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EN EL CASO “LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”: FISCAL DECANA AFIRMA QUE PERICIAS POR LAVADO DE ACTIVOS YA SE INICIARON

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1038

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  • Mariana Vásquez Zagaceta pide a la población confianza en el trabajo fiscal al aclarar que los investigados del sonado caso no están libres de la imputación penal.

 

El sentencia contra el exalcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales y los dos exgerentes de su administración, Misael Delgado Mendoza y Ciro Chávez Martos, acusados del delito de colusión agravada, por la compra irregular de combustible para la comuna provincial, ponen paños fríos a la dura semana que experimentó el Ministerio Público en Lambayeque, debido a la liberación por exceso de prisión preventiva de ocho implicados en el caso “Limpios de la corrupción”.

 

El fallo condenatorio fijado por el juez del Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, adelantado en audiencia pública el miércoles último, sirve también de aliciente para los integrantes de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, que en octubre sufrieron el revés de la sentencia absolutoria que dictó el Octavo Juzgado Unipersonal a favor de otro de los imputados, el exgerente de Urbanismo del municipio Jorge Incháustegui Samamé.

 

LLAMADO A LA CALMA

Para la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez Zagaceta, la población debe mantener la calma. Dice esto por las interpretaciones diversas que se dieron a raíz de la liberación de los investigados, quienes desde septiembre del 2014 permanecían bajo mandato de prisión preventiva en el expenal de Picsi.

 

Vásquez Zagaceta insiste en que la población debe entender que estos no recuperaron su libertad porque se les ha declarado inocentes, sino en cumplimiento del reciente acuerdo plenario asumido por los jueces supremos de la República, en el que se establecen directivas respecto a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1307, por el cual pueden ampliarse los mandatos de prisión preventiva a investigados por criminalidad organizada en tanto no se excedan los 36 meses dispuestos por el Código Procesal Penal.

 

GOLPE DURO

En el caso particular de los involucrados en el expediente “Limpios de la corrupción”, tanto el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que despacha la juez Cecilia Grandez Rojas, como la instancia superior, habían resuelto que permanezcan en prisión hasta diciembre próximo, decisión que excedía los 36 meses establecidos en el código, por lo que una vez emitido el acuerdo plenario se les devolvió su libertad. Ahora, estos deben enfrentar los procesos judiciales bajo reglas de conducta.

 

“En el caso del exalcalde y sus funcionarios no es que hayan sido absueltos, a excepción del señor Incháustegui, que ha recibido un fallo de primera instancia y está en apelación, el fallo absolutorio no está firme, se puede declarar nulo el juicio o revocar esa sentencia. Lo que se debe entender es que los procesos de corrupción de funcionarios o crimen organizado antes no eran tan comunes, inclusive se está haciendo camino al andar. Los investigados de este caso tienen juicios programados y las prisiones preventivas se habían prolongado hasta diciembre, si no hubiese sido por el acuerdo plenario y si no hubiera habido retrasos en la programación de audiencias, la mayoría de los que han salido ya tuvieran sentencias”, señala la fiscal decana.

 

Mariana Vásquez refiere que cuando el Poder Judicial ordenó la excarcelación de Juan Valdivia Goicochea, Martín Villanueva Velezmoro, César Regalado Rodríguez, Joel Ugaz Cubas, Carlos Santa Cruz Alarcón, José Mires Rimarachín, Kathiuska del Castillo Muro y Norma Muro de Del Castillo, el Ministerio Público recibió un golpe severo, pero no por la decisión de la jueza Grandez Rojas, sino por las opiniones que inmediatamente empezó a formularse la población del trabajo realizado en más de tres años de investigación por los fiscales.

 

“Ellos tienen la condición de procesados, no están absueltos. Uno puede llevar un juicio en libertad o en prisión. La prisión preventiva se logró para de evitar la obstaculización de las pruebas y las fugas. Si el acuerdo plenario ahora nos cambia el panorama y ellos deben seguir el proceso en libertad, eso no significa que hayan sido absueltos. Todo noviembre tienen audiencias y muchas de estas no se han fijado no por culpa del Ministerio Público. Estamos a la espera que el señalamiento lo haga el Poder Judicial”, precisa.

 

COMPLEJO TRABAJO

Cuestiona, eso sí, que se haya aplicado de manera retroactiva el acuerdo plenario que interpreta los alcances y efectividad del Decreto Legislativo 1307.

 

“Solo la ley se puede aplicar retroactivamente cuando favorece al reo, pero el acuerdo plenario no es una ley. Es más, el mismo acuerdo dice que el magistrado (juez) puede apartarse de este acuerdo, eso sí, de manera debidamente sustentada. Esto repercute no solo a nivel de Lambayeque, sino también a nivel nacional, porque hay otros casos grandes como el caso ‘Álvarez’ y ‘Carboneros’”, manifiesta.

 

Agrega que desarrollar investigaciones en casos de corrupción o contra el crimen organizado es bastante complejo, porque esto supone enfrentar a poder fácticos como el económico.

 

“En la municipalidad de Chiclayo hubo toda una organización dedicada a desfalcar el dinero. En el caso de los limpios no solo hay funcionarios, tengo entendido que también hay empresarios y a lo mejor no están todos los que deberían estar. Este caso desborda las expectativas. Yo supongo que en esta carpeta donde ya se tiene identificados a los imputados se derivarán más. Yo creo que este caso, inclusive, no termina aquí”, señala.

 

RETRASOS EN LA INVESTIGACIÓN

La investigación del caso “Limpios de la corrupción” está a cargo del despacho del fiscal Sergio Zapata Orozco, cuya dedicación es a exclusividad.

 

La fiscal decana reconoce que han existido retrasos en el trabajo fiscal que ha impedido, por ejemplo, que se formulen las acusaciones por lavado de activos, uno de los delitos más fuertes con los que inició el caso. Sin embargo, refiere que esto se debe a situaciones ajenas al Ministerio Público.

 

“Estos casos no se resuelven tomando una declaración, estos casos se resuelven cruzando información, requiriendo información de terceros, quienes no siempre nos la dan a tiempo. La misma Contraloría, ahorita, por ejemplo, tiene una nueva directiva que indica que todo tiene que pasar por Lima. Nosotros estamos en desacuerdo, porque imagínense cuántos meses demorarán y nuestros plazos corren. A veces hay situaciones que no dependen de nosotros, los fiscales podemos poner todas las ganas del mundo”, asevera.

 

Lo que sí es responsabilidad del Ministerio Público es la realización de las pericias para determinar si los investigados tienen o no desbalance patrimonial, a fin de acusarlos por lavado de activos.

Sobre el particular, el Ministerio Público hace más de un año, siendo Giovanna del Río Carreño presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, indicó que ya se tenían los presupuestos y los peritos listos para la elaboración de los estudios. Mariana Vásquez afirma que estos recién se han iniciado este año.

 

“Estamos dentro del plazo, la investigación continúa. Al menos desde que yo estoy, estoy detrás, en lo que respecta al área administrativa obviamente, en darles las facilidades. Los peritos tienen que cobrar. Hasta la semana pasada faltaban ciertos temas logísticos, pero los peritos ya están designados. El dinero ya está, se les pagará cuando terminen las pericias, que no se hacen de un día para otro. También hay informes de Contraloría. Los peritajes de lavado de activos recién se van a empezar, están ya estudiando el caso”, procura explicar la magistrada.

 

Añade que una seria limitación ha sido la falta de presupuesto.

 

“Son trámites administrativos, hay que pedirlo a Lima. Nunca se ha pagado por una pericia de esa magnitud. Eso tengo entendido. Si los trámites se hubieran iniciado mucho antes, ya se hubieran terminado”, indica.

 

INVESTIGACIÓN A FISCALES

Vásquez Zagaceta no precisa si en lo que va de su gestión como representante del Ministerio Público de Lambayeque ha canalizado a los órganos correspondientes, como control interno y la Fiscalía de la Nación, imputaciones contra magistrados involucrados en el caso “Limpios de la corrupción”.

 

En el 2014, cuando se iniciaron las investigaciones, los integrantes de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo señalaron al Poder Judicial en su requerimiento que la red alcanzaba a magistrados.

 

“Por mesa de partes de esta presidencia ingresa un montón de denuncias contra fiscales e incluso contra jueces y yo las derivo a control interno, que es competente para ver quejas y denuncias contra fiscales y también contra jueces. No hay espíritu de cuerpo, si lo hubiera no habrían sanciones. Por su puesto que las hay, yo estuve el año pasado en control interno y emití como 87 resoluciones sancionando a fiscales. Lo que pasa es que no suenan porque no son destituciones, porque esa es una potestad del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM”, explica.

 

Pone como ejemplo el caso de la fiscal Karen Padilla Tenorio, cuyo proceso sancionador finiquitó en Lambayeque y se está a la espera del pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, quienes deberán resolver si optan o no por requerir su separación del Ministerio Público.

 

LOGROS DE GESTIÓN

A diez meses de haber asumido la presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez señala que existen avances por destacar de su gestión, como la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, que no existía en el distrito pese a que esta es zona de tránsito del carbón obtenido con la tala ilegal de los bosques secos.

 

“Se ha logrado repotenciar las fiscalías de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado con más fiscales y más personal administrativo, lo que hace que la carga que manejan sea más liviana. El fiscal de la nación, Pablo Sánchez Velarde, nos ofreció mayor personal y se nos han asignado cinco fiscales, de los cuales uno ha sido enviado a La Victoria, otro a José Leonardo Ortiz, uno a Lambayeque y los dos restantes han sido designados a la segunda y tercera fiscalía penal de Chiclayo”, comenta.

 

Menciona que desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, sucedida en abril del 2009, a la fecha el Ministerio Público ha recibido 281 mil 927 casos, de los cuales, a septiembre pasado, el 84.42 % fueron resueltos, ubicando al distrito fiscal en uno de los más productivos del país.

 

Solo este año, ingresaron al Ministerio Público 41 mil 912 casos, habiendo concluido hasta el mes pasado 39 mil 658.

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