área verde por habitante, pero en Chiclayo apenas tenemos dos metros 30.

La arborización es uno de los temas importantes que se ha descuidado al igual que otros, como la construcción del terminal terrestre. Por su experiencia, ¿cómo lo solucionaría?

Solamente es decisión política. Hay gente que quiere invertir en esto como los mismos dueños de las empresas de transportes. Respecto a embellecer la ciudad, mire, tenemos el paseo “Las Musas” donde la acequia Pulen está canalizada y por tanto presenta un mejor ornato, tenemos el paseo “Yortuque”, nos falta la acequia Cois. ¿Por qué no hacemos un paseo en Cois con los personajes que se han fajado por Chiclayo?

Con las personas notables que durante los últimos 50 años le han aportado mucho a la provincia…

Claro. En la Casa Comunal de la Juventud hemos creado un premio que constituye un reconocimiento para aquellos que nos sirven como paradigma por su vida ejemplar. Hay que ser gratos. Tenemos a muchos personajes ilustres que ya fallecieron y a quienes deberíamos ponerles su busto en este paseo ecológico.

Respecto al tema de la limpieza, ¿debería privatizarse el servicio o insistir en que con los obreros es suficiente para tener una ciudad limpia?

La privatización tiene sus obstáculos. ¿Por qué ese dinero que piensa invertirse en tercerizar el servicio de limpieza pública no se usa para potenciar la maquinaria que tenemos y es casi nueva? La Cooperación Suiza invirtió en tener compactadoras y por cosas nimias están paradas.

¿Cuál es la nota que le pone al alcalde Marcos Gasco Arrobas hasta ahora?

Once. Estimulémoslo, recién acaba de llegar. Espero que con él no suceda esta maldición que en los últimos años ha hecho que los alcaldes terminen presos.

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POR PEDIR INFORMACI脫N SOBRE EL LICENCIAMIENTO: UDCH DESPIDI脫 A DIRIGENTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES NO DOCENTES

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1107

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  • Administración de Ortiz Prieto ha cursado cartas de predespido a casi 50 trabajadores por la misma razón.

 

Aproximadamente 50 trabajadores no docentes de la Universidad de Chiclayo corren el riesgo de perder sus empleos por el único hecho de haber pedido al rector, Alberto Ortiz Prieto, información sobre el proceso de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU. La solicitud la canalizaron a través de su sindicato, sin embargo, para la administración ello constituye un “atentado” contra la imagen de la institución. El secretario general y otros dirigentes del gremio ya fueron despedidos.

 

A fines de este año vence el plazo para que todas las universidades del país se licencien ante la SUNEDU, debiendo para ello cumplir con las ocho condiciones básicas de calidad, que consideran una serie de indicadores que abarcan desde el funcionamiento administrativo hasta el equipamiento e infraestructura.

De acuerdo a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, promulgada en julio del 2014, las universidades que no garanticen las ocho condiciones básicas de calidad y, por lo tanto, lo logren el licenciamiento ante la SUNEDU, deberán suspender sus exámenes de admisión y dejar de funcionar en un plazo no mayor a dos años después de emitida la resolución con respuesta desfavorable por parte del ente supervisor. La decisión de la superintendencia es inapelable e irrevocable.

 

TENSIÓN EN LA UDCH

Preocupados por la situación de la Universidad de Chiclayo de cara al licenciamiento, los integrantes del Sindicato de Trabajadores No Docentes elevaron al rector de la casa de estudios, Alberto Ortiz Prieto, un documento solicitando que este informe sobre los avances que se tenían hasta el año pasado para que la UDCH logre el objetivo.

Dicho documento fue publicado en la página en Facebook del sindicato, lo que fue tomado por las autoridades de la casa universitaria como un atentado contra la imagen de la institución, procediendo estas a emitir cartas de predespido a los firmantes del documento.

“La preocupación de nuestro sindicado empezó desde el 2017, cuando el entonces secretario general le envió un oficio al señor rector haciéndole ver sus errores, sobre todo preocupados por el despido de trabajadores. En julio de ese año se había despedido a los docentes nombrados. Nuestra preocupación se centró en que todo despido arbitrario originaba procesos judiciales contra la universidad y, en consecuencia, el pago de mayores costos en perjuicio de su economía. Por atender dichos procesos se iba a descuidar el proceso de licenciamiento. Sin embargo, como toda la comunidad ya sabe, el señor Ortiz Prieto hizo caso omiso. Ante ello, en el 2018 planteamos a la Asamblea Universitaria la vacancia del rector, argumentando de manera concreta que no había interés en el proceso de licenciamiento”, relata Víctor Eugenio Chávez, secretario general del sindicato.

 

PEDIDO DESESTIMADO

El pedido formulado por el gremio ante la asamblea que integran, además de Ortiz Prieto, los docentes Danilo Escobar Gutiérrez, Walter Díaz Salazar, Tadeo Marcial Guarderas, Sofía Tamayo Palacios, María Almeyda Zambrano, Lito Becerra Angulo, Marco Cieza Montalvo, Luis Campos Contreras, Julio Frías Arica, Martha Gutiérrez Manzaneda, Dagmar Urbina Ramírez, Martha Piscoya Riojas, Flor Obregón Vara, Norma Millán Liza, Percy Morante Gamarra, Yolanda Castro Yoshida, Rita Coronel Bullón, Jesús León Ángeles, Ascención Moreno de la Cruz y Herbert Alvites Bullón fue desestimado.

“Eso hizo que crezcan las represalias contra los trabajadores, buscando cualquier motivo para ir en nuestra contra. Él maneja a la Asamblea y al Consejo Universitario, tenemos pruebas de que eso es desde años anteriores y solo acuden a las reuniones para decir: ‘Sí señor’. En el documento en el que pedimos su vacancia pusimos que él no tenía preocupación porque la universidad no es de él, sino de la promotora. A él no le interesa que la universidad licencie”, asevera Eugenio Chávez, quien laboró más de 32 años en la UDCH hasta que fue despedido.

 

CONDICIONES BÁSICAS

Según los dirigentes del Sindicato de Trabajadores No Docentes, la universidad no cumpliría con las condiciones básicas que exige el proceso de licenciamiento, lo que pone en peligro su funcionamiento para los próximos años, al existir indicios de que no lograría el visto bueno de la SUNEDU.

Alfredo Gómez Silva, secretario del Defensa del sindicato, comenta que acudieron a Lima para solicitar información a la superintendencia y que allá se les comunicó que analicen si la UDCH reunía los estándares e indicadores mínimos para licenciarse. Tiempo después conocieron de manera extraoficial, a través de otras fuentes, que tres universidades de Lambayeque no lograrían el proceso: la Universidad de Lambayeque (tal como sucedió a fines del año pasado), la Universidad Juan Mejía Baca y la Universidad de Chiclayo.

“Cuando se oficializó que la Universidad de Lambayeque no había logrado el licenciamiento se acrecentó nuestra preocupación y por eso es que pedimos información al rector sobre 21 indicadores del licenciamiento, sin tener nuevamente respuesta”, refiere Gómez Silva.

Añade que la universidad debió haber reinvertido en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento para cumplir con los estándares exigidos por la SUNEDU, e incluso que hasta febrero del año pasado la casa de estudios tenía cerca de ocho millones de soles en sus cuentas bancarias, recursos que pudo utilizarse en el mejoramiento de las condiciones.

“La universidad ya recibió una resolución adversa de la SUNEDU y por eso empieza en el plan de adecuación para levantar las observaciones. Eso pasó en marzo del 2018. Ante ello empezamos a actuar como sindicato. No solo hemos denunciado que no esté trabajando por el licenciamiento, también que en pleno proceso de licenciamiento él se haya pagado 800 mil soles por indemnización de vacaciones, que haya viajado junto al Director de Personal al extranjero, y otras irregularidades más”, menciona.

 

REDUCCIÓN DE REMUNERACIONES

Las fricciones entre el Ortiz Prieto y el sindicato van más allá de los planteamientos formulados por el gremio. Los dirigentes mencionan que en octubre del 2017 el rector decidió anular de manera unilateral los incrementos remunerativos y el año siguiente los efectos de un laudo arbitral conseguido por los sindicalizados ante la negativa de la universidad de acudir a la negociación colectiva.

Explica Alfredo Gómez que cuando obtuvieron el laudo favorable, la gestión de Ortiz Prieto hizo efectivo el incremento remunerativo no solo a los sindicalizados, sino también a todos los trabajadores administrativos y a él mismo. Sin embargo, cuando anuló los incrementos solo aplicó la decisión a los integrantes del sindicato, descontándoles además lo recibido a partir del laudo, medida que no adoptó con el resto de beneficiarios.

“Empezó con la hostilización, enviándonos a los sindicalizados a trabajar en dependencias en las que no cumplimos ninguna función: a unos los envió al Edificio de Miraflores, donde no hay atención, a otros al de Pedro Ruiz y Quiñones donde no se cumple ninguna función y a otro grupo lo depositó en un ambiente de biblioteca en la ciudad universitaria en el que solo hay sillas”, refiere.

 

MESA SIN RESULTADOS

Ante la amenaza de despido masiva contra los agremiados del sindicato, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo convocó a una mesa de diálogo entre los trabajadores y la universidad, la misma que tuvo dos sesiones sin que se llegue a un entendimiento. El representante de la UDCH, abogado Ángel Gamarra Uceda ratificó que las cartas de pre despido no serían anuladas argumentando que los trabajadores infringieron el reglamento interno al avalar la publicación realizada por el sindicato respecto al proceso de licenciamiento.

Víctor Eugenio y Alfredo Gómez ya han sido despedidos de la universidad, al igual que los dirigentes Jesús Eneque Sánchez, secretario de Economía; Enrique Paucar Terrones, secretario de Organización y César Paz Farro, secretario de Prensa y Propaganda.

“No entiendo cuál es la finalidad del rector. Hay cerca de 50 trabajadores que no cumplen ninguna función en la universidad y ganan sus sueldos todos los meses. ¿Qué pretende? No lo sé. Las funciones de ese personal han sido reemplazados por personal contratado que él maneja”, sostiene el secretario general del sindicato.

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