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ESPERANZA AISCORBE RINDIÓ SU DECLARACIÓN POR CASO QUE INVOLUCRA A EMPRESA MIRAGE

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1038

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  • Rechazamos amenazas a la libertad de prensa formuladas por representante de la inmobiliaria.

 

En respuesta al informe publicado en nuestra edición 1036, titulado “Ligadas a Sandro Espinoza y a negocios inmobiliarios – Fiscalía supranacional dispone investigar casos de Mirage y Swett Land en Lambayeque”, el 31 de octubre pasado, al cierre de edición, llegó una carta notarial suscrita por Ana Sánchez Carhuatanta, gerente general del Grupo Empresarial Mirage Perú SAC., demandando la rectificación de la información difundida por Expresión.

 

Según Sánchez Carhuatanta, con el informe se vulnera “gravosamente el principio de veracidad, relevancia pública y necesidad de información”, pues en su opinión hemos construido información falsa y desinformamos a la opinión pública.

 

La gerente general de Mirage (RUC N° 20543755576) no solo aboga por su representada, sino también por las empresas Swett Land SAC (RUC N° 20518087461) y Police Security (RUC N° 20509560596), aun cuando se trata de personas jurídicas distintas.

 

Según SUNAT, Swett Land aparece como “no habida” y se encuentra con baja de oficio.

 

Sánchez Carhuatanta cuestiona que en el informe se haya señalado la existencia de una presunta organización delictiva, aseveración que se desprende de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, específicamente ante la Fiscalía Supraprovincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada por Esperanza Aiscorbe Ruiz, quien desde el 2012 ha formulado diversas denuncias (13 en total), por hechos que consideran ilícitos y en los que sindica a las empresas antes citadas.

 

INEXACTITUDES

La carta suscrita por Ana Sánchez, en la que califica con términos despectivos a nuestro medio de comunicación, contiene una serie de imprecisiones, atribuyendo al informe afirmaciones que no están plasmadas en el mismo. 

 

Por ejemplo, dice que “ante la opinión pública se afirma e insinúa insidiosamente  que las empresas Mirage Perú SAC, Swett Land SAC conforman una organización y red delictiva dedicada a la comisión de ilícitos penales como estafa, tráfico e invasión de terrenos”, lo cual es falso en razón que nuestra publicación no atribuye a dichas empresas responsabilidad sobre tales delitos. Lo que se expone en el texto está referido a una cronología de hechos presentada por la denunciante y, además, contenida en la denuncia ingresada al Ministerio Público.

 

Señala también que “las empresas Mirage Perú SACC, Swett Land SAC en colaboración de quien denominan con el epíteto de ‘héroe y villano’ Sandro Espinoza Flores despojaron a Esperanza Aiscorbe Ruiz”.

 

Al respeto, debemos precisar que en nuestra publicación no se sindica de tal hecho a las empresas mencionadas. El término “despojaron” no forma parte de las 1,512 palabras que conforman el informe, en tanto lo que Sánchez Carhuatanta considera como epíteto consignado en perjuicio de Espinoza Flores resulta ser un ladillo, colocado además como interrogante.

 

Eduardo Terrones Negrete en su “Diccionario de periodismo”, primera edición, A.F.A Editores (1996), página 249, define al ladillo como “breve título intercalado en la columna de texto de un periódico, para efectuar divisiones en párrafos y aliviar su extensión y mantener el interés del lector”.

 

Otra imprecisión de la carta remitida a nuestra directora es que “las empresas Mirage Perú SAC, Swett Land SA han fomentado una red de impunidad ante el Ministerio Público de Chiclayo y, en la comisión ‘López Meneses’ del Congreso de la República”.

 

Tal aseveración es también ajena a nuestra publicación, debido a que en ningún extremo del informe se formula tal afirmación. La palabra “impunidad” aparece en el lead – primer párrafo del texto – y está relacionada a los hechos sobre los cuales Esperanza Aiscorbe hasta el momento no ha encontrado justicia, según su propia denuncia.

 

Precisamente, se da cuenta que la denunciante presentó su caso “en la comisión que investigó el Caso López Meneses en el Congreso de la República” y tampoco tuvo suerte. Líneas seguidas se hace alusión a la relación que existía entre Sandro Espinoza Flores y el exoperador de Vladimiro Montesinos Torres, la que es de conocimiento público conforme lo informado por otros medios de alcance nacional como América Televisión (diciembre del 2013), Correo (diciembre del 2013), La República (junio del 2014), Radio Programas del Perú (octubre del 2014), Perú 21 (noviembre del 2014) y otros.

 

En consecuencia, la carta suscrita por Ana Sánchez Carhuatanta descontextualiza la información presentada por Expresión, con el afán de atribuirnos una conducta injuriosa, calumniosa y difamatoria en perjuicio de quienes dice representar.

 

CONTRA LA DENUNCIANTE

Sánchez Carhuatanta afirma también que el archivamiento de las denuncias que Esperanza Aiscorbe presentó contra las empresas que esta representa obedeció a que eran “calumniosas y extorsivas”. Sin embargo, no precisa si pese a señalar tales actos que representan faltas a la legalidad Aiscorbe Ruiz fue denunciada por extorsión o querellada por delitos contra el honor.

 

Asimismo, la acusa de “utilizar indebidamente el sistema de justicia como un mecanismo de coacción para lograr sus propósitos y, en ese afán, no ha cesado de utilizar denuncias calumniosas, demandas de nulidad, procesos constitucionales y hasta la difamación”.

 

LA INVESTIGACIÓN

Según la gerente general de Mirage, nuestra publicación es difamatoria porque no existe investigación que involucre a las empresas que dice representar.

 

Argumenta que el fiscal coordinador de la Fiscalía Supraprovincial Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, archivó la denuncia de Esperanza Aiscorbe el 1 de septiembre pasado, sin mencionar con qué disposición.

 

Empero, la Disposición N° 1, del Caso 48-2017, suscrita por la fiscal Kelin Cárdenas Sánchez, de la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, que resuelve la apertura de la investigación y realización de las diligencias preliminares en virtud de la denuncia presentada por Esperanza Aiscorbe, emitida el 25 de agosto del 2017, fue notificada recién el 4 de septiembre, conforme obra en la Central de Notificaciones del Ministerio Público.

 

Es más, resulta ilógico que entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre, período que además tuvo dos días no laborables, la fiscalía haya realizado todas las diligencias dispuestas, entre ellas la revisión de cuatro carpetas fiscales que se encuentran en Chiclayo.

 

Es tal la imprecisión de la carta dirigida a nuestro medio que omite señalar que la investigación cuenta ahora con un nuevo número de carpeta, debido a que el Ministerio Público solicitó a Esperanza Aiscorbe subsanación de un error material en la formulación de su denuncia.

 

Peor aún, la gerente general de Mirage parece desconocer que el 25 de octubre, Aiscorbe Ruiz rindió su declaración ante la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada en Lima, por lo que es falso que la investigación haya sido archivada.

 

Desde Expresión rechazamos las amenazadas que a través de su escrito plantea Ana Sánchez Carhuatanta, buscando limitar nuestra libertad de prensa e información. 

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