Como la historia ha evidenciado, durante las revoluciones industriales, por ejemplo: dos variables han sido decisivas para desarrollo: la tecnología y la energía. En nuestra era, la inteligencia artificial (IA) está transformando los sistemas productivos, la educación y la defensa, pero también exige un consumo energético sin precedentes. En este contexto, el Perú tiene una oportunidad singular: aprovechar su posición geográfica y su riqueza hidrográfica para garantizar independencia energética, y, en paralelo, formar desde la escuela a ciudadanos capaces de dominar el lenguaje digital. Ambas rutas —energía y educación tecnológica— pueden sostener una estrategia nacional orientada a la soberanía y al desarrollo sostenible.

El Perú posee una configuración territorial que lo coloca entre los países con mayor potencial de generación de energías limpias en Sudamérica. Su sistema hidrográfico, dividido entre las cuencas del Pacífico y del Atlántico —a través del Amazonas—, constituye una reserva natural para la producción hidroeléctrica. Las cordilleras andinas, con su gradiente altitudinal, ofrecen condiciones óptimas para represas y centrales de generación que aprovechen la fuerza del agua de manera sostenible.

A ello se suma el potencial solar del sur y norte del país, regiones con niveles de radiación comparables a los del desierto de Atacama. Según el Plan Referencial de Uso Eficiente de la Energía al 2050 (PRUEE 2050), el aprovechamiento pleno de la energía solar podría cubrir más del 40 % de la demanda eléctrica nacional. Asimismo, los vientos constantes en la costa y la sierra brindan una base sólida para el desarrollo eólico, mientras que la biomasa y la geotermia amplían las opciones de diversificación.

Esta riqueza natural no solo representa una ventaja ambiental, sino geopolítica. Un país con capacidad para producir energía limpia puede reducir su dependencia de combustibles fósiles y fortalecer su autonomía frente a fluctuaciones del mercado internacional. En un mundo cada vez más condicionado por la seguridad energética, la independencia en la producción eléctrica equivale a poder estratégico.

Transición energética e inteligencia artificial

La digitalización masiva y el uso creciente de IA demandan un sistema energético estable y sostenible. Los centros de datos que procesan información y entrenan modelos de IA consumen enormes cantidades de electricidad. La Agencia Internacional de Energía estima que este consumo podría duplicarse hacia 2030. Si el Perú pretende desarrollar su propia infraestructura digital, deberá hacerlo sobre una base energética limpia y eficiente.

El PRUEE 2050 advierte que la demanda nacional de energía aumentará alrededor de 60 % hacia mitad de siglo. Para enfrentar ese desafío, el plan propone tres objetivos: eficiencia en el uso, diversificación de fuentes y electrificación con energías renovables. La meta es reducir la intensidad energética nacional en 30 % hacia 2050. Alcanzar esa cifra implicará innovación, inversión y talento humano calificado.

Por tanto, la transición energética no puede pensarse al margen del desarrollo tecnológico. El futuro de la IA en el Perú dependerá tanto de su capacidad educativa como de su soberanía eléctrica. Sin energía limpia, la digitalización será frágil; sin educación digital, la energía no se gestionará con eficiencia.

Educación digital

Enseñar programación desde la Educación Básica Regular no se reduce a formar programadores. Significa entrenar el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas. En un país donde menos del 25 % de las escuelas públicas cuenta con conectividad adecuada, incorporar la enseñanza digital es también una medida de equidad social.

La brecha tecnológica no solo separa a los estudiantes por acceso, sino por futuro. Las economías más avanzadas entendieron que la alfabetización digital debía comenzar en la infancia. Estonia, Finlandia y Chile son ejemplos de políticas educativas que integran la programación como lenguaje básico del siglo XXI.

El Perú, en cambio, mantiene un modelo que prepara usuarios pasivos, no creadores de tecnología. Para romper esa dependencia, se necesita una política educativa que articule formación docente, infraestructura digital y un currículo nacional de pensamiento computacional. Un estudiante capaz de programar entenderá cómo opera la tecnología que utiliza, y podrá aplicarla en la solución de problemas locales: desde el riego inteligente hasta el monitoreo energético en zonas rurales.

Energía y educación

Ambas agendas —energética y educativa— deben concebirse como partes de una misma estrategia. Los sistemas energéticos del futuro dependerán del talento capaz de diseñar algoritmos que optimicen redes eléctricas, reducir pérdidas o integrar fuentes renovables en tiempo real. Del mismo modo, la expansión de la IA en sectores productivos requerirá energía continua, asequible y limpia.

En consecuencia, el aula se convierte en el primer espacio de la política energética. Enseñar programación y pensamiento científico prepara a los jóvenes para desarrollar soluciones que mejoren la eficiencia del consumo eléctrico o diseñar plataformas que administren energía en comunidades aisladas. Así, la educación tecnológica se transforma en un instrumento de independencia energética y desarrollo regional.

El PRUEE 2050 subraya que la eficiencia energética debe convertirse en una cultura nacional. Formar ciudadanos capaces de comprender la relación entre tecnología y energía es el paso más sólido hacia ese objetivo.

Hacia una estrategia nacional integrada

El Perú requiere una visión de Estado que combine educación digital y transición energética bajo una lógica geopolítica. Esta estrategia propuesta debería estructurarse o al menos repensarse en tres ejes:

Formación tecnológica desde la base: incluir la programación y la alfabetización en IA en el currículo escolar, con capacitación docente permanente.

Infraestructura renovable en escuelas: garantizar conectividad y suministro eléctrico mediante energía solar o eólica, especialmente en zonas rurales.

Investigación aplicada: promover proyectos escolares y universitarios orientados a la eficiencia energética, automatización y gestión ambiental.

Estas medidas permitirían reducir brechas territoriales, fortalecer capacidades locales y fomentar innovación desde las regiones. Un país que produce su propia energía limpia y forma ciudadanos digitales puede sostener un crecimiento estable, autónomo y equitativo.

La energía y el conocimiento son hoy los nuevos factores de poder. En un contexto global donde las economías compiten por recursos y datos, el Perú posee ventajas que aún no ha convertido en política de Estado. Su geografía le brinda condiciones únicas para la generación de energía renovable; su población joven, un potencial humano que puede liderar la transición digital regional.

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(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com

De acuerdo a estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú, la deuda del Sector Público No Financiero para el 2026 se proyecta en un 32 % como porcentaje del Producto Bruto Interno, considerando que los niveles de déficit fiscal se encuentran por encima del límite de la regla fiscal que asciende al 1 % del PBI.

La mirada en el impacto fiscal del último quinquenio producto de las leyes promulgadas y en proyecto por el Congreso de la República generaría un déficit del 6 % del Producto Bruto Interno de acuerdo a lo indicado por el Consejo Fiscal; ello conlleva a una cifra preocupante de que la concreción del impacto fiscal y si tiene un próximo Parlamento con las mismas características del actual, reflejaría un escenario poco alentador que alcanzaría una proyección del 70 % del PBI al 2036 y bajo el mismo escenario donde solo se ejecutarían las leyes aprobadas, la deuda pública incrementaría a 47 %.

Perú es considerado uno de los países con más baja recaudación tributaria que de acuerdo al último Reporte de Inflación para el año 2026 tiene una proyección de ingresos del 3.7 %, proyectando un déficit fiscal del 2.1 %, bajo el supuesto de tener un comportamiento prudente del gasto público y la política tributaria en el horizonte de proyección, considerando un escenario favorable de altos términos de intercambio e ingresos ficales extraordinarios que realizan el contrapeso para recomponer el espacio fiscal y lograr asegurar de cierta manera la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas. Sin embargo, es necesario y relevante que la reforma del sistema tributaria sea clave en el próximo gobierno para incrementar los ingresos y estimar el crecimiento económico y la formalización.

Reforma del sistema tributario peruano

La reforma fundamental del sistema tributario implica lograr un incremento sólidos de ingresos, al promover la formalización y garantizar que la distribución de la carga tributaria sea equitativa, considerando que apenas alcanzamos el 17 % del PBI en el 2024, encontrándose por debajo del promedio de Latinoamérica que alcanza el 24 % del PBI y el promedio de la OCDE alcanza el 34 % del PBI; dado que refleja la evasión tributaria generalizada, con una elevada informalidad e ineficiencias en la administración tributaria refleja que la estructura tributaria en el Perú depende tanto de impuestos indirectos como el IGV y el impuesto a las renta tanto de las personas y las empresas, por lo que se vuelve necesario adoptar una reforma integral que incremente los ingresos, amplie la base tributaria y reducir la evasión e informalidad fortaleciendo la administración tributaria y simplificando los regímenes tributaria, siendo incentivos para la formalización y la lucha contra la evasión tributaria en un país donde el 70 % alcanza la informalidad se vuelve crítico y necesario desarrollar las estrategias de fiscalización utilizando el desarrollo de la tecnología, el análisis de los macrodatos y la inteligencia artificial para lograr detectar una mayor riesgos y elaborar perfiles de contribuyentes para definir fiscalizaciones y medidas de control; pues aún las empresas siguen dedicando cerca de 480 horas al año en los trámites burocráticos.

Restablecimiento de la disciplina fiscal

El Consejo Fiscal en el periodo 2006-2025 ha promulgado por insistencia un total de 131 leyes promulgadas con un impacto fiscal, a pesar de no tener iniciativa de gasto de acuerdo a la normatividad vigente, mostrando que en el periodo 2006-2011 representa 11 leyes, mientras en el periodo 2011-2016 se emitió 2 leyes con un costo fiscal de 4 millones; mientras en el periodo 2016-2021 se emitieron 17 leyes con un costo fiscal de 542 millones y en el periodo 2021-2025 se tuvo 101 leyes con un costo de 35,795 millones de soles, rompiendo el esquema de la disciplina fiscal, el mismo que ha logrado proporcionar la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal en los últimas décadas.

Desde la crisis sanitaria el déficit fiscal alcanzó un máximo de 8.7 % del PBI, para el 2023 el déficit fiscal incremento hasta el 2.7 % del PBI y para el 2024 se deterioró a 3.5 % del PBI, incumpliendo las reglas fiscales en los últimos cinco años se elevó por encima del 1 % y debido al incremento de la masa salarial que creció en 6 % en términos reales, menores ingresos fiscales y un incremento de la inversión pública en los diferentes niveles de gobierno, limitando la maniobra fiscal e incrementa la rigidez a largo plazo pero sin incrementos de productividad.

Siendo importante detallar que cada iniciativa fiscal por parte del Congreso de la República involucra una política fiscal expansiva, que involucra un mayor déficit fiscal, sino se equipara que dicho incremento vaya de la mano de forma sostenida con el crecimiento de los ingresos tributarios; es decir es necesario un contrapeso que el Tribunal Constitucional debería involucrar considerar bajo criterios de sostenibilidad y equilibrio presupuestario, que permita mantener el equilibrio fiscal, que desde la época de la hiperinflación al Perú le ha costado lograr conseguir y cada año se ve deteriorada.

El análisis evidencia que el Perú ingresa al ciclo electoral 2026 enfrentando el mayor riesgo fiscal de las últimas décadas: una trayectoria de deuda ascendente, un Congreso que ha roto la disciplina presupuestaria con más de S/ 35 mil millones en leyes con costo fiscal sólo en 2021-2025, y un nivel de recaudación estancado muy por debajo del promedio regional. Si el próximo Parlamento reproduce la misma lógica populista de gasto sin financiamiento, el país podría superar el 70 % del PBI en deuda al 2036 y perder definitivamente el espacio fiscal que garantiza estabilidad económica. La única vía para detener ese deterioro es una reforma tributaria integral, enfocada en ampliar la base formal, combatir la evasión con tecnología e inteligencia artificial y recuperar el equilibrio presupuestario. Se encuentra en manos de la ciudadanía que no solo elegirá autoridades, elegirá entre recuperar sostenibilidad o profundizar la crisis fiscal que ya amenaza la inversión, el crecimiento y el bienestar futuro del país.

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(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.