Con principios y la Ley en la mano, tenemos que dejar de ser cerrados fiscalizadores de la inversión y del desarrollo minero, y con innovación participar en crecimiento económico y engrandecimiento del Perú
“El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”. Frase acuñada en 1850 por el naturalista Antonio Raimondi y que alguna vez hemos escuchado desde la escuela cuando nuestros maestros nos lo decían con frecuencia para hacernos conocer que somos un país privilegiado y con mucha riqueza, pero que no hacemos lo necesario para beneficio y desarrollo, e incluso ese concepto venía desde el siglo XIV cuando los exploradores y aventureros europeos buscaban en “Las Indias” el famoso Dorado, que no era más que el Gran Imperio de Los Incas.
Hace más de medio siglo, el cronista-historiador y eclesiástico español, Francisco López de Gómara, dejó escrito en uno de sus manifiestos: “Oro y plata hay donde quiera, más no tanto como en el Perú (…)”. Desde entonces, la riqueza natural de nuestro territorio concitó la atención de la sociedad europea.
De ello, es que no existe equivocación. El Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre, oro, plata, zinc y plomo, lo que lleva a que la minería sea una de las actividades que más aporta al país en inversión, empleos directos e indirectos, así como presencia nacional en el mundo mediante las exportaciones.
Sin embargo, a pesar de esa gran riqueza que tiene nuestro país, existe el malestar social, especialmente en las comunidades próximas a zonas de influencia o de producción minera o de hidrocarburos, lo que lleva a conflictos que en algunos casos se desenlazan en episodios de violencia, llevando al Perú a la paralización de actividades y por ende a recesión económica, la que de manera directa afecta a las familias de más bajos recursos económicos.
¿Qué hacer?, es la pregunta que en cada periodo de crisis social siempre va a surgir. La respuesta es simple, son las autoridades las que deben tomar el liderazgo para resolver la crisis o la grave crisis, según como se pueda presentar, y son ellos los que deben garantizar la implementación de la estrategia para resolver el problema y evitar el desborde social que en algunos casos han tenido costo social.
Nuestra historia nos demuestra que el Perú es un país minero. La minería se desarrolla desde épocas inmemoriales. Una de esas muestras palpables son las piezas de orfebrería y ornamenta que utilizaban las autoridades de las distintas culturas preincaicas, las que eran trabajadas en oro y plata principalmente.
Las culturas, entre ellas, Chavín que se desarrolló 900 años antes de Cristo; la Vicus (900- 300 A.C), la Mochica (80 A.C), así como la Tiahuanaco y Wari, conocieron la minería metálica e incluso desarrollaron la metalurgia.
Los Incas (desde el año 1,200 D.C) siguieron con el desarrollo minero, la que estuvo sustentada en el oro, la plata y el cobre. El oro y la plata fue utilizado para adornar templos, casas y en la elaboración de objetos personales
¿Cómo estamos?
El Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial; sin embargo, en América Latina somos el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno. La principal fuente de los recursos es la Cordillera de los Andes, que se convierte en la columna vertebral de Perú y la principal fuente de depósitos minerales del mundo.
El Perú cuenta con un importante potencial geológico. Es el primer país en el mundo en reservas de plata; sin embargo, el desarrollo de la actividad minera peruana, depende también de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país. Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Nuestros principales demandantes o compradores son Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea.
A la fecha, somos una de las economías con mayor crecimiento en América Latina, lo cual es complementado con solidez macroeconómica en bajas tasas de inflación, superávit fiscal y comercial, y fuertes reservas internacionales netas; sin embargo, los últimos acontecimiento políticos ocurridos nos ha llevado a una desestabilidad económica que la sufrimos todos los peruanos, pero quienes las sienten más son las familias de bajos recursos económicos.
¿Y la Minería Ilegal?
Uno de los problemas que afecta mucho al Perú en el problema ambiental y que genera gasto de miles y miles de soles para formalizarlo en algunos casos y erradicarlos en otros, es la minería ilegal. Este fenómeno crece ante la existencia de vacíos legales y de malas estrategias aplicadas desde el ejecutivo y los gobiernos regionales.
Este tipo de minería amenaza a la formal; para ello, el Ejecutivo se ha visto en la necesidad de emitir y poner en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1105, que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal; además, define la minería ilegal como la que no cumple con las exigencias técnicas, administrativas, ambientales y sociales de ley, o que se realiza en zonas, lugares, espacios en las que esté prohibida.
La prohibición está dada para desarrollar actividad extractiva en lagunas, riberas de ríos, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegida. Sin embargo, en estos lugares existe “empresas” informales que sin permiso trabajan en la extracción de minerales metálicos y no metálicos al margen de la ley, y poniendo en riesgo la salud y vida de las población cercana y de sus alrededores.
Para poner freno y se deje de atentar contra el medio ambiente, así como con la salud y la vida de la población, mediante Ley N° 31007 del 17 de octubre de 2019, el ejecutivo amplió el plazo para la inscripción de mineros informales en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO); con lo cual el proceso de formalización minera integral irá hasta el 31 de diciembre del 2021.
Visión al 2030
Al año 2030, el Estado peruano tiene 4 atributos esenciales y que de acuerdo a nuestra legislación vigente y políticas de estado, son de estricto cumplimiento.
La primera de ellas, es que el desarrollo minero es inclusivo y de integración social y territorial; es decir, el objetivo es promover el desarrollo integral del país, especialmente en los lugares donde se desarrolla minería, pero fomentando la responsabilidad y el valor compartido. En otras palabras, se busca el desarrollo y bienestar social del peruano desde el punto de vista como ciudadano y ciudadanía.
Otro de los atributos es que la actividad extractiva donde se desarrolle debe ser ambientalmente sostenible, operando con responsabilidad y con altos estándares ambientales, velando por el respeto y salud de las personas y los ecosistemas para aprovechar los recursos naturales de manera sostenible.
El tercer atributo es que debe ser competitiva e innovador, buscando lo más favorable en la productividad a nivel mundial, y para ello se promueve la innovación, posicionándose como un referente en seguridad ocupacional. Para ello, se tienen que reducir las brechas de capacitación de los trabajadores e invertir en investigación, desarrollo e innovación en toda la cadena de valor minera.
Por último, debe operar en un marco de buena gobernanza, ¿Qué quiere decir?, que se debe estar comprometido con el sistema democrático y la descentralización, tomando e implementando acuerdos sobre el desarrollo pero con la participación de todos los sectores y niveles de gobierno, así como del sector privado, de la sociedad organizada y de las comunidades.
En esta parte, la comunicación juega un papel determinante porque mediante el diálogo y las relaciones comunitarias, se va a asegurar la coordinación y articulación intersectorial, multinivel y multiactor.
A ello también se suma el Estado, que como actor principal tiene que comprometerse y cumplir con lo que sustenta para lograr los objetivos trazados para prevenir, gestionar y transformar los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo y paz social.
En Lambayeque
Desde el año 2004 la empresa Candente Copper desarrolla el proyecto minero Cañariaco, ubicado en la cordillera del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, donde a pesar de los conflictos sociales, y a la espera de una licencia social para iniciar actividad extractiva, la inversión privada tiene proyectado una inversión de 1,560 millones de dólares para la extracción de pórfido conteniendo cobre y oro, estimándose una producción de 118,000 TMF de cobre; 39,000 onzas (oz) finas de oro y 911,000 oz finas de plata.
Sin embargo, nuestra región no es ajena a la minería no metálica, siendo la mayor lesiva y la que a vista y paciencia de las autoridades de la región se desarrolla no solamente afectando a la población desde el punto de vista social, económico y al medio ambiente, sino que atenta contra la vida de las personas mediante la modalidad de organizaciones criminales en las localidades de Pátapo, Pítipo, Ferreñafe, Batangrande, Tres Tomas, Chongoyape, Pósope, entre otros lugares.
¿Qué hacer?
Como sociedad, no solamente estamos en la obligación de participar en el cuidado y protección del medio ambiente, sino también en el desarrollo de nuestro país; pare ello, debemos participar en la estructuración de un modelo legislativo regional en minería. De acuerdo a nuestra realidad y teniendo como base la norma madre, poner en vigencia disposiciones que nos protejan como sociedad y a la vez nos ofrezca desarrollo; es decir, desarrollar y convivir con la minería en un ambiente armonioso, pero vigilado con herramientas legales de aplicación inmediata.
Sin evocar normas como las que tenemos para garantizar el orden y control jurídico provenientes de España, Alemania, Estados Unidos y Roma, saquemos lo mejor del modelo colombiano que entrega a las autoridades autonomía regional en gestión y legislación ambiental en las distintas regiones.
No solo se debe controlar y vigilar, sino también la de ejecutar planes y programas de desarrollo para cada región, que no solo nos lleve a vigilar y proteger la actividad minera sino también el medio ambiente teniendo como cuidado esencial lo forestal, el recurso hídrico y la fauna. Por la complejidad de nuestro territorio, en el Perú sí es posible crear una autoridad ambiental con autonomía en cada región, porque los problemas de una región no son iguales a la de otra.
El Estado debe promover la formalización mediante incentivos de inversión y ampliación de socios estratégicos para el desarrollo de nuevos proyectos de desarrollo en las regiones, antes de tomar medidas que inciten a la violencia y al castigo, y por ende al abandono de los lugares donde hay actividad, y que con el paso del tiempo tienden a convertirse en zonas peligrosas para el medio ambiente y la vida en general.
Muy aparte, el Estado debe promover la innovación. Somos un país exportador de minerales, sin embargo no tenemos desarrollo tecnológico e innovación. De nada nos sirve recibir dinero en cantidades mediante beneficios de canon minero y regalías, cuando ese dinero no se invierte en educación, investigación y desarrollo de tecnologías. Frente a este contexto, el país pierde una gran oportunidad de industrializarse y de seguir creciendo.
