up

NORBEL MONDRAGÓN HERRERA: “MONTESINOS NO TIENE DERECHO DE ACOGERSE A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1200

  comentarios   

  • Los implicados en los asesinatos perpetrados por el Grupo Colina empezarán a cumplir su condena en el 2023.
  • Keiko Fujimori ha ofrecido indultar a su padre Alberto Fujimori de llegar a la presidencia.

El 14 de septiembre del 2000, los congresistas Fernando Olivera y Luis Iberico hicieron público un video en el cual se apreciaba a Vladimiro Montesinos Torres, principal asesor del entonces presidente Alberto Fujimori, entregando una suma de dinero al congresista Alberto Kouri para que abandone las filas de Perú Posible y se enrole en la bancada oficialista de Perú 2000. Ese fue el inicio de la debacle para el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional - SIN, quien una semana después partió rumbo a Panamá, huyendo de la justicia.

A partir de ese momento se conoció una serie de sucesos, que le han sumado hasta la fecha un total de 34 sentencias. Entre estas destacan una de nueve años por el delito de usurpación de funciones (2001), ocho años por asociación ilícita para delinquir y peculado en el caso ‘Diarios Chicha’ (2005) y 10 años por enriquecimiento ilícito (2006).

Asimismo, 20 años por la venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC (2006); 20 años por el caso ‘Firmas falsas’ (2008); 25 por las matanzas de Barrios Altos, El Santa y del periodista Pedro Yauri (2010); y 25 años por la desaparición e incineración de un profesor y dos estudiantes en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército – SIE (2018).

Si bien aún tiene pendientes algunos procesos como el del ‘Caso Pativilca’ y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti, Vladimiro Montesinos, quien purga prisión desde el 2001, cumplirá su condena más alta (25 años) en junio del 2026, aunque algunas voces señalan que no sería necesario esperar hasta esa fecha, pues podría acogerse a beneficios penitenciarios y salir antes.

BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Sin embargo, en opinión de Norbel Mondragón Herrera, presidente de la Comisión de Desarrollo, Solidaridad y Justicia – COSDEJ, esto no sería factible, toda vez que los beneficios penitenciarios no son derechos, sino mecanismos – en este caso para lograr una libertad anticipada – que deben ser sometidos a una rigurosa evaluación.

“Desde mi punto de vista legal, técnicamente, aunque se acoja al siete por uno (mecanismo para el cómputo de redención de pena) no lograría beneficios penitenciarios. Es más, aún tiene que responder por otros delitos más graves (…) Doctrinariamente y a nivel de pedagogía, el Tribunal Constitucional ha manifestado que no son derechos, son beneficios que como tal tienen que evaluarse. Un preso por robar un celular tiene que pasar como 10 pruebas para acogerse a un beneficio. Si una sola falla, si el informe psicológico dice que no está apto, se queda, por más que el informe del área social le haya dado el visto bueno”, explica.

No obstante, no descarta que pueda ocurrir alguna “leguleyada” en la que un juez se preste para que Vladimiro Montesinos pueda salir antes de tiempo, ya que considera al exjefe del SIN como una persona bastante astuta y que aún mantiene cierto nivel de influencia entre algunos magistrados.

ALBERTO FUJIMORI

Por otro lado, cuestiona que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, haya ofrecido como propuesta de campaña indultar a su padre, Alberto Fujimori, ya que está violando la Constitución, toda vez que esta facultad por razones humanitarias está reservada para aquellos reos que padecen enfermedades terminales; quienes padecen enfermedades que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y quienes sufren trastornos mentales graves; según el Artículo 31 el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales.

“El indulto a Fujimori no solo contravendría las normas nacionales, que ellos mismos plantearon cuando fueron gobierno, sino que dejaría las puertas abiertas para que el resto reclame. Ollanta Humala siendo presidente no indultó a su hermano Antauro, primó la cuestión legal, jurídica, constitucional, ya que estamos en un estado democrático de derecho”, afirma.

Apunta que a la hora de otorgar un indulto no entran a tallar las cuestiones emocionales ni sentimentales, sino que debe primar la cuestión jurídica. Si Keiko Fujimori indulta a su padre sin tener las prerrogativas legales -asevera- estará quebrantando el estado de derecho.

“El indulto humanitario tiene que estar acreditado. Ya vimos cómo a Kuczynski esta situación le costó su gobierno. Nadie está en contra cuando se trata de la salud, porque hasta los más cancerberos neonazis han sido indultados, pero este no es el caso”, asegura.

CORRUPCIÓN

Por otro lado, señala su preocupación de que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori se facilite la corrupción y la impunidad. Como ejemplo, menciona al virtual congresista por Lambayeque Alejandro Aguinaga Recuenco, quien sigue un proceso por el caso de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Al respecto, el 1 de marzo de este año el Ministerio Público formalizó la denuncia penal contra él, el exmandatario y otros implicados.

“Me preocupan los fiscales, jueces, testigos y víctimas que han denunciado todo esto. ¿Tendrán seguridad cuando de la noche a la mañana salgan en libertad (los sentenciados) sin cumplir su pena? Yo creo que, en un escenario con Keiko Fujimori como presidente, no. Ella, además, busca salir de su propio juicio, como lo intentó también el expresidente Martín Vizcarra al postular al Congreso”, anota.

Recuerda que en 1995 Alberto Fujimori dio una ley de amnistía para los sentenciados del caso Barrios Altos, pero la jueza Antonia Saquicuray declaró inaplicable la misma.

“Debemos tener memoria, sino vamos a repetir la historia. Vladimiro Montesinos puede asesorar nuevamente en la sombra, estar como pez en el agua, y todo lo que se ha luchado por conseguir justicia se puede revertir, todos los medios probatorios que valientes fiscales han encontrado pueden caerse”, indica.

Mondragón Herrera va más allá y advierte que incluso el Grupo Colina (organización paramilitar que ejecutó violaciones a los derechos humanos) podría resurgir bajo otros nombres y tomar venganza.

ENTORNO

En tanto, sostiene que sobre Keiko Fujimori pesan varios hechos que hacen dudar de su compromiso en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, recuerda que sus tíos Juana Fujimori, Rosa Fujimori y Víctor Aritomi se encuentran prófugos, tras presuntamente haber huido con dinero obtenido ilícitamente, producto de donaciones que enviaban ciudadanos japoneses a la ONG Apenkay.

“Se ha demostrado cómo han huido con lingotes de oro, hasta ahora están prófugos de la justicia. Con ese dinero que debió donarse como ropa se hicieron ricos y ahora están en Japón. Alberto Fujimori también se fue a su país y quiso ser senador allá, pero los japoneses lo denostaron”, resalta.

Apunta que el resultado obtenido en la primera vuelta electoral es una señal de protesta por parte de un grueso de la población que demanda cambios. Esos votantes – indica – no son ignorantes, como muchos los quieren hacer ver, sino que son ignorados y producto de ello están demandando un cambio.

“Lo que apuntalamos desde la perspectiva de los derechos humanos es que se consolide la reciente democracia en que vivimos, que es aún débil, mancillada. El pueblo nos está enseñando, sobre todo a los que estamos en otra generación, que quiere un gobierno que se consolide para sus intereses y no se aproveche de él”, acota.

OTROS

Otro de los sentenciados por su participación en los hechos delictivos del gobierno de Alberto Fujimori es Nicolás de Bari Hermoza Ríos, ex comandante general de las Fuerzas Armadas, quien cumplirá su pena en abril del 2023. Él fue condenado a 25 años por las matanzas de Barrios Altos, El Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri; y a ocho años por apropiarse ilícitamente de 22 millones de dólares destinados a la compra de armamentos.

En tanto, otros miembros del Grupo Colina como Nelson Carbajal García, Arturo Pino Díaz y César Alvarado Salinas cumplirán su condena en el 2023; Julio Salazar Monroe, sentenciado por la matanza de ‘La Cantuta’ la cumplirá en el 2026; mientras que los números uno y dos del llamado ‘Escuadrón de la muerte’, Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue, harán lo propio en el 2027 y 2028, respectivamente.

Leer más