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PESE A LAS CRÍTICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL: CLEMENTE FLORES DEFIENDE PLAN DE LA RECONSTRUCCIÓN

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1033

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Congresista de Peruanos Por el Kambio señala que en el caso de Chiclayo deberá fiscalizarse de cerca los recursos que recibirá el municipio provincial.

 

Procurando poner paños fríos al descontento de alcaldes y organizaciones de la sociedad civil por la manera en la que se está conduciendo el proceso de reconstrucción, el parlamentario oficialista Clemente Flores Vílchez señaló que el plan aprobado para Lambayeque es aún perfectible. En entrevista con Expresión, el legislador de Peruanos Por el Kambio – PPK, dijo que existen intereses político-electorales detrás de las críticas y aseguró que si faltan recursos para obras como el drenaje pluvial de Chiclayo metropolitano el gobierno nacional cumplirá con asignarlos.

 

Los alcaldes distritales y las organizaciones de la sociedad civil han expresado su malestar porque muchos de sus aportes y recomendaciones para la reconstrucción de Lambayeque no han sido tomados en cuenta por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC. ¿Por qué cree que se han dado hasta el momento estos vicios o errores en el proceso?

Primero, no creo que haya vicios. Puede haber errores, como lo ha dicho el gerente de la reconstrucción Pablo de la Flor. Nada está cerrado, nada está escrito en piedra, todo se puede escuchar y por eso son los diálogos con los alcaldes y la sociedad civil, para recoger algunas inquietudes y observaciones técnicas y tomarlas en cuenta.

Lo que sí tenemos que rechazar es que algunos representantes de colegios profesionales, que están metidos en algún proyecto político, traten de distorsionar o mal informar a la población. Esto tenemos que rechazarlo tajantemente.

Nos hemos juntado entre cuatro y cinco veces con todos los alcaldes, con el premier Zavala estuvimos acá con cinco ministros, luego en la presentación de un avance del plan hemos también dialogado y eso no quita que los alcaldes puedan seguir haciendo sus consultas con la Autoridad para la Reconstrucción en el nivel regional o nacional. Las puertas están abiertas y si hay algunos proyectos que no han sido incluidos en la lista serán tomados en cuenta.

 

¿Es acaso mentirle a la población señalar que se ha incluido una obra de veredas por 189 soles en Tumán o que un colegio en Incahausi tiene el mismo presupuesto que uno en Íllimo?

De acuerdo, hay que ser realistas ahí. Los montos son referenciales porque no tenemos estudios definitivos, no hay expedientes técnicos para cada obra. Un expediente técnico demora entre tres y seis meses y si hablamos del expediente del drenaje pluvial su elaboración nos tomará entre año y año y medio. Querer decir a la gente que tenemos los expedientes y los montos exactos sería engañarla. Son montos referenciales.

En Piura, por ejemplo, a una posta médica se le había asignado 30 millones y cuando se hizo la constatación in situ se estableció que requería solo de 10 millones. Sobraban 20, pero no significa que ese dinero se perdía, sino que se ha destinado a otro sector.

 

¿Qué va a pasar si los montos referenciales no se acercan a la realidad y al final del proceso falta dinero, porque en el caso de Lambayeque se han destinado mil millones para prevención y ahí se incluye la represa La Calzada y el drenaje pluvial de Chiclayo metropolitano?

El Ejecutivo está calculando para ambas obras mil millones. Que se pase a mil 200 o mil 300, eso, como lo ha dicho la Autoridad para la Reconstrucción, se puede aceptar.

¿Qué hay de las gestiones que puedan hacer los alcaldes sobre recursos ordinarios para otros proyectos? ¿Se les pondrá un freno al ser beneficiadas sus localidades con la reconstrucción?

Son dos procesos paralelos. Una cosa es la reconstrucción y otra los proyectos que ellos ya tienen canalizados con ciertos ministerios. Van por caminos distintos, no significa que porque cierto distrito ya es beneficiado con la reconstrucción se le van a cerrar las puertas y los recursos.

 

El impase entre Pablo de la Flor y la congresista Milagros Takayama, en el parlamento de la República, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la mayoría fujimorista pueda pedir la cabeza del director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción. ¿Cómo va a velar la bancada de Peruanos Por el Kambio para que el proceso continúe sin mayores obstáculos y con las personas que lo han iniciado?

Nosotros en el congreso hemos sido muy flexibles, hemos recibido insultos y maltratos a los funcionarios por la bancada mayoritaria que es Fuerza Popular. Ese tema ya lo hemos zanjado con la presentación de la cuestión de confianza (pedida por el gabinete Zavala) y creemos que las cosas han quedado muy claras, que debe haber respeto mutuo entre el Ejecutivo y el Legislativo. No quisiéramos llegar a un cierre del Congreso, lo que se puede dar si es que se sigue obstaculizando el trabajo del gobierno.

De ahora en adelante nosotros no vamos a permitir que nos tilden de lobistas o de corruptos sin mostrar pruebas que involucren a nuestros funcionarios.

Cuando la congresista Takayama menciona que los funcionarios de la reconstrucción en Lambayeque estarían ligados a empresas constructoras no muestra nada y eso a cualquiera le indigna. Lo que sucedió fue una reacción natural del señor Pablo de la Flor, quien puso las cosas en claro. El hecho de ser congresista no significa que podemos insultar o difamar al Ejecutivo.

 

Nunca antes se había destinado tanto dinero para fines como el que persigue la reconstrucción y en Piura ya se anularon licitaciones porque se presentaron como postoras empresas denunciadas y procesadas por corrupción. Si bien la ley permite que los representantes de estas puedan seguir contratando con el Estado mientras no haya una sentencia judicial, la realidad genera justificados temores. ¿Se está pensando en alguna iniciativa legislativa que permita regular o dar mayor seguridad frente a estas posibilidades?

Estamos viendo ese tema y de qué forma establecemos los mecanismos legales para que las empresas denunciadas por corrupción no puedan presentarse a licitaciones con el Estado. En el caso de Piura debemos saludar a la Contraloría General de la República y por eso hemos pedido que esta institución acompañe los procesos desde el momento en que se elaboran las bases, se firman los contratos y se ejecutan las obras. No queremos que pase como sucedió en otros gobiernos que la Contraloría llegaba cuando las obras estaban acabadas o abandonadas y los corruptos se habían metido la plata al bolsillo.

Miremos lo que ha pasado en San José, donde la empresa que ganó la obra de saneamiento presentó cartas fianza falsas y a mí me causa sorpresa que el alcalde y sus funcionarios no se hayan enterado, teniendo todos los mecanismos para cruzar información fácilmente. El Estado no puede seguir financiando obras para que los corruptos se lleven la plata.

 

¿Cuál es su opinión de la gestión municipal de Chiclayo?

Creo que el alcalde de Chiclayo tiene las buenas intenciones, pero le falta aterrizar en hechos concretos. Esa es mi percepción. También creo que hay cosas por saludar como lo avanzado con la cooperación suiza para el proyecto Chiclayo Limpio, que es un proceso en el que se ha retomado de lo que dejó la gestión anterior.

Por otro lado, no veo la modernización de Chiclayo. Desde el gobierno de Arturo Castillo Chirinos, que se preocupó mucho por el ornato de la ciudad, no hemos tenido alcaldes que se hayan preocupado por la ciudad que hoy luce totalmente abandonada. Con este alcalde no veo ornato ni algo que inspire o aliente al turismo.

 

Se le pregunta esto porque el alcalde David Cornejo Chinguel va a recibir recursos para la rehabilitación de 14 calles y avenidas como parte de lo aprobado por la Autoridad para la Reconstrucción. Se trata de presupuestos que directamente manejará el municipio y sobre esta gestión también hay dudas en relación a la capacidad e idoneidad que tiene para la administración de recursos.

Creo que acá jugamos un rol importantísimo todos. Los medios de comunicación, la sociedad civil y los colegios profesionales tienen que hacer un seguimiento permanente, involucrarse en esto y si se hay algunas irregularidades pues denunciarlas y pedirle a la Contraloría que trabaje y acompañe estas etapas.

 

Por otro lado, resulta inevitable no preguntarle sobre la problemática de la Empresa Agroindustrial Tumán, donde una facción de trabajadores intenta hacerse de la administración y se presume que uno de los promotores de estas acciones es su hermano Ernesto Flores Vílchez. Se hablan de presiones políticas para favorecer el ingreso de esta administración en la azucarera. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Rechazo tajantemente dichas afirmaciones. Mi persona está al margen de la actividad empresarial que realiza mi hermano.

Si yo estuviera influenciando en el tema de la empresa Tumán no se hubiera declarado el estado de emergencia, no se hubiese instalado la administración de los señores Oviedo con la policía. Eso demuestra que las instituciones, tanto el Poder Judicial como la policía, están haciendo su trabajo.

Yo sí rechazo el estado de emergencia de Tumán, porque creo que no se amerita. Ya nos hemos pronunciado en contra porque se descuida a la población para llevar a la policía a cuidar una empresa privada.

 

¿Entonces el estado de emergencia debe acabar? ¿Cree usted que el nuevo gabinete ministerial pondrá fin a esta medida?

Espero que este nuevo gabinete ya no renueve el estado de emergencia, porque le hace daño a Tumán.

 

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