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CON INCONGRUENTE DENUNCIA SOBRE INVASIONES EN CHAPARRÍ: DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD DE CHONGOYAPE BUSCA DESLINDAR RESPONS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1053

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Para solicitar medidas de protección por las amenazas recibidas, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, alcanzó al Ministerio del Interior una lista en la que consignó el nombre del gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, Francisco Gayoso Zevallos, como implicado en las invasiones que se registran en la Reserva Ecológica de Chaparrí, señalándolo como uno de los responsables en caso que su seguridad o la de su familia sea vulnerada.

 

Este hecho generó el rechazo inmediato del gobierno de Lambayeque, que ha respaldado a su funcionario, quien hasta fines del 2014 ocupó la gerencia general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT.

 

El señalamiento del presidente del Poder Judicial, tenaz opositor a los atentados que sufre hace buen tiempo el área de conservación ubicada en el distrito de Chongoyape, se desprende de una denuncia que presentó la actual directiva de la Comunidad Campesina Santa Catalina ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y que preside Lázaro Rodas Morales, incluido también en la lista presentada al Ministerio del Interior y a quien los comuneros responsabilizan de las invasiones, tráfico de tierras e intentos por reducir las 34 mil hectáreas destinadas al cuidado de la flora y fauna de la zona.

 

En torno a Chaparrí existe un tinglado de denuncias de una y otra parte acusándose entre sí de buscar la desaparición de la reserva. Lo sucedido con el gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque es resultado de ello.

 

LA DENUNCIA

El 1 de agosto del 2017, la directiva de Rodas Morales denunció ante el Ministerio Público una serie de presuntos atentados contra el área de conservación, incluyendo en su escrito a ecologistas, comuneros promotores de los proyectos de rescate de especies como la pava aliblanca y funcionarios, entre ellos a Gayoso Zevallos. La investigación preliminar se inició el 21 de agosto.

 

En el caso concreto de este último, se indicó que “en un promedio de 600 hectáreas, en el sector El Reservorio, que pertenece al área de conservación privada de la comunidad, los señores Segundo Culqui Mendoza, Genaro Vera Roalcaba y el PEOT, representado por el gerente Francisco Gayoso Zevallos, han realizado tala indiscriminada para elaborar un proyecto denominado Reservorio sin contar con la autorización de la asamblea de comuneros”.

 

Segundo Culqui es expresidente de la comunidad campesina y Genaro Vera fue presidente de la Comisión de Regantes de Chongoyape y luego de la Junta de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque.

 

La razón para consignar tanto a Gayoso Zevallos como a Vera Roalcaba en la denuncia es que ambos, uno como funcionario del PEOT y el otro como dirigente agrario, impulsaron la construcción del reservorio de La Montería, obra que según los comuneros afectaría a la reserva. Valiéndose de ese argumento, la directiva de Rodas Morales los habría denunciado para de este modo deslindar responsabilidades con lo que verdaderamente sucede en Chaparrí: la parcelación y venta de tierras con aval de la directiva.

 

MÁS INVESTIGADOS

El 23 de octubre del año pasado, con la Disposición N° 2 de la Carpeta Fiscal N° 2406070802-2017-168-0, el fiscal Oswaldo Chancafe Grey, de la Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Chiclayo, ordenó ampliar el plazo de la investigación preliminar seguida contra Segundo Culqui, Francisco Gayoso, Genaro Vera, Julio Delgado Cubas, Jesús Milian Flores, Hemergildo Torres Perales, Felipe Bonilla Ramos, Lorenzo Caján, la Municipalidad Distrital de Llama y otros, por presuntamente atentar contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques en agravio del Estado.

 

En la disposición se señala que aproximadamente 15 hectáreas ubicadas en el caserío Piedra Parada, comprendido en la reserva de Chaparrí, habrían afectadas por Delgado Cubas con la lotización y venta de terrenos para la construcción de viviendas, y que otras dos mil 500 hectáreas, ubicadas en el primer sector La Montería, serían depredadas por la Asociación de Productores Agropecuarios LA Montería sin autorización de la directiva ni de la asamblea de la comunidad campesina.

 

Han denunciado también que cerca de mil 500 hectáreas en el sector Chaparrí se desarrolla el proyecto Pavas, supuestamente sin contar con la aprobación de la asamblea de comuneros y sin poner de conocimiento a los directivos electos, realizándose acciones de tala y caza indiscriminada. Sin embargo, el inicio del proyecto Pavas fue aprobado por la comunidad en el 2009 y su implementación se remonta al año 2000, incluso antes que se cree la reserva privada.

 

La directiva de Rodas Morales refiere también que Hermeregildo Torres Perales, en su condición de presidente de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y el Turismo Sostenible, realiza el proyecto sin contar con la autorización de los comuneros y que en el sector La Cascada, el ciudadano identificado como Ángel Becerra “se habría apropiado de tierras de la comunicada para darle un uso diferente”.

 

También que Segundo Culqui Mendoza habría cedido arbitrariamente, sin contar con el acuerdo de la asamblea, aproximadamente mil hectáreas del tercer sector Chaparrí a la Asociación de Apicultores y que Juan Carrasco, uno de los defensores de la reserva, se habría apropiado de 50 hectáreas pertenecientes a la comunidad.

 

Otros comprendidos en la denuncia presentada por la directiva son Porfirio Torres Perales, Edivar Carrasco, Américo Laboriano Ramos, Dociteo Tafur Díaz y la Municipalidad Distrital de Llama, que habría lotizado terrenos de la reserva en el sector Carniche Alto.

 

El Ministerio Público ha realizado visitas a la zona a fin de constatar si lo señalado por la directiva de Rodas Morales es cierto. 

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