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AITA CUESTIONA A AUTORIDADES EDILES Y REGIONALES: “NO HAN ESTADO A LA ALTURA PARA EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1044

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El prefecto departamental, Rafael Aita Campodónico, remarca que en el 2017 varias de las autoridades locales demostraron no estar a la altura de las necesidades de liderazgo y gestión que se han presentado en Lambayeque, más aún para agilizar la recuperación de la dinámica productiva y económica después del Fenómeno El Niño Costero.

 

Aita Campodónico sostiene que con la crisis política nacional se cierra un año complicado para el país, situación que genera preocupación por el impacto que esto tiene en el desarrollo de las inversiones, la empleabilidad, la seguridad jurídica y los indicadores de confianza que el Perú debe proyectar en el escenario internacional.

En su análisis, ¿cómo cree que concluye el 2017 para el país y, en especial, para Lambayeque?

Veo el panorama preocupado, porque le han tocado todas las plagas al presidente de la República y aún no ha tenido el equipo para resolver muchos de estos temas y la gente con justicia ha reclamado muchas cosas.

Primero sucedió lo de Odebrecht y se buscó que el señor Barata pueda dar sus declaraciones con exactitud para no estar con especulaciones. Desde enero de este año se conocía que había más de 160 personas involucradas y con el transcurso de los días se irá conociendo quiénes son los que hicieron negocios ilícitos con esta empresa. Luego vino el Niño Costero y nos encontró, en el caso de Lambayeque, con una recesión, con dificultades en la Población Económicamente Activa – PEA, en el Producto Bruto Interno – PBI, en la mejora de los servicios básicos y con brechas de infraestructura.

Tengamos en cuenta que nosotros tenemos una diferencia negativa de casi 200 millones de dólares por no tener canon minero, como sí pasa con Piura, Cajamarca y La Libertad. La brecha en salud, educación e infraestructura era y es grande. Adicionalmente, después del fenómeno, se inició la calificación de los gobiernos regionales y municipales y lamentablemente no calificamos para ejecutar obras de la reconstrucción.

Muchas de las autoridades ediles y regionales no han estado a la altura para ejecutar proyectos de inversión.

La corrupción es otro problema serio que resta capacidad a los organismos de gobierno subnacional para la ejecución de proyectos de inversión.

Así es, pero tenemos también un serio problema con el Ministerio Público y el Poder Judicial en la lucha contra la corrupción, lo que genera impunidad. Hay casos que son emblemáticos que la gente conoce, pero los resultados son una burla más para la población y esta ha perdido la confianza.

Justamente en ese aspecto es importante que se haya retomado el trabajo de la mesa de lucha contra la corrupción en Lambayeque. ¿Qué se está proponiendo desde este espacio?

Se está proponiendo trabajar no solamente en la formación de líderes y escuelas de conocimiento de la función pública y de los procedimientos de contrataciones con el Estado, sino también que se exija vigencia, conocimiento y valores a quienes quieren ser candidatos, porque no es posible que gente improvisada llegue a aprender a los municipios o al gobierno regional.

Lo que necesitamos también es darle a la población el mensaje de que se está defendiendo la democracia, la institucionalidad y que le decimos no a la impunidad. Esperamos que próximamente se pueda tener una asamblea pública en la que se traten todos estos temas.

¿Y qué se está haciendo para que las instituciones de justicia vayan junto a las demás entidades públicas en la lucha contra la corrupción? Es conocido que muchos funcionarios son sancionados o separados en procedimientos administrativos, pero después reinsertados a la administración pública por el Poder Judicial.

En los próximos días tendré una reunión con la fiscal Magaly Quiroz Caballero, responsable de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, porque hay muchos temas por tratar, sobre todo en lo referido a las cartas fianzas falsas. Tiene que sancionarse a los responsables, no puede ser que se haya girado más de 800 millones de soles en cartas fianzas y no se sepa quiénes tienen responsabilidad en ello.

Un caso emblemático es lo que ha sucedido en San José, donde siguieron entregando dinero a una contratista pese a saber que la carta fianza era falsa. ¿Qué se debe hacer en ese caso?

Es bueno que ahora la Contraloría General de la República se esfuerce en hacer no solo el control preventivo, sino también el control concurrente y el posterior, porque antes los informes llegaban a destiempo. Lo que se necesita es prevenir, saber cómo están desarrollándose los procesos.

¿Siente desilusión de que a diez meses de ocurrido El Niño Costero aún no se haya empezado ni siquiera la rehabilitación de la infraestructura dañada en el departamento? Es indudable que con el clima político actual las acciones se harán mucho más lentas.

Siento preocupación. Yo fui uno de los pocos que reclamó cuando cambiaron al señor Pablo de la Flor como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, porque él había hecho dos cosas bien importantes en este proceso: la calificación y el proceso preventivo para evitar la corrupción, además de la revisión de expedientes técnicos para que no se hagan mal las obras.

Miremos lo que ha pasado con el Colegio Militar Elías Aguirre, donde se habla de las fórmulas polinómicas y ese es un asunto a explicar para evitar que la gente se confunda más.

El contralor de la República, Nelson Shack, llegó a Lambayeque a explicar cuál sería el rol de la entidad frente al proceso de la reconstrucción y dejó en claro que la Contraloría solo auditaría mil 500 de las nueve mil obras a ejecutar. El resto quedaba en manos de la fiscalización ciudadana. ¿Cómo confiar en ello si aquí y en otras regiones los colegios profesionales han renunciado a las veedurías por falta de disposición de los ministerios a ser fiscalizados?

Yo estaba totalmente de acuerdo que se formara una comisión de técnicos lambayecanos para que hicieran una supervisión con objetividad de las obras, y así recomendar a la Contraloría o a los inversionistas que ejecutan cómo mejorar. Hay gente muy técnica que debería ser convocada.

Ya se empezaron las obras de descolmatación de ríos y en muchas se han advertido actos irregulares porque las normas no son claras e incluso se ha permitido que se presenten como postores algunos involucrados en actos de corrupción.

Hay 33 obras de rehabilitación para las ciudades de Lambayeque, entre ellas Chiclayo, que deben ejecutarse a partir de la primera quincena de diciembre. Esperemos que así sea.

Además, es importante que se ha presentado al Banco Interamericano de Desarrollo – BID, los Términos de Referencia para el drenaje pluvial. Eso es bueno porque se trata de gente especializada y técnica que nos dirán cuánto cuesta un proyecto de ese tipo. Abrigo la esperanza de que ellos mismos lo puedan financiar y desarrollen el proceso.

Me preocupan sí las autoridades, como las de José Leonardo Ortiz, distrito al que se destinarán más de 260 millones de soles para la reconstrucción.

Ha dicho que las autoridades no han estado a la altura y se entiende que no solo frente a la recuperación tras la emergencia por El Niño Costero, sino ante los demás problemas que afectan a la población. ¿Qué les falta?

A las autoridades se les ha dicho que no pueden esperar que ocurra la emergencia para actuar, porque claro, ahí sí les gusta trabajar porque pueden gastar el dinero de manera directa. Tienen que aprenden a trabajar en la prevención y eso está normado. Se excusan que no tienen presupuesto, pero es una obligación que ellos deben cumplir.

¿Cómo está la relación con sus subprefectos y gobernadores?

Yo no he elegido a ninguno de ellos, pero con el 90 % me llevo muy bien.

¿Y qué pasa con el 10 % restante?

Pasa que son gente que no entiende lo que son los procesos. Aquí tenemos cientos de quejas, la gente se queja de todo y todo tiene que seguir un proceso. Nosotros hemos seguido los procedimientos y se han elevado los actuados a Lima y allá se decide si se sanciona o se archiva. Yo no puedo obviar nada.

Hay como seis o siete subprefectos que tienen como 200 denuncias y yo he solicitado a Lima que se hagan los cambios, más allá de eso no puedo hacer.

¿Va a continuar en la Prefectura? ¿Participará en el próximo proceso electoral?

Tengo varias invitaciones y en marzo tomaré una decisión. En esa fecha resolveré si me quedo, si me voy como alcalde de Pimentel, como alcalde de Chiclayo, a la gobernación regional o me voy a trabajar a Lima. Tengo muchas expectativas. Estoy acostumbrado a trabajar y no me importa si es arriba o abajo.

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