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LA CORRUPCIÓN: UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1135

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  • Una de las características de un corrupto es el egoísmo, está enfocado en su interés o en el de un grupo, no la mayoría.

 

Uno de los problemas que más afecta a los peruanos y países de América es la corrupción, entendida como la comisión de actos delictivos en la administración pública, que perturba el desarrollo del país y la población. Los corruptos no nacen, se hacen, se contaminan en entornos permisivos, son egoístas y no piensan en el bien común. Las personas que cometen estos actos pueden tener características o rasgos de trastornos de personalidad. Así lo explica  señaló el médico Renato Alarcón, director honorario del Centro de Investigación y Desarrollo de Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH.

 

“Los corruptos suelen mostrar alteraciones clínicas que reflejan ciertos niveles de incapacidad o limitaciones para el desarrollo de actividades sociales positivas y trascendentes. Pueden presentar conductas desviadas en conflicto con normas sociales generalmente aceptadas, sin importarles el juicio colectivo”, comenta el también titular de la Cátedra Honorio Delgado de la UPCH.

Añade que pueden ser obsesivamente cuidadosos en la planificación de un acto corrupto, tener rasgos de personalidad limítrofe, histriónica, esquizoide o incluso paranoide, pudiendo, en casos, llegar a estados prepsicóticos.

 

LA ACEPTACIÓN SOCIAL

Renato Alarcón, médico psiquiatra, precisa que la actitud de la sociedad frente a los actos de corrupción puede ser ambigua pues, en ocasiones, muestra una suerte de aceptación. Hace referencia a la frase “roba, pero hace obras”, como expresión de una tolerancia inadecuada y negativa.

“La corrupción es el acto final al que llega un individuo después de una deliberación personal y/o compartida luego con gente de su confianza que le permite avanzar en la planificación del acto corrupto. Así, factores personales y actitudes públicas pasivas se suman y refuerzan mutuamente en la toma de decisiones”, menciona.

La actividad o acción política ha sido y es un componente importante del quehacer humano. El especialista menciona que, a lo largo de la historia política del mundo, hay evidencias del impacto de diversas formas de psicopatología en la actividad pública. Según el escritor Alfonso Quiroz, autor del libro ‘Historia de la corrupción en el Perú’, este comportamiento deshonesto de líderes políticos provocó un retraso de entre 40 a 50 % en el desarrollo del país desde el inicio de la época republicana.

 

NO TODOS SON CORRUPTOS

Según Alarcón, debe tenerse en cuenta dos detalles fundamentales en el análisis de las funciones políticas de las personas. Primero, no toda persona que ingresa o asume una actividad política como ocupación primaria, posee psicopatología de base. Y segundo, las secuelas de su conducta política no son únicamente debidas a sus características psicológicas o emocionales, ya que las circunstancias de su entorno social, colectivo e histórico juegan un papel también fundamental.

Remarca que la presencia y detección de rasgos psicopatológicos en individuos corruptos no significan ni representan excusas para el enjuiciamiento y la aplicación de sanciones legales ya que tales conductas tuvieron lugar con pleno conocimiento de su naturaleza y de sus eventuales consecuencias, por parte de sus protagonistas.

“Es importante precisar que la salud mental es considerada un tema complejo, esquivo y delicado para la medicina moderna y salud pública. Un inconveniente es la persistencia de prejuicios que, bajo la forma de estigmas, discriminan a quienes sufren de ‘locura’, nombre cruel y despectivo que se aplica a personas con depresión, ansiedad, esquizofrenia, retardo mental, demencia, neurosis o enfermedades neuropsiquiátricas. Pese a ello, la salud mental, en el Perú y el mundo, está saliendo de las sombras y está siendo reconocida como elemento esencial de la salud pública en las agendas globales de desarrollo”, destaca.

Renato Alarcón es un reconocido profesional de la psiquiatría, magíster en Salud Pública, investigador y tratante de la Clínica Mayo de los Estados Unidos, así como docente universitario y autor de varios libros referidos a la salud y a su especialidad clínica.

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VIII SEMANA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL: ELABORAN ESTRATEGIA DE INTERSECTORIALIDAD PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA RURAL

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1135

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  • La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza propone que se vea a la pobreza como un fenómeno multifactorial.
  • En Cañaris e Incahuasi los índices de pobreza alcanzan hasta el 90 %.

 

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, del 2017, el índice de pobreza en Lambayeque es de 18.5 %. Según los reportes de la Gerencia Regional de Salud – GERESA, el porcentaje de desnutrición crónica y anemia en niños menores de cinco años en Chiclayo provincia es de 11.4 %, en Lambayeque 21 % y Ferreñafe 25.8 %. Con esos indicadores, el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Luis Montenegro Serquén, señala que de la VIII Semana de la Inclusión Social, que organiza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS, ha surgido la iniciativa de elaborar una estrategia de intersectorialidad que permita combatir este problema.

 

Montenegro Serquén explica que esta estrategia consiste en que todos los sectores involucrados en la lucha contra la pobreza trabajen articuladamente en aras de combatir la pobreza rural, de modo tal que, por ejemplo, Salud sepa cómo trabaja Educación y este a la vez conozca de la labor de Transportes y así generen sinergia.

Además, menciona que debe entenderse la pobreza como un fenómeno multifactorial, es decir, cuyo origen se debe a distintas aristas entre las que se encuentran no solo el tema económico, sino el acceso a servicios básicos, a la educación, el saneamiento físico, la interconectividad, etc.

“Por lo pronto se van a unir el sector Salud, Educación, Agricultura, Desarrollo e Inclusión Social y Transportes. El enfoque está en la población de las zonas rurales, donde se encuentra la pobreza más fuerte, para lo cual vamos a trabajar con mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y jubilados”, refiere.

Apunta que según las cifras que maneja la Mesa de Concertación, Incahuasi registra un 80 % de pobreza y Cañaris un 90.1 %, constituyéndose como el séptimo distrito más pobre del Perú.

 

DESATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

El dirigente señala que tanto la anemia, la desnutrición, el acceso a los servicios básicos y la educación, son temas que han estado presentes en la agenda desde que la Mesa de Concertación inició sus actividades en el 2001. Menciona que en un inicio se propuso erradicar la pobreza como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales apuntaban a lograr este cometido hasta el 2015, hecho que no sucedió. Hoy, la meta es alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS, dentro de los cuales se encuentra erradicar la pobreza en todas sus formas.

“Si los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se cumplieron fue porque no hubo líderes en nuestras comunidades. ¿Qué hacen los mejores elementos de un distrito? Salen de sus pueblos en busca de algo mejor y, al no encontrarlo, se aventuran en la informalidad, lo cual muchas veces no es su culpa, sino que fue lo único que la sociedad les ofreció. Los responsables de la pobreza siempre serán las autoridades”, sostiene.

Montenegro Serquén afirma que esto se ve graficado en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC, iniciativa que considera fue alentadora en su momento, pero que no ha rendido sus frutos por la falta de cuadros técnicos capaces (el avance de ejecución en el departamento es del 28 %).

“Quizá existe voluntad política, pero no hay cuadros técnicos. ¿Por qué Mochumí, Íllimo o Pacora que fueron distritos severamente afectados por las inundaciones no han podido presentar proyectos? Porque no hay forma de darles sustento, el Ministerio de Economía y Finanzas los observa. Allí debería intervenir el gobierno regional que sí cuenta con el equipo capacitado. Sus funcionarios deberían enseñarles a los distritales cómo formular proyectos de inversión pública”, asevera.

 

UNIVERSIDADES

En esa línea, señala que la responsabilidad de la pobreza la tienen también las universidades, pues considera que no forjan profesionales comprometidos con sus comunidades ni elaboran proyectos que estén orientados a sacar de la pobreza a los distritos. 

“¿Cuántos profesionales tenemos en el Perú? ¿Cómo han contribuido las universidades y su responsabilidad social con la erradicación de la pobreza? La universidad no debe ser solo un espacio académico, sino uno que mire el desarrollo de las comunidades. Desde la época de los 90 sabemos que Cañaris e Incahuasi son los distritos más pobres del departamento y no se ha hecho nada”, cuestiona.

 

ANEMIA

Montenegro Serquén afirma que el índice de anemia infantil a nivel regional es del 41 % y entre los distritos de Cañaris, Incahuasi y Mórrope hay una media del 60 %, lo cual condena en cierto modo a que aquellos niños no puedan competir en igualdad de condiciones frente a otros que no padecen esta afección.

Explica que una de las consecuencias de la anemia es que los niños no puedan hacer una correcta sinapsis neuronal, lo cual a nivel cognoscitivo les significa una desventaja. “Si el niño tiene anemia porque la madre no llevó los controles adecuados que exige el protocolo de salud, lo estamos condenando a que siempre parta desde atrás y nunca llegue a la par de los demás”, menciona.

Anota que los suplementos de sulfato ferroso y ácido fólico que entrega el Estado para combatir la anemia sirven como paliativo, pero no son la solución, pues existe el factor de biodisponibilidad que es la capacidad que tiene el organismo para captar un medicamento o un alimento, la cual por lo general bordea el 60 %. Es decir, hay un 40 % de niños que por más que reciban dichos suplementos, igual padecerán de anemia.

“A todos no les hace bien lo mismo, hay que observar la biodisponibilidad del organismo del menor  para aceptar, tolerar, metabolizar y lógicamente llevar hasta el torrente sanguíneo el fierro que requiere”, sostiene.

 

ACCESIBILIDAD Y EDUCACIÓN

Por otro lado, Montenegro Serquén afirma que la accesibilidad a la educación en las zonas rurales va de la mano con la cercanía de los colegios, pues en zonas como Colaya, Penachí y los ya mencionados Cañaris e Incahuasi, las instituciones educativas se encuentran muy dispersas, ocasionando que los niños deban caminar entre dos a tres horas para recibir sus clases.

“Un niño desnutrido consume los pocos nutrientes que tiene en las horas de caminata que realiza y al llegar a la escuela se queda dormido. Necesitamos mejores caminos y carreteras para evitar que nuestros niños tengan que recorrer todo este trayecto”, apunta.

Añade que, si bien el índice de analfabetismo en Lambayeque es del 4 %, esta cifra no refleja la realidad de los distritos de la sierra de Ferreñafe, donde este asciende al 70 %, del cual el 90 % corresponde a las mujeres.

“Necesitamos que los mejores profesionales, entre ellos los docentes, vayan a estas zonas a educar a nuestros niños, pero para eso hay que darles sueldos que sean atractivos para ellos. Los Colegios de Alto Rendimiento – COAR, deberían encontrarse en estos distritos para que los alumnos de lunes a viernes puedan estudiar y alimentarse bien allí, de modo que se formen nuevas hornadas de líderes en sus pueblos”, asegura.

Asimismo, indica que el círculo de pobreza continúa cuando, además de la dificultad para el acceso a la educación, se suscitan los embarazos no deseados, pues considera que esto prácticamente restringe las oportunidades de progreso de los adolescentes, dado que las menores suelen quedarse al cuidado de los hijos y los jóvenes terminan siendo subempleados.

“Gran cantidad de los embarazos adolescentes en zonas rurales son ocasionados por algún tío o primo de la menor. Lo que preocupa y duele es que el pobre al final cree que nació para ser pobre y sus hijos también lo van a ser, completándose el círculo de pobreza”, apunta.

Según el Programa en temas de Adolescencia y Juventud del Fondo de Población de la Naciones Unidas – UNFPA, el índice de embarazo adolescente en Lambayeque es del 9.8 %.

 

HERRAMIENTAS

Por otro lado, Montenegro Serquén señala que se están haciendo esfuerzos por concluir un plan concertado con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, así como la inclusión de los 38 distritos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, pues señala que no todos los distritos se sienten parte de esa visión

“Estamos acostumbrados que los planes se elaboren y terminen con el gobierno de turno. En vez de convertirse en planes de Estado y servir al bien común, terminan convirtiéndose en un bien individual, partidario y los gobiernos subnacionales no comparten la misma visión que el gobierno nacional”, comenta.

En tanto, menciona que la Mesa Regional tiene a su vez conformadas mesas provinciales y distritales, pero no siempre cuentan con la disponibilidad de los alcaldes para conversar con la sociedad.

Por último, considera que la gestión del gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, tiene buenas intenciones, pero tropieza con su experiencia de alcalde distrital, pues hasta el momento no ha podido manejar con eficacia la gestión pública regional, la cual amerita un acercamiento a los cuadros técnicos.

 

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GASCO A PERIODISTA DE RPP: “USTED PARECE DE EXPRESIÓN”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1135

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  • Alcalde de Chiclayo reconoce falta de capacidad para el gasto público en su administración.

A inicios de semana el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, ofreció una entrevista a los periodistas Ruperto Arroyo y Henry Urpeque en Radio Programas del Perú – RPP, edición regional. En el diálogo, la autoridad municipal desnudó, una vez más, la incomodidad que le generan las preguntas incisivas sobre su gestión. Cuando se le pidió razones por la alta rotación de funcionarios en la comuna provincial, el edil lanzó como respuesta: “Usted parece de Expresión”.

 

La respuesta de Gasco Arrobas tomó por sorpresa a los entrevistadores. Puntualmente, Ruperto Arroyo, quien había formulado la interrogante, atinó a señalar que no aceptaba las comparaciones. Empero, la antipatía del alcalde para con este medio de comunicación ya había quedado de manifiesto... una vez más.

La siguiente es la reproducción de las declaraciones del ocupante del sillón municipal dadas en el programa Ampliación de Noticias, el lunes por la mañana.

Ruperto Arroyo: Alcalde Marcos Gasco, usted visitó el Ministerio de Economía y a su retorno a Chiclayo se ha conocido de que hay un compromiso para afrontar la deuda que tiene la municipalidad que dirige. Cuéntenos los detalles, ¿qué compromisos se han asumido?

Yo agradezco mucho que la ministra de Economía nos haya mencionado, haya tomado, lamentablemente, el nombre de Chiclayo. Digo lamentable porque somos el mal ejemplo de todas las municipalidades del Perú por todo lo sucedido anteriormente, lógicamente.

A la municipalidad de Chiclayo la toman como una institución totalmente quebrada. Tenemos más de 500 millones de soles en deuda, tenemos los balances que estoy, estamos rehaciendo lo que podemos, pero lamentablemente son de varios años atrás. No es fácil obtener esta información.

R.A.: ¿Cómo se divide esa deuda?

Son en temas sociales o laborales, por ejemplo esas dobles CTS que está obliga a pagar la municipalidad por estos pactos colectivos sanguinarios. Eso está mal. Pacto colectivos de cinco horas de trabajo.

R.A.: ¿No hay forma de revertirlos?

Sí, por supuesto. Yo los he puesto en el Poder Judicial, eso está judicializado en este momento.

R.A.: ¿No se están pagando?

Yo no los he firmado, no he aceptado y eso está en proceso judicial. No puedo decir que no se paguen, eso tiene que decirlo el Poder Judicial, por eso es que está ahora en ese poder del Estado. Eso tiene que seguir su curso.

Pero, hemos conversado con el MEF y con la ministra (María Antonieta Alva). Cuando fue Directora de Presupuesto a nivel nacional la invité a Chiclayo y ella vino y tomó ese compromiso y lo mencionó en la última reunión que hemos tenido con los alcaldes del Perú, vía la AMPE, y con el presidente de la República y el primer ministro. Ella mencionó y afirmó su compromiso con Chiclayo.

Nosotros estamos, conjuntamente con el MEF, desde hace meses atrás, pero hay que entender que no es fácil para nadie tomar esa medida. Estaban con el Congreso, iban a sacar una propuesta de ley, orgánica también, para poder rescatar a las municipalidades. La de Chiclayo es la que está en peores condiciones.

Henry Urpeque: ¿Y ese rescate qué comprende?

Ellos están evaluando lanzar las siguientes medidas: parar la reincorporación de trabajadores. Nosotros ya vamos a la fecha 130 reincorporados desde enero. No hay dónde reincorporarlos, pero el Poder Judicial manda eso.

H.U.: ¿Solo en este año?

Solamente en este año. Solamente desde enero hay alrededor de 130 personas reincorporadas por mandato del Poder Judicial. Me parece totalmente injusto eso.

H.U.: ¿Cuánto tiempo se paralizará esta reincorporación para de alguna u otra manera ajustarse?

Eso es lo que están… Iba a lanzarse como un proyecto de ley, ahora supongo que será como un Decreto Supremo y eso estamos esperando, por eso mi próxima reunión con la ministra y con los técnicos de economía para poder apurar esto en realidad, porque esta sangría no la podemos seguir teniendo. Estos pactos colectivos sanguinarios. Repito, donde hay, por ejemplo, la herencia laboral, o sea el trabajador decide si su mujer o la trabajadora si su marido, o su hijo o su sobrino entran a trabajar. ¿Dónde está la meritocracia? No existe.

R.A.: ¿Cuánto comprende esa deuda para los obreros, porque claro de los 500 millones suena abrumador? ¿A cuánto equivale?

En su mayoría es laboral. Si la municipalidad de Chiclayo tiene más de 10 mil demandas judiciales, diez mil procesos judiciales, el 80 % son por procesos laborales.

R.A.: Para que quede claro, de los 500 millones ¿qué porcentaje es laboral?

Alrededor de 300 millones.

R.A.: ¿Y los 200 millones restantes de qué rubro son?

De diferentes… Hay hasta demanda de proveedores, hay diferentes formas de endeudamiento que ha tenido la municipalidad. En su mayoría es por temas laborales, que son más de 300 millones de soles. El resto son de temas de proveedores u otras, de otras, de otros fondos que la municipalidad se ha endeudado lamentablemente en el transcurso de estos últimos 12 años o más.

R.A.: ¿El compromiso de la ministra de economía es para el próximo año?

Para el 2020, por supuesto que sí. Este año ya no van a hacer nada.

R.A.: Justo quería preguntarle sobre el presente año. Acá veo en la página amigable (del MEF) hay Presupuesto Inicial Modificado 399 millones (de soles para la municipalidad de Chiclayo) y usted, bueno, su equipo y su gestión, al momento han girado 223 millones que equivalen al 58 %. Un gasto relativamente bajo.

No, todavía estamos bajos, eso tengo que reconocerlo, por supuesto, pero lamentablemente es así en toda gestión en el primer año. Mira el Estado, está en su tercer año y está en cuarenta y tantos por ciento de avance presupuestal o de gasto. Nosotros estamos a casi el 60 %. Sin embargo, es poco y en obras necesitamos incrementar el gasto.

Pero no olvides Ruperto que nosotros… desde diciembre pasado la fiscalía y la OCI retiró hasta las computadoras, los discos duros y toda la información que nosotros debimos de haber trabajado desde enero y la entregaron en mayo o a partir de mayo. O sea, nuestra gestión en realidad, para poder hacer todo el gasto que tenemos que hacer, a partir de mayo hemos tenido que recoger, corregir y aún más, todo lo avanzado hasta diciembre del año pasado, las obras que teníamos en continuidad, están totalmente mal hechas.

Mira lo de RCC (Reconstrucción con Cambios), más de 20 proyectos, están todos en nulidad. No se pueden entregar, algunas ya se acabaron, pero por temas documentales o por procedimientos no se pueden entregar. La mayoría están con malos procesos y los expedientes técnicos, todos, todos hemos tenido que rehacerlos y eso demanda tiempo.

R.A.: ¿Y no han podido liquidar?

En varios no, en la mayoría no.

H.U.: ¿Y cuántos están en cartera?

La mayoría, todos, casi todos de RCC. Como te digo son más de 20. Se han entregado quizá cinco.

H.U.: ¿Lo único que se hizo en Chiclayo fueron pistas?

Pero no están todavía liquidados al 100 %. Están entregados, ya terminaron en realidad esos cinco, pero no están liquidados completamente. Este atraso que tenemos en la mayoría de municipios al inicio de gestión lamentablemente es casi una normalidad, porque el Estado central no solamente nos debe entregar recursos de capital, económicos, nos debe entregar recursos técnicos también.

R.A.: Alcalde, usted tiene sus argumentos, pero su gestión tampoco ha estado estable. Ha tenido cambios permanentes de funcionarios, que también, admita, han retrasado su gestión…

Yo no dejo de admitir, yo lo he dicho desde la última, el último discurso que hice para todo Chiclayo asumí que había errores y los asumo, por supuesto que sí, pero los corregimos inmediatamente.

R.A.: Pero lo que no nos ha dicho es por qué los cambia (a los funcionarios). O sea, usted nos dice: “Sí, se están yendo, se quieren ir”.

Porque hay errores pues, la verdad la estoy diciendo.

R.A.: Sospecha de repente que han estado metidos….

Usted parece de Expresión hermano, no parece de RPP.

R.A.: No, no permitimos las comparaciones, pero lo que queremos es que nos diga si es que usted sospechaba de algún hecho de corrupción o algo parecido. ¿Qué ha pasado?

(Risas)

H.U.: Claro, porque los cambios han sido constantes y han causado inestabilidad en algunos cargos que necesitaban decisiones rápidas.

Por ejemplo en el gerente municipal. El señor tuvo que salir, el primero (Cristian Rosenthal Ninapaytan), por un tema… lo demandaron por un proceso de unas muertes que hubo cuando él fue gerente de Fiscalización en la Municipalidad Provincial de Lima y tuvo que salir por un incendio que hubo y lo inhabilitaron por un año… bueno, tuvo que salir a finales de marzo de este año y entró su asesor (Ricardo Romero Rentería). Yo le agradezco, se quedó buen tiempo y cuando ya encontré a la persona adecuada, que quería poner allí, le dije: “Te regreso al mismo sitio”, donde él estaba. Le quería dar una asesoría, porque esa era su función, pero me dijo que por razones personales prefería tomarse un tiempo.

Es una persona que trabajó con mucho esfuerzo y es necesaria para una gestión en los temas de consejo y asesoría.

Ese fue, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos. Otros salen, ellos mismo pidieron su renuncia.

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CONTRALORÍA ADVIERTE IRREGULARIDADES EN OYOTÚN: CONTRATAN CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO CON EXPEDIENTE DEFICIENTE Y COMITÉ MAL CONFORMADO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1135

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Más de cuatro millones de soles están en juego en Oyotún, debido a las deficiencias encontradas en los actos preparatorios para la contratación, ejecución y supervisión de la obra de mejoramiento del colegio primario N° 10045 ‘Inca Garcilaso de la Vega’.

 

El Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, competente para la fiscalización de las actividades en la comuna distrital de Oyotún, ha emitido el Informe N° 018-2019-OCI/0425-SCC, en el que da cuenta de los hallazgos en la revisión de los actos preparatorios, procedimientos de selección, ejecución contractual y supervisión de la obra: ‘Ampliación y mejoramiento del servicio académico de la Institución Educativa Primaria N° 10045 Inca Garcilaso de la Vega’, valorizada en cuatro millones 641 mil 152.95 soles.

La convocatoria del proceso fue lanzada a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 9 de septiembre pasado y el 20 del mismo mes se otorgó la buena pro, resultando adjudicatario el Consorcio Zaña, integrado por Corporación Emanuel & LS SAC y Capulí Contratistas Generales SAC. En segundo lugar, de acuerdo al orden de prelación, quedó el Consorcio Iván Eloy, el mismo que ha presentado recurso de apelación.

El comité encargado del procedimiento tuvo como presidente a Luis Arévalo del Castillo y estuvo integrado por Jesús Salinas Burgos y Luis Alvarado Torres.

Del mismo modo, el 30 de septiembre, el comité adjudicó la supervisión de la obra, con un valor referencial de 161 mil 946.79 soles.

La supervisión fue ganada por el Consorcio Virgen de la Puerta, integrado por AVC Infraestructuras EIRL y Biarking Proyectos y Construcciones SAC.

 

EL PROYECTO

La obra, financiada con recursos de la Reconstrucción con Cambios, se regula por las disposiciones extraordinarias de la Ley N° 30556 y el Reglamento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado en julio del 2018.

Así, la Municipalidad Distrital de Oyotún lanzó el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 3-2019-MDOOYOTUN-1, bajo el sistema de contratación de ‘suma alzada’, estableciendo un plazo de 180 días calendarios para la ejecución de la obra educativa. En el proceso participaron la Unidad de Abastecimiento, Control Patrimonial y Maquinaria, así como la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

 

ACTOS PREPARATORIOS

OCI Chiclayo detectó tres situaciones adversas en los actos preparatorios para la realización del proceso de contratación.

Por ejemplo, el expediente técnico fue aprobado con deficiencias e incompatibilidades, y publicado en el SEACE para la difusión de la expresión de intereses de manera incompleta, afectando la transparencia y la finalidad pública.

El expediente técnico fue aprobado con Resolución de Alcaldía N° 067-2019-MDO, el 26 de abril de este año.

Tras la revisión se encontró que el valor referencial establecido en la memoria descriptiva no se concilia con el valor establecido en el presupuesto ‘resumen’; que existen inexactitudes respecto al plazo de ejecución de obra y equipamiento; que las especificaciones técnicas de las partidas de mobiliario no contienen descripciones objetivas y precisas de lo que se requiere adquirir, situación que se repite respecto al equipamiento.

Se encontró también deficiencias en los planos de la obra a ejecutar, los metros, presupuesto de obra, el calendario de avance de obra valorizado, las fórmulas polinómicas y ausencia del Estudio de Mecánica de Suelos (no fue publicado en expresiones de interés).

 

ESTUDIO SIN FIRMAS

Respecto al Estudio de Mecánica de Suelos, contenido entre los folios 287 y 329 del expediente técnico de obra, se encuentra en copia simple y no contiene la firma de los consultores encargados de elaborar el expediente técnico, que para este caso fue Consultora Global L&D SAC.

“Se observa que el numeral 2.3 del mencionado estudio de mecánica de suelos señala que con la finalidad de definir el perfil estratigráfico del área de estudio, se realizaron 2 calicatas o pozos de exploración como puntos de investigación del suelo estudiado; no obstante el literal b) del numeral 11.2 de la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones, señala que el número de puntos de investigación nunca será menor de 3, evidenciándose que el estudio de mecánica de suelos del proyecto se realizó sobre la base de una cantidad de puntos de investigación menores a las mínimas establecidas en la normativa”, precisa el informe del OCI.

Se añade que el estudio tampoco contiene lo mínimo requerido de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones, observándose que carece de información previa (plano de ubicación y acceso, plano topográfico con curvas de nivel y la situación legal del terreno), y los planos de ubicación del programa de exploración (ubicación y distribución de los puntos de investigación).

 

¿DIRECCIONAMIENTO?

Otro de los aspectos que arroja el informe elaborado por el Órgano de Control Institucional – OCI es que el área usuaria consideró exigencias desproporcionadas respecto a los profesionales que ocuparían el cargo de Especialista en Topografía, Seguridad y en Instalaciones Eléctricas, hecho que habría limitado e impedido la concurrencia de postores.

Por ejemplo, para el Especialista en Topografía se requirió de un ingeniero topógrafo y agrimensor, con título profesional registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU y con una experiencia efectiva mínima de 12 meses como especialista en topografía o topógrafo en ejecución de obras generales que se computan desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista en Seguridad se pidió un ingeniero de materiales, con título inscrito en SUNEDU y con la experiencia mínima de 36 meses como especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o especialista de seguridad y salud ocupacional y/o especialista en seguridad en ejecución de obras en general, también computada desde la colegiatura. En tanto para el puesto de Especialista en Instalaciones Eléctrica se requirió un ingeniero electro mecánico, con experiencia mínima de 24 meses.

Para el OCI, tales exigencias se pueden considerar como de inobservancia de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 13 del Reglamento de Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

 

OBRA SIN ACCESIBILIDAD

De identificó también que el expediente técnico no contempla la accesibilidad de la infraestructura a construir para personas con discapacidad hacia el segundo nivel, generando el riesgo de afectar su seguridad y limitando el desplazamiento autónomo.

“Al respecto, la normativa aplicable para todas las edificaciones que presten servicios al público establece de manera obligatoria que se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento de personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en general; del mismo modo, establece que todas las edificaciones de uso público deberán ser accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad, por lo que se observa que dichas disposiciones fueron trasgredidas en el diseño del proyecto, conllevando a que se restrinja el desplazamiento autónomo en condiciones de seguridad de las personas con discapacidad y/o adultos mayores”, señala el informe de control concurrente.

 

COMITÉ DE SELECCIÓN

Sobre el comité de selección, el Órgano de Control Institucional – OCI Chiclayo, sostiene que las personas designadas como suplentes no pertenecen al órgano encargado de las contrataciones y que el segundo miembro titular, quien es a su vez jefe de Abastecimiento, no cuenta con certificación otorgada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, generando el riesgo de afectar la eficiencia y eficacia, así como la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública.

Los hechos fueron comunicados al alcalde de Oyotún, Luis Chávez Becerra, con el Oficio N° 1086-2019-OCI/0425, del 4 de octubre pasado.

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EN LAMBAYEQUE: DEUDA SOCIAL DEL SECTOR EDUCACIÓN BORDEA LOS 300 MILLONES DE SOLES

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1135

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  • Los maestros jubilados y cesantes dan ultimátum a la gestión de Lozano Centurión para el pago de los compromisos adeudados.
  • Pensionistas exigen el abono por gastos de luto y sepelio, además del pago sin judicializare del Decreto de Urgencia 105-2001.

 

Sigue creciendo. Según el Informe Nº 029-2019-LAMB/PPR.EPGT, del 11 de octubre del 2019, enviado a la procuradora del Gobierno Regional de Lambayeque, Patricia Huamán Novoa, la deuda social con los maestros activos, cesantes y jubilados por las diversas sentencias en calidad de cosa juzgada asciende a 290 millones tres mil 71.62 soles.

 

En cuanto a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, el número de demandantes es de seis mil 642, a quienes se les ha pagado a cuenta 25 millones 116 mil 201 soles, quedando por pagar un saldo de 205 millones 824 mil 482.46 soles.

Respecto a la UGEL Lambayeque, la cifra de demandantes es de mil 648, a quienes se les adeuda un saldo de 49 millones 932 mil 559.92 soles, toda vez que solo se les ha pagado a cuenta ocho millones 485 mil 448.96 soles.

En tanto, la UGEL Ferreñafe registra 760 demandantes con un saldo por pagar de 35 millones 246 mil 29.24 soles, cuyo pago a cuenta ha sido de siete millones 756 mil 885.04 soles.

Al respecto, el presidente del Frente de Defensa de los Derechos Pensionarios del Sector Educación en Lambayeque, Miguel Delgado Leyva, refiere que este año a nivel nacional solo se atendió al 8 % de profesores, destinándose para dicho fin 200 millones de soles, de los cuales a Lambayeque se asignaron solo 15 millones.

“Conforme pasa el tiempo los intereses legales también aumentan, pero al Estado parece no interesarle. Solamente en 60 docentes de Lambayeque los intereses legales alcanzan el millón 200 mil soles por concepto de luto, sepelio y el 30 % por preparación de clase”, asevera.

 

PLANTEAMIENTOS

En ese sentido, alrededor de 40 docentes pensionistas se reunieron con los representantes del gobierno regional para hacerles llegar – una vez más - su pliego de reclamos, toda vez que desde marzo han presentado diversos expedientes a la Gerencia Regional de Educación – GRED Lambayeque y las tres UGEL.

Según explica Delgado Leyva, una de las propuestas es que Anselmo Lozano Centurión, en su calidad de gobernador regional, coordine por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Mesías Guevara Amasifuén, para gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, un incremento de 500 millones de soles para el pago de la deuda social en el 2020, pues ya se demostró que con los 200 millones a nivel nacional solo se pudo atender a dos mil docentes en Lambayeque, cuando la cifra total de demandantes son nueve mil 50.

Al respecto, señala que el 27 de septiembre último fue admitida a trámite una solicitud que dirigieron como gremio pensionario al gobernador regional de Cajamarca y  presidente de la ANGR, Mesías Guevara, en la que daban cuenta de dicha propuesta.

Asimismo, refiere que otra de sus propuestas es solicitar ante el MEF un crédito suplementario para incrementar el crédito presupuestario que permita cubrir la demanda de la deuda social de los maestros cesantes y jubilados.

No obstante, señala que su intención era presentar todas estas propuestas ante el gobernador regional o, en su defecto, ante la gerente regional, María Castro Grosso, tal como habían acordado en un inicio. Sin embargo, ninguna de las dos autoridades se hizo presente.

“Al final fuimos atendidos por la procuradora regional, Patricia Huamán Novoa; el asesor del gobierno regional, Víctor Díaz Burga; y el administrador de la Gerencia Regional de Educación, Pavel Padilla Mera. En dicha reunión intervino la consejera Gisella Fernández Muro, quien les llamó la atención a los funcionarios por la ausencia de la gerente, quien había aceptado atendernos en ausencia del gobernador”, sostiene.

 

RECLAMOS

Además del pago de la deuda social, Delgado Leyva señala que solicitan el pago sin judicializarse del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, que incluye a los pensionistas pertenecientes al régimen del Decreto Legislativo Nº  20530 y a los de la Ley Nº 19990.

Afirma que gracias a la presión impuesta por los pensionistas se logró que la GRED declare fundados muchos de estos pedidos, pero al ser derivados a las UGEL, estas los declaran infundados, lo cual genera que solo algunos docentes, principalmente de las UGEL Chiclayo y Lambayeque, reciban este beneficio por vía administrativa.

“Cuando elevamos los expedientes a las UGEL, estas demoran cuatro o cinco meses para denegarlo, por lo cual tenemos que apelar ante la GRED que demora otros cuatro meses más en declararlos fundados, pero al volver a la UGEL este ente se demora alrededor de cuatro meses en hacer el cálculo de los montos, con lo que se termina perdiendo al final un año entero en trámites burocráticos. Lo más lamentable es que muchas veces no hay siquiera presupuesto para atender estos pagos”, sostiene.

Además, menciona que exigen la ejecución de las resoluciones del pago mensualizado por preparación de clase y evaluación que cuenten con sentencias judiciales o resoluciones administrativas de cualquiera de las tres UGEL que beneficien a los docentes que cesaron después del 2013, quienes pertenecen al régimen pensionario del Decreto Legislativo Nº 20530.

Asimismo, solicitan el pago del 10 % del Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI, correspondiente a la Ley Nº 25981 que data de 1992, en la que se dispuso que los trabajadores cuyas remuneraciones estén afectas a la contribución al FONAVI tendrían derecho a percibir un aumento equivalente al 10 % de su haber mensual a partir del 1 de enero de 1993.

 

LUTO Y SEPELIO

Respecto al abono del subsidio por gastos de luto y sepelio, revela que el 12 de marzo de este año el director de la UGEL Chiclayo, Darío Balcázar Quintana, solicitó a la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial un importe de 11 millones 114 mil 893 soles para atender dicha demanda, pero recién el 12 de agosto, cinco meses después, fue elevado ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, ente que hasta la fecha no ha dado respuesta.

Explica que este monto varía entre mil 500 soles y tres mil para los docentes de la Ley de la Reforma Magisterial, y alcanza a los cónyuges, padres e hijos.

“Este pago se puede hacer por vía administrativa (la UGEL) o por vía judicial (directamente el MEF), pero por ambos lados no recibimos nada. Hay docentes, cuyos padres fallecieron hace 20 años y hasta ahora no reciben su dinero. Estamos pidiendo que por lo menos lo abonen en dos partes, pues somos más de 120 maestros solo en Chiclayo a los que se nos adeuda luto y sepelio. En mi caso, mi madre murió en 1998 y hasta ahora me deben mil 700 soles”, afirma.

 

SALDOS PRESUPUESTALES

Además, afirma que otro de los puntos de su pliego de reclamos es el concerniente a los saldos presupuestales, los cuales siempre se reparten a fin de año, pero benefician solamente al personal administrativo del sector Educación, más no a los docentes cesantes y jubilados.

No obstante, comenta que en mayo de este año se adelantó un pago de 809 mil soles por concepto de saldos presupuestales que beneficiaron al personal administrativo de la GRED, así como un grupo de docentes y empleados de la UGEL Chiclayo y Lambayeque.

“Ellos son prácticamente juez y parte, lo que estamos pidiendo es que ese reparto sea equitativo, los administrativos tienen derecho a recibir este pago, desde luego, pero no pueden olvidarse de los cesantes y jubilados”, menciona.

 

MALTRATO

Finalmente, Delgado Leyva cuestiona la actitud del gerente regional de Educación, Daniel Suárez Becerra, pues menciona que se han reunido hasta en tres oportunidades con él para solucionar sus demandas, pero cuando traslada sus reclamos a las diferentes UGEL, estas no le hacen caso.

Refiere que actualmente a nivel de Chiclayo hay mil 600 cesantes y jubilados, cuya pensión para quienes se encuentran en el régimen del Decreto Legislativo Nº 20530 oscila entre 800 y mil 500 soles (en el caso de haber ostentado un cargo de directivo), mientras que los de la Ley Nº 19990 perciben menos, llegando incluso algunos a ganar 400 soles.

Además, menciona que no existe un personal idóneo en la Oficina de Pensiones de la UGEL Chiclayo, pues muchas veces son tratados de forma irrespetuosa, llegando en ocasiones incluso a gritarles a jubilados que buscan orientación con sus reclamos.

Apunta que son pocas las personas dentro de la UGEL y la GRED que están capacitadas y tienen sobre todo la sensibilidad para tratar con los adultos mayores.

“Somos maltratados desde hace muchos años, creemos que nuestros derechos no solamente han sido desentendidos en forma casual, sino a propósito para beneficio de quienes están en el nivel administrativo, pero nos hemos propuesto que ese trato inhumano para los maestros cesantes y jubilados se termine”, finaliza.

 

+ NOTICIAS:

  • El jueves 17 de este mes a las 3:30 de la tarde los pensionistas sostendrán una nueva reunión, esta vez con la gerente regional, María Castro Grosso.

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DIFERENCIA ES ABISMAL: PIURA Y LA LIBERTAD HAN EJECUTADO MÁS DEL DOBLE QUE LAMBAYEQUE EN LA RECONSTRUCCIÓN

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1135

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  • Hasta agosto solo se ha dado uso a 79 de los tres mil 125 millones de soles asignados para el departamento.
  • En Piura la ejecución de recursos de la reconstrucción alcanza los 418 millones de soles y en La Libertad los 168 millones.

 

Sin pena ni gloria, así dejó César Calderón Morales la gerencia regional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, cargo al que llegó en septiembre del 2017, y al que renunció en medio de la escandalosa demolición de módulos de vivienda para damnificados de El Niño Costero en Mórrope, debido a que fueron construidos con materiales de inferior calidad, lo que ponía en peligro a las familias beneficiadas.

La renuncia de Calderón Morales se materializo tras permanecer dos años al frente de la ARCC en Lambayeque, con una gestión caracterizada por el hermetismo y la pobreza de sus niveles de coordinación y resultados.

 

DÉBILES AVANCES

De acuerdo al reporte de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios, hasta agosto de este año, se han ejecutado solo 79 de los tres mil 125 millones de soles aprobados para la reconstrucción de Lambayeque, uno de los departamentos más afectados por El Niño Costero 2017, pero donde los resultados son mínimos.

Solo para tener una idea clara de la lentitud con la que avanza el proceso en Lambayeque, en Piura se han ejecutado, también hasta agosto pasado, 418 millones de soles, mientras que en La Libertad el avance es de 168 millones.

Por número de intervenciones, la reconstrucción contabiliza en Lambayeque 175; en tanto en Piura y La Libertad las intervenciones suman 241 y 200, respectivamente.

La ARCC informa que hasta el 31 de agosto se transfirieron a Lambayeque 829 millones de soles, destinados a atender 837 intervenciones. En Piura, lo trasferido suma dos mil 966 millones para dos mil 75 intervenciones, mientras que en la Libertad las transferencias llegan a mil 246 millones de soles, a fin de financiar mil 11 intervenciones.

Con esos indicadores, queda claro que de los departamentos más afectados por El Niño Costero, Lambayeque es el que menos recursos ha recibido hasta el momento y menor ejecución de partidas suma. Esto evidencia la pobreza de la coordinación realizada por la oficina que Calderón Morales tuvo a su cargo durante dos años.

 

¿EN QUÉ SE GASTA?

Algunas de las intervenciones de la Reconstrucción con Cambios en Lambayeque son la rehabilitación y mejoramiento de las principales avenidas y calles en Cayaltí; el mejoramiento y rehabilitación de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Alfonso Ugarte, Diego Ferré, Mariscal Ureta, Pedro Ruiz Gallo, 28 de Julio, Huáscar, Manuel C. Bonilla y Bolívar, en Eten, así como el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de las calles Chinchaysuyo, Los Incas, la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre y la calle Los Andes, en el distrito de La Victoria.

Se cuenta también el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de las calles Antenor Orrego, Atahualpa, Unión y las avenidas Gran Chimú y Machu Picchu, también en La Victoria; además del mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y conexiones domiciliarias de la urbanización San Lorenzo y el pueblo joven Santa Rosa, en Chiclayo.

 

VIVIENDAS DE TEMER

En el reporte de la ARCC se destaca también la construcción de cinco mil 837 módulos de vivienda para los damnificados de las lluvias e inundaciones. Sin embargo, sobre esto se han encendido las alarmas luego que se conociera que en Mórrope se están demoliendo las construcciones porque se utilizaron materiales no apropiados para las estructuras.

En la Edición 1134, Expresión dio cuenta de lo que sucede en el centro poblado El Romero y el caserío La Ollería, donde la empresa Constructora Figari & Sam S.A.C., hoy Inmobiliaria Sam & Asociados S.A.C., con Registro Único de Contribuyente – RUC N° 20600937112, ganó el sorteo para convertirse en entidad técnica (mayo del año pasado), adjudicándose la construcción de cien módulos de vivienda para los damnificados, obras financiadas con recursos del Bono Habitacional Familiar.

Sin embargo, pese a que algunos de los módulos levantados en jurisdicción de Mórrope ya eran ocupados por las familias beneficiadas, la constructora dispuso su demolición, al corroborarse que se había utilizado en las edificaciones un tipo de cemento no óptimo para estructuras, lo que genera altos niveles de vulnerabilidad.

A ello se suma que como los bonos fueron aplicados bajo la condición de terreno o espacio propio, se han construido viviendas de material noble, en el marco de la reconstrucción, en áreas de alto riesgo; es decir, zonas que entre enero y abril del 2017 se vieron afectadas por desbordes e inundaciones, no habiéndose paliado en absoluto el peligro que corren las familias de presentarse una eventualidad similar a la de El Niño Costero.

 

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?

Mientras en Piura ya se concluyó con el afianzamiento del reservorio Poechos, en el sistema hidráulico Chira – Piura, la rehabilitación del dique izquierdo del río Piura – Bajo Piura, el mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de Catacaos y una serie de caminos vecinales; en Lambayeque se trabaja en el mejoramiento del colegio San Pedro, en El Romero, Mórrope, obra sobre la que Contraloría General de la República y este medio han emitido sendos informes por las irregularidades contenidas en las actividades previas y el proceso de licitación. El proyecto está presupuestado en más de 13 millones de soles.

Reconstrucción señala como avances la rehabilitación del sifón bajo del río Motupe y en el canal sin revestir, que conduce agua para riego, en el Huaca Bandera, Pacora; el mejoramiento de pistas y veredas en Ferreñafe (obra también observada por la Contraloría), y la recuperación de cuatro avenidas en Santa Rosa.

Asimismo se muestra como trabajos en ejecución el mejoramiento de camino vecinal en la carretera Fernando Belaunde – Puente Bereche, Pómac III, Huaca Rivera, Cerro Escute – Puente Machuca, Pacora.

En agosto se transfirieron, como parte de la reconstrucción, 113 millones de soles para 137 intervenciones.

 

EL REEMPLAZANTE

Después de más de dos años en el cargo, César Calderón Morales renunció a la coordinación de la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios en Lambayeque, por lo que el Ejecutivo ha designado en su reemplazo, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00097-2019RCC/DE, a Ángel Pérez Santa Cruz.

Pérez Santa Cruz se desempeñó como gerente de Obras del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña y gerente general del Proyecto Integral Bayóvar. También se trabajó como analista en ejecución de proyectos de reconstrucción en el Programa Sub Sectorial de Irrigaciones - PSI, entre julio y diciembre del 2017.

Justamente en ese período, Contraloría advirtió de una serie de irregularidades en las actividades contratadas por el PSI para la limpieza de cauces, descolmatación y defensas ribereñas en los valles de Lambayeque. En 13 procedimientos adjudicados, Contraloría resaltó que se puso en riesgo más de 89 millones de soles del Plan de Reconstrucción, se detectaron pagos por trabajos no realizados y expedientes deficientes.

De la hoja de vida de Pérez Santa Cruz se tiene que entre diciembre del 2014 y junio del 2017 fue coordinador del Equipo de Ingeniería de Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, coordinador de proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones, coordinador de obras de la Gerencia Central de Infraestructura del Ministerio Público, consultor del Gobierno Regional de Lambayeque entre diciembre del 2009 y abril del 2010, consultor de proyectos del Gobierno Regional de Amazonas.

El flamante funcionario es arquitecto por la Universidad Nacional de Piura e ingeniero civil por la Universidad César Vallejo; magíster en Dirección de Proyectos Internacionales por la Universidad a Distancia de Madrid, tiene un diplomado en Gestión de la Construcción en ESAN y siguió el curso de Gestión de Proyectos con MS Project de ISIL.

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JORGE FIGUEROA ROQUE: “ES URGENTE ATENDER CRÉDITOS PARA LOS AGRICULTORES”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1135

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  • Presidente de la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, la más grande del país, señala que préstamos ofrecidos por Agro Banco no serán suficientes para la presente campaña agrícola.

 

El valle Chancay Lambayeque es el más grande en el país por la cantidad de tierras irrigadas. En el mantenimiento de su infraestructura hidráulica trabajan dos entidades: el PEOT, responsable de la operación del sistema mayor de Tinajones, y la Junta de Usuarios, que se encarga de la infraestructura menor de riego. En este último aspecto, la junta ha logrado importantes avances en el mejoramiento de canales y limpieza de drenes, lo que ha permitido que en la actualidad se tenga un mejor escenario para el desarrollo de las actividades agrícolas y productivas.

 

Jorge Figueroa Roque, presidente de la Junta de Usuarios Chancay – Lambayeque, institución que tiene 47 años de labor, menciona que con las condiciones de infraestructura que ahora se tienen en el valle lo importante es que los agricultores accedan a créditos para financiar sus campañas, teniendo en cuenta que en la campaña anterior gran parte de estos trabajaron a pérdida.

“Lo más urgente por atender es el crédito para los agricultores, para que puedan aprovechar esta nueva campaña con el cultivo de algodón, maíz y arroz, que es lo más fuerte. Agro Banco ha aceptado otorgar créditos para unas cuatro mil hectáreas de arroz y algodón, pero no es suficiente. Lamentablemente los usuarios vienen de una campaña de pérdida por las plagas, que han originado que quiebren y hoy no tengan dinero”, menciona.

 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA

El dirigente agrario asevera que hay disponibilidad de recurso hídrico para el inicio de la campaña agrícola, pues los volúmenes del reservorio Tinajones garantizan el aprovisionamiento de agua hasta fines de enero, aproximadamente, época en la que se espera el inicio de las avenidas.

“En cuanto a infraestructura estamos mejorando. Hemos trabajado en tres canales: el revestimiento de 5 kilómetros del canal Eten; de 5 kilómetros del canal Garbanzal, en Lambayeque, y 5 kilómetros 200 en el canal El Padre de Muy Finca, obra que ha licitado la Gerencia Regional de Agricultura. Estamos avanzando, otra obra que también quedará como resultado del impulso que hemos dado como es el canal Chiclayo, que ejecuta el gobierno regional”, señala.

Figueroa Roque sostiene que la preocupación se centra también en los drenes, cuyas labores de limpieza y mantenimiento deben continuar.

“Cuando fui presidente de la comisión de Muy Finca trabajamos 8 kilómetros de drenes y desde esa fecha no se ha realizado otra labor similar. Estamos evaluando un convenio con el PEOT para orientarnos un poco a lo que es drenes, porque nos faltan, sobre todo en la zona de Mórrope y Sasape, para la recuperación de hectáreas salinizadas y porque es necesario que esas zonas cuenten con drenes porque allí se siembra arroz”, manifiesta.

En lo que va del año, la junta ha invertido aproximadamente tres millones de soles en la limpieza de drenes y mejoramiento de canales. Respecto a maquinaria, cuenta con dos excavadoras y se gestiona la compra de una nueva unidad.

Se están realizando labores en los canales principales Jarrín, Chucupe, Túcume, Mórrope y Monsefú.

El presidente de la junta de usuarios comenta que lo que se espera de la administración del gobernador Anselmo Lozano Centurión es que dé atención a las necesidades de los agricultores.

“Necesitamos que haya mayor apoyo del que ya se tiene para el sector agrario. Nosotros, además de seguir gestionando el revestimiento de canales, estamos trabajando en la construcción de algunos puentes pequeños, limpieza de canales y drenes, todo lo que comprende el sistema menor. Lamentablemente la gestión anterior fue pésima y nos ha complicado para avanzar como quisiéramos. Hemos tenido que ordenar la casa”, indica Jorge Figueroa.

 

DEUDAS

Actualmente, una de las principales limitaciones que tiene la Junta de Usuarios Chancay – Lambayeque es la elevada deuda de las empresas agroindustriales por el suministro de recurso hídrico.

Por ejemplo, la Empresa Agroindustrial Pomalca mantiene una deuda que bordea los 12 millones de soles, sumando intereses, en tanto las azucareras Tumán y Pucalá cuatro millones cada una.

“La recuperación de la deuda es muy lenta porque dos de las tres agroindustriales están en crisis (Tumán y Pucalá). Tumán recién ha empezado a pagar y ya se le está dotando de agua, en el caso de Pomalca sí se está cumpliendo con los pagos actuales. La deuda es por períodos anteriores”, explica.

Al respecto, el gerente general de la entidad, Víctor Pineda Sampén, precisa que el monto de deuda más alto corresponde al 2015. La razón del incremento de la deuda – señala – es que pese a los incumplimientos que las azucareras tenían seguían recibiendo la dotación de agua. “No ha habido un control adecuado”, asevera el funcionario.

“El problema es que las azucareras han incumplido con los compromisos que asumían. Sin embargo, a partir de este año hemos tratado de ordenar la situación y hemos convenido en condicionarles la venta de agua. Es decir, si una empresa compra mil metros cúbicos de agua, debe pagar, además, mil metros cúbicos de la deuda acumulada, para de esta forma ir amortizándola. Si judicializamos la deuda se volverá impagable y será más complicado recuperar los montos”, precisa Pineda Sampén.

 

CUIDADO DE LOS RECURSOS

“Estamos preocupados porque al sistema mayor de Tinajones antes no se le dio el mantenimiento que corresponde, pero este año ya hemos observado que ha asignado recursos para dichos trabajos. Con el PEOT hay una buena relación para mejorar también en cuanto a la operación. El hecho de que la Junta de Usuarios, en la administración anterior, haya manejado el sistema mayor de Tinajones no solo generó deterioros en la infraestructura, sino también en la gestión de los recursos institucionales”, manifiesta el gerente general.

Pineda Sampén comenta que varios usuarios fueron afectados debido a que los pagos por tarifa de agua que realizaban no ingresaron al sistema contable de la junta de usuarios, lo que los ubica en condición de morosos pese a tener comprobantes de cancelación.

La junta cuenta con 28 mil usuarios, a los que se ha otorgado licencias y permisos. En total, en el valle se irrigan 140 mil hectáreas.

 

EL TAYMI

Entre los problemas que enfrenta a diario tanto el PEOT, como operador del sistema mayor, como la junta, responsable del sistema menor de riego, es el robo de agua de los canales con el uso de motobombas, principalmente en el canal Taymi.

“Hemos presentado una propuesta al Consejo de Recursos Hídricos para que se constituya una comisión de usuarios del Taymi. La opinión pública debe saber que la Autoridad Nacional del Agua – ANA, en el 2005, aprobó la creación del sub sector hidráulico Taymi, pero no se ha conformado la comisión. Esta zona tiene un espacio definido, un volumen de agua asignado que asciende a 26 millones de metros cúbicos, solo falta la organización. En esto estamos trabajando ahora”, detalla Pineda Sampén.

Como parte de las actividades preparatorias para la creación de la comisión de usuarios del Taymi se ha conformado un comité de gestión, con el que se ha convocado para el próximo 27 de octubre a asamblea a fin de elegir el primer consejo directivo. En el sub sector Taymi hay aproximadamente mil usuarios distribuidos en un área de tres mil 500 hectáreas.

Sobre el cuidado de los drenes y canales, donde se vierten aguas residuales cada vez que se presentan colapsos del sistema de alcantarillado que administra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, el gerente general de la junta sostiene que se han presentado las observaciones correspondientes y dado cuenta de estos hechos tanto al Ministerio Público como a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.

“Como operadores hidráulicos tenemos nuestras competencias muy definidas y cada vez que se han presentado este tipo de situaciones que perjudican el uso de los canales para riego agrícola, se han presentado los reportes a las entidades correspondientes”, comenta.

 

+ NOTICIAS

  • La Junta de Usuarios Chancay Lambayeque tiene 180 procesos judiciales, varios de ellos entablados por trabajadores que buscan ser repuestos.
  • Se ha identificado aproximadamente un millón y medio de soles de perjuicio económico generado en la edición anterior. Solo por dinero por tarifa de agua que no ingresó a las cuentas de la institución se tienen 800 mil soles.
  • La junta cuenta con 16 comisiones de regantes.

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