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ANÁLISIS DE LA LABOR CONGRESAL: CAMPOS BERNAL: “NORMAS DE CONTROL POLÍTICO NO SON CLARAS”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1041

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Desde el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, hace más de 50 años, no se vivía en el país un clima de tanta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. En aquel tiempo apristas y odriistas dominaban el Congreso de la República y más de un ministro pagó las consecuencias. En nuestros días, el concepto del “control político” vuelve a estar sobre la mesa, dadas las diversas interpretaciones que se tienen y la manera en la que el parlamento, con mayoría fujimorista, busca aplicarlo.

 

Expresión conversó con el abogado y magíster en Ciencia Política y Gobierno, Heber Campos Bernal, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Academia de la Magistratura, quien hace un análisis de la coyuntura y resuelve algunas dudas respecto a la labor parlamentaria, dada su experiencia como exasesor de la Comisión de Constitución y Reglamento del congreso.

Precisamente, Campos Bernal llegó a Chiclayo para dictar una conferencia sobre “Control político y derecho constitucional” a los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

 

¿Se está entendiendo de manera correcta el control político en el Congreso de la República o existe el ánimo de imponer a este poder del Estado sobre el Ejecutivo y las instituciones autónomas?

Nuestras normas de control político no son claras y además no ha habido oportunidad de que sean aplicadas en la práctica. Tenemos, por ejemplo, figuras como la cuestión de confianza y en el Perú no hay antecedentes de rechazos a cuestiones de confianza, salvo lo que ocurrió hace poco con el premier Fernando Zavala. Entonces, naturalmente hay mucha perplejidad, tenemos una constitución relativamente joven y durante este tiempo no se han presentado crisis políticas que hayan motivado la aplicación de dichas normas.

Lo que sí creo que sería interesante es que se haga un esfuerzo en repensar y tratar de tener una mirada más amplia del alcance y límite de este tipo de instituciones previstas en la constitución.

 

Instituciones que fueron incluidas por los constituyentes para evitar que haya un avasallamiento entre los poderes del Estado…

Son herramientas de contención. El congreso tiene herramientas para limitar y controlar los excesos que eventualmente pudiera cometer el Ejecutivo, como el antejuicio, el juicio político, las interpelaciones o las censuras. El Ejecutivo también tiene herramientas de contención como la observación de las leyes y la figura de la cuestión de confianza. Además, tiene la facultad de pedirle al congreso que confirme si está dispuesto o no a respaldar sus políticas de gobierno e incluso trasladar al pueblo, vía consulta popular, el pedido de respaldo.

 

¿Esta última es una herramienta que no se ha usado en el país?

No. Utilizando una metáfora podemos decir que son armas casi nucleares. Tiene que darse un escenario muy fuerte para que se invoque la aplicación de estas figuras. Lo ideal es que todo se resuelva a través de la política normal.

 

¿La decisión del congreso de reformar o derogar varios de los decretos que promulgó el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas otorgadas al inicio de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski podría interpretarse como falta de disposición de ayudar al éxito del gobierno?

Hay un porcentaje importante de normas que han sido derogadas y otras modificadas. No es la mayoría. Esa es una potestad del congreso. La valoración política de si ha sido conveniente o no dejémosla a los políticos.

En términos estrictos el congreso puede controlar políticamente la actuación del Ejecutivo en lo referido a la delegación de facultades.

Pensar en que esto se traduce en un escenario de conflicto o de oposición permanente, es muy subjetivo. La apreciación que podemos tener sobre eso pertenece a la esfera política. Yo creo que lo saludable es que pensemos en escenarios que permitan un acercamiento mucho más directo entre ambos poderes, para que los conflictos tengan una salida institucional, que es lo más importante.

Sería muy negativo para la democracia y la gobernabilidad del país que estos desacuerdos se trasladen a otros escenarios.

 

¿Se está repitiendo el escenario que se vivió en el primer gobierno de Belaunde?

El asunto tiene que ver con la lógica de que, por lo general, el partido de gobierno tenía también el control del parlamento. No de manera plena, pero sí, por lo menos, una primera mayoría. Lo que ocurre ahora, como sucedió en el gobierno de Bustamante y Rivero y en el primer mandato de Belaunde, es que el Ejecutivo es manejado por un partido y el congreso por otro, con el agravante de que en este congreso un partido tiene el control casi absoluto.

La última vez que un grupo tenía el 55 % de la representación en el Congreso fue en 1995, con Cambio 90 – Nueva Mayoría.

 

Los planes de gobierno de Peruanos Por el Kambio y Fuerza Popular tenían varias coincidencias. ¿Qué puede haber motivado el escenario de conflicto que se percibe actualmente?

Considero que los incentivos políticos. Es natural que cada partido aspire a acceder al poder, pero pareciera que lo que se vive hoy en día responde más a la estrategia de uno de los dos partidos de cara a las próximas elecciones. Acercarse al gobierno no sería una estrategia funcional, lo cual es legítimo. Lo necesario es que los conflictos o desacuerdos tengan una salida institucional, porque cuando la confrontación se traslada a otros ámbitos como el judicial o el económico, el país sufre mucho las consecuencias.

 

¿Es saludable para el país que algunos artículos de la constitución se modifiquen sobre un mismo tema, varias veces, en períodos cortos? Por ejemplo, la no relección de autoridades regionales y municipales para períodos consecutivos fue aprobada en el 2014 y en el actual congreso existen hasta siete proyectos de ley para volver sobre lo modificado.

No creo que sea saludable. Las normas constitucionales a diferencia de las infraconstitucionales tienen una vocación de permanencia. Es decir, las modificaciones constitucionales son operaciones de alta cirugía en nuestro sistema jurídico.

Pensar en cambios en períodos tan cortos no es conveniente. No creo que sea lo mejor. Deberíamos tener en cuenta que las reformas constitucionales deben ser objeto de una discusión muy amplia, donde participe la mayor cantidad de voces posible precisamente por sus implicancias, porque de lo contrario pierden seriedad, pero sobre todo le restan institucionalidad al país, que es lo que debemos preservar a toda costa.

 

¿Debe el Perú llegar al 2021 con una nueva constitución?

Si bien tenemos una constitución que no es perfecta y que tiene algunos vacíos, puede ser mejorada. El capítulo orgánico, por ejemplo, es muy deficiente, porque una cosa es lo que establecen las disposiciones normativas y otra cómo se les interpreta.

A nivel de disposiciones tenemos una constitución bastante deficiente. Sin embargo, soy consciente que pensar en una nueva constitución supone identificar lo que algunos especialistas denominan como “momento constituyente”, que responda a un consenso de la política más que del derecho.

En lo personal, y puedo estar equivocado, no siento que ese momento constitucional haya llegado aún. Me parece que sí lo hubo después del Gobierno de Transición. Se intentó hacer una nueva constitución, se formó una comisión, pero mucho de ello cayó en saco roto.

 

¿La acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación y el proceso iniciado a cuatro integrantes del Tribunal Constitucional pueden acentuar las fricciones entre los poderes del Estado e incluso en la sociedad?

Debemos tener claro que es importante mantener las instituciones. Los países se desarrollan en gran medida gracias al fortalecimiento de sus instituciones democráticas y esto es algo que no solamente debe importarle a los políticos, sino también a todos los espacios de la sociedad. El desarrollo no solamente pasa por adoptar medidas económicas, pasa también por adoptar medidas políticas.

Si tenemos instituciones que, con todos sus problemas, tratan de cumplir con el rol que la constitución les ha asignado, debemos preservarlas y darles las garantías posibles para que se desarrollen normalmente.

 

¿Es un error entonces pedir la cabeza del Fiscal de la Nación solo porque se cree que la institución a la que representa no investiga como se desea?

Los organismos constitucionales autónomos tienen independencia. Salvo que se demuestre que hay actos que lindan con lo delictivo o que existen intromisiones arbitrarias o indebidas, debemos respetar esa autonomía. Los poderes políticos tienen funciones y competencias y hay que ser respetuosos de estas. No hacerlo puede alterar el esquema de división de poderes que se indica en la constitución.

Además, esto podría hacerle un daño tremendo a la institucionalidad democrática del país y creo que deberíamos pensar que eso, a la larga, nos afecta a todos. No solo a la clase política, también a los ciudadanos de a pie, porque esto tiene un impacto en la economía, en la organización, en la confianza para la inversión, etcétera.

 

La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM es una tarea pendiente y fue uno de los ofrecimientos de este gobierno en el afán de mejorar los procesos de elección y ratificación de jueces y fiscales. ¿Por qué no ha avanzado este proyecto hasta el momento?

El presidente de la República no está habilitado para reformar directamente el CNM. Las competencias de este organismo están directamente señaladas en la constitución y en su ley orgánica por ser un ente autónomo.

Lo que el gobierno puede hacer es presentar una iniciativa legislativa y así ha sido. El presidente presentó una iniciativa el 28 de julio pasado y que ahora es objeto de debate y deliberación, junto a otras propuestas, en el congreso. Vamos a ver qué pasa, aún no hay una propuesta concreta. Lo que hay es una serie de iniciativas.

Tiene que tenerse en cuenta que el CNM es un organismo clave y fundamental para avanzar en la mejora de la justicia, porque es el que se encarga de designar a los jueces y fiscales de todo el país y eso no es poca cosa, más aún cuando pasamos por un momento en el que rol de estos funcionarios es fundamental en materia de lucha contra la corrupción.

 

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